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El Reino Unido intenta controlar el colapso social y endurece su política migratoria: Los inmigrantes ilegales serán deportados a Ruanda

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Una enmienda aprobada en la Cámara de los Comunes, que debe ratificarse, permitirá ignorar las órdenes globalistas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y proceder a la deportación de los inmigrantes ilegales en suelo británico a Ruanda.

El primer ministro británico Rishi Sunak se anotó una masiva victoria en su agenda anti inmigración que viene trabajando con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, al aprobar este jueves, con el apoyo de 320 diputados, una ley que permite deportar inmigrantes ilegales a Ruanda.

Si bien resta la aprobación de la Cámara de los Lores (lo que sería como la Cámara Alta de su sistema legislativo), se espera que sea homologada fácilmente y el Partido Conservador logra un importante éxito en un año electoral.

Los conservadores vienen de una serie de derrotas legislativas brutales, y se ve golpeado en las encuestas por dos aspectos centrales: una pésima gestión del COVID-19 y la explícita traición al Brexit que los británicos votaron, luego de que en 4 años tras su salida de la Unión Europea, solo se eliminaran 600 de las 4.000 regulaciones vigentes del bloque europeo.

Esta medida se trata de una de las promesas electorales de Sunak, quien había prometido frenar la llegada de indocumentados a través del Canal de la Mancha y llevar a la práctica el sistema de deportaciones que había empezado a negociar el ex primer ministro Boris Johnson.

La Corte Suprema británica había fallado previamente en contra de esta política, respaldándose en la falta de garantías de seguridad de esos migrantes una vez llegados a Ruanda y en un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero esta legislación aprobada sobrepasa la decisión del tribunal eurpeo que avala año a año el tráfico de personas indocumentadas.

El Reino Unido tiene un trabajo de largos años enfrentando una profunda crisis social y laboral provocada por la inmigración indiscriminada, especialmente la intromisión de células terroristas o ligadas al narcotráfico que llegan en estas embarcaciones.

Las cifras son alarmantes, ya que entre el 2022 y el 2023 llegaron al Reino Unido 75.000 embarcaciones cargadas de inmigrantes indocumentados, con un promedio de 500 personas por cada bote. La gran mayoría cruzando, desde Francia, a través del Canal de la Mancha.

El año pasado, el gobierno conservador logró llegar a un acuerdo con Turquía para el establecimiento de un nuevo centro operativo para abordar el crimen de inmigración organizado. En ese entonces, la ministra británica del Interior Suella Braverman aseguró que debían "hacer todo lo posible para acabar con las bandas de contrabandistas de personas y detener los barcos".

Este texto enfrentará esta semana el primer debate en la Cámara de los Lores que podría proponer algunas modificaciones, pero sin alterar el espíritu que plantea el proyecto. El Comité de Acuerdos Internacionales de la Cámara recomendó no aprobarlo hasta que los ministros no puedan demostrar que el acuerdo es seguro.

Los laboristas, encabezados por su líder Keir Starmer, han asegurado que la derogarán en caso de llegar al poder, además de prometer una fuerte suba de impuestos en una economía en recesión.

Todas las encuestas indican que, de no mejorar las cifras para el gobierno conservador, el laborismo británico estaría a las puertas de volver a gobernar el Reino Unido luego de 14 años marginado a la oposición. El panorama es muy distinto a lo ocurrido en la última elección, donde Boris Johnson arrasó con una mayoría histórica para los Conservadores.

Boris era polémico pero efectivo, y consiguió la mayor cantidad de votos de la historia para un candidato conservador en 2019. Sunak es todo lo contrario; con un perfil moderado y alejado de las polémicas, las encuestas muestran una intención de voto por el piso.

Por fuera de la discusión parlamentaria de la enmienda migratoria, durante esta semana Sunak deberá enfrentar la rebelión de más de 40 parlamentarios conservadores, que demandaron más fondos para sus consejos locales (los gobiernos territoriales de Reino Unido), ya que enfrentan la bancarrota ante el aumento de costos y los recortes producidos por el gobierno central en busca de mayor austeridad.

