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Interna entre martilleros y el municipio de San Martín por clausuras a inmobiliarias

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El Colegio de Martilleros y la Municipalidad de San Martín se acusan mutuamente por operativos irregulares.

En medio de la  crisis política y las sospechas de corrupción que la Justicia investiga en el Municipio de San Martín, surgió un conflicto que involucra al Colegio de Corredores y Martilleros, presidido por José María Sacco, por clausuras contra empresas que ofrecen servicios inmobiliarios.

Según denunciaron martilleros de la zona, el Colegio de Martilleros de San Martín se habría respaldado en la Municipalidad para realizar un supuesto operativo de control en el que se infraccionaron carteles inmobiliarios. Hace algunos días, varios carteles en la vía pública aparecieron cubiertos con fajas de "cartel en infracción", portando el logo y nombre del Municipio, atribuyendo como supuesto responsable de las clausuras al área de "Gobierno y Seguridad".

En una carta dirigida al intendente Fernando Moreira, corredores inmobiliarios del Partido de San Martín denunciaron el presunto accionar ilegal de los funcionarios municipales.

“La colocación de dicha faja no fue siquiera acompañada por un acta de constatación que dé cuenta de la normativa que se consideraba en incumplimiento (pese a que el propio cartel colocado indica la necesidad de contar con acta), limitándose los funcionarios de la Municipalidad a intervenir ilegítimamente la propiedad del suscripto sin competencia ni explicación alguna” – afirman los corredores inmobiliarios en la nota enviada al Intendente.

La Municipalidad de San Martín negó ante los martilleros y medios locales haber realizado dicho operativo, por lo que las sospechas apuntan hacia una posible acción ilegal por parte del Colegio de Marilleros bajo la dirección de Sacco, lo que ha provocado denuncias por parte de los martilleros que supuestamente se vieron damnificados.

En el sector inmobiliario indican que Sacco, quién ha cumplido cinco períodos en su gestión y fue recientemente vicepresidente del Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires, habría emprendido numerosas maniobras de este tipo, principalmente contra franquicias inmobiliarias.

Además de destacar las pérdidas económicas y el deterioro en la reputación de los corredores, se mencionó en la nota:

“La inexistencia de competencia en cabeza de la Municipalidad para la colocación de fajas sobre los carteles colocados por el suscripto determina la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento y obliga al Señor Intendente a tomar urgente intervención en el caso para la salvaguarda de los derechos constitucionales gravemente vulnerados, lo que así expresamente solicito”.

Hace más de un año, el presidente del Colegio de San Martín mantuvo una reunión con Francisco Nigro, quien en ese momento era secretario de Gobierno de San Miguel, área bajo la jurisdicción del Colegio de Martilleros de San Martín. La reunión, que coincidió con el inicio de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, habría tenido como propósito solicitar a las autoridades una ordenanza para prohibir las operaciones de franquicias en la localidad.

“Aunque las franquicias prosperan y generan empleos en diversos rubros, Sacco -al igual que muchos dirigentes de los colegios de martilleros bonaerenses- porfía en buscar desplazar del mercado a las empresas que prestan servicios inmobiliarios complementarios a martilleros matriculados que trabajan de manera independiente” – señalaron desde el sector inmobiliario al sitio web Infobonaerenses.

Algunas fuentes sugieren que el supuesto "operativo fantasma” del Colegio de Martilleros de San Martín guardaría similitudes con los "empleados fantasmas" que el poder judicial investiga en la jurisdicción. Actualmente, tras el allanamiento de la Policía Federal en la municipalidad de San Martín y la restricción de salida del país al intendente Fernando Moreira, el fiscal federal de San Martín, Paul Starc, ha vuelto a solicitar la detención del intendente.

La investigación sobre los supuestos "empleados fantasma" comenzó en 2023.  En esta causa se están indagando presuntas irregularidades en la contratación del personal tanto de la Municipalidad como en el Concejo Deliberante. La jueza Alicia Vence se encuentra a cargo del expediente. Dentro del contexto de esta investigación, el fiscal Starc ya había requerido la detención de Moreira y otros cinco implicados, todos ellos funcionarios del Municipio de San Martín como del Concejo Deliberante. Los mismos se encuentran acusados de presunta "defraudación en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y falsificación de documento público".

