En una ofensiva sin precedentes contra la corrupción estructural, el Ministerio de Capital Humano, bajo la conducción de Sandra Pettovello, ha revelado un extenso catálogo de irregularidades cometidas durante el gobierno kirchnerista. Denominado irónicamente “Museo de la Corrupción”, el compendio expone cómo supuestas “políticas públicas” encubrían negocios millonarios, en un esquema que combinaba abuso de autoridad, fraude y extorsión a los sectores más vulnerables.
Entre los casos más resonantes, el Polo Obrero, liderado por Eduardo Belliboni, fue denunciado por exigir a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajoasistir a marchas y movilizaciones a cambio de mantener el subsidio, cobrándoles incluso un porcentaje del monto otorgado. Las rendiciones de gastos se justificaban con facturas apócrifas. Junto a Belliboni, Jeremías Cantero enfrenta causas por administración fraudulenta.
Despolitización de los edificios
La Línea 134 registró, entre el 2 y el 7 de febrero de 2024, más de 1.800 denuncias de coacción agravada contra beneficiarios de planes sociales, obligados a asistir a protestas bajo amenaza de perder la ayuda estatal. Casos como el de Sofía Ñañes, amenazada de perder su Potenciar Trabajo si no acudía a marchas organizadas por una agrupación social, ilustran la perversión de estos mecanismos.
En otra arista del escándalo, el desastrozo ex presidente Alberto Fernández fue denunciado el 28 de febrero de 2024 por fraude y abuso de autoridad al adjudicar contratos de seguros a empresas de baja solvencia “a dedo”, beneficiando a amigos personales y hasta a su secretaria.
Sandra Pettovello.
Las auditorías también destaparon el descontrol en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), donde se otorgaban subsidios sin rendición de cuentas, comprometiendo programas de asistencia infantil.
Uno de los nombres más repetidos en la investigación es Emilio Pérsico, ex Secretario de Economía Social, acusado de direccionar millonarios subsidios a cooperativas afines a su gestión. Pérsico operaba, literalmente, de ambos lados del mostrador: otorgaba fondos a las agrupaciones que él mismo lideraba.
La corrupción también alcanzó el plano material: en la compra de 1,3 millones de guardapolvos escolares, se desembolsó el 84% del presupuesto (5.500 millones de pesos), pero solo se entregó el 47% de la mercadería. Treinta y tres cooperativas fueron allanadas por quedarse con los fondos sin cumplir la entrega.
El Programa Progresar mostró una falta absoluta de control, otorgando becas con fondos de la ANSES —dinero de los jubilados— sin verificaciones ni rendiciones. Paralelamente, la investigación detectó la existencia de comedores fantasmas, registrados para recibir alimentos y dinero, pero inexistentes en la realidad: algunos figuraban en barrios cerrados, otros en locales comerciales como una gomería.
Museo de la corrupción.
El predio de Tecnópolis tampoco escapó a las irregularidades: se comprobó la desaparición de equipamientos tecnológicos vinculados al área de patrimonio.
Otro foco de desvíos fue el CEDYAT (Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica), que firmó convenios con el Ministerio de Trabajo por montos exorbitantes entre 2017 y 2020, presentando graves irregularidades administrativas.
Finalmente, el 14 y 19 de noviembre de 2024, el Gobierno dio de baja las pensiones de privilegio a Cristina Fernández de Kirchner y Amado Boudou. Ambos, condenados por delitos contra la administración pública, cobraban asignaciones vitalicias que el actual Gobierno consideró inadmisibles para personas que han violado el honor y la confianza pública.
“En la Argentina no puede gobernar la corrupción”, remarcan desde Capital Humano. Pettovello subraya que estas investigaciones no solo buscan sancionar delitos del pasado, sino también garantizar que los recursos del Estado lleguen a quienes realmente los necesitan, sin ser rehenes de operadores políticos ni intermediarios corruptos. El “Museo de la Corrupción” es, para la actual administración, una radiografía del saqueo que explica por qué millones de argentinos quedaron atrapados en la pobreza a pesar de los miles de millones destinados a “inclusión social”.
