Mujer española huyó de su casa por miedo tras acoger a un inmigrante ilegal magrebí

Estíbaliz Kortazar Errecatxo, una administrativa que adquirió su piso en 2021 tras más de 20 años de trabajo, decidió a fines de 2023 alquilar una habitación. Lo hizo a través de una asociación de ayuda a personas sin hogar con la que colaboraba como voluntaria. 

Ambas partes suscribieron un contrato de alquiler por 350 euros mensuales y, en un inicio, la convivencia transcurrió sin incidentes. No obstante, con el correr de las semanas, el arrendatario adoptó una conducta hostil e inapropiada: profería insultos, realizaba insinuaciones de carácter sexual, consumía contenido pornográfico en su presencia y mostraba un comportamiento marcadamente irrespetuoso.

Según el testimonio de Estíbaliz, el hombre la insultaba con expresiones como “puta” y “perra sucia”, mantenía el volumen del televisor elevado durante la noche, dejaba las luces encendidas de forma constante y descuidaba completamente la higiene de su habitación.

"Cada vez que lo veo, el corazón se me acelera”, declaró la mujer, quien desde junio de 2024 reside en casa de un familiar y permanece bajo tratamiento psicológico.

En Basauri, País Vasco, una mujer se vio obligada a abandonar su vivienda tras alquilar una habitación a un inmigrante magrebí que, con el paso de los meses, dejó de pagar el alquiler, deterioró el inmueble y generó una situación de acoso e inseguridad.

La historia plantea interrogantes sobre los límites de la solidaridad individual y la eficacia del marco legal vigente frente a la ocupación ilegal de viviendas.

El contrato de arrendamiento venció en enero de 2025, y el inquilino ha dejado de pagar el alquiler y continúa residiendo allí, transformándose en un okupa de hecho. A esto se suma el deterioro del inmueble, la acumulación de basura y la negativa del ocupante a abandonar la vivienda.

Ante la falta de soluciones, Estíbaliz contactó a un conocido del mismo origen que el okupa, con la esperanza de mediar en la situación. La reunión terminó en una agresión física: el inquilino mordió en la cara al visitante, quien debió ser hospitalizado con diez puntos de sutura.

La mujer denunció el caso a la Policía el 1 de enero de 2025, pero los agentes informaron que no podían intervenir sin una orden judicial de desalojo. Desde entonces, continúa haciéndose cargo de los gastos de suministros, incluyendo una factura eléctrica de más de 200 euros mensuales, sin recibir compensación alguna.

El caso refleja los problemas estructurales de un sistema legal que, bajo el pretexto de proteger a personas vulnerables, en ocasiones deja desamparados a propietarios cumplidores de la ley.