El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido sumó un nuevo procesamiento por corrupción. El juez federal Sebastián Casanello lo acusó por el delito de enriquecimiento ilícito en una causa iniciada en 2008, que llevaba casi dieciocho años de trámite. La resolución también alcanzó a su esposa, Alessandra Minnicelli, y dispuso un embargo conjunto por 998 millones de pesos.
La investigación, impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli, se centró en el incremento patrimonial registrado por el matrimonio durante los años en los que De Vido ejerció funciones públicas, un período que abarca las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. Según la resolución judicial, el ex funcionario incrementó de manera apreciable su patrimonio sin poder justificar ese crecimiento con ingresos legítimos ni recursos lícitos declarados. El monto observado por la Justicia asciende, de acuerdo al análisis pericial, a unos 690.000 dólares.
Julio de Vido fue ministro de las administraciones kirchneristas.
El fallo se apoya en el informe del Cuerpo de Peritos Especializados de la Corte Suprema, que detectó inconsistencias relevantes en las declaraciones patrimoniales del matrimonio. Entre ellas, la imposibilidad de validar el dinero en efectivo —en pesos y dólares— que afirmaron poseer al inicio del período analizado, así como la ausencia de documentación que acreditara ingresos profesionales de Minnicelli. Los peritos también remarcaron que ambos se inscribieron en el impuesto a los Bienes Personales recién en 2002, un dato que, para el juzgado, no resulta compatible con la tenencia de divisas extranjeras declaradas.
A esto se sumó que el gobierno de Santa Cruz informó que no existen declaraciones juradas patrimoniales presentadas entre los años 2000 y 2003, etapa en la que De Vido fue funcionario provincial. El análisis técnico también detectó un escaso detalle de los consumos personales y familiares, que no se correspondería con el nivel patrimonial evidenciado.
Uno de los puntos centrales del procesamiento es la compra de un departamento sobre la avenida Del Libertador, adquirido entre 2007 y 2009 mediante una estructura societaria que, según la pesquisa,tuvo como objetivo ocultar la titularidad real del inmueble. La propiedad fue registrada a nombre de la empresa Uni-Vite Argentina S.A., cuyo capital no habría permitido afrontar una operación de esa magnitud. Pese a figurar formalmente como inquilinos, De Vido y Minnicelli habrían sido los verdaderos dueños y usufructuarios del departamento durante años.
De Vido junto a su esposa procesada, Alessandra Minnicelli.
Las pericias oficiales establecieron que el valor real del inmueble era sensiblemente superior al precio por el que habría sido adquirido. Además, durante los allanamientos se secuestró documentación societaria que, de acuerdo al juzgado, vincula directamente al matrimonio con la compra del paquete accionario de la firma utilizada para la operación.
Casanello concluyó que la investigación logró reunir una extensa cadena de indicios concordantes que dan solidez a la hipótesis del enriquecimiento ilícito, al considerar que los fondos utilizados para adquirir la sociedad y, de manera indirecta, el inmueble, habrían provenido del propio ex funcionario. El nuevo procesamiento se suma a un largo historial judicial que incluye la condena de De Vido por la tragedia del tren de Once, uno de los símbolos más graves del fracaso y la corrupción del modelo kirchnerista.
