Preocupante: El lobby empresarial uruguayo no quiere competir y busca prohibir

En un mundo donde el comercio electrónico ha democratizado el acceso a bienes y servicios, Uruguay parece empeñado en retroceder al proteccionismo del siglo XX. La irrupción de Temu, la plataforma china de precios irrisorios, ha desatado una histeria colectiva entre empresarios locales y gremiales  que claman por restricciones a las compras online.  

Un régimen restrictivo que coarta libertades

Desde 2012, Uruguay regula las compras por internet bajo un régimen de franquicias que permite a mayores de 18 años realizar hasta tres envíos anuales libres de impuestos, siempre que no superen los 200 dólares y los 20 kilos por paquete  (Decreto 336/015, vigente desde 2016). Inicialmente, se permitían cinco envíos por año, pero las sucesivas reducciones (cuatro en 2016, tres en 2017) reflejan una tendencia a limitar el acceso al comercio global 

Este marco legal, lejos de fomentar la libertad de elección, ya impone trabas significativas. Cada paquete debe pasar por controles aduaneros que, según los empresarios, son insuficientes para garantizar "seguridad" o "calidad", pero que en la práctica encarecen y retrasan las entregas.

La fiebre del e-commerce

El comercio electrónico en Uruguay ha explotado, y Temu es el catalizador. En 2024, se registraron 961.152 transacciones web al exterior, un aumento del 75% respecto al año anterior, con un promedio de 80.096 compras mensuales.

Entre Enero y Febrero de 2025, llegaron 255.240 paquetes bajo el régimen de franquicias, un crecimiento interanual del 165,6%. Febrero de 2025 marcó un pico de 167.000 operaciones, un salto del 240% desde las 48.000 de febrero de 2024. Se estima que las compras bajo este régimen superarán los 180 millones de dólares en 2025.

Estos números no son solo estadísticas; son la prueba de que los uruguayos están votando con sus billeteras. Prefieren productos baratos, variados y accesibles, algo que el comercio local, lastrado por impuestos y costos operativos, no puede igualar.

Restringir estas compras no hará que los consumidores vuelvan a las tiendas locales; simplemente los empujará a mercados informales o al contrabando.   

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El impacto de Temu: Una muestra del Estado Uruguayo desquiciado

Temu aterrizó en Uruguay en mayo de 2024 y, en pocos meses, transformó el panorama del e-commerce. En noviembre de 2024, las compras bajo franquicias duplicaron las de abril (de 51.389 a 101.611). En 2024, el número de uruguayos que usaron el régimen de franquicias pasó de 220.000 a 650.000, un aumento del 195%.

La Cámara de Comercio estima que Temu mueve 170.000 paquetes mensuales, generando una "pérdida" de 15 millones de dólares al mes para el comercio local. Los rubros más afectados son vestimenta (10% de las importaciones totales bajo franquicias) y juguetes (17%).

Los consumidores uruguayos, hartos de precios inflados por impuestos y márgenes locales, han encontrado en Temu  una alternativa que les permite estirar sus ingresos.

Los empresarios lloran "competencia desleal", pero lo que realmente temen es la libertad de elección.  Temu no obliga a nadie a comprar; ofrece precios que los comercios locales no pueden o no quieren igualar. En lugar de exigir restricciones, deberían innovar, exponer ante la sociedad la elevada carga impositiva que tienen, reducir costos y también aceptar que el mercado no es cautivo y como todo, evoluciona. 

Veamos una comparación de ejemplo: un par de zapatillas, en Temu tiene la mitad de precio, siendo de una calidad muy superior. 

¿Qué buscan los empresarios? Proteger el statu quo

La Cámara de Comercio y Servicios (CCSUY) y la Cámara de la Economía Digital (CEDU) han declarado la guerra a Temu. Su argumento central es que la plataforma opera bajo "condiciones desiguales", ya que las compras bajo franquicias no pagan impuestos ni enfrentan los mismos controles sanitarios o aduaneros que los importadores locales.

Julio César Lestido, presidente de la CCSUY, clama que Temu "afecta seriamente" el comercio y el empleo, exigiendo revisar la carga impositiva de los importadores y reforzar los controles aduaneros.

La CEDU, por su parte, propone una exención de IVA para compras online locales de hasta 200 dólares, como contrapeso a las franquicias de importación.

Los empresarios locales dicen que quieren competir pero en igualdad de condiciones. Si los empresarios corren la carrera con una mochila de 20 kg en la espalda (las pesadas regulaciones y la elevada carga impositiva en Uruguay ) y TEMU corre libre, los empresarios no le piden al árbitro (el Estado en esta analogía) que les quite la mochila para competir en igualdad, sino que le piden que le ponga la misma mochila al otro.

