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Reino Unido

Musulmanes tomaron las cárceles británicas de máxima seguridad y las convierten en centros yihadistas

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Varios medios británicos revelaron que los terroristas musulmanes apresados han tomado las cárceles, estableciendo tribunales judiciales con la Ley Sharia y convirtiendo al Islam radical al resto de prisioneros.

El periódico inglés Daily Star reveló en una reciente investigación que una práctica que ya parece ser la norma en las cárceles británicas donde hay mayoría de musulmanes: tomar de facto el control de la prisión y establecer una red clandestina paralela, donde rige la Ley Sharia.

Según el medio, al igual que sucede con los inmigrantes musulmanes que cometen delitos a diario en la vía pública, el gobierno británico se rehúsa a tomar medidas contundentes contra esta práctica, a pesar de estar en conocimiento de lo que ocurre, por miedo a ser tildados de "islamófobos".

El diario reveló que dos de las principales prisiones del Reino Unido, la HMP Belmarsh, una prisión de alto perfil que alberga terroristas que han puesto en peligro la seguridad nacional, especialmente jihadistas) y la HMP Whitemoor, que alberga prisioneros violentos y peligrosos), se encuentran siendo manejadas por musulmanes, que incluso establecieron tribunales internos que dictaminan la Sharia.

Algunos de los nombres de estos reos son conocidos, no solo en Gran Bretaña pero en todo el mundo. Por ejemplo, hoy en día en Belmarsh se encuentra encarcelado el británico-somalí Ali Harbi Ali, inmigrante ilegal yihadista culpable del asesinato del parlamentario conservador David Amess.

Por otro lado, en Whitemoor está Baz Hockton, un terrorista asesino en serie encarcelado desde los 16 años culpable de más de 30 cargos y ahora convertido al Islam radical dentro de la cárcel. Hockton y otro preso llevaron a cabo el primer atentado terrorista dentro de una prisión en la historia del país, hiriendo a 3 trabajadores carcelarios.

Ali Harbi Ali (izquierda) y Baz Hockton (derecha).

Cárceles tomadas por el Islam

El Daily Star relata que los prisioneros musulmanes imponen a sus propios "policías", que no son más que presos árabes que se encargan de azotar y castigar (con trabajos como limpieza de celdas) a quiénes no cumplen las reglas islámicas, llegando incluso hasta a prohibirles usar las duchas y el comedor si no cumplen con la dieta halal (alimentos permitidos por la ley islámica).

Según el especialista anti-terrorista Jonathan Hall, muchas cárceles han sido tomadas por ciertos presos "carismáticos… caudillos árabes en su propia manera". La sobrepoblación musulmana en las prisiones promovió una serie de mafias islámicas con una jerarquía interna, que tomó control de las partes más importantes de las cárceles.

Según Hall, el personal carcelario se ve imposibilitado de hacer su trabajo efectivamente ya que tienen miedo de tomar acciones que puedan llevar a que pierdan sus trabajos por la cultura de la cancelación, al no saber que cosas se les permite y cuáles no al tratar con musulmanes, y que podrían llevarlos a ser tildados de "islamófobos".

Los presos que no son musulmanes, no les queda otra que decir que se convirtieron, y adoptar un estilo de vida islámico. Según este reporte, quienes no rezan todos los días o quienes no respetan la dieta halal son "juzgados" por estos "caudillos", y luego reciben condenas. Todo esto mientras los guardiacárcel miran para otro lado.

Según el medio Daily Mail, esto ocurre por la sobrepoblación musulmana en cárceles, quienes se unen monolíticamente para imponer su religión a los demás presos, y convertir las prisiones en centros de adoctrinamiento yihadista.

Actualmente, el 5% de los ciudadanos británicos son musulmanes. Sin embargo, cometen más del 30% de los delitos, y comprenden casi el 15% de los prisioneros en prisiones regulares.

En las prisiones de máxima seguridad, el porcentaje que se eleva hasta el 20%. Por ejemplo, en la prisión de Whitemoor, mencionada previamente, casi el 50% de los delincuentes aseguran ser de la religión islámica.

Reino Unido

El nuevo gobierno socialista del Reino Unido busca dejar entrar 90.000 inmigrantes ilegales que iban a ser deportados a África

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El Partido Laborista quiere que los trabajadores sociales de inmigración a comiencen a tramitar las solicitudes de asilo de personas que están en proceso de ser deportadas a Ruanda, después de haber ingresado ilegalmente al Reino Unido.

El gobierno socialista del Reino Unido avanzará con los planes para permitir que 90.000 inmigrantes ilegales, que de otro modo serían deportados a Ruanda, soliciten asilo en el Reino Unido.

Se espera que esta semana, la Ministra del Interior, Yvette Cooper, anuncie una legislación que autorizará a los trabajadores sociales de inmigración a iniciar el procesamiento de las solicitudes de asilo de aquellos que están en proceso de ser deportados a Ruanda tras ingresar ilegalmente al Reino Unido.

