La Cámara de Casación declaró nulo el acuerdo. Sin embargo, el pacto que el último gobierno kirchnerista firmó con un grupo de líderes mapuches sigue sorprendiendo.
Superando ampliamente sus atribuciones como secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla comprometió al Estado argentino a entregar a la comunidad Lafen Winkul Mapu valiosas tierras del Parque Nacional Nahuel Huapi, construir viviendas, proporcionar seguridad y, principalmente, cancelar las causas penales contra los responsables de las violentas e ilegales ocupaciones de terrenos que aterrorizaron a los residentes de Villa Mascardi.
El pacto, firmado en junio pasado, constaba de ocho artículos. El fundamento para las diversas concesiones era un supuesto “derecho ancestral” que alegan les otorga la propiedad de un lugar que consideran “sagrado”, donde se argumenta que debería actuar una "machi", vista como intermediaria entre el "mundo natural y el sobrenatural". En este caso, el acuerdo se refería a una extensa área del parque que había sido previamente ocupada y donde ocurrió un crimen durante un tiroteo.
Cuando se dieron a conocer los detalles del acuerdo, la Secretaría de Derechos Humanos comunicó: “En la ex ESMA se llevó a cabo la tercera edición de la Mesa de Diálogo sobre el conflicto territorial en Villa Mascardi, donde en 2017 fue asesinado por miembros de la prefectura Rafael Nahuel. El Estado otorgará la cesión de uso a la Machi Betiana Colhuan para que pueda realizar sus tareas espirituales y medicinales para todas las comunidades mapuche tehuelche. Además, se acordó que la Comunidad Lafken Winkul Mapu será reubicada en otras tierras—diferentes a las del REWE de Villa Mascardi—cuya localización será determinada en la próxima mesa de diálogo que se celebrará en las próximas semanas”.
Debido a los compromisos inusuales asumidos por Pietragalla, que fueron validados por un juez de primera instancia en Bariloche, el Ministerio Público Fiscal, la Asociación Vecinal de Lago Mascardi y el gobierno de Javier Milei, a través del titular de Parques Nacionales, Cristian Larsen, se presentaron ante la Justicia para que se anule el contenido completo del acuerdo vende patria. Ayer se conoció que la Cámara de Casación, con la firma de los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone, lo dejó sin efecto.
Los artículos del pacto
El primer artículo proporciona un contexto sobre el acuerdo: “El Estado se compromete a reconocer el REWE como un sitio sagrado para el Pueblo Mapuche para que la Machi Betiana Colhuan pueda llevar a cabo sus tareas espirituales y medicinales. Para ello, se construirán tres rukas: la ruka Lawen (espacio donde se alojarán los pacientes y se almacenarán los elementos para la medicina tradicional mapuche), la ruka Kellum (donde residirán los colaboradores necesarios de la machi) y la ruka de la Machi, que será el hogar de ella y su familia”.
Además, se comprometió a “otorgar el permiso de uso del terreno identificado catastralmente como 19-7-A-011-14-0, ubicado en la jurisdicción del Parque Nacional Huapi. Se deja constancia expresa de que el resto de la comunidad Lafken Winkul Mapu será reubicada en otras tierras”. En resumen, el último gobierno kirchnerista reconocía un terreno como “sagrado”, lo entregaba a un grupo terrorista que se autodenomina “mapuche” y se comprometía a construirles viviendas.
El segundo artículo es de menor relevancia, pero el tercero revela una de las inconsistencias señaladas por las autoridades: “La Comunidad Lafken Winkul Mapu continuará con el trámite de su inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas -RENACI- del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas hasta su finalización”. Es decir, Pietragalla firmó un acuerdo con una organización indígena que no estaba oficialmente reconocida por el Estado.
Pero las sorpresas no terminan ahí. En el artículo 4, Pietragalla asumió un compromiso sorprendente: “El Poder Ejecutivo Nacional habilitará oficinas de diversas agencias gubernamentales (Secretaría de Derechos Humanos, Centro de Acceso a Justicia, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Ministerio de Seguridad, etc.). Se acuerda que estas dependencias se ubiquen en la zona, aunque no en los terrenos colindantes al REWE”.
El artículo 5 establece una decisión de gran impacto: “Las partes involucradas en las causas penales N° 26511 y 16.149 (defensas de los imputados y la querella de Parques Nacionales) se comprometen a elaborar y presentar en los respectivos juzgados un acuerdo de conciliación antes del 9 de junio de 2023, en los términos del artículo 34 del Código Procesal Penal Federal, que contemplará las pautas del presente acuerdo”. En esencia, se trataba de levantar las causas penales vigentes por las ocupaciones ilegales de los terrenos. Este artículo fue uno de los más criticados por las autoridades actuales de Parques Nacionales; de hecho, Larsen lo anuló mediante una decisión administrativa, que fue convalidada por la decisión de ayer de la Cámara de Casación.
Finalmente, el artículo 8 también sigue el tono de los anteriores: “El Ministerio de Seguridad de la Nación se compromete a garantizar la seguridad del REWE”.
