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Reino Unido

Boris Johnson ordena cerrar la infame clínica Tavistock donde se hacían cirugías transgénero en niños

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El NHS anunció que cerrará finalmente el Servicio de Desarrollo de Identidad de Género en la primavera del 2023, poniendo fin al "reino del terror" de la clínica financiada por el Estado.

En sus últimos días en el cargo, el primer ministro Boris Johnson ordenó al Servicio Nacional de Salud de Inglaterra (NHS, por sus siglas en inglés) cerrar la infame clínica Tavistock, el único centro de salud público habilitado para el tratamiento de cambio de género infantil, luego de una serie de escándalos.

El Servicio de Desarrollo de Identidad de Género (GIDS) de Tavistock & Portman NHS Foundation Trust se había vuelto muy controvertido en los últimos años, por las brutales cirugías y tratamientos hormonales en niños.

El sistema era demasiado simple para un tema tan complejo. Los padres llevaban a sus hijos a la clínica, un médico los analizaba en cinco minutos y les daba el diagnóstico de "disforia de género" y le "recetaba" cirugía o tratamiento hormonal. Se les daba pastillas de hormonas para que tomen un tiempo y después de un tiempo se les asignaba un turno para la operación de genitales en niños.

Según un reporte especial de The Times, el número de niños diagnosticados con disforia de género aument+o un 5.000% en los últimos 10 años, un valor que no condice con la realidad, y rápidamente las denuncias por mala praxis empezaron a caer.

Los denunciantes alegaron que se consideraba que los niños eran trans con pretextos muy débiles. Por ejemplo, a un niña se le ordenó cirugía de reasignación de género porque no les gustaban las "muñecas y cintas rosas".

Además, un ex director del fideicomiso, el Dr. David Bell, advirtió que "prácticamente no había ningún escrutinio psicológico en absoluto" antes de que los niños fueran desviado hacia un camino hacia la medicación y la cirugía que alteran la vida sin posibilidad de dar marcha atrás.

Múltiples familias denunciaron al NHS y a Tavistock después de que hayan "apresurado" la reasignación de género en sus hijos. "Después de aproximadamente tres sesiones cortas y ninguna investigación real de cualquier problema mental que posiblemente subyace a su creencia adolescente de que nació en el cuerpo equivocado, ya se recetaban tratamientos o cirugías irreversibles", escribió un demandante.

Según los informes, hubo un boom de pedidos de "destransición" en los últimos años, que los médicos de Tavistock no pudieron satisfacer, ya que muchos de los tratamientos recetados no permiten volver para atrás.

Una de las figuras públicas que más visibilidad le dio a la situación fue la autora JK Rowling. En múltiples publicaciones en sus redes sociales escribió: “Las clínicas de género del Servicio Nacional de Salud Británico han estado funcionando como si actuaran fuera del requisito ordinario de una buena práctica médica y psiquiátrica. Algunos pueden descartar este documento… pero lo hacen bajo su propio riesgo”, advirtió, citando un artículo académico que explica la importancia de dejar los tratamientos de cambio de género como última opción.

Rowling, una ídola del feminisimo convertida en figura de odio para la nueva izquierda desde que hizo pública su creencia de que "el sexo biológico es real y tiene sus consecuencias" y que "no existe el cambio de género".

El ex donante del Partido Laborista pasó a citar un segundo artículo, titulado “Sexo, género e identidad de género: una reevaluación de la evidencia”, citando su conclusión de que “la psiquiatría se encuentra en el filo de la navaja: corre el riesgo de ser acusada de transfobia o, alternativamente, permanecer en silencio durante este experimento descontrolado”. “Se siente como si estuviéramos al borde de un escándalo médico”, completó. Cuánta razón tenía.

Tras el escándalo, la Dra. Hilary Cass, directora del GIDS, salió a contener la crisis. La pediatra hizo un mea culpa y aseguró que el tratamiento en Tavistock "no es una opción segura o viable a largo plazo" para los pacientes y que su enfoque en la identidad de género ha "eclipsado" las consideraciones de otros problemas de salud mental.

