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Reino Unido

Londres dio luz verde a la extradición de Julian Assange a Estados Unidos y Biden podría eliminar a uno de sus mayores enemigos

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El creador de Wikileaks tiene 14 días para apelar la decisión, pero sin posibilidades de prosperar. "Es un día negro para la libertad de prensa y la democracia británica", señaló el sitio web.

Después de que la Justicia británica aprobara la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, el gobierno de Boris Johnson le dio luz verde a la medida, y el australiano deberá enfrentar los cargos por haber filtrado información confidencial del gobierno en Washington.

El creador de Wikileaks tiene 14 días para presentar su apelación pero no se espera que vaya a tener un resultado favorable. Assange, quien hostigó tanto a Obama como a Bush publicando evidencia de crímenes de guerra, corrupción y asesinato de disidentes políticos, es uno de los mayores enemigos del establishment norteamericano.

La Justicia de Estados Unidos espera juzgar a Assange por la difusión de más de 700.000 documentos clasificados sobre actividades diplomáticas y militares estadounidenses, que en particular revelaron atrocidades cometidas por el Ejército norteamericano en las guerras de Irak y Afganistán.

La decisión de Londres fue tomada por la ministra del Interior, Priti Patel, casi dos meses después de que un juez del tribunal británico emitiera el 20 de abril una orden de entrega del australiano.

"En virtud de la Ley de Extradición de 2003, la ministra del Interior firmó la orden de extradición al no encontrar argumentos para prohibir que se emita la orden", indicó un vocero de esa cartera.

Assange se encuentra recluido en la cárcel de alta seguridad londinense de Belmash desde su detención en abril de 2019 por la Policía británica en la embajada de Ecuador en Londres, después de que el entonces presidente Lenín Moreno le retirase la protección que le había concedido su predecesor Rafael Correa.

Violando las condiciones de su libertad condicional en el Reino Unido, el fundador de WikiLeaks se había refugiado en la legación ecuatoriana en 2012, cuando se lo quería extraditar a Suecia. En ese momento, la Policía sueca había pedido su extradición para juzgarlo allí por un cargo de abuso sexual, que después fue abandonado, ya que eran alegaciones falsas. 

Según el propio Assange, Obama en 2012 había llegado a un acuerdo con el gobierno sueco para que al llegar a Estocolmo, la justicia de allí lo extradite a Estados Unidos, y por eso inmediatamente pidió asilo en la Embajada ecuatoriana.

En 2018, Donald Trump había intentado llegar a un acuerdo con Assange. Según fuentes cercanas al ex presidente, el republicano le ofreció otorgarle un perdón presidencial si el periodista le informaba cuál había sido la fuente de WikiLeaks para publicar los mails hackeados de Hillary Clinton.

Trump quería que Assange aclare ante la Justicia que había sido él quien hackeó los servidores de la ex secretaria de Estado y no su equipo de campaña en colusión con Rusia, el argumento que esgrimía el fiscal especial Robert Muller en ese momento.

La declaración de Assange podría haber ayudado a cerrar rápidamente el caso y, si bien Assange habría admitido otro delito más, el indulto lo habría eximido de cualquier pena. Assange se negó rotundamente, asegurando que no confiaría en ningún gobernante estadounidense.

En ese momento, Trump habría hablado con Lenín Moreno, por entonces presidente de Ecuador, para que le revoquen su asilo y pueda ser arrestado en la Embajada de Ecuador en Londres, lo cual finalmente ocurrió un 19 de abril del 2019.

De ser hallado culpable, Assange ahora podría ser condenado a un total de 175 años de cárcel, en un caso que organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian como un ataque a la libertad de prensa.

La Justicia norteamericana quiere juzgarlo por difundir mediante la página WikiLeaks a partir de 2010 más de 700.000 documentos secretos sobre las actividades diplomáticas y militares estadounidenses, en particular en Irak y Afganistán. Entre esos documentos figuraba un video que mostraba a civiles, entre ellos dos periodistas de la agencia Reuters, asesinados por disparos de un helicóptero de combate estadounidense en Irak en julio de 2007.

