Actualmente, Piccirillo tiene un embargo de 900 millones de pesos, además de embargos sobre tres inmuebles ubicados en Nordelta, una inhibición general de bienes y una caución real fijada en 100 millones de pesos.
La defensa consideró que esas medidas resultan desproporcionadas y sostuvo que el alquiler del departamento no afectaría las garantías del proceso judicial.
En ese sentido, los abogados argumentaron que el embargo continúa vigente sobre el inmueble aunque este sea alquilado, ya que la medida recae sobre el bien y no sobre los ingresos que pueda generar.
Por ese motivo solicitaron reducir el monto del embargo a 200 millones de pesos, reemplazar parte de las garantías por un depósito judicial previamente ofrecido, levantar los embargos sobre los inmuebles, devolver la caución y dejar sin efecto la inhibición general de bienes.
Asimismo, cuestionaron la demora del juzgado para resolver cuestiones que, según sostuvieron, no guardan relación con el avance de la investigación principal.