Argentina
Los bancos no saben qué hacer con los billetes de 100 pesos: hay de sobra y nadie los quiere, pero se van a imprimir más
Para los consumidores, valen poco; para los bancos, son un costo elevado. Todos los tesoros de la Argentina (BCRA, bancos y transportadoras de caudales) están saturados de los papeles con la imágenes de Julio Argentino Roca, Eva Perón y la taruca.
Mientras el Gobierno acaba de anunciar una nueva línea de billetes para homenajear a “heroínas y héroes históricos”, en los bancos y las grandes empresas que manejan efectivo no hay lugar para épicas. Y tampoco hay lugar para más billetes de 100 pesos. Hay en circulación 2.400 millones de esos papeles que valen menos de un dólar oficial y que nadie quiere: los consumidores, por su poder de compra cada vez más bajo, y los bancos, porque llenar un cajero con ellos es poco rendidor. Ya sea con la imagen de Julio Argentino Roca, Eva Perón o la taruca, desbordan los tesoros de bancos y transportadoras de caudales. Acumularlos es tan caro que el Banco Central y los bancos discuten por el costo de atesorarlos. Pese a todo esto, el Gobierno se prepara para imprimir muchos más.
Desde hace mucho tiempo, el Banco Central dejó de aceptarle los billetes de 100 pesos a los bancos, más allá de que estén en buen estado o deteriorados. Las entidades financieras quieren sacárselos de encima y le piden al BCRA solamente los de 1.000 pesos, para que atenuar el costo de transportarlos y abastecer su red de cajeros.
En junio de 2020, por las necesidades de efectivo provocadas por la pandemia, el pago del aguinaldo y el IFE, el BCRA debió sacar a la calle 700 millones de billetes de 100 pesos que tenía en su Tesoro. Cuando pasó la emergencia y los bancos quisieron devolverlos, el Central no los aceptó. Y quedaron en la calle. Muchos bancos pusieron límites de $4.000 para retirar del cajero, ya que muchos de ellos no permiten retirar más de 40 billetes en una sola extracción.
Para aplacar las quejas de los bancos, el Central decidió aceptarle muchos de esos billetes a los bancos “en compensación”, como si fuera un depósito en sus cuentas, para ser computado como encaje. Pero con una condición: que los dejaran almacenados en sus propios tesoros o en transportadoras de caudales (grandes ganadores de esta situación), para no afrontar el costo del traslado y atesoramiento. Contra ese depósito, los bancos pueden suscribir Leliqs, las letras de deuda del Central. Con las tasas actuales, recuperan con creces los costos de tener esos billetes almacenados sin posibilidad de usarlos.
“El Central no sabe qué hacer con tantos billetes de 100. El Tesoro de Don Torcuato está lleno”, explicaron a Infobae en la tesorería de un banco. “Don Torcuato” es la planta de la controversial ex Ciccone, que pertenece a la Casa de la Moneda. “Con la inflación que hay, a nosotros nos sirve llenar los cajeros solamente con billetes de $1.000. Ya ni siquiera el de $500 rinde. Los de $100 los usamos únicamente si estamos al límite, como va a pasar ahora en junio con el pago del aguinaldo”, agregaron.
¿Por qué hay tantos billetes de $100 en la calle? Porque su cantidad se duplicó entre 2013 y 2015, ante la negativa de las autoridades de entonces de emitir un billete más alto para no reconocer la inflación. Hasta que llegó el papel de $500, en junio de 2016, el billete de $100 representaba casi el 70% del total de papeles en circulación.
Con los tesoros del Banco Central, los bancos y las transportadoras de caudales llenos de papeles de $100 pesos, el Gobierno se prepara para imprimir muchos millones más. Y para sumar una complicación extra, tendrá un nuevo diseño, aunque repetirá la imagen de Eva Perón.
