El rechazo del sector empresarial dominicano a la reforma laboral aprobada en primera lectura por el Senado ha generado un intenso debate nacional, con argumentos clave que amplían el panorama de esta controversia.
Los 85 gremios empresariales, liderados por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), sostienen que la reforma desconoce acuerdos tripartitos históricos.
Aseguran que ignora consensos logrados durante más de una década entre empleadores, sindicatos y gobierno, como los diálogos impulsados desde 2021 bajo el gobierno de Abinader.
Argumentan que la propuesta eleva los costos para las empresas, especialmente para las MIPYMES (98% del tejido productivo), sin considerar su impacto en la formalización del empleo (la informalidad supera el 55%).
Critican que sobrecarga los procesos judiciales y debilita el clima de inversión, afectando la competitividad.
Los empresarios propusieron límites (ej. 6 años para nuevos empleados y tope de 10 salarios mínimos), pero el senado mantuvo el sistema actual, alegando que es un derecho adquirido.
Aunque el gobierno destacó avances como licencia de paternidad ampliada y regulación del teletrabajo, los gremios consideran que falta equilibrio en otros aspectos.
El sector empresarial acusa al Senado de imponer cambios sin estudios técnicos ni consenso, destacando que la reforma fue aprobada en primera lectura sin incorporar sus observaciones. Organizaciones como la ACIS y CODEESTE calificaron el proceso como un "retroceso democrático".
El proyecto enfrenta un plazo crítico: la legislatura ordinaria finaliza el 26 de julio, y su trámite en la Cámara de Diputados requeriría una comisión de 30 días o una sesión extraordinaria. Algunos diputados, como Carlos de Pérez (FP), advierten que no hay tiempo suficiente para un análisis profundo.