Cass ha recomendado que la clínica sea reemplazada por centros regionales atendidos por médicos con “una perspectiva clínica amplia para integrar la atención de niños y jóvenes con incertidumbre de género dentro de un contexto de salud infantil y adolescente más amplio”. El NHS aceptó esta alternativa, y el Tavistock cerrará en la primavera de 2023.

El NHS también se ha comprometido a inscribir a los jóvenes que recibieron hormonas bloqueadoras de la pubertad en una investigación a largo plazo en colaboración con el Instituto Nacional de Investigación en Salud y Atención para esclarecer mejor sus efectos a largo plazo a los pacientes.

Todas las denuncias coinciden en que los médicos de Tavistock minimizaron los efectos irreversibles de las operaciones de reasignación de género, y en varias ocasiones describieron a los padres y a los niños que es similar a simplemente presionar un "botón de pausa", y nunca hicieron mención de efectos adversos, como la infertilidad.

Reino Unido

Un inmigrante ilegal que había marchado con un cartel de "los inmigrantes no somos criminales" fue arrestado por violar una niña de 15

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Un congolés que sobrevivió tres intentos de deportación y que se había hecho famoso protestando en contra de la política migratoria conservadora, se declaró culpable esta semana de violar a una niña de 15 años.

Anicet Mayela, un inmigrante ilegal que llegó en 2004 a Londres de la República del Congo, se viralizó unos años atrás cuando en una marcha en contra de las políticas migratorias del gobierno de Boris Johnson, protestó frente a un centro de deportaciones con un cartel que leía: "los inmigrantes no somos criminales".

El hombre, que estuvo en múltiples ocasiones a punto de ser deportado, logró esquivar todos los intentos de la Policía británica, y esta semana fue arrestado, no por su condición de inmigrante ilegal, sino por algo mucho peor: fue encontrado culpable de violar a una niña inglesa de 15 años.

El Tribunal de la Corona de Oxford se está encargando de su caso, y aseguró en el expediente que hubo un alto nivel de violencia durante el ataque sexual de Mayela contra la niña, según informa The Sun.

Tras su arribo al país en 2004, el Gobierno británico intentó deportarlo inmediatamente, pero la medida tuvo que ser suspendida después de que alegara que fue herido en una celda de aislamiento en el Centro de Deportación de Inmigrantes de Colnbrook, cerca del aeropuerto de Heathrow.

Poco después, las autoridades hicieron un segundo intento, donde incluso lograron subirlo a un avión de la línea Air France que viajaba al Congo. Sin embargo, la tripulación francesa del avión hizo una protesta para evitar su deportación, asegurando que se había convertido en la "cara visible" de la poco humana política migratoria del gobierno.

Los pilotos del avión que salían del aeropuerto de Southampton se negaron a despegar, y finalmente el gobierno de Tony Blair decidió suspender su deportación. Semanas más tarde, Mayela obtuvo permiso para quedarse en el país después de que sus abogados dijeran que los agentes encargados de subirlo al vuelo lo habían agredido y hasta le habían roto una mano.

Mayela quedó en una situación rarísima: no fue otorgado ciudadanía pero la Justicia decidió que no sería deportado, por lo que se le dio vía libre para quedarse en el Reino Unido. El diputado conservador Marco Longhi protestó en el Parlamento por este caso que fue paradigmático en aquel entonces, pero nada cambió su situación.

Casi 20 años después, el africano jamás se adaptó a la civilización inglesa, y unas semanas atrás fue arrestado luego de ser identificado como el principal culpable en la violación de una niña de 15 años en Oxford, ante lo cual confesó su culpabilidad.

Longhi, quien todavía es diputado, ha estado recorriendo los medios acusando al Gobierno de no ser lo suficientemente duro con la inmigración. “Mis electores seguramente estarán furiosos al descubrir que se quedó aquí con lo que parece ser una excusa endeble antes de cometer este horrible crimen”, dijo.

