El Juzgado Federal N° 3 de la ciudad de Córdoba dispuso este jueves el cese de la detención que cumplía el exparlamentario Oscar González en su vivienda particular. La medida judicial establece que el imputado podrá recuperar la libertad ambulatoria una vez que se cumplimenten diversas exigencias económicas y legales. Oscar González se encuentra procesado en una investigación que rastrea un presunto enriquecimiento ilícito y maniobras de lavado de activos agravadas.
La resolución lleva la firma del magistrado Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien decidió apartarse del criterio solicitado previamente por el fiscal federal interviniente. Mientras que la fiscalía advirtió sobre posibles riesgos procesales remanentes, el juez consideró que la detención durante el proceso debe ser excepcional. El fallo subraya que el estado actual de la causa permite aplicar medidas alternativas que garanticen la sujeción del acusado al tribunal actuante.
Los defensores Miguel Ángel Ortiz Pellegrini y Leandro Ortiz Morán fundamentaron el pedido basándose en los avances registrados recientemente en el expediente. Se destacó que la Cámara Federal había solicitado una pericia contable profunda antes de avanzar hacia una instancia de juicio oral y público definitiva. Bajo esta perspectiva, el magistrado entendió que el principio de inocencia debe prevalecer mientras se completan las diligencias técnicas pendientes.
La decisión de la excarcelación fue firmada por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja
Avances en la pericia y riesgos procesales
La acusación formal contra el dirigente contempla delitos cuya escala penal supera los 8 años de prisión, lo que impediría una condena de ejecución condicional. El juez sostuvo que la gravedad de la pena abstracta no justifica por sí sola la vigencia de una prisión preventiva sin fundamentos concretos actuales. Por este motivo, se analizó si existía una posibilidad real de fuga o de entorpecimiento malicioso sobre la producción de las pruebas restantes.
Actualmente, el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación trabaja en el análisis de toda la documentación patrimonial incorporada. Para la magistratura, no se advierten indicios de que el imputado pueda interferir en esta pericia clave tramitada en el ámbito del Ministerio Público. Al descartarse el riesgo de obstaculizar la investigación, el tribunal optó por imponer obligaciones menos gravosas que el encierro total en su domicilio.
El Código Procesal Penal Federal contempla una serie de restricciones que aseguran que el investigado se mantenga a disposición de la justicia sin estar preso. Entre las pautas fijadas, González deberá presentarse personalmente en el juzgado durante el primer día hábil de cada mes para ratificar su presencia local. Estas condiciones buscan equilibrar el derecho a la libertad procesal con la necesidad estatal de concluir la etapa de instrucción sin interferencias.
Siniestro vial por el cual González se encuentra imputado
Fianza millonaria y prohibición de salida
Para que la excarcelación se haga efectiva, el exlegislador deberá depositar una caución real fijada en la suma total de $200.000.000 en el tribunal. Este requisito económico funciona como una garantía de cumplimiento para asegurar que el procesado no intente eludir el accionar de la justicia federal cordobesa. El levantamiento de la custodia domiciliaria solo se autorizará una vez que el juzgado verifique el depósito de los fondos o bienes equivalentes.
Además de la fianza, se dispuso la prohibición absoluta de salir del territorio nacional y se retuvo su pasaporte personal que ya estaba secuestrado. Cualquier inasistencia injustificada a las presentaciones mensuales o el incumplimiento de las reglas impuestas derivará en la revocación inmediata del beneficio actual. Tras ser liberado, González tendrá el deber de declarar formalmente su domicilio real y comprometerse por escrito a someterse a todas las etapas futuras.
La resolución advierte que la libertad concedida es precaria y depende estrictamente de la conducta del imputado frente a los requerimientos de la Secretaría Penal. Con esta decisión, el proceso por enriquecimiento ilícito entra en una fase de definiciones técnicas antes de decidir la elevación a juicio de los responsables. Los peritos oficiales serán los encargados de determinar si el patrimonio del exfuncionario se condice con sus ingresos registrados durante su actividad pública.