Los argentinos tendrán así en sus billeteras la cuarta versión del billete de 100 pesos. La versión actual, la que tiene la imagen de la taruca, tuvo un alcance limitado, ya que llegó con un sistema colapsado de billete. Las dos versiones anteriores también dieron que hablar:
– La primera versión del billete de $100, vigente desde 1992 es la de Julio Argentino Roca e históricamente se imprimió en la Casa de la Moneda. En 2010, ante una inflación creciente y ante la negativa del Gobierno a lanzar una denominación más alta, la Casa de la Moneda debió recurrir a la importación por parte de su par de Brasil. Con un detalle nada menor: la numeración de los billetes en la Casa de la Moneda brasileña era con números negros ubicados en forma horizontal, mientras que el billete fabricado en Argentina tenía números rojos en alineación vertical. Todavía hoy circulan ambas versiones.
– En 2012 se lanzó el de la imagen de Eva Perón. En principio, se trataba de un billete conmemorativo, que no iba a circular. Pero el día de su lanzamiento, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que saldría a la calle hasta reemplazar al de Roca. El billete conmemorativo no era aceptado por los cajeros automáticos, lo que generó dificultades en los bancos y confusión en los usuarios.
La saturación de billetes de 100 pesos llevó a algunos bancos privados a cobrarle una comisión del 5% a las empresas por hacer depósitos en efectivo con un 15% del monto en billetes de $100 o $200. Adeba, la entidad que reúne a los bancos de capital local, presentó el 16 de mayo un documento en el que criticó con dureza “el alto nivel de uso de efectivo para sus transacciones que ocurre en el país, altamente perjudicial para la sociedad”. Entre otros perjuicios, Adeba mencionó que el efectivo incrementa la informalidad, la inseguridad y la exclusión financiera.
Argentina
Funcionarios K de la Secretaría de Trabajo trituraron documentos clave cuando se enteraron de que los iban a echar
En las oficinas del ex Ministerio de Trabajo encontraron bolsas con documentación triturada y discos de computadoras borrados por ex funcionarios ultra kirchneristas que fueron pescados in fraganti.
Según informó el Ministerio de Capital Humano, encontraron bolsas con papeles triturados en las oficinas de la Secretaría de Trabajo. Según pudieron reconstruir, se trata de expedientes de compras, alquileres de viviendas, contratos de servicios, contrataciones de remises, y más.
Desde las oficinas que ahora controla Julio Cordero, todos los ojos apuntan al ex Director General de Administración de la Secretaría de Trabajo, el ultra-kirchnerista Martín Alejandro Bugeiro, quien junto a 12 empleados de su círculo íntimo trituraron y destruyeron buena parte de los documentos que guardaba en su oficina cuando se enteró de que el actual Gobierno lo iba a despedir de su cargo.
Trituró expendientes sobre su gestión y guardó los papeles rotos en bolsas de residuos, pero cuando intentó retirarlas de su despacho, para llevarselo quién sabe a dónde, fue frenado por los agentes de seguridad que se quedaron con la evidencia, por lo que las bolsas ahora están en posesión de las autoridades del gobierno de Javier Milei.
Esto ocurrió el pasado 17 de abril, y desde entonces hay un equipo enfocado en investigar la situación. Se cree que Bugeiro eliminó todos los expedientes que llevaban su firma, pero también borró los discos rígidos de sus computadoras.
Lamentablemente en el Estado, más que una intranet anticuada, no hay almacenamiento en la nube, por lo que la destrucción física de los discos eliminó prácticamente toda la información que allí estaba guardada.
La desvinculación de Bugeiro y de sus 12 "soldados", no solo tuvo que ver con la motosierra de Milei y el esfuerzo por deskirchnerizar la planta del Estado. Toda su dirección estaba siendo auditada porque existen indicios de que podrían haber cometido actos de corrupción.
Bugeiro, apodado "El Gitano", fue encontrado por funcionarios de la Subsecretaría Legal de Capital Humano, "in fraganti" mientras intentaba eliminar la documentación que podría comprometerlo. Estaba haciéndolo junto al también despedido ex Director General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, Nicolás Sojit.
