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Interna entre martilleros y el municipio de San Martín por clausuras a inmobiliarias

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El Colegio de Martilleros y la Municipalidad de San Martín se acusan mutuamente por operativos irregulares.

En medio de la  crisis política y las sospechas de corrupción que la Justicia investiga en el Municipio de San Martín, surgió un conflicto que involucra al Colegio de Corredores y Martilleros, presidido por José María Sacco, por clausuras contra empresas que ofrecen servicios inmobiliarios.

Según denunciaron martilleros de la zona, el Colegio de Martilleros de San Martín se habría respaldado en la Municipalidad para realizar un supuesto operativo de control en el que se infraccionaron carteles inmobiliarios. Hace algunos días, varios carteles en la vía pública aparecieron cubiertos con fajas de "cartel en infracción", portando el logo y nombre del Municipio, atribuyendo como supuesto responsable de las clausuras al área de "Gobierno y Seguridad".

En una carta dirigida al intendente Fernando Moreira, corredores inmobiliarios del Partido de San Martín denunciaron el presunto accionar ilegal de los funcionarios municipales.

“La colocación de dicha faja no fue siquiera acompañada por un acta de constatación que dé cuenta de la normativa que se consideraba en incumplimiento (pese a que el propio cartel colocado indica la necesidad de contar con acta), limitándose los funcionarios de la Municipalidad a intervenir ilegítimamente la propiedad del suscripto sin competencia ni explicación alguna” – afirman los corredores inmobiliarios en la nota enviada al Intendente.

La Municipalidad de San Martín negó ante los martilleros y medios locales haber realizado dicho operativo, por lo que las sospechas apuntan hacia una posible acción ilegal por parte del Colegio de Marilleros bajo la dirección de Sacco, lo que ha provocado denuncias por parte de los martilleros que supuestamente se vieron damnificados.

En el sector inmobiliario indican que Sacco, quién ha cumplido cinco períodos en su gestión y fue recientemente vicepresidente del Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires, habría emprendido numerosas maniobras de este tipo, principalmente contra franquicias inmobiliarias.

Además de destacar las pérdidas económicas y el deterioro en la reputación de los corredores, se mencionó en la nota:

“La inexistencia de competencia en cabeza de la Municipalidad para la colocación de fajas sobre los carteles colocados por el suscripto determina la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento y obliga al Señor Intendente a tomar urgente intervención en el caso para la salvaguarda de los derechos constitucionales gravemente vulnerados, lo que así expresamente solicito”.

Hace más de un año, el presidente del Colegio de San Martín mantuvo una reunión con Francisco Nigro, quien en ese momento era secretario de Gobierno de San Miguel, área bajo la jurisdicción del Colegio de Martilleros de San Martín. La reunión, que coincidió con el inicio de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, habría tenido como propósito solicitar a las autoridades una ordenanza para prohibir las operaciones de franquicias en la localidad.

“Aunque las franquicias prosperan y generan empleos en diversos rubros, Sacco -al igual que muchos dirigentes de los colegios de martilleros bonaerenses- porfía en buscar desplazar del mercado a las empresas que prestan servicios inmobiliarios complementarios a martilleros matriculados que trabajan de manera independiente” – señalaron desde el sector inmobiliario al sitio web Infobonaerenses.

Algunas fuentes sugieren que el supuesto "operativo fantasma” del Colegio de Martilleros de San Martín guardaría similitudes con los "empleados fantasmas" que el poder judicial investiga en la jurisdicción. Actualmente, tras el allanamiento de la Policía Federal en la municipalidad de San Martín y la restricción de salida del país al intendente Fernando Moreira, el fiscal federal de San Martín, Paul Starc, ha vuelto a solicitar la detención del intendente.

La investigación sobre los supuestos "empleados fantasma" comenzó en 2023.  En esta causa se están indagando presuntas irregularidades en la contratación del personal tanto de la Municipalidad como en el Concejo Deliberante. La jueza Alicia Vence se encuentra a cargo del expediente. Dentro del contexto de esta investigación, el fiscal Starc ya había requerido la detención de Moreira y otros cinco implicados, todos ellos funcionarios del Municipio de San Martín como del Concejo Deliberante. Los mismos se encuentran acusados de presunta "defraudación en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y falsificación de documento público".

El inicio de la investigación tuvo lugar cuando a un vecino de San Martín que recibía un plan social le quitaron el beneficio. Después de haber realizado su reclamo, las autoridades le explicaron que había sido retirado del programa social porque estaba registrado como empleado del Municipio de San Martín, con un salario de $300.000. Sin embargo, en realidad, el vecino ni siquiera sabía que estaba registrado como empleado del Concejo Deliberante, según lo revelado en la investigación.

