Stornelli pidió al juez Lijo indagar a Vizzotti junto a Sigman, Figueiras y Artola, y al infectólogo Cahn, por demoras en la compra de vacunas que habrían favorecido negocios del sector farmacéutico
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El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó al juez federal Ariel Lijo que cite a declaración indagatoria a la exministra de Salud Carla Vizzotti, al empresario Hugo Sigman, al infectólogo Pedro Cahn y a otros exfuncionarios y ejecutivos, en el marco de una causa que investiga las demoras en la compra de vacunas contra el Covid-19, ocurridas hace seis años durante la pandemia. En un requerimiento de instrucción de 30 carillas, el fiscal sostuvo que existió una “matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses”, en la que funcionarios del nefasto gobierno kirchnerista de Alberto Fernández habrían privilegiado negocios privados por sobre la urgencia sanitaria. La hipótesis central es que el Estado demoró deliberadamente la adquisición de vacunas de Pfizer para favorecer a laboratorios con “socios locales” en la Argentina.
Según el dictamen, en agosto de 2020, Pfizer ofreció al país un cronograma de entrega de 13.200.000 dosis, de las cuales 3.000.000 iban a arribar entre el último trimestre de 2020 y el primero de 2021, un período clave para inmunizar a la población de riesgo. Sin embargo, el Gobierno decidió avanzar con otras alternativas como AstraZeneca, Sinopharm y Sputnik V, lo que —según la fiscalía— derivó en la pérdida del cupo reservado y en una demora perjudicial para el país.
Exministra de Salud, Carla Vizzotti
Stornelli remarcó que “habría existido en derredor de las contrataciones aquí investigadas otros intereses, posiblemente ilícitos, que fueron ponderados por encima de la salud de la población”, y advirtió que estas decisiones “no se tratan de cuestiones fútiles o inocuas”, ya que la dilación en la negociación con Pfizer redujo las dosis disponibles y postergó su llegada en plena emergencia sanitaria.
Para justificar la demora, los funcionarios del Ministerio de Salud habrían argumentado obstáculos legales vinculados a la Ley 26.944 de Responsabilidad del Estado, exigiendo cláusulas de inmunidad que el fiscal calificó como “inéditas”. No obstante, un dictamen jurídico posterior concluyó que la norma “no constituye impedimento alguno para la inclusión de una cláusula de indemnidad”, debilitando así la posición oficial de aquel momento.
El empresario, Hugo Sigman
La investigación también pone el foco en un entramado de vínculos entre funcionarios y actores del sector privado. Stornelli identificó al empresario Hugo Sigman, titular del Grupo Insud y de firmas como Elea Phoenix y mAbxience, como uno de los principales beneficiarios de los contratos vinculados a AstraZeneca y Sinopharm. Según el fiscal, varios de los implicados se encontraban “situados a ambos lados del escritorio”, es decir, con intereses cruzados entre el Estado y los laboratorios.
En ese contexto, se señala que Sonia Tarragona, quien participó en la negociación fallida con Pfizer, había sido Directora General de la Fundación Mundo Sano —presidida por la esposa de Sigman— entre 2008 y 2013. A su vez, el dictamen indica que Carla Vizzotti prestó servicios para la Fundación Huésped y para Vacunar SA entre 2017 y 2020. La Fundación Huésped, fundada por Pedro Cahn, habría sido subcontratada por Elea Phoenix para realizar ensayos clínicos de la vacuna Sinopharm y, a su vez, habría derivado tareas en Vacunar.
El expediente también menciona a Laboratorios Richmond, presidido por Marcelo Figueiras, que obtuvo la concesión del Fondo Ruso de Inversión Directa para producir el componente de la Sputnik V en el país. En contraste con la rapidez para aprobar estos acuerdos, el fiscal subrayó el “letargo burocrático” aplicado a Pfizer, cuyos expedientes habrían sido manejados de forma “desordenada” en el sistema GEDO, permaneciendo meses sin avances en despachos oficiales.
El infectólogo, Pedro Cahn
La causa incluye además referencias al exministro de Salud Ginés González García, a partir de denuncias realizadas por Patricia Bullrich, quien lo acusó de haber frenado las negociaciones con Pfizer en busca de un “retorno” financiero mediante intermediarios. No obstante, debido a su fallecimiento el 18 de octubre de 2024, el fiscal solicitó la extinción de la acción penal en su contra.
Finalmente, Stornelli pidió que los imputados sean indagados por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública (arts. 248, 249 y 265 del Código Penal). Entre los señalados figuran, además de Vizzotti, Mauricio Alberto Monsalvo, Juan Manuel Castelli, Sonia Gabriela Tarragona y Cecilia Nicolini, junto a empresarios y representantes de laboratorios internacionales.
