Un tribunal de Bolivia ordenó la liberación de Jeanine Añez y derivó el caso Senkata a la Asamblea Legislativa.
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La ex presidente interina de Bolivia, Jeanine Añez, fue liberada luego de que un tribunal suspendiera las medidas cautelares en su contra.
La decisión incluye a otros doce imputados en el caso Senkata y deriva el proceso a la Asamblea Legislativa Plurinacional, encargada de los juicios de responsabilidades contra ex mandatarios.
Tribunal se declara incompetente
El juez David Kasa informó que se dejan sin efecto las medidas cautelares de carácter personal y real, ordenando expedir mandamientos de libertad tanto para detenidos en recintos penitenciarios como para quienes estaban bajo arresto domiciliario.
La resolución se basa en la declaración de incompetencia del Cuarto Tribunal de Sentencia de El Alto, que alegó imposibilidad de juzgar el caso en sede ordinaria. El magistrado destacó que mantener a los acusados en prisión preventiva vulneraba derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en tratados internacionales.
El caso Senkata pasa al Legislativo
La Justicia de Bolivia liberó a Jeanine Añez y anuló el juicio ordinario
Con este fallo, el proceso abandona la vía judicial ordinaria y será tratado en la Asamblea Legislativa. De manera paralela, el tribunal de La Paz anuló el juicio ordinario contra Añez y los demás acusados, confirmando que la competencia corresponde al Legislativo.
El proceso contra la ex mandataria se abrió por la represión en Senkata en noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales.Aquellos hechos dejaron al menos 20 muertos y más de 200 heridos, considerados por la CIDH como una “masacre”.
Antecedentes del juicio ordinario
El juicio ordinario contra Añez había comenzado en septiembre de 2024 en condiciones irregulares. La ex presidente asistió sin abogado y rechazó la defensa pública. Desde entonces cuestionó la legalidad del proceso y lo denominó “patraña 5”, en referencia a la cantidad de causas abiertas en su contra.
Añez insistió en varias oportunidades en que el caso debía pasar a la Asamblea Legislativa, alegando inmunidad por su condición de ex jefa de Estado. Inicialmente, la justicia ordinaria rechazó ese pedido.
