Pagos millonarios a ex terroristas zurdos

En Uruguay los Derechos Humanos son un curro de la izquierda. Al menos desde 1985 cuando retornó la democracia, la izquierda política (Frente Amplio), sindical (PIT-CNT), estudiantil (FEUU), y las falsas organizaciones que dicen defender los derechos humanos, han hecho negociados gigantescos cobrando cientos de millones de dólares del Estado, es decir de los impuestos que paga el pueblo uruguayo.

Leyes "reparatorias"

Desde 1985 hasta hoy, se han aprobado una cantidad de leyes "reparatorias" para pagarle millonarios subsidios a ex terroristas subversivos que atentaron contra la democracia (tupamaros), a integrantes del aparato armado del Partido Comunista, a malvivientes del Partido Socialista, y del PVP (Partido por la Victoria del Pueblo), y a un montón de parásitos que se disfrazan de "perseguidos por la dictadura" y han cobrado muchísimo dinero.

Entre 1985 y 2005, con los gobiernos blancos y colorados se pagaron algunos millones de dólares de "reparación" a todos estos avivados, pero luego desde 2005 a 2020, con la llegada del Frente Amplio al gobierno, esto se multiplicó y los curros y los negociados pagos por todos los uruguayos crecieron notablemente.

Se siguieron aprobando leyes "reparatorias" para los que en la década de 1960 y hasta 1973 atentaron contra la democracia, y se fueron a entrenar a Cuba para adiestrarse militarmente e instalar en Uruguay una tiranía como la de Fidel Castro.

De esta forma, quienes violaron los Derechos Humanos por izquierda (tupamaros, socialistas y comunistas), luego fueron "reparados" cobrando jugosas pensiones y subsidios de todo tipo. Todo, absolutamente todo, pago por los contribuyentes uruguayos  que sacrificadamente pagan sus impuestos.

Mientras los distintos gobiernos dicen que no hay dinero para la salud o para la educación, siempre hay dinero para estos parásitos que se disfrazan de "perseguidos políticos" y cobran sin trabajar.  

El aporte de Alvaro Alfonso

El distinguido escritor Alvaro Alfonso divulgó en Búsqueda del 7 de noviembre parte de estos curros. Los contribuyentes uruguayos pagaron desde 1985 hasta hoy, unos 1.300 millones de dólares por supuestos sucesos ocurridos antes y durante la dictadura (1973-1985).

Fueron 17 leyes que tuvieron el visto bueno de todos los partidos políticos.

La Ley de Amnistía Ley 15.737, de 8 de marzo de 1985, en el artículo 25 se perdonó a aquellos que se levantaron en armas contra la democracia y la libertad, de partidos y pandillas de izquierda, amparó la restitución, la recomposición de la carrera administrativa, y la reforma de la cédula jubilatoria con el cargo que ostentaban los funcionarios públicos destituidos por el acto institucional Nº 7, de fecha 27 de junio de 1977.

Poco después la ley 15.783, dispuso el reintegro de funcionarios públicos destituidos de sus funciones durante el gobierno de facto. Básicamente eran funcionarios estatales destituidos por apoyar a la subversión. Fueron 30.000 funcionarios que reclamaron, el Estado atendió a 18.000.

De acuerdo con los cálculos económicos a la fecha, se desembolsaron por la Ley 15.783, unos 340 millones de dólares.

Frente Amplio siguió pagando curros

Cuando el Frente Amplio llega al poder en el año 2005, se abrió un festival de subsidios y "reparaciones". La Ley 17.949 restituyó los derechos jubilatorios para los militares traidores que colaboraron con la subversión y con la violencia "guerrillera".

Estos militares traicionaron a sus camaradas y fueron destituidos, dados de baja o desvinculados por razones políticas e ideológicas. El costo para el Estado (los contribuyentes), de esta "reparación" fue de una cifra cercana a los 2 millones de dólares.

La Ley 18.033 creó la Pensión Especial Reparatoria (PER), siendo beneficiados quienes estuvieron presos por delitos de sangre, o por alzarse en armas contra la democracia. Estos beneficiados fueron condenados por jueces civiles hasta julio de 1972 y, posteriormente, tras aprobarse la Ley de Seguridad del Estado 14.068 el 10 de julio 1972, a disposición de la Justicia Militar. 

Esta ley es la de mayor costo para el erario público. Se la conoce como la “ley del guerrillero”, aunque un gran porcentaje de los beneficiados pertenecieron al aparato armado del Partido Comunista del Uruguay (PCU), el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), y otras organizaciones de izquierda que atentaron contra la Constitución.

También accedieron al cobro de la PER aquellos terroristas tupamaros que cometieron delitos de sangre, como homicidios o torturas en la "cárcel del pueblo".

Desde 1985 y hasta el día de hoy, el pueblo uruguayo paga jubilaciones, pensiones, y "reparaciones" a miles de malvivientes que atentaron contra la democracia y contra la libertad, y que disfrutan de beneficios pagados por todos.