Reino Unido

Noel Gallagher dijo lo que todos pensamos sobre el público “woke” en Glastonbury: “Pequeños idiotas agitando banderas”

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El ex integrante de Oasis criticó severamente la politización del Festival de Glastonbury, describiéndolo como "demasiado progresista".

Noel Gallagher, cofundador de Oasis junto a su hermano Liam, criticó abiertamente el Festival de Glastonbury en una entrevista con el diario The Sun, describiéndolo como "demasiado woke".

El músico, quien se presentó en el festival este año y debutó como solista en 2022, manifestó su desagrado por las demostraciones políticas en los conciertos, considerándolas “un poco predicadoras y con cierta señalización de virtud”.

Gallagher expresó su molestia por la inclusión de mensajes políticos en la música, diciendo: “(La política) no me gusta en la música, pequeños idiotas agitando banderas y haciendo declaraciones políticas”.

Instó a los artistas a centrarse en su música y evitar las proclamas políticas. A pesar de sus críticas, Noel Gallagher elogió el festival, destacando que es “probablemente lo mejor de Gran Bretaña aparte de la Premier League”.

“Es demasiado, me parece que es un exceso. Donen todo su dinero a la causa y ya está. Dejen de parlotear“, sumó criticando a sus colegas que se expresaron, por ejemplo, en torno al conflicto de Israel y Palestina. “Todo el mundo sabe lo que está pasando en el mundo, tienen un teléfono en el bolsillo que te lo dice“, agregó, dejando en claro que no le parece necesario que los artistas se pronuncien políticamente durante el show.

En la misma entrevista con el tabloide británico, también dirigió sus críticas a Dave Grohl de Foo Fighters, quien expresó su deseo de una reunión de Oasis. En ese sentido, pidió a Grohl que “dejara de meterse” en los asuntos de la banda.

Saber que están ahí fuera, en alguna parte, pero que no se reúnen para hacer lo que a todo el mundo le gustaría tanto. Estoy como: ustedes [son] imbéciles”, dijo Grohl sobre los hermanos Gallagher.

Este año, Glastonbury fue escenario de varias expresiones políticas. Uno de los actos más significativos fue realizado por Banksy, quien lanzó una balsa inflable con maniquíes de migrantes durante los espectáculos de Idles y Little Simz, como crítica a la política de inmigración del gobierno británico.

En respuesta, el ministro del Interior, James Cleverly, calificó la acción de “vil e inaceptable”. Banksy defendió su performance y criticó la detención de un barco de rescate real por parte de las autoridades italianas.

Además de Banksy, otros artistas también hicieron declaraciones políticas durante el festival. La banda Idles lideró un canto en contra de la monarquía, mientras que Damon Albarn de Blur cuestionó al público sobre el conflicto palestino-israelí y criticó el liderazgo de “octogenarios” en referencia a la próxima contienda electoral estadounidense.

El Festival de Glastonbury siempre ha mantenido una estrecha relación con causas políticas, principalmente ambientales. La organización Greenpeace tiene una presencia significativa cada año, y el escenario Left Field, curado por Billy Bragg, alberga debates sobre temas actuales.

Desde 1981, el evento musical colabora con la Campaña para el Desarme Nuclear (CND), una organización a la cual el organizador Michael Eavis atribuye gran parte del éxito inicial del festival.

Conocido por su larga tradición de apoyo a causas políticas de izquierda, el Festival de Glastonbury sigue siendo un punto de encuentro para los militantes de izquierda y su "expresión artística". La integración de estos elementos genera tanto apoyo como controversia, reflejando las tensiones más amplias en la sociedad británica.

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Reino Unido

En su primera semana como Primer Ministro, el socialista Keir Starmer anunció la estatización de los trenes en el Reino Unido

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La recién designada secretaria de Transporte, Louise Haigh, y el nuevo Primer Ministro del Partido Laborista, presentaron un plan para nacionalizar los ferrocarriles en los próximos cinco años.

