La Cámara Federal de Buenos Aires ratificó el procesamiento del exministro de Salud, Ginés González García, por abuso de autoridad y peculado, en relación con el caso del Vacunatorio VIP.
Se trata de la causa por el escándalo de los altos funcionarios kirchneristas y personas cercanas al poder que accedieron a la vacuna contra el Covid-19 de manera irregular, en detrimento de la población general que esperaba su turno.
Ordenan investigar a quienes recibieron las vacunas de manera privilegiada
El tribunal de alzada, compuesto por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, no solo confirmó el procesamiento de González García, sino que también ordenó a la jueza María Eugenia Capuchetti profundizar en la investigación sobre la responsabilidad penal de quienes recibieron las dosis de manera privilegiada durante la pandemia.
Entre los beneficiados por esta maniobra están el exprocurador del Tesoro Carlos Zannini, el diputado Eduardo Valdés, el exministro de Defensa Jorge Taiana y el periodista Horacio Verbitsky, quienes accedieron a las vacunas sin respetar los procedimientos oficiales.
Privilegios y vacunación fuera de la ley
Según el fallo, las vacunas fueron puestas "al alcance de un grupo selecto que, por amistad o parentesco, burló los esquemas impuestos a la población general". Este acceso preferencial se llevó a cabo mientras millones de argentinos esperaban su turno de acuerdo con los protocolos establecidos por el Plan de Vacunación nacional.
"Sobre estos últimos deberá enfocarse la investigación. Y ello no sólo al describir el objeto del proceso, sino también en cuanto a los sujetos pasivamente legitimados pues, como señaló la Procuración de Investigaciones Administrativas, es posible leer allí una eventual en el delito participación que reclama ser despejada", expresa el fallo.
Consecuencias legales y embargo reducido
La Cámara Federal también redujo el embargo sobre los bienes de Ginés González García, que pasó de 100 a 20 millones de pesos. Sin embargo, los jueces fueron claros al señalar que los imputados desviaron recursos estatales hacia fines privados, privilegiando a un pequeño grupo mientras la mayoría de la población seguía esperando su oportunidad de vacunarse.
En su resolución, los jueces destacaron que "ciertos segmentos de la población debían aguardar su turno, mientras que quienes sí podían acceder a la vacuna lo hacían previa cita y en los centros habilitados".
La responsabilidad penal de los involucrados
El fallo subraya la gravedad de que "unos pocos hayan recibido un tratamiento exclusivo que cristaliza una inadmisible torsión de la senda que la ley imponía". La desviación de recursos humanos y materiales, incluso cuando algunos de los beneficiados cumplían con los requisitos por edad para ser vacunados, fue un claro ejemplo de que las acciones llevadas a cabo no estuvieron amparadas por la legalidad.
Finalmente, el tribunal confirmó los procesamientos no solo de Ginés González García, sino también de otros implicados en el caso, como Alejandro Salvador Costa, subsecretario de estrategias sanitarias; Marcelo Ariel Guille, secretario privado de González García; y Alberto Alejandro Maceira, director ejecutivo del Hospital Posadas.