Durante los allanamientos en la Municipalidad, se obtuvo información sobre los empleados reales en nómina y se verificó quiénes estarían cobrando dinero y supuestamente no trabajarían en el municipio. Se detectó que, como mínimo, otras 10 personas habrían sido designadas mediante el mismo decreto. Esta práctica fue comparada con la del operador político platense Julio “Chocolate” Rigau, quien está siendo investigado por la Justicia local.

Aunque en una solicitud anterior, la jueza Vence habría considerado que no existían riesgos procesales que ameritaran la detención de Moreira, ahora se estaría indicando que el intendente de San Martín podría ser detenido en estos días.

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Libertad para los socios: Milei habilitó a los clubes a transformarse en sociedades anónimas y el ingreso de capital privado en el fútbol

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La Inspección General de Justicia delineó los detalles de dos artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70, que estableció las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). El presidente Milei está promoviendo la reforma con la consigna: "Es hora de acabar con el pobrismo en el fútbol".

El Gobierno de Javier Milei ha dado un paso más hacia la apertura del fútbol a la inversión de capitales privados al autorizar la transformación de los clubes en sociedades anónimas y permitir la participación de asociaciones civiles y fundaciones como accionistas.

La Inspección General de Justicia (IGJ) emitió una resolución hoy que establece una serie de desregulaciones y simplificaciones de trámites, precisando especialmente los alcances de dos artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023, que habilitó las Sociedades Anónimas Deportivas.

La normativa establece que "debe aceptarse la participación de asociaciones civiles y fundaciones como accionistas en sociedades anónimas, así como la transformación de asociaciones civiles en sociedades anónimas; además, se simplifica la inscripción de entidades de bien común constituidas en el extranjero para desarrollar su actividad en Argentina".

Estos artículos del DNU 70, promulgado al inicio del gobierno de Javier Milei con el objetivo de abrir la economía, autorizan de manera voluntaria a los clubes a recibir inversiones de capitales privados y permiten el ingreso de empresas para gestionar las entidades deportivas. Esto comenzará a partir del primero de noviembre.

Los artículos mencionados establecen que "las sociedades anónimas y en comandita por acciones solo pueden formar parte de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada; las asociaciones y entidades sin fines de lucro solo pueden formar parte de sociedades anónimas; podrán ser parte de cualquier contrato asociativo", así como que "cuando se trate de sociedades comerciales, se requerirá acuerdo unánime de los socios, salvo pacto en contrario para algunos tipos societarios. En el caso de asociaciones civiles que se transformen en sociedades comerciales o decidan ser socias de sociedades anónimas, se necesitará el voto de dos tercios de los asociados".

Estos dos ítems modificaron la Ley General de Sociedades con el objetivo específico de establecer que cualquier cambio en el funcionamiento o la composición de entidades sociales o deportivas deberá decidirse mediante el voto de los socios, sin imposiciones.

Tras la publicación en el Boletín Oficial de la resolución de la IGJ, el Gobierno tiene en proceso un nuevo decreto, aún no firmado, que establecerá una reglamentación específica para las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Esta reglamentación incluirá cambios en el régimen de mayorías, ya que hasta ahora las decisiones solo podían tomarse por unanimidad.

Además, se establecerá que, aunque el DNU 70/2023 otorga un plazo de un año a la AFA para reformar su estatuto a partir de la reglamentación, durante ese período no podrá desafiliar ni negar la afiliación a aquellos clubes que se hayan transformado en sociedades anónimas.

Según información obtenida por Infobae, una vez que se publique el próximo decreto, previsto para los próximos días, la Inspección General de Justicia (IGJ) estará autorizada para determinar qué documentos deben presentar las asociaciones que hayan optado por transformarse, con el fin de que se apruebe e inscriba dicha transformación.

La semana pasada, el presidente Milei llevó el tema a la agenda pública al plantear: “Pregunta técnica: si AFA se opone a las Sociedades Anónimas Deportivas, ¿por qué motivo permite que el plantel titular provenga de estas sociedades? ¿Acaso será que los resultados son importantes y las SADs tienen a los mejores? No más socialismo pobrista en el fútbol. VLLC", acompañado de un gráfico que detallaba los nombres de cada jugador del seleccionado y el escudo de su club.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), bajo la presidencia de Claudio Tapia, se resiste al avance hacia el avance de las Sociedades Anónimas Deportivas. No solo ha rechazado públicamente la gestión empresarial de los clubes, sino que ha emitido declaraciones formales votadas en asamblea y ha respaldado acciones legales para bloquear su implementación.