El Refugee Council, una organización con sede en el Reino Unido, estima que alrededor de 60.000 de las 90.000 personas recibirán asilo, considerando los perfiles de los países de origen de la mayoría de ellas.

No obstante, se espera que las autoridades den prioridad al 30% de solicitantes de asilo provenientes de países "seguros" como Vietnam, Albania, Egipto e India, cuyas solicitudes tienen más probabilidades de ser rechazadas y, por lo tanto, podrían ser deportados rápidamente a sus países de origen.

Actualmente, casi 36.000 inmigrantes se alojan en hoteles, lo que supone un costo para los contribuyentes de 2.900 millones de libras diarias. Cooper se ha comprometido a que dejen de usar hoteles para "empezar a ahorrar dinero de inmediato" pero, en vez de deportarlos, busca dejarlos entrar al país.

Los conservadores acusan al Partido Laborista de conceder una amnistía efectiva a los inmigrantes, mientras que el Partido Laborista alega que los conservadores han otorgado una "amnistía hotelera" al no organizar ni un solo vuelo a Ruanda y mantener a los inmigrantes en hoteles.

Se entiende que el Partido Laborista podría trasladar a los inmigrantes al sistema de asilo sin necesidad de derogar la Ley de Migración Ilegal de Rishi Sunak. Esta ley decretó que las solicitudes de cualquier inmigrante que llegara ilegalmente al Reino Unido en los últimos 18 meses serían tratadas como inadmisibles y serían deportados a Ruanda.

Sin embargo, Sunak nunca activó dos elementos clave de la ley: declarar inadmisibles sus reclamaciones y otorgar poderes para expulsarlos a Ruanda.

Esto significa que el Partido Laborista podría dejar la ley "congelada " y no necesitaría pasar por el largo proceso de derogarla en el Parlamento antes de procesar las reclamaciones.

Keir Starmer, el socialista y Primer Ministro del Reino Unido, prometió "arreglar el roto sistema de asilo" eliminando los atrasos en materia de asilo y eliminando el "increíblemente costoso" plan de Ruanda.

Un nuevo Comando de Seguridad Fronteriza será financiado eliminando el plan de Ruanda, ahorrando 100 millones de libras en pagos futuros y "decenas de millones de libras" que se habrían pagado por los inmigrantes reubicados.

Hasta ahora, Ruanda ha recibido 290 millones de libras en virtud del acuerdo supervisado por Boris Johnson, y solo cuatro solicitantes de asilo rechazados han sido transferidos voluntariamente al estado africano.


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Reino Unido

Noel Gallagher dijo lo que todos pensamos sobre el público “woke” en Glastonbury: “Pequeños idiotas agitando banderas”

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El ex integrante de Oasis criticó severamente la politización del Festival de Glastonbury, describiéndolo como "demasiado progresista".

Noel Gallagher, cofundador de Oasis junto a su hermano Liam, criticó abiertamente el Festival de Glastonbury en una entrevista con el diario The Sun, describiéndolo como "demasiado woke".

El músico, quien se presentó en el festival este año y debutó como solista en 2022, manifestó su desagrado por las demostraciones políticas en los conciertos, considerándolas “un poco predicadoras y con cierta señalización de virtud”.

Gallagher expresó su molestia por la inclusión de mensajes políticos en la música, diciendo: “(La política) no me gusta en la música, pequeños idiotas agitando banderas y haciendo declaraciones políticas”.

Instó a los artistas a centrarse en su música y evitar las proclamas políticas. A pesar de sus críticas, Noel Gallagher elogió el festival, destacando que es “probablemente lo mejor de Gran Bretaña aparte de la Premier League”.

“Es demasiado, me parece que es un exceso. Donen todo su dinero a la causa y ya está. Dejen de parlotear“, sumó criticando a sus colegas que se expresaron, por ejemplo, en torno al conflicto de Israel y Palestina. “Todo el mundo sabe lo que está pasando en el mundo, tienen un teléfono en el bolsillo que te lo dice“, agregó, dejando en claro que no le parece necesario que los artistas se pronuncien políticamente durante el show.

En la misma entrevista con el tabloide británico, también dirigió sus críticas a Dave Grohl de Foo Fighters, quien expresó su deseo de una reunión de Oasis. En ese sentido, pidió a Grohl que “dejara de meterse” en los asuntos de la banda.

Saber que están ahí fuera, en alguna parte, pero que no se reúnen para hacer lo que a todo el mundo le gustaría tanto. Estoy como: ustedes [son] imbéciles”, dijo Grohl sobre los hermanos Gallagher.

Este año, Glastonbury fue escenario de varias expresiones políticas. Uno de los actos más significativos fue realizado por Banksy, quien lanzó una balsa inflable con maniquíes de migrantes durante los espectáculos de Idles y Little Simz, como crítica a la política de inmigración del gobierno británico.

En respuesta, el ministro del Interior, James Cleverly, calificó la acción de “vil e inaceptable”. Banksy defendió su performance y criticó la detención de un barco de rescate real por parte de las autoridades italianas.

