El presunto testaferro de la mansión de Pilar usaba una tarjeta de AFA por casi $50 millones mensuales

En una resolución en la que rechazó apartarse del expediente y enviarlo al Juzgado Federal de Campana, Aguinsky sostuvo que el “epicentro” del caso no es la casaquinta de Pilar sino la propia AFA, cuyo domicilio legal se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para el magistrado, allí se concentra el núcleo de las maniobras bajo análisis.

Entre los consumos detectados figuran los pagos de telepase correspondientes a varios de los 54 vehículos de alta gama que fueron secuestrados en el predio de Villa Rosa. El juez destacó que esos gastos se repiten mes a mes y promedian los 50 millones de pesos entre enero y diciembre de 2025, un volumen difícil de compatibilizar con el perfil fiscal del supuesto testaferro.

Aguinsky advirtió que esos movimientos deben ser investigados con urgencia para determinar si están vinculados directamente con el predio de Pilar y, en caso de tratarse de un delito en curso, ordenar el cese inmediato de sus efectos. En ese marco, señaló que el ilícito precedente del presunto lavado de dinero podría encuadrar en la figura de administración fraudulenta, en perjuicio de la AFA y a través de sus directivos.

La investigación judicial por la lujosa mansión de Villa Rosa, en Pilar, sumó un dato clave que vuelve a poner a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el centro de la escena. El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky reveló que el presunto testaferro del inmueble, Luciano Pantano, utilizaba una tarjeta de crédito corporativa de la AFA para afrontar gastos mensuales cercanos a los 50 millones de pesos.

Pantano, monotributista y titular formal de la mansión bajo investigación, aparece vinculado a consumos de alto monto que, según consta en la causa, se abonaban con una tarjeta American Express asociada a una cuenta corporativa de la AFA. Los resúmenes, además, eran remitidos a la sede de la entidad en la calle Viamonte al 1300, en la Ciudad de Buenos Aires.

La resolución también recuerda que el fiscal Claudio Navas Rial vinculó esta causa con otra investigación en trámite por presunta evasión de aportes e impuestos por parte de la AFA, estimada en unos 19 millones de pesos. Ese expediente se sigue en otro juzgado del mismo fuero, a cargo del juez Diego Amarante, y para Aguinsky “completa el cuadro indiciario” sobre los delitos que habrían antecedido a las maniobras de lavado.

El magistrado subrayó, además, que el fuero Penal Económico es el ámbito natural para este tipo de investigaciones, dado su grado de complejidad técnica y su impacto en el orden económico y financiero. Por eso rechazó el planteo de inhibitoria territorial impulsado desde Campana.

Si el juez Adrián González Charvay insiste con el reclamo de competencia, el conflicto será resuelto por la Cámara Federal de San Martín. Mientras tanto, la causa seguirá su curso en el Juzgado en lo Penal Económico N°10, con la feria judicial de enero habilitada y la AFA cada vez más comprometida en el expediente.