La organización Amnistía Internacional volvió a colocarse en el centro de la polémica nacional al rechazar públicamente la reciente aprobación del nuevo Código Penal de la República Dominicana, que mantiene la penalización total del aborto.
En declaraciones ofrecidas por Astrid Valencia, directora de investigación para las Américas, la entidad acusó al Estado dominicano de “negar derechos fundamentales” y reiteró su exigencia de despenalizar el aborto en ciertas circunstancias.
Sin embargo, este pronunciamiento ha sido interpretado por amplios sectores sociales y políticos como una intromisión directa en las políticas públicas y el debate interno del país.
Los críticos de la postura de Amnistía señalan que la organización insiste en imponer una agenda internacional estandarizada , sin considerar el contexto cultural, religioso y jurídico de la República Dominicana, ni respetar las decisiones soberanas tomadas por sus instituciones democráticamente electas, como el Congreso Nacional.