Además de Banksy, otros artistas también hicieron declaraciones políticas durante el festival. La banda Idles lideró un canto en contra de la monarquía, mientras que Damon Albarn de Blur cuestionó al público sobre el conflicto palestino-israelí y criticó el liderazgo de “octogenarios” en referencia a la próxima contienda electoral estadounidense.

El Festival de Glastonbury siempre ha mantenido una estrecha relación con causas políticas, principalmente ambientales. La organización Greenpeace tiene una presencia significativa cada año, y el escenario Left Field, curado por Billy Bragg, alberga debates sobre temas actuales.

Desde 1981, el evento musical colabora con la Campaña para el Desarme Nuclear (CND), una organización a la cual el organizador Michael Eavis atribuye gran parte del éxito inicial del festival.

Conocido por su larga tradición de apoyo a causas políticas de izquierda, el Festival de Glastonbury sigue siendo un punto de encuentro para los militantes de izquierda y su "expresión artística". La integración de estos elementos genera tanto apoyo como controversia, reflejando las tensiones más amplias en la sociedad británica.

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Reino Unido

En su primera semana como Primer Ministro, el socialista Keir Starmer anunció la estatización de los trenes en el Reino Unido

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La recién designada secretaria de Transporte, Louise Haigh, y el nuevo Primer Ministro del Partido Laborista, presentaron un plan para nacionalizar los ferrocarriles en los próximos cinco años.

El Partido Laborista ha revelado planes para nacionalizar la red ferroviaria inglesa, integrándola gradualmente en una empresa pública denominada Great British Railways, a medida que se vayan renovando los contratos. La idea del partido es "recuperar" los ferrocarriles sin incurrir en grandes gastos de indemnización.

En una entrevista reciente, Louise Haigh, secretaria de Transporte en la sombra del Partido Laborista, afirmó que: "Haremos que los operadores privados restantes vuelvan a ser de propiedad pública". Esto ocurro 30 años después de la privatización realizada por el gobierno de John Major. "Todos ellos expirarán durante el primer mandato de un gobierno laborista, ya sea en su contrato completo o en su contrato básico.", afirmó la secretaria.

Aunque esta decisión política no es una sorpresa, ha dividido al partido en el pasado. En 2022, Rachel Reeves retiró la nacionalización cuando anunció sus reglas fiscales. En ese momento, había dicho que "no había dinero para una nacionalización masiva", lo que ocasionó una división interna. El partido aclaró rápidamente que su ministra de Hacienda quería decir que, si bien se aplicarían las reglas fiscales, hay un "papel positivo para el ferrocarril en la propiedad pública". Ese compromiso es lo que vemos hoy.

La red ferroviaria británica fue nacionalizada por primera vez por el primer ministro laborista Clement Attlee en 1948 y luego privatizada nuevamente bajo el gobierno conservador de John Major en 1993.

Network Rail, responsable de la infraestructura ferroviaria en Inglaterra, Escocia y Gales, es de propiedad pública. Sin embargo, los servicios de trenes y la gestión de la mayoría de las estaciones más pequeñas están divididos en franquicias operadas por diferentes empresas privadas.

La pandemia ha tenido un impacto significativo en la financiación de los ferrocarriles, ya que la drástica caída en el número de pasajeros ha afectado severamente a la mayoría de las empresas operadoras.

En septiembre de 2020, se eliminó el sistema de franquicias que había sido creado durante la privatización en la década de 1990. Bajo las franquicias, los operadores privados retenían los ingresos por tarifas. En la actualidad, la industria ferroviaria se gestiona a través de contratos de gestión, donde el gobierno retiene todas las tarifas.

Además, cinco líneas están efectivamente bajo control gubernamental a través del esquema de "operador de último recurso", lo que equivale a una forma de nacionalización.

Aunque la Ley de Ferrocarriles de 1993 inicialmente prohibía la gestión estatal de los ferrocarriles en el Reino Unido, varias empresas estatales extranjeras de países como los Países Bajos, Alemania, Francia, Italia y Hong Kong ahora gestionan franquicias ferroviarias en el país.

El gobierno laborista esperaría transferir las 10 redes ferroviarias privadas restantes a propiedad pública "dentro del primer mandato", fusionando los contratos ferroviarios de pasajeros privados existentes en un nuevo organismo a medida que expiren.

Louise Haigh, secretaria de Transporte en la sombra, trató de justificar está autoritaria decisión diciendo que, bajo este plan, el contribuyente podría "ahorrar" unos supuestos £2.2 mil millones al año, aunque reconoció que aún no tenía el compromiso de la ministra de Hacienda en la sombra, Rachel Reeves, de reinvertir todos esos ahorros en los ferrocarriles.

Estableceremos Great British Railways: una mente única y rectora que controle nuestros ferrocarriles en beneficio de los pasajeros”, declaró Haigh. “Aunque sí, vamos a conservar el nombre. Lamento decir que mi sugerencia de ‘Rail Britannia’ no fue aceptada”.

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