El inicio de la investigación tuvo lugar cuando a un vecino de San Martín que recibía un plan social le quitaron el beneficio. Después de haber realizado su reclamo, las autoridades le explicaron que había sido retirado del programa social porque estaba registrado como empleado del Municipio de San Martín, con un salario de $300.000. Sin embargo, en realidad, el vecino ni siquiera sabía que estaba registrado como empleado del Concejo Deliberante, según lo revelado en la investigación.

Durante los allanamientos en la Municipalidad, se obtuvo información sobre los empleados reales en nómina y se verificó quiénes estarían cobrando dinero y supuestamente no trabajarían en el municipio. Se detectó que, como mínimo, otras 10 personas habrían sido designadas mediante el mismo decreto. Esta práctica fue comparada con la del operador político platense Julio “Chocolate” Rigau, quien está siendo investigado por la Justicia local.

Aunque en una solicitud anterior, la jueza Vence habría considerado que no existían riesgos procesales que ameritaran la detención de Moreira, ahora se estaría indicando que el intendente de San Martín podría ser detenido en estos días.

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Salta da el ejemplo: Tras empezar a cobrar la atención médica a extranjeros, bajaron las consultas y se normaliza el gasto público

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A dos meses de la implementación del cobro de la atención médica a extranjeros, en Salta bajaron las consultas y el estado provincial ahorró 28 millones de pesos, según lo confirmaron las autoridades sanitarias.

Meses atrás, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 129 para establecer el cobro por la atención sanitaria a personas extranjeras en categorías de residentes transitorios y precarios, medida que posteriormente se convirtió en Ley.

Esta normativa permite cobrarle una tarifa a los extranjeros que pretenden atenderse gratuitamente en los hospitales públicos, pero no afecta a quienes poseen residencia permanente o temporaria. En los 2 meses desde la implementación de esta medida, las autoridades han notado cambios significativos.

Durante un viaje a Buenos Aires, el ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, reveló que hubo una notable reducción en la demanda de atención por parte de extranjeros. En particular, mencionó que en abril se registraron 3.300 atenciones en Orán, mientras que después de la legislación solo se atendieron 60 pacientes, resultando en un ahorro estimado de 28 millones de pesos.

En línea con esta política, el gobernador expresó a través de sus redes sociales: "He solicitado a legisladores nacionales la presentación de un proyecto de ley similar al que implementamos en Salta, para que los extranjeros que no acrediten residencia, trabajo registrado y pago de impuestos en el país, paguen por la atención en salud pública, como ocurre en cualquier parte del mundo."

"Hay que priorizar de una vez por todas a los argentinos más vulnerables que viven en nuestro país. Invito a todos a sumarse a esta iniciativa, que busca simplemente garantizar el derecho de millones de argentinos a una mejor calidad de vida", añadió el gobernador salteño.

El Decreto de Necesidad y Urgencia que inicialmente dispuso esta medida se convirtió posteriormente en la Ley Nº 8421. El ministro de Salud explicó que aproximadamente el 10% de los recursos destinados a la salud eran utilizados por extranjeros. Por ejemplo, mencionó que el año pasado en Salvador Mazza, ubicado en la frontera con Bolivia, se alcanzó un 85% de ocupación de camas por parte de extranjeros, dejando escasas camas disponibles para ciudadanos argentinos.

En una entrevista con Salta/12, el ministro compartió ejemplos específicos como el de un ciudadano que buscaba tratamiento oncológico y que había proporcionado tres domicilios en Salta, pero que finalmente fue encontrado en territorio boliviano. También mencionó el caso de una persona con ciudadanía venezolana privada de libertad que requirió atención médica después de ingerir drogas.

El ministro hizo referencia a los "tours sanitarios", donde personas llegaban a la provincia desde países vecinos y pagaban a intermediarios externos al sistema de salud local por recibir atención médica. "Anteriormente se atendían pacientes sin dejar registros. Había quienes se sometían a cirugías plásticas u otros tratamientos en el sector privado y luego eran derivados a hospitales públicos. Estas prácticas no estaban documentadas, pero ahora con la Historia Clínica Digital se puede llevar un registro adecuado", afirmó el ministro.

