La deuda en Uruguay no para de crecer porque ningún político se anima a recortar

Por: Federico Ventura

Conforme al informe divulgado por el Ministerio de Economía y Finanzas hasta el tercer trimestre del año en curso, la deuda pública bruta de Uruguay se ha posicionado en un 60,1% del PIB, manifestando un incremento de ocho puntos porcentuales desde la asunción del actual gobierno en 2020.

Esta trayectoria ascendente es discernible desde el año 2013, bajo la presidencia del ex Tupamaro José Mujica. Desde aquel entonces, se ha documentado un aumento sistemático y considerable de los pasivos gubernamentales, que desbordan las previsiones presupuestarias.

Justamente, 2013 fue el año en que comenzó la recuperación de las economías desarrolladas tras el desplome causado por la crisis de las hipotecas subprime, momento en el cual los capitales en dólares empezaron a desertar de las economías emergentes en busca de mercados más lucrativos y seguros.

Este éxodo se exacerbó con la asunción de Trump al poder y el consecuente incremento de las tasas de interés por la Reserva Federal.

Variación de la deuda bruta nominal

Este fenómeno, combinado con un déficit fiscal promedio que roza los cinco puntos porcentuales y un crecimiento económico que apenas alcanza un 1% anual en la última década, ilustra un cuadro económico alarmante, comparable al de un paciente en cuidados intensivos.

Ninguna economía vibrante puede aspirar a un crecimiento sustancial si se afana en políticas fiscales y monetarias expansivas y subsiste a crédito. La acumulación de deuda presagia una carga pasiva para el Estado, anticipando futuras devaluaciones y aumentos tributarios para saldar sus compromisos.

Hasta la fecha, tanto el gobierno de ideología izquierdista como el de centro no han logrado abordar con efectividad este dilema; ambos se han entregado a políticas neokeynesianas que fomentan el saqueo estatal en detrimento del individuo productivo. Este enfoque contrasta marcadamente con las estrategias de reducción del déficit y la deuda adoptadas por el gobierno libertario de Javier Milei.

Es claro que, sin una reforma fiscal rigurosa y una desregulación profunda, Uruguay no podrá escapar de su letargo conformista, donde tanto políticos como empresarios se resignan a la mediocridad y prosperan en un ecosistema económico restringido, en criollo, cazan en el zoológico.