Tras recibir la confirmación oficial de que tanto ellos dos como otros once funcionarios que trabajaban en la misma área, serían cesanteados, se negaron a dejar sus oficinas. Esa actitud llegó a un límite tal que, para sacarlos de las instalaciones, se recurrió a la policía.
Varios agentes fueron hasta sus oficinas, acompañados de funcionarios del área legal del ministerio de Pettovello. Recién entonces se descubrió que Bugeiro y su compañero Sojit sabían que su suerte estaba echada, y que solo buscaban ganar tiempo para culminar la tarea de no dejar pruebas. Las fuerzas de seguridad encontraron a Bujeira en su despacho, acompañado por Sojit, triturando documentación.
Bugeiro estaba siendo investigado por el rol que cumplió impulsando expedientes de múltiples contratos de proveedores de servicios en diversas sedes del ex ministerio de Trabajo en las provincias. También fue el encargado de compras de bienes para el Estado, como muebles de alto costo que se lo acusa de haber adquirido para uso personal.
El trabajo de Legales de Capital Humano sobre la hoy Secretaría de Trabajo impulsó los despidos de los funcionarios K basándose en una auditoría sobre ese sector, a la que también se sumó un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que detectó varias irregulares cometidas en el organismo público, a las que calificó con la categoría de "alto impacto" por sus posibles derivaciones hacia diferentes delitos contra la administración pública.
Tras el despido efectivo de Sojit, por ejemplo, se descubrió que había tramitado un crédito otorgado al Estado Nacional por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por 341 millones de dólares, que tenía como destino oficial "la mejora de la inclusión en educación secundaria y superior". Sojit fue denunciado en la Justicia debido a que no rindió cuentas, sobre cómo y por qué se gasto de esa cifra multimillonaria.
Un grupo de especialistas que auditan los muchos organismos que dependen del ministerio de Pettovello lograron recuperar alrededor del 90 por ciento de lo que antes guardaban los discos rígidos de esas máquinas.
Los auditores de Capital Humano están intentando reconstruir lo que decían los expedientes triturados, ya que no utilizaron máquinas que convertían los documentos en papel picado, si no que simplemente quedó cortado en tiras. "Si Bugeiro buscó ser eficaz en el ocultamiento de pruebas, no lo logró del todo", aseguraron los auditores libertarios.
Con todo, su despido, igual que el de los otros doce empleados jerarquicos del ex Ministerio de Trabajo K, se decidió cuando los funcionarios del gobierno libertario detectaron que manejaban millonarios fondos públicos en un área con enorme presupuesto estatal.
El cargo de Bugeiro, aunque desconocido en la opinión pública, era de extrema relevancia dentro de la estructura estatal. "El Gitano" era quien tenía la última firma para avalar o rechazar procesos de compras, contratos de servicios y hasta de locaciones de edificios y otros inmuebles que fueron o son sede del ex Ministerio de Trabajo.
Entre otros expedientes que están bajo revisión, se pueden mencionar el alquiler de varios pisos que supuestamente serían para ampliar los servicios del organismo, y la renovación de esas rentas; compras de alfombras, equipos de energía eléctrica, extintores de incendios, electrodomésticos, materiales de prevención para el Covid-19, flotas de vehículos para uso oficial, neumáticos o baterías para esos autos, aires acondicionados, cartelerías lumínicas, chalecos antireflexivos, alarmas anti-robo, tanques de agua, y muchísimos más elementos necesarios para que el Estado brinde servicios profesionales y seguros.
El ex funcionario también adjudicó licitaciones para provisiones de remises para trasladar funcionarios, para limpieza, fumigación y mantenimiento de todo tipo de variables vinculadas a lo edilicio, desde herramientos de pinturería, reparaciones de ascensores, cerrajería hasta otras erogaciones sin tanta especificación como "Elementos de protección colectiva", entre muchísimos items indefinidos.
Argentina
El Gobierno de Milei rebaja aranceles para heladeras, lavarropas y neumáticos: Los lleva al valor más bajo que permite el Mercosur
El Ministerio de Economía está