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Economía

La Comisión de Crecimiento del Reino Unido determinó que reducir la migración elevaría la renta per cápita del país a largo plazo

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Así lo determinó el organismo lanzado por la exprimer ministra Liz Truss, implementado para encontrar soluciones al anémico crecimiento de la economía británica. También se determinó que la reducción del impuesto a la herencia generaría un mayor impacto positivo que cualquier otro impuesto en el país.

Uno de los mayores problemas para el sostenimiento de las finanzas públicas del Reino Unido es la migración ilegal fuera de control, un fenómeno que encarece el costo de la salud pública en detrimento del grueso de los contribuyentes que deben pagar cada vez más para mantenerla pero que no reciben beneficios adicionales por tal esfuerzo.

La migración descontrolada parece incompatible con el llamado “Estado de bienestar”, y así lo deja ver un reciente estudio de la Comisión de Crecimiento del Reino Unido, un ente lanzado por la administración de Liz Truss para estudiar las razones detrás del estancamiento de la economía.

La Comisión encontró que reducir la migración neta anual de 350.000 personas a 150.000 en los próximos años, posibilitaría un aumento del nivel de ingreso promedio por habitante de hasta 1.100 libras al año. Esto se explica fundamentalmente por dos cuestiones: el menor costo presupuestario a cuenta de las redes de seguridad social del país, y por otra parte una mayor proporción de PBI distribuido entre menos personas.

El organismo señaló que la migración descontrolada también genera fuertes presiones sobre el mercado inmobiliario, ya que este fenómeno no se desarrolla de manera ecuánime en todo el territorio del Reino Unido, sino que se concentra principalmente en los grandes centros urbanos. 

La migración sin restricciones condujo al encarecimiento general del precio de las viviendas y de los alquileres en las grandes ciudades. Las jurisdicciones con menores regulaciones inmobiliarias pudieron adaptarse mejor al shock de demanda, mientras que otras (como por ejemplo Londres bajo el control del laborismo) sufrieron un alza significativa de los precios de la vivienda.

Douglas McWilliams, copresidente de la Comisión de Crecimiento, explicó que las regulaciones y la excesiva burocracia detrás de los permisos de construcción urbana impidieron una rápida adaptación del mercado inmobiliario a los sucesivos shocks migratorios. Remarcó la necesidad de reformar y desregular el sistema de planificación urbana para hacer más fácil la construcción de nuevas viviendas.

La Comisión también estudió las posibles rebajas tributarias que podrían estimular la inversión y el crecimiento de largo plazo de la economía. En este sentido, concluyó que cualquier rebaja (o incluso la eliminación) del Impuesto a la Herencia tendría un efecto positivo mayor a la de casi cualquier otro impuesto del país.

La eliminación del gravámen sobre las herencias generaría un repunte potencial del 1,4% sobre el PBI per cápita para el año 2044, alrededor de 865 libras adicionales cada año para los ciudadanos. Esto contemplaría una rebaja tributaria de 7,6 millones de libras para el período 2024-2025.

Si se aplicara una rebaja tributaria similar pero para el Impuesto de Sociedades, entonces el crecimiento de la renta por habitante se incrementaría en un 1,6% para 2044, mientras que la misma receta para el impuesto a las Ganancias de personas físicas daría como resultado un incremento de sólo el 0,3% respectivamente.

La principal razón explicativa detrás de estas cifras es el envejecimiento poblacional. Conforme se incrementa la participación de personas mayores como porcentaje de la población total, aumenta desmedidamente la recaudación por herencias y por lo tanto también su impacto negativo en el desarrollo de la economía.

“Con una población que envejece y con tantos otros países con tasas bajas o nulas de impuesto a la herencia, mantener este impuesto por razones puramente ideológicas parece ser un lujo que el Reino Unido no puede permitirse”, declaró McWilliams.