Washington logró convencer a los ingleses de la extradición prometiendo que no sería encarcelado en la prisión de alta seguridad ADX de Florence (Colorado) o en la cárcel de Guantánamo, donde están detenidos, en aislamiento total, miembros de organizaciones terroristas como Al Qaeda e ISIS.

Su abogada, Stella Moris, dice que desconfía y descree completamente de esta “promesa”, y ha pedido que se ponga por escrito, algo que no ha ocurrido todavía. Es claro que Biden quiere que Assange esté recluido completamente y no pueda hablar con la prensa, algo que podría hacer si es enviado a una cárcel común.

Reino Unido

Un inmigrante ilegal que había marchado con un cartel de "los inmigrantes no somos criminales" fue arrestado por violar una niña de 15

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Un congolés que sobrevivió tres intentos de deportación y que se había hecho famoso protestando en contra de la política migratoria conservadora, se declaró culpable esta semana de violar a una niña de 15 años.

Anicet Mayela, un inmigrante ilegal que llegó en 2004 a Londres de la República del Congo, se viralizó unos años atrás cuando en una marcha en contra de las políticas migratorias del gobierno de Boris Johnson, protestó frente a un centro de deportaciones con un cartel que leía: "los inmigrantes no somos criminales".

El hombre, que estuvo en múltiples ocasiones a punto de ser deportado, logró esquivar todos los intentos de la Policía británica, y esta semana fue arrestado, no por su condición de inmigrante ilegal, sino por algo mucho peor: fue encontrado culpable de violar a una niña inglesa de 15 años.

El Tribunal de la Corona de Oxford se está encargando de su caso, y aseguró en el expediente que hubo un alto nivel de violencia durante el ataque sexual de Mayela contra la niña, según informa The Sun.

Tras su arribo al país en 2004, el Gobierno británico intentó deportarlo inmediatamente, pero la medida tuvo que ser suspendida después de que alegara que fue herido en una celda de aislamiento en el Centro de Deportación de Inmigrantes de Colnbrook, cerca del aeropuerto de Heathrow.

Poco después, las autoridades hicieron un segundo intento, donde incluso lograron subirlo a un avión de la línea Air France que viajaba al Congo. Sin embargo, la tripulación francesa del avión hizo una protesta para evitar su deportación, asegurando que se había convertido en la "cara visible" de la poco humana política migratoria del gobierno.

Los pilotos del avión que salían del aeropuerto de Southampton se negaron a despegar, y finalmente el gobierno de Tony Blair decidió suspender su deportación. Semanas más tarde, Mayela obtuvo permiso para quedarse en el país después de que sus abogados dijeran que los agentes encargados de subirlo al vuelo lo habían agredido y hasta le habían roto una mano.

Mayela quedó en una situación rarísima: no fue otorgado ciudadanía pero la Justicia decidió que no sería deportado, por lo que se le dio vía libre para quedarse en el Reino Unido. El diputado conservador Marco Longhi protestó en el Parlamento por este caso que fue paradigmático en aquel entonces, pero nada cambió su situación.

Casi 20 años después, el africano jamás se adaptó a la civilización inglesa, y unas semanas atrás fue arrestado luego de ser identificado como el principal culpable en la violación de una niña de 15 años en Oxford, ante lo cual confesó su culpabilidad.

Longhi, quien todavía es diputado, ha estado recorriendo los medios acusando al Gobierno de no ser lo suficientemente duro con la inmigración. “Mis electores seguramente estarán furiosos al descubrir que se quedó aquí con lo que parece ser una excusa endeble antes de cometer este horrible crimen”, dijo.