Debido al gran éxito de esta medida aplicada en Salta, la provincia de Santa Cruz se sumará en la iniciativa de cobrar por la atención en hospitales públicos a los extranjeros, mientras que en Neuquén, Mendoza y Córdoba se están considerando proyectos legislativos con el mismo propósito.

El ministro de Salud y Ambiente de Santa Cruz, Ariel Varela, anunció en una entrevista radial que están avanzando en esta medida. Además, mencionó la implementación de un nuevo carné hospitalario con requisitos específicos, enfocado en garantizar la cobertura a los residentes en situación de vulnerabilidad que realmente lo necesiten.

Varela especificó que la medida de cobrar por la atención en hospitales públicos se aplicará únicamente a turistas y visitantes que estén de paso por la provincia, excluyendo a los extranjeros que tienen residencia establecida en Santa Cruz. En una entrevista, también abordó la implementación de turnos Web para consultas médicas en el Hospital Regional de la capital provincial.

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El diputado Romo presentó un proyecto para forzar a Kicillof a adherir a la Provincia de Buenos Aires al RIGI

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Desde LLA y el bloque PRO-Libertad han solicitado al Poder Ejecutivo bonaerense que se adhiera al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, para no perder el proyecto de la planta GNL en Bahía Blanca.

En medio de un intenso debate político y económico por la adhesión de la Provincia de Buenos Aires al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) tras la aprobación de la Ley Bases, el diputado bonaerense Agustín Romo presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo Provincial adhiera al RIGI en temas relacionados a hidrocarburos, para no perder masivas oportunidades de desarrollo en el territorio.

El proyecto presentado por Romo lleva además las firmas del titular del bloque, Nahuel Sotelo, así como de sus colegas Alejandro Carrancio, Gastón Abonjo, Ramón Vera Chávez y Juan Esper, todos ellos pertenecientes a La Libertad Avanza en la Provincia.

También figuran los legisladores del bloque PRO-Libertad, incluyendo a Florencia Retamoso, Abigail Gómez, Fernando Compagnoni, Oriana Colugnati y Sofía Pompino. Todos apoyan la moción para forzar al gobernador Axel Kicillof a adherirse al régimen especial para atraer inversiones a Buenos Aires.

La propuesta surge en respuesta a las recientes advertencias del Presidente de YPF, Horacio Marin, quien señaló que la falta de adhesión al RIGI podría resultar en la pérdida de inversiones significativas en la provincia, como la construcción de la planta GNL, que podría ir a Río Negro, provincia que sí adherirá al RIGI sin obstáculos. "La negativa y/o demora generará la pérdida inevitable de inversiones en el rubro de hidrocarburos", expresaron los legisladores al presentar el proyecto.

En un contexto de severa crisis socioeconómica, con altos índices de pobreza, los impulsores del proyecto enfatizan la necesidad urgente de generar empleo para mejorar las condiciones de vida de los habitantes bonaerenses.

Marin hizo una advertencia directa a Kicillof, señalando que la planta de Gas Natural Licuado (GNL) podría instalarse en la provincia de Río Negro si no se concreta la adhesión al RIGI. Esta situación ha aumentado la presión sobre el gobierno provincial, especialmente en un contexto donde estadísticas alarmantes revelan que seis de cada diez niños en la provincia no tienen garantizado un acceso diario a alimentos básicos.

"Es fundamental que el Gobernador no sea caprichoso y esté a la altura de las circunstancias", expresó Agustín Romo al referirse a la posición que debería adoptar Kicillof frente a esta iniciativa.

Sumado a esto, el bloque de Juntos en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca aseguró que "ante la aprobación del RIGI, es clave el posicionamiento del Gobierno Provincial para garantizar la adhesión de la Provincia de Buenos Aires a dicho régimen, como paso necesario para la radicación del proyecto de YPF y Petronas en nuestra ciudad".

"Solicitamos al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI); y al intendente Federico Susbielles, que una vez adherida la PBA disponga la adhesión del municipio de Bahía Blanca", expresaron desde el bloque.

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Sigue subiendo el apoyo a Milei y ahora es el presidente con mayor imagen positiva de Sudamérica

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El mandatario argentino se ubica en la primera posición en términos de imagen positiva con el 55,7%, desplazando al segundo lugar a su par ecuatoriano, Daniel Noboa. Por otro lado, quien ha sufrido la mayor pérdida de imagen positiva en el último mes es Gabriel Boric, de Chile.

