El diputado comunista de Unión por la Patria, Juan Grabois, fue procesado por la Justicia federal en el marco de la violenta toma del Instituto Juan Domingo Perón ocurrida el 7 de junio del año pasado, un episodio que estuvo marcado por disturbios, daños materiales y enfrentamientos con efectivos policiales.
La resolución fue firmada por el juez Sebastián Ramos, quien además dispuso un embargo de 5 millones de pesos sobre el dirigente.
La medida judicial se concretó pese a una docena de apelaciones presentadas por la defensa, que buscaban frenar el avance de la causa.
Juan Grabois en la toma.
Se trata del primer procesamiento que enfrenta Grabois vinculado a este tipo de ocupaciones, en un contexto en el que también mantiene otras causas abiertas por tomas de inmuebles, como el caso del campo de la familia Etchebehere en Entre Ríos.
En el mismo fallo, el magistrado también procesó al militante de izquierda Valentín Peralta, otro de los protagonistas de la ocupación. Según la resolución, ambos participaron del ingreso sin autorización al edificio, que se encontraba cerrado y bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.
Ramos sostuvo que, a partir de pruebas recolectadas como testimonios, imágenes y registros audiovisuales, “ha quedado suficientemente acreditado que tanto Grabois como Peralta, el 7/6/25, ingresaron sin autorización al Instituto Juan Domingo Perón de Estudios, Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, el cual se encontraba cerrado y cuya titularidad corresponde al Ministerio de Capital Humano”.
De acuerdo con la investigación judicial, el accionar durante la toma derivó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. En el caso de Peralta, el juez señaló que “agredió con golpes vehementes al personal policial, negándose a retirarse del lugar”, en medio del operativo de desalojo.
Juan Grabois en la toma.
Los informes médicos remitidos por el Hospital Churruca detallaron lesiones en varios efectivos policiales. Entre ellos, el comisario De Cristóbal sufrió un traumatismo encéfalo-craneano con escoriaciones, mientras que el comisario mayor Marcelo Claudio Galarza presentó traumatismos torácicos.
También se registraron heridas en otros oficiales, como el comisario inspector Gustavo Antonio Gauna y el comisario inspector Amado Rubén Martínez.
En relación a Grabois, el fallo le atribuye haber permanecido dentro del edificio durante al menos dos horas, además de incitar a los manifestantes a sostener la ocupación. Según el juez, el dirigente promovió conductas agresivas contra el personal policial, a quienes se les arrojaron objetos que provocaron lesiones.
El expediente también detalla que las autoridades policiales intentaron inicialmente resolver la situación de manera pacífica, solicitando el desalojo voluntario del inmueble. Sin embargo, ante la negativa y los episodios de violencia, se procedió a la detención de Grabois, quien, según el magistrado, “se encontraba constantemente incitando a sus comandados a agredir a los funcionarios policiales”.
La denuncia que dio origen a la causa fue impulsada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y se enmarca en una serie de investigaciones sobre ocupaciones de propiedades que involucran a referentes de izquierda.
En paralelo, la Corte Suprema tiene pendiente desde el 5 de noviembre de 2025 la resolución de un recurso presentado por la defensa de Grabois, que busca evitar la apertura del teléfono celular secuestrado al momento de su detención, una medida que podría aportar nuevos elementos a la causa.