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Economía

La Comisión de Crecimiento del Reino Unido determinó que reducir la migración elevaría la renta per cápita del país a largo plazo

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Así lo determinó el organismo lanzado por la exprimer ministra Liz Truss, implementado para encontrar soluciones al anémico crecimiento de la economía británica. También se determinó que la reducción del impuesto a la herencia generaría un mayor impacto positivo que cualquier otro impuesto en el país.

Uno de los mayores problemas para el sostenimiento de las finanzas públicas del Reino Unido es la migración ilegal fuera de control, un fenómeno que encarece el costo de la salud pública en detrimento del grueso de los contribuyentes que deben pagar cada vez más para mantenerla pero que no reciben beneficios adicionales por tal esfuerzo.

La migración descontrolada parece incompatible con el llamado “Estado de bienestar”, y así lo deja ver un reciente estudio de la Comisión de Crecimiento del Reino Unido, un ente lanzado por la administración de Liz Truss para estudiar las razones detrás del estancamiento de la economía.

La Comisión encontró que reducir la migración neta anual de 350.000 personas a 150.000 en los próximos años, posibilitaría un aumento del nivel de ingreso promedio por habitante de hasta 1.100 libras al año. Esto se explica fundamentalmente por dos cuestiones: el menor costo presupuestario a cuenta de las redes de seguridad social del país, y por otra parte una mayor proporción de PBI distribuido entre menos personas.

El organismo señaló que la migración descontrolada también genera fuertes presiones sobre el mercado inmobiliario, ya que este fenómeno no se desarrolla de manera ecuánime en todo el territorio del Reino Unido, sino que se concentra principalmente en los grandes centros urbanos. 

La migración sin restricciones condujo al encarecimiento general del precio de las viviendas y de los alquileres en las grandes ciudades. Las jurisdicciones con menores regulaciones inmobiliarias pudieron adaptarse mejor al shock de demanda, mientras que otras (como por ejemplo Londres bajo el control del laborismo) sufrieron un alza significativa de los precios de la vivienda.

Douglas McWilliams, copresidente de la Comisión de Crecimiento, explicó que las regulaciones y la excesiva burocracia detrás de los permisos de construcción urbana impidieron una rápida adaptación del mercado inmobiliario a los sucesivos shocks migratorios. Remarcó la necesidad de reformar y desregular el sistema de planificación urbana para hacer más fácil la construcción de nuevas viviendas.

La Comisión también estudió las posibles rebajas tributarias que podrían estimular la inversión y el crecimiento de largo plazo de la economía. En este sentido, concluyó que cualquier rebaja (o incluso la eliminación) del Impuesto a la Herencia tendría un efecto positivo mayor a la de casi cualquier otro impuesto del país.

La eliminación del gravámen sobre las herencias generaría un repunte potencial del 1,4% sobre el PBI per cápita para el año 2044, alrededor de 865 libras adicionales cada año para los ciudadanos. Esto contemplaría una rebaja tributaria de 7,6 millones de libras para el período 2024-2025.

Si se aplicara una rebaja tributaria similar pero para el Impuesto de Sociedades, entonces el crecimiento de la renta por habitante se incrementaría en un 1,6% para 2044, mientras que la misma receta para el impuesto a las Ganancias de personas físicas daría como resultado un incremento de sólo el 0,3% respectivamente.

La principal razón explicativa detrás de estas cifras es el envejecimiento poblacional. Conforme se incrementa la participación de personas mayores como porcentaje de la población total, aumenta desmedidamente la recaudación por herencias y por lo tanto también su impacto negativo en el desarrollo de la economía.

“Con una población que envejece y con tantos otros países con tasas bajas o nulas de impuesto a la herencia, mantener este impuesto por razones puramente ideológicas parece ser un lujo que el Reino Unido no puede permitirse”, declaró McWilliams.

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Reino Unido

El Reino Unido intenta controlar el colapso social y endurece su política migratoria: Los inmigrantes ilegales serán deportados a Ruanda

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Una enmienda aprobada en la Cámara de los Comunes, que debe ratificarse, permitirá ignorar las órdenes globalistas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y proceder a la deportación de los inmigrantes ilegales en suelo británico a Ruanda.