A pesar de esta postura mayoritaria adversa, un sector minoritario dentro de la AFA apoya un modelo de privatización parcial, promovido por el presidente de Estudiantes de La Plata, Sebastián "Bruja" Verón. Otra figura destacada con un enfoque propio de apertura al sector privado es Mauricio Macri.

El gobierno de Milei sostiene su modelo de apertura al capital privado por dos razones fundamentales. En primer lugar, desde una perspectiva macroeconómica general, el Presidente explica que esta medida podría atraer grandes inversiones, estimadas entre USD 3.000 y USD 4.000 millones. A su vez, esta inyección de capital se considera crucial para dinamizar la economía.

En segundo lugar, en un contexto más específico vinculado al mundo del fútbol, se argumenta que la situación actual implica clubes con problemas financieros y dirigentes enriquecidos, así como ventas prematuras de jugadores hacia grandes clubes europeos, Estados Unidos y Brasil.

Un factor decisivo en esta apertura es la influencia de Federico Sturzenegger en el gobierno. Como flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Sturzenegger ha estado involucrado desde el inicio en esta medida y ha mostrado su participación activa, incluso antes de asumir el cargo, como en la reunión con Javier Tebas, presidente de LaLiga de España, donde se discutió el funcionamiento de las Sociedades Anónimas Deportivas en ese país, uno de los más influyentes en el mundo del fútbol junto con Inglaterra.

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Éxito del Plan Bandera: Los homicidios cayeron un 70% en Rosario tras la intervención federal de Pato Bullrich

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Con más del 1.800 efectivos de las fuerzas federales enviados por el Gobierno de Milei, se logró reducir la tasa de homicidios en un 70%, ubicándola en la cifra más baja de los últimos 10 años.

La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, decidió extender por 90 días más el funcionamiento del Comité de Crisis establecido en Rosario debido a la persistencia de delitos de extrema gravedad en la localidad.

El Comité de Crisis está compuesto por las máximas autoridades de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con Bullrich y Pullaro como copresidentes.

Según lo dispuesto, cualquiera de los dos puede solicitar la prórroga de su funcionamiento. En respuesta a una nota presentada por el gobernador el 8 de julio, se adoptó la medida "para continuar con los valiosos esfuerzos coordinados entre el Estado Nacional y la Provincia de Santa Fe en la restauración de la seguridad interior".

El Gobierno de Milei elaboró un informe sobre los resultados alcanzados por el Plan Bandera implementado en Rosario para desmantelar bandas criminales vinculadas al narcotráfico, que habían convertido a la ciudad en la más insegura y violenta del país.

Tras los primeros seis meses de ejecución, el Ministerio de Seguridad realizó un balance que destacó una notable reducción del 70% en la cantidad de homicidios, situándolos en los niveles más bajos de la última década.

Durante el primer semestre, en la totalidad de Rosario se registró una disminución de más del 50% en los homicidios dolosos comparado con el mismo período del año anterior, mientras que en las áreas bajo responsabilidad de las fuerzas federales la reducción interanual fue del 70% en este tipo de crímenes.

"Es la cifra de actos violentos más baja de los últimos 10 años", subrayó el informe, añadiendo que también se observó una reducción del 50% en los ataques contra la propiedad privada y las extorsiones a comerciantes, así como una disminución significativa del 55% en las víctimas de heridas por armas de fuego.

El Plan Bandera fue anunciado y lanzado en Rosario mediante una colaboración entre autoridades nacionales, provinciales y locales, con el objetivo de coordinar acciones preventivas y combatir frontalmente a las bandas narcoterroristas. La ciudad recibió refuerzos y unidades de las Fuerzas Armadas asignadas para brindar apoyo operativo.

Los barrios donde se desplegaron fuerzas federales fueron aquellos en donde había mayores índices de inseguridad y criminalidad en los últimos años, como Ludueña, Empalme Graneros, Industrial, La Tablada, General Las Heras, Villa Manuelita, Municipal, Triángulo, Moderno, Barrio Banana y Vía Honda.

Debido al éxito del Plan Bandera en el primer semestre del año, próximamente también se enviarán efectivos a Las Flores, en la zona Sur, y Casiano Casas, Cristalería y Cerámica, en la Zona Norte.