El presidente argentino, Javier Milei, se ubicó en lo más alto del ranking de los 10 presidentes de Sudamérica, elaborado por la prestigiosa CB Consultora. El estudio identifica a los mandatarios con mejor imagen en la actualidad. Milei no solo mejoró su porcentaje de aceptación, sino que relegó a su par ecuatoriano, Daniel Noboa, a la segunda posición de la lista.

El relevamiento, que tuvo un promedio de 1.250 encuestados (entre 1.032 y 1.469 por país), evalúa el nivel de aceptación de cada jefe de Estado en su territorio y, con base en estos resultados, se elaboró el ranking de imagen positiva.

Las encuestas se realizaron a personas mayores de 18 años entre el 11 y el 15 de este mes. A diferencia del mes anterior, pero siguiendo una tendencia de crecimiento, Javier Milei es ahora el número uno de la lista. En junio, el economista libertario obtuvo un 55,7% de imagen positiva, frente a un 41,9% de imagen negativa. Un 2,4% de los encuestados pertenece al grupo de No sabe/No contesta.

Cabe destacar que el mandatario argentino experimentó un crecimiento del 0,9% respecto al mes anterior, suficiente para llegar a lo más alto del ranking. Del porcentaje de imagen positiva, la mitad de los encuestados cree que su imagen es Buena, mientras que la otra mitad la considera Muy Buena. En cuanto al porcentaje de desaprobación, el 28,1% sostiene que su imagen es Muy Mala y el 13,8% asegura que es Mala.

En el segundo lugar del ranking se encuentra el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa, con un 54,3% de aceptación y un 42,2% de rechazo. Aunque no es el jefe de Estado con la mayor caída respecto al mes de mayo, su imagen disminuyó un 3,8%. Completando el podio, Lula Da Silva de Brasil tiene un 51,3% de aprobación frente a un 45,6% de desaprobación.

El líder brasileño fue el presidente que más se recuperó en comparación con los resultados del mes anterior, incrementando su imagen positiva en un 2,1%. En el cuarto lugar de la encuesta se encuentra Luis Lacalle Pou de Uruguay, con un 50,8% de aprobación, descendiendo una posición en la tabla general. Este es el segundo mes consecutivo que el mandatario uruguayo pierde porcentaje en su imagen, ya que en abril estaba en lo más alto del ranking, con casi un 8% más de aceptación por parte de sus compatriotas.

Quinto figura el presidente de Paraguay, Santiago Peña, con un 48,5% de aprobación, un porcentaje similar al de rechazo, que alcanzó el 48,3%. Para él, también es el segundo mes consecutivo que disminuye su imagen positiva. Estos son los cinco primeros mandatarios de la lista publicada que tienen un porcentaje mayor de aprobación por parte de la población de sus respectivos países.

Cabe aclarar que mandatarios muy populares en sus países como el salvadoreño Nayib Bukele no entran en el ranking ya que CB Consultora solamente midió los presidentes de Sudamérica, no de Latinoamérica, por lo que no hubo registros de jefes de Estado de Centroamérica ni México.

En la segunda mitad del ranking de presidentes de Sudamérica, Luis Arce de Bolivia se ubica en el sexto lugar con un 43,8% de aceptación y un 52,8% de imagen negativa. Nicolás Maduro, dictador de Venezuela está en el séptimo lugar con un 39,3% de apoyo y un 58,4% de rechazo.

En el octavo puesto se encuentra el ex guerrillero Gustavo Petro de Colombia, con un 38,9% de aceptación y un 57,4% de desaprobación. Petro subió una posición en comparación con el mes anterior.

Gabriel Boric de Chile ocupa el noveno lugar con un 37,5% de respuestas positivas y un 60% de negativas. Boric es el mandatario que más porcentaje cedió en este estudio por segundo mes consecutivo, con una caída del 4,3% en el último mes, sumando una pérdida total del 9% en los últimos 60 días.

Finalmente, en el décimo lugar del ranking elaborado por la consultora CB, aparece Dina Boluarte de Perú, con un 26,7% de aceptación. Aunque la mandataria peruana incrementó su imagen casi un 2%, el 68,5% de los encuestados en su país no la apoya.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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