El Partido Laborista ha revelado planes para nacionalizar la red ferroviaria inglesa, integrándola gradualmente en una empresa pública denominada Great British Railways, a medida que se vayan renovando los contratos. La idea del partido es "recuperar" los ferrocarriles sin incurrir en grandes gastos de indemnización.

En una entrevista reciente, Louise Haigh, secretaria de Transporte en la sombra del Partido Laborista, afirmó que: "Haremos que los operadores privados restantes vuelvan a ser de propiedad pública". Esto ocurro 30 años después de la privatización realizada por el gobierno de John Major. "Todos ellos expirarán durante el primer mandato de un gobierno laborista, ya sea en su contrato completo o en su contrato básico.", afirmó la secretaria.

Aunque esta decisión política no es una sorpresa, ha dividido al partido en el pasado. En 2022, Rachel Reeves retiró la nacionalización cuando anunció sus reglas fiscales. En ese momento, había dicho que "no había dinero para una nacionalización masiva", lo que ocasionó una división interna. El partido aclaró rápidamente que su ministra de Hacienda quería decir que, si bien se aplicarían las reglas fiscales, hay un "papel positivo para el ferrocarril en la propiedad pública". Ese compromiso es lo que vemos hoy.

La red ferroviaria británica fue nacionalizada por primera vez por el primer ministro laborista Clement Attlee en 1948 y luego privatizada nuevamente bajo el gobierno conservador de John Major en 1993.

Network Rail, responsable de la infraestructura ferroviaria en Inglaterra, Escocia y Gales, es de propiedad pública. Sin embargo, los servicios de trenes y la gestión de la mayoría de las estaciones más pequeñas están divididos en franquicias operadas por diferentes empresas privadas.

La pandemia ha tenido un impacto significativo en la financiación de los ferrocarriles, ya que la drástica caída en el número de pasajeros ha afectado severamente a la mayoría de las empresas operadoras.

En septiembre de 2020, se eliminó el sistema de franquicias que había sido creado durante la privatización en la década de 1990. Bajo las franquicias, los operadores privados retenían los ingresos por tarifas. En la actualidad, la industria ferroviaria se gestiona a través de contratos de gestión, donde el gobierno retiene todas las tarifas.

Además, cinco líneas están efectivamente bajo control gubernamental a través del esquema de "operador de último recurso", lo que equivale a una forma de nacionalización.

Aunque la Ley de Ferrocarriles de 1993 inicialmente prohibía la gestión estatal de los ferrocarriles en el Reino Unido, varias empresas estatales extranjeras de países como los Países Bajos, Alemania, Francia, Italia y Hong Kong ahora gestionan franquicias ferroviarias en el país.

El gobierno laborista esperaría transferir las 10 redes ferroviarias privadas restantes a propiedad pública "dentro del primer mandato", fusionando los contratos ferroviarios de pasajeros privados existentes en un nuevo organismo a medida que expiren.

Louise Haigh, secretaria de Transporte en la sombra, trató de justificar está autoritaria decisión diciendo que, bajo este plan, el contribuyente podría "ahorrar" unos supuestos £2.2 mil millones al año, aunque reconoció que aún no tenía el compromiso de la ministra de Hacienda en la sombra, Rachel Reeves, de reinvertir todos esos ahorros en los ferrocarriles.

Estableceremos Great British Railways: una mente única y rectora que controle nuestros ferrocarriles en beneficio de los pasajeros”, declaró Haigh. “Aunque sí, vamos a conservar el nombre. Lamento decir que mi sugerencia de ‘Rail Britannia’ no fue aceptada”.

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Reino Unido

En su primera medida como Primer Ministro, el socialista Keir Starmer canceló el plan de deportaciones de imigrantes ilegales

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El nuevo primer ministro británico derogó el plan de deportaciones de imigrantes ilegales que había firmado Boris Johnson con Ruanda.

