El Sodre le cuesta 25 millones de dólares anuales al contribuyente

La inversión anual en el Sodre, el Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos de Uruguay, asciende a aproximadamente mil millones de pesos uruguayos, lo que equivale a unos 25 millones de dólares.

Este monto, financiado en gran parte por el IVA que paga el ciudadano común, incluyendo artículos de primera necesidad como los fideos, representa un gasto que en tiempos donde el costo del estado es muy grande, y por consiguiente el costo de vida, es imperativo cuestionar.

El Sodre mantiene una orquesta sinfónica, un cuerpo de ballet, y numerosas producciones culturales que, aunque de alta calidad, tienen un costo que muchos consideran desproporcionado.

Además, no hay razón para que el Sodre no sea privado. El mantenimiento de infraestructuras como el Auditorio Nacional Adela Reta y la gestión de eventos internacionales elevan aún más este gasto.

Para poner esto en perspectiva, el Sodre cuesta la mitad de lo que el Estado recauda adicionalmente por la rebaja en la devolución de IVA con tarjeta de débito (unos 40 millones de dólares).

Este dato subraya una disonancia en las prioridades fiscales: mientras se recauda "extra" para aliviar el gasto público en otros sectores, el Sodre sigue siendo una carga significativa.

La cultura no debe ser  financiada por el Estado

La idea de que el Estado debe financiar la cultura es un concepto anticuado y económicamente insostenible, que ademas genera una dependencia insana de la cultura sobre el Estado, convirtiéndose en un recurso propagandístico del mismo. 

La gestión estatal tiende a ser menos eficiente debido a la falta de presión competitiva.

La cultura, como cualquier otro servicio, debería estar sujeta a las leyes del mercado para asegurar calidad, innovación y sostenibilidad financiera.

En un país donde la pobreza infantil, la educación y la salud pública requieren de recursos urgentes, invertir en un organismo cultural de este calibre es un lujo que Uruguay no puede permitirse. La cultura debe ser accesible, sí, pero no a costa de prioridades más imperativas.

La privatización del Sodre permitiría que la cultura se financie a través de patrocinios, entradas y otros mecanismos de mercado.

Esto no solo reduciría la carga fiscal si no que también podría hacer de la cultura una industria más dinámica y accesible, atrayendo a un público más amplio y diverso.

La cultura no debe ser un privilegio financiado por el erario público, especialmente cuando este financiamiento desvía recursos de áreas donde la necesidad es palpable.

La privatización no es solo una opción; es una necesidad para asegurar que el sector cultural sea sostenible y no un peso para los contribuyentes uruguayos.