La Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó la nueva Ley de Contrataciones Públicas, un marco legal histórico que introduce sanciones penales de hasta 10 años de cárcel.
Para funcionarios y empresarios involucrados en actos de corrupción, reemplazando la obsoleta Ley 340-06 de 2006, que solo contemplaba sanciones administrativas.
La normativa, aprobada por unanimidad en segunda lectura, ahora pasa al Senado para su revisión final antes de ser promulgada.
Sanciones penales sin precedentes serán aplicadas para funcionarios públicos (incluyendo legisladores) que negocien con el Estado y enfrentarán penas de 2 a 5 años de prisión.