El primer ministro británico Rishi Sunak se anotó una masiva victoria en su agenda anti inmigración que viene trabajando con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, al aprobar este jueves, con el apoyo de 320 diputados, una ley que permite deportar inmigrantes ilegales a Ruanda.

Si bien resta la aprobación de la Cámara de los Lores (lo que sería como la Cámara Alta de su sistema legislativo), se espera que sea homologada fácilmente y el Partido Conservador logra un importante éxito en un año electoral.

Los conservadores vienen de una serie de derrotas legislativas brutales, y se ve golpeado en las encuestas por dos aspectos centrales: una pésima gestión del COVID-19 y la explícita traición al Brexit que los británicos votaron, luego de que en 4 años tras su salida de la Unión Europea, solo se eliminaran 600 de las 4.000 regulaciones vigentes del bloque europeo.

Esta medida se trata de una de las promesas electorales de Sunak, quien había prometido frenar la llegada de indocumentados a través del Canal de la Mancha y llevar a la práctica el sistema de deportaciones que había empezado a negociar el ex primer ministro Boris Johnson.

La Corte Suprema británica había fallado previamente en contra de esta política, respaldándose en la falta de garantías de seguridad de esos migrantes una vez llegados a Ruanda y en un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero esta legislación aprobada sobrepasa la decisión del tribunal eurpeo que avala año a año el tráfico de personas indocumentadas.

El Reino Unido tiene un trabajo de largos años enfrentando una profunda crisis social y laboral provocada por la inmigración indiscriminada, especialmente la intromisión de células terroristas o ligadas al narcotráfico que llegan en estas embarcaciones.

Las cifras son alarmantes, ya que entre el 2022 y el 2023 llegaron al Reino Unido 75.000 embarcaciones cargadas de inmigrantes indocumentados, con un promedio de 500 personas por cada bote. La gran mayoría cruzando, desde Francia, a través del Canal de la Mancha.

El año pasado, el gobierno conservador logró llegar a un acuerdo con Turquía para el establecimiento de un nuevo centro operativo para abordar el crimen de inmigración organizado. En ese entonces, la ministra británica del Interior Suella Braverman aseguró que debían "hacer todo lo posible para acabar con las bandas de contrabandistas de personas y detener los barcos".

Este texto enfrentará esta semana el primer debate en la Cámara de los Lores que podría proponer algunas modificaciones, pero sin alterar el espíritu que plantea el proyecto. El Comité de Acuerdos Internacionales de la Cámara recomendó no aprobarlo hasta que los ministros no puedan demostrar que el acuerdo es seguro.

Los laboristas, encabezados por su líder Keir Starmer, han asegurado que la derogarán en caso de llegar al poder, además de prometer una fuerte suba de impuestos en una economía en recesión.

Todas las encuestas indican que, de no mejorar las cifras para el gobierno conservador, el laborismo británico estaría a las puertas de volver a gobernar el Reino Unido luego de 14 años marginado a la oposición. El panorama es muy distinto a lo ocurrido en la última elección, donde Boris Johnson arrasó con una mayoría histórica para los Conservadores.

Boris era polémico pero efectivo, y consiguió la mayor cantidad de votos de la historia para un candidato conservador en 2019. Sunak es todo lo contrario; con un perfil moderado y alejado de las polémicas, las encuestas muestran una intención de voto por el piso.

Por fuera de la discusión parlamentaria de la enmienda migratoria, durante esta semana Sunak deberá enfrentar la rebelión de más de 40 parlamentarios conservadores, que demandaron más fondos para sus consejos locales (los gobiernos territoriales de Reino Unido), ya que enfrentan la bancarrota ante el aumento de costos y los recortes producidos por el gobierno central en busca de mayor austeridad.

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