La estrategia consistió en realizar operativos simultáneos, sorpresivos, diarios y altamente visibles en diferentes puntos de la ciudad durante los horarios de mayor incidencia delictiva, utilizando dispositivos de seguridad cerrojo para optimizar el despliegue de efectivos en áreas críticas, facilitando así la prevención y persecución del delito.

Se destinaron más de 1.800 efectivos de las fuerzas federales a la seguridad pública en Rosario, incluyendo Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Además, se enviaron 140 medios logísticos, tres helicópteros y una lancha israelí para operaciones de interceptación en la Hidrovía, enfocadas en objetivos relacionados con el narcotráfico.

Todos estos recursos fueron coordinados bajo el Comando Unificado de Fuerzas Federales, dirigido por el comandante mayor Alejandro Fernández, con supervisión política de la ministra Bullrich y el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini.

Además, el balance del primer semestre del Plan Bandera destacó la incorporación del Servicio Penitenciario Federal como un elemento clave para reducir o eliminar la comunicación de los líderes de organizaciones criminales con el exterior, privándoles así de la capacidad de dirigir sus bandas desde las cárceles o dar órdenes de extorsión o asesinato.

"Se ha puesto fin al ‘home office narcopenitenciario’", explicaron las autoridades. Esta referencia apunta a la decisión de implementar un régimen más estricto para presos de alto perfil, limitando y controlando al máximo sus movimientos. También se destacó la consolidación del Grupo Operativo Conjunto (GOC Centro), una unidad de élite con apoyo de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) para operaciones de inteligencia criminal, focalizada en el combate al lavado de activos, narcotráfico y crimen organizado.

"Se estableció el Grupo de Élite Antinarco de Rosario (GEANRO), para colaborar estrechamente con la Justicia Federal y el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Se han iniciado investigaciones no solo para combatir el narcotráfico, sino también para desmantelar la infraestructura financiera de las organizaciones criminales y retirar armas de las calles de Rosario", se detalló.

El informe también subrayó que durante el primer semestre se realizaron más de 220.000 controles sobre motos, el principal medio de transporte utilizado por los delincuentes, resultando en miles de retenciones y secuestros. Estos controles incluyeron consultas al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, así como requisas dentro de vehículos, solicitudes de documentación y el uso de perros para restringir los movimientos de los delincuentes.

Actualmente, hay 270 investigaciones en curso centradas en el financiamiento del narcotráfico y el lavado de activos, aspectos cruciales para desarticular cada banda investigada y privarlas de los recursos necesarios para su operación.

Los responsables del Plan Bandera también destacaron avances en el fortalecimiento de los controles en pasos fronterizos, así como operativos preventivos y requisas en rutas para interrumpir el tráfico ilícito de drogas por vía terrestre, fluvial y aérea. Esto se complementa con la presencia de efectivos en los barrios para confiscar droga lista para su distribución, y con la reactivación de controles sobre precursores químicos tanto en rutas como en empresas.

El Gobierno destacó como un gran logro en la lucha contra la narcocriminalidad la rápida implementación del sistema acusatorio, coordinando con el Ministerio de Justicia de la Nación y el Ministerio Público de la Acusación. Este sistema acelera los procesos judiciales, contribuyendo al combate contra el narcotráfico y el lavado de activos, superando una decisión política que lo había frenado desde 2019. "El sistema logró su primera condena por narcotráfico apenas 28 días después de iniciada la investigación, mientras que bajo el sistema anterior esto habría llevado no menos de tres años", afirmaron las autoridades.

Además, se fortaleció la Unidad de Información Financiera en Rosario para investigar delitos económicos, cruciales para desarticular las organizaciones criminales. "Se llevaron a cabo más de 500 procedimientos, incautando cientos de kilogramos de drogas, arsenales de armas y se detuvo a 480 delincuentes, prófugos y nuevos líderes de bandas", agregaron.

Entre las detenciones destacadas se encuentra la captura de Alan Tripi, líder de la banda conocida como "Los Tripis", quien estaba prófugo desde hace cinco años. También se logró la recaptura, en colaboración con el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, de Mauricio "Caníbal" Laferrara, jefe de sicarios de Esteban Alvarado, líder del clan Alvarado, quien escapó de la cárcel de Devoto el año pasado.

"Se arrestó a Jorge Benegas, responsable del negocio financiero de Alvarado y Rodríguez Granthon; se desarticuló y se detuvo a los integrantes de la banda de los contadores, facilitadores del lavado de activos; se desbarató la segunda generación de la banda del Delfín Zacarías y se arrestó al hijo del Delfín, quien dirigía esa organización", explicaron.

