Abogados, médicos y afiliados a Surrbac están involucrados en un esquema de fraudes sistemáticos.
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El fiscal de Delitos Complejos de Córdoba, Enrique Gavier, ordenó la detención de 10 personas por presuntas estafas a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). La investigación apunta a una red de asociación ilícita que operaba mediante la falsificación de certificados médicos y simulación de enfermedades.
El caso involucra a abogados, médicos y dos afiliados al gremioSURRBaC, conocido por representar a los recolectores de basura de la ciudad. Se han identificado al menos 100 fraudes, lo que revela un esquema de corrupción a gran escala. La sospecha principal es que los involucrados inventaban situaciones de salud para que la ART abonara altas sumas de dinero.
Afiliados del gremio en el centro del escándalo
Según la investigación, los implicados inventaban lesiones laborales para obtener indemnizaciones millonarias de la ART. Mientras cobraban, continuaban trabajando en sus puestos, lo que agrava las acusaciones.
El impacto económico del fraude aún no ha sido cuantificado, pero se presume que alcanzaría cifras multimillonarias. Los detenidos enfrentan cargos de asociación ilícita, estafas reiteradas y uso de documentos falsos.
El fiscal Enrique Gavier está al frente de la pesquisa.
Detenciones y avances en el caso
Entre los abogados detenidos están Juan José Paz, Andrés Ceballos Garip, Jonatan Nahuel Ponte, Carlos Nicolás Domínguez y Marcelino Leonel Gómez. Todos enfrentan cargos como coautores del fraude, con agravantes por pericias falsas.
Por parte del sector médico, Raúl Hilario Mamani y Tomás Campillo fueron apresados con cargos similares. La justicia no descarta nuevas detenciones mientras se profundiza la investigación.
Corrupción gremial, bajo la lupa
La participación de afiliados de Surrbac agrega un elemento crítico al caso. Este gremio, ya cuestionado por su historial de manejo irregular, vuelve a estar en el ojo de la tormenta.
La causa pone en evidencia cómo el abuso del sistema laboral impacta no solo a las aseguradoras, sino también a los trabajadores que dependen de un sistema justo y transparente.
