La Asociación de Contratistas y Suplidores del Estado (ACS) ha expresado su preocupación por las modificaciones propuestas a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas.
Señalan que, en lugar de agilizar los procesos, podrían aumentar la burocracia, excluir a proveedores legítimos y ralentizar la ejecución de obras esenciales para el desarrollo del país.
La ACS advierte que el proyecto introduce nuevas regulaciones poco prácticas, que complicarían el acceso de pequeñas y medianas empresas (Pymes) a licitaciones públicas.
Zoilo Taveras, presidente de la asociación, afirma: "En lugar de fomentar transparencia, se crean obstáculos que excluirán a cientos de suplidores y retrasarán proyectos clave".
Advierten que podría tener Impacto en el dinamismo económico, ya que las reformas podrían frenar la inversión y el empleo, especialmente en sectores que dependen de contrataciones estatales.
Mientras el gobierno busca modernizar el sistema de compras públicas, la ACS insiste en que una ley mal diseñada podría tener efectos contrarios: más lentitud, menos competencia y un golpe al aparato productivo.
Piden un equilibrio entre transparencia y agilidad, evitando que la burocracia ahogue el crecimiento.