Por último, el Gobierno Nacional mencionó la importancia de sus principales iniciativas legislativas para el combate al crimen organizado, como la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años, la ley Antimafia para combatir a fondo las bandas criminales, el proyecto de ley de legítima defensa y cumplimiento del deber para proteger a las fuerzas de seguridad, y el proyecto de ley de reincidencia para poner fin a la reincidencia delictiva y asegurar que los delincuentes cumplan sus penas en la cárcel.

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Seis meses de superávit: Milei llegó a mitad de año sin déficit y rompe con 20 años de decadencia

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Así lo expresó el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, destacando que el Sector Público Nacional logró un primer semestre completo con superávit fiscal, equivalente al 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI).

Durante junio, el Sector Público Nacional (SPN) alcanzó un superávit financiero de $238.189 millones, impulsado por un superávit primario de $488.569 millones y unos intereses de la deuda pública netos de pagos intra-sector público que totalizaron $250.380 millones.

Este resultado marca el sexto mes consecutivo de superávit financiero, siendo la primera vez desde 2008 que se logra esta consecutividad. En el acumulado del año, el superávit luego de intereses representa aproximadamente el 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB), con un superávit primario que equivale a cerca del 1,1% del PIB.

Estos datos refuerzan el compromiso de la administración de Javier Milei con el "déficit cero", incluso en un mes históricamente marcado por mayores gastos debido a los pagos del Sueldo Anual Complementario (SAC), es decir, los aguinaldos.

Ante esta increíble noticia, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se expresó en su cuenta de X. "Junio cerró con superávit financiero de $238.189 millones de pesos. Sexto mes consecutivo", afirmó.

Los ingresos totales del SPN en el mes alcanzaron los $8.182.494 millones, reflejando un incremento interanual del 216,6%. En cuanto a la recaudación tributaria, esta mostró un crecimiento del 226,7% interanual, destacándose por la variación del Impuesto PAIS y los ingresos provenientes de los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+236,2% interanual).

Entre los tributos vinculados a la actividad económica interna, sobresalen la recaudación del Impuesto a las Ganancias (+213,0% interanual), el IVA neto de reintegros (+196,9% interanual) y los Débitos y Créditos (+277,5% interanual).

Durante el mes de junio, los gastos principales del Sector Público Nacional alcanzaron los $7.693.925 millones, con un aumento interanual del 140,7%. En cuanto a las prestaciones de la Seguridad Social, estas ascendieron a $4.202.723 millones, reflejando un incremento del 207,5% respecto al año anterior.

Este aumento se debe a la aplicación de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria impulsada por el Gobierno de Milei, establecida por la Ley N° 27.609 y el DNU 274/24, que indexó los aumentos de las jubilaciones según el porcentaje de inflación, además de otorgar una compensación adicional del 12,5% para todos los jubilados bajo este régimen, junto con el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC). Sumado a un refuerzo de ingresos previsionales de hasta $70.000 (más de $332.897 millones), el gasto previsional nacional aumentó un 231,9% interanual.

Por otro lado, las remuneraciones alcanzaron los $1.038.443 millones, mostrando un incremento del 201,7% interanual debido a los ajustes salariales acordados.

Las transferencias corrientes alcanzaron los $1.723.135 millones, con un aumento del 76,2% interanual. Las transferencias al sector privado aumentaron en $1.602.745 millones (+103,7% i.a.).

Entre estas destacan las asignaciones sociales, las prestaciones del PAMI, el impacto de la movilidad por la Ley N° 27.609 en las asignaciones familiares (donde la Asignación Universal para Protección Social se incrementó un 100% en enero mediante Decreto 117/2023), los programas de Política Alimentaria (con un aumento del 138% en la Tarjeta Alimentar entre enero y junio, según las resoluciones mencionadas), y el Plan 1.000 días (incrementado en un 500% mediante Resolución 1.062/2024).

En cuanto a las transferencias corrientes al sector público en junio, estas alcanzaron los $120.316 millones, representando una disminución de $69.223 millones (-36,5% i.a.). Es importante señalar que la reducción en la asistencia financiera a universidades por -$74.293 millones (-81,8% i.a.) se debió al adelantamiento en el pago de salarios docentes y no docentes realizado a finales de mayo.

Por último, los subsidios económicos disminuyeron en -$17.940 millones (-4,2% i.a.). Los subsidios energéticos cayeron en -$103.281 millones (-30,2% i.a.), mientras que los destinados al transporte aumentaron en +$73.337 millones (+89,9% i.a.), reflejando un cambio en la política gubernamental en este ámbito.

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