La normativa castiga con hasta 10 años de prisión a funcionarios y empresarios por corrupción
La Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó la nueva Ley de Contrataciones Públicas, un marco legal histórico que introduce sanciones penales de hasta 10 años de cárcel.
Para funcionarios y empresarios involucrados en actos de corrupción, reemplazando la obsoleta Ley 340-06 de 2006, que solo contemplaba sanciones administrativas.
La normativa, aprobada por unanimidad en segunda lectura, ahora pasa al Senado para su revisión final antes de ser promulgada.
Sanciones penales sin precedentes serán aplicadas para funcionarios públicos (incluyendo legisladores) que negocien con el Estado y enfrentarán penas de 2 a 5 años de prisión.
Empresarios o contratistas que ofrezcan sobornos para ganar licitaciones serán castigados con hasta 10 años de cárcel.
Se tipifican nuevos delitos como falseamiento de información, tráfico de influencias y fraccionamiento de contratos para evadir controles.
Todas las instituciones públicas deberán adquirir bienes y servicios a través de una plataforma digital oficial, salvo excepciones debidamente justificadas y autorizadas por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Las compras fuera de este sistema carecerán de validez legal y serán sancionadas.
Se elimina la práctica de dividir contratos para evitar procesos de licitación. La ley establece que no se podrán realizar contrataciones separadas del mismo bien o servicio en un plazo de 3 meses.