06 July 2024, United Kingdom, London: UK Prime Minister Sir Keir Starmer speaks during a press conference after his first Cabinet meeting at 10 Downing Street. Photo: Claudia Greco/PA Wire/dpa 06/7/2024 ONLY FOR USE IN SPAIN

El líder laborista Keir Starmer tomó posesión del Gobierno del Reino Unido este viernes tras su apabullante victoria a principios de la semana. En su primera medida como Primer Ministro, Starmer derogó el plan de deportaciones de inmigrantes ilegales que había instaurado recientemente el Partido Conservador unos meses atrás.

El plan que había sido ideado por el ex primer ministro, Boris Johnson, junto a su Ministra del Interior, Priti Patel, se basaba en un acuerdo migratorio con la República de Ruanda, para que todos los inmigrantes ilegales de procedencia africana que sean capturados en el Reino Unido fueran deportados a aquél país.

El acuerdo había sido firmado por la entonces ministra Patel con el presidente ruandés, Paul Kagame, quien tomaba la responsabilidad de luego repartir a los migrantes a sus países de origen. A cambio, Ruanda recibió acuerdos de inversión multimillonarios para desarrollar vivienda, educación, salud y comercio en el país africano.

Boris Johnson renunció a su cargo unos meses después de la firma del acuerdo, por lo que fue su sucesor, el ahora ex primer ministro Rishi Sunak, quien debió implementarlo. Al principio, la designada Ministra del Interior, Suella Braverman lo hizo muy bien, pero tras su salida en 2023, el programa quedó en pausa.

A pesar de estar alejado del continente africano, cientos de miles de inmigrantes africanos ingresan a la Unión Europea a través de Grecia, Italia o España, luego se reubican a Francia y finalmente cruzan ilegalmente a través del Canal de la Mancha a las Islas Británicas.

Este sistema de inmigración viene aceitado hace décadas, de cuando el Reino Unido era parte de la Unión Europea. Los inmigrantes se desesperan por llegar a Inglaterra, donde reciben uno de los mejores sistemas de salud del mundo gratuito, el NHS, pueden acceder a educación de calidad, y consiguen vivienda gratuita como refugiados.

Tan solo en lo que va del año, el Gobierno británico estimó que más de 10.000 inmigrantes ilegales habían llegado ya al país a través de la ruta del canal de la Mancha, una cifra sin precedentes desde el comienzo de los registros migratorios en la década del ’70.

La estimación de 10.170 inmigrantes ilegales en 6 meses superó ampliamente a la del año pasado, cuando se registraron 7.326 arribos a las costas británicas a través de esta ruta en 12 meses. Incluso ya rebasó el récord de 9.326 arribos ilegales del 2022.

Rishi Sunak había prometido que de ganar la elección de esta semana, hubiera lanzado un nuevo plan para reactivar las deportaciones a Ruanda, que por la crisis política y la salida de Braverman en 2023, no se había animado a continuar.

La ministra británica Priti Patel y el presidente de Ruanda, Paul Kagame, firmando la Asociación de Migración y Desarrollo Económico, que permitía deportaciones de inmigrantes ilegales africanos.

Pero ahora la Asociación de Migración y Desarrollo Económico ha llegado a su fin, con la firma de Starmer quien unilateralmente decidió derogarlo. "El plan de Ruanda estaba muerto y enterrado antes de comenzar. Nunca ha sido un elemento disuasorio", aseguró el flamante primer ministro en rueda de prensa, "y no estoy preparado para proseguir con ardides que no sirven para disuadir a nadie".

En la primera reunión del Consejo de Ministros del Partido Laborista, el nuevo Gobierno decidió poner fin definitivo al plan y adoptar una "nueva visión sobre la inmigración". "Los cruces ilegales son ante todo peligrosos. Si queremos combatir este flagelo es para que no estén más en peligro los migrantes. Vamos a relanzar el sistema de inmigración para fomentar el arribo por vías seguras", dijo Starmer según fuentes que escucharon la reunión.

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