Como dijo Fernando Doti, en la presentación de la Plataforma por la Libertad (PPL) el pasado 28 de Marzo del 2025, en referencia a los empresarios que piden restricciones a las compras web “Estamos hartos de tanta tibieza, de la corrección política, de la derecha acomplejada, y recontra hartos de los 'soy liberal, pero... protéjanme así la gente no le compra a Temu", mostrando ironicamente la contradicción de esos empresarios.

Lo que buscan entonces estos empresarios que hacen lobby, es redireccionar la plata de los consumidores a la caja de ellos. Cuando los empresarios dicen que "pierden 15 millones de dolares por TEMU", parten de un error, creen que esa plata es de ellos y que el Estado tiene que actuar para asegurárselo.

"Pero si la gente compra por TEMU, se pierden fuentes laborales locales", rezan los empresarios que buscan ventajas bajo ese pretexto. Esto es una verdad a medias. Si un usuario, compra una zapatilla por $ 1000 en TEMU, que en un local en Uruguay sale $ 3000, los $ 2000 no se evaporan,  quedan en sus manos para ser volcados en otro sector de la economía y el consumidor, tendrá la zapatilla y otras cosas por la diferencia, por lo que en el global,  la economía habrá usado sus recursos de manera más eficiente.

En definitiva, lo que plantean los empresarios que buscan limitar compras en TEMU, es una puja distributiva  de la plata del consumidor, donde pierden otros empresarios sin poder de lobby y sobre todo el consumidor.

La postura del gobierno: Tibieza y ambigüedad, el Uruguay del empate

El gobierno de Yamandú Orsi ha reaccionado al "efecto Temu" con cautela, pero sin compromisos claros.

El Ministerio de Economía, a través de Juan Labraga, director de la Asesoría de Política Comercial, está "recabando información" para analizar el fenómeno teniendo en cuenta que Uruguay  cumplirá sus compromisos internacionales, como el TIFA  con Estados Unidos, que obliga a facilitar compras online de hasta 200 dólares sin impuestos. Sin embargo, no descarta medidas para garantizar una "competencia leal", un eufemismo que huele a intervención estatal.

El gobierno debería defender la libertad de los consumidores y el comercio global, no ceder ante las presiones de gremiales que buscan perpetuar un modelo económico anquilosado.

La propuesta de aumentar la franquicia a 500 dólares, en discusión en el Parlamento, sería un paso en la dirección correcta, pero enfrenta resistencia de los empresarios y de legisladores que temen una "renuncia fiscal", un eufemismo muy usado pero que parte de algo falaz, creer que la plata de la gente y de las empresas pertence al Estado y que generosamente, no la toma.

Párrafo aparte para la oposición de la Coalición Republicana y para el ex-Presidente  Lacalle Pou, que como en tantos otros temas, no dan la batalla de las ideas y no han pronunciado una palabra sobre esto. ¿Será que están de acuerdo con poner restricciones y no se animan a decirlo? 

En definitiva, el Estado no debería ser árbitro ni salvador; su rol es garantizar que las reglas sean claras y que nadie impida a los uruguayos gastar su dinero como quieran.

La libertad no se negocia. 

El "efecto Temu" no es una crisis; es una revolución que expone las debilidades del comercio uruguayo y la mentalidad proteccionista de sus elites. Las leyes actuales ya restringen suficientemente las compras online, los volúmenes de Temu  reflejan una demanda real, y los empresarios, en lugar de innovar, piden barreras.

El periodista Esteban Queimada, que esta semana anunció su incursión en la política, fue claro en el tema a través de su cuenta de X @EQueimada

Siempre voy a estar del lado del consumidor. Este tiene el derecho y la libertad de comprar productos y contratar servicios que satisfagan sus necesidades y que se ajusten a su poder adquisitivo. El Estado solo protege los intereses de grupos empresariales que monopolizan el mercado.

Esta práctica prebendaria aplasta al libre comercio, desestimula el emprendedurismo y somete al individuo. Este sistema de favores entre políticos, sindicatos y empresarios corruptos, siempre los paga la población con un elevado costo de vida, incapacidad de ahorro, desestimulo a emprender y por consiguiente el deseo de irse del país.

La cámara empresarial debería ponerse del lado del consumidor para eliminar regulaciones, impuestos leoninos y prácticas anticompetitivas que terminan aplastado la economía local.

El gobierno, atrapado entre el libre comercio y las presiones locales, titubea como ya pasó con UBER  en el 2016, donde la búsqueda del "empate uruguayo" llevó a que haya a la larga un perdedor: el consumidor, que hoy no tiene un diferencial de precio y calidad al usar UBER. 

La única forma que gane el consumidor, es dejándolo elegir libremente, cualquier otra cosa es chamuyo.