La corrupta expresidente fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
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El pasado 13 de noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena contra la corrupta expresidente Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, por el delito de administración fraudulenta en el marco de la causa por la adjudicación de obra pública al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.
En un extenso fallo de 1541 páginas, la Sala IV del tribunal también confirmó las penas impuestas a Báez (6 años), al ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años), así como a ex funcionarios de Vialidad santacruceña: Juan Carlos Villafañe (5 años), Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), José Raúl Santibañez (4 años), Mauricio Collareda (4 años) y Raúl Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses).
Cristina Kirchner, expresidente de Argentina.
Ese mismo día, el tribunal también avaló las absoluciones de varias figuras, entre ellas el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, y los ex funcionarios Héctor Garro y Carlos Kirchner, primo del expresidente Néstor Kirchner. En el caso de Carlos Kirchner, la absolución se basó en la prescripción de la causa.
La sentencia contra Cristina Kirchner fue respaldada por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. En cambio, el juez Gustavo Hornos se manifestó a favor de agravar la condena e incluir el delito de asociación ilícita, tal como lo había solicitado la fiscalía.
Este martes, la Corte Suprema rechazó todos los recursos de queja presentados por la defensa de la ex mandataria y dejó firme la condena. En consecuencia, Cristina Kirchner deberá cumplir arresto domiciliario y queda inhabilitada para postularse como candidata en las próximas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.
El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal.
“Que desde 2003 a 2015 funcionarios públicos nacionales y provinciales, entre los que se encontraba la dos veces presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, llevaron a cabo una maniobra fraudulenta que perjudicó de manera trascendente a las cuentas del Estado nacional, pues se desvió el dinero público en favor del empresario Lázaro Antonio Báez a partir de la asignación de obra pública vial a sus empresas”, afirmaron los magistrados en su fallo.
Asimismo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el decomiso de una suma cercana a los 84.000 millones de pesos.