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Reino Unido

El Reino Unido intenta controlar el colapso social y endurece su política migratoria: Los inmigrantes ilegales serán deportados a Ruanda

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Una enmienda aprobada en la Cámara de los Comunes, que debe ratificarse, permitirá ignorar las órdenes globalistas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y proceder a la deportación de los inmigrantes ilegales en suelo británico a Ruanda.

El primer ministro británico Rishi Sunak se anotó una masiva victoria en su agenda anti inmigración que viene trabajando con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, al aprobar este jueves, con el apoyo de 320 diputados, una ley que permite deportar inmigrantes ilegales a Ruanda.

Si bien resta la aprobación de la Cámara de los Lores (lo que sería como la Cámara Alta de su sistema legislativo), se espera que sea homologada fácilmente y el Partido Conservador logra un importante éxito en un año electoral.

Los conservadores vienen de una serie de derrotas legislativas brutales, y se ve golpeado en las encuestas por dos aspectos centrales: una pésima gestión del COVID-19 y la explícita traición al Brexit que los británicos votaron, luego de que en 4 años tras su salida de la Unión Europea, solo se eliminaran 600 de las 4.000 regulaciones vigentes del bloque europeo.

Esta medida se trata de una de las promesas electorales de Sunak, quien había prometido frenar la llegada de indocumentados a través del Canal de la Mancha y llevar a la práctica el sistema de deportaciones que había empezado a negociar el ex primer ministro Boris Johnson.

La Corte Suprema británica había fallado previamente en contra de esta política, respaldándose en la falta de garantías de seguridad de esos migrantes una vez llegados a Ruanda y en un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero esta legislación aprobada sobrepasa la decisión del tribunal eurpeo que avala año a año el tráfico de personas indocumentadas.

El Reino Unido tiene un trabajo de largos años enfrentando una profunda crisis social y laboral provocada por la inmigración indiscriminada, especialmente la intromisión de células terroristas o ligadas al narcotráfico que llegan en estas embarcaciones.

Las cifras son alarmantes, ya que entre el 2022 y el 2023 llegaron al Reino Unido 75.000 embarcaciones cargadas de inmigrantes indocumentados, con un promedio de 500 personas por cada bote. La gran mayoría cruzando, desde Francia, a través del Canal de la Mancha.

El año pasado, el gobierno conservador logró llegar a un acuerdo con Turquía para el establecimiento de un nuevo centro operativo para abordar el crimen de inmigración organizado. En ese entonces, la ministra británica del Interior Suella Braverman aseguró que debían "hacer todo lo posible para acabar con las bandas de contrabandistas de personas y detener los barcos".

Este texto enfrentará esta semana el primer debate en la Cámara de los Lores que podría proponer algunas modificaciones, pero sin alterar el espíritu que plantea el proyecto. El Comité de Acuerdos Internacionales de la Cámara recomendó no aprobarlo hasta que los ministros no puedan demostrar que el acuerdo es seguro.

Los laboristas, encabezados por su líder Keir Starmer, han asegurado que la derogarán en caso de llegar al poder, además de prometer una fuerte suba de impuestos en una economía en recesión.

Todas las encuestas indican que, de no mejorar las cifras para el gobierno conservador, el laborismo británico estaría a las puertas de volver a gobernar el Reino Unido luego de 14 años marginado a la oposición. El panorama es muy distinto a lo ocurrido en la última elección, donde Boris Johnson arrasó con una mayoría histórica para los Conservadores.

Boris era polémico pero efectivo, y consiguió la mayor cantidad de votos de la historia para un candidato conservador en 2019. Sunak es todo lo contrario; con un perfil moderado y alejado de las polémicas, las encuestas muestran una intención de voto por el piso.

Por fuera de la discusión parlamentaria de la enmienda migratoria, durante esta semana Sunak deberá enfrentar la rebelión de más de 40 parlamentarios conservadores, que demandaron más fondos para sus consejos locales (los gobiernos territoriales de Reino Unido), ya que enfrentan la bancarrota ante el aumento de costos y los recortes producidos por el gobierno central en busca de mayor austeridad.

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