Por fin: el Gobierno de Milei completó el cierre del INADI

El Gobierno de Javier Milei ha oficializado el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) a seis meses del inicio del proceso de desmantelamiento.

La medida fue formalizada mediante el decreto 696/2024, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial. No obstante, Manuel Adorni, vocero presidencial, había anticipado horas antes de la medianoche el cierre definitivo del organismo.

“Faltaba su muerte administrativa: mañana (por hoy) el INADI habrá dejado de existir para siempre”, publicó en sus redes sociales.

La normativa establece: “Se disuelve el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), organismo descentralizado que operaba en el ámbito del Ministerio de Justicia”. Además, el Ejecutivo transfirió la “totalidad de los recursos materiales y financieros del Instituto” al Ministerio de Justicia, dirigido por Mariano Cúneo Libarona.

Con esta medida, el ministerio “será responsable de la elaboración y ejecución de las políticas nacionales para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo”. En cuanto al personal del INADI, se indicó que aquellos bajo el régimen de estabilidad se regirán por lo establecido en el artículo 11 del Anexo de la Ley Nº 25.164 y sus modificaciones.

Así, el Ejecutivo pone fin al proceso iniciado en febrero de este año con el anuncio del cierre del instituto. Adorni había comunicado esta decisión en esa ocasión, argumentando que “uno de los ideales del presidente Milei es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no beneficie a los argentinos”. El vocero añadió: “Se decidió avanzar en el desmantelamiento de institutos que no cumplen una función efectiva o que son grandes cajas de la política y empleos militantes; el primero de ellos será el INADI”.

El vocero también señaló que el organismo, creado con la excusa de "combatir la discriminación", contaba con 400 empleados y oficinas en todo el país. “No vamos a seguir financiando ni rosca política ni lugares de favores políticos ni cargos jerárquicos en un país empobrecido”, justificó. “No podemos permitir que la gente siga pagando con sus impuestos este tipo de cuestiones”.

Tras el anuncio, el Ministerio de Justicia detalló en un comunicado que el INADI “contaba con una superestructura que no garantizaba eficiencia en su trabajo”. Indicaron que tenía 7.000 expedientes sin tramitar ni resolver, y que en los primeros dos meses del año se resolvieron 2.000 de ellos.

La eliminación del INADI responde a la decisión de suprimir dependencias de organismos con estructuras excesivamente grandes que no cumplían con las funciones establecidas por las leyes, convenciones y objetivos para los que fueron creados.

En el considerando de la norma, se señala que “se constató el sobredimensionamiento de la estructura funcional del INADI”. De acuerdo con los argumentos del Gobierno, el decreto menciona que el organismo contaba con 431 agentes activos al momento de asumir la actual gestión, distribuidos en 44 sedes, incluidas delegaciones y subdelegaciones en todo el país, “sin control sobre la efectiva prestación de sus servicios”.

“El Estado nacional cubrió los salarios de este personal, que en marzo de 2024 representó una erogación total de $315.644.195,87, monto equivalente a aproximadamente 2347 jubilaciones mínimas”, se argumentó.

Además, se determinó que “las campañas de sensibilización y capacitación realizadas no cuentan con el expediente administrativo ni la documentación de respaldo correspondientes”. También se indicó que, tras más de 20 años, el INADI aún no ha elaborado el “Plan Nacional contra la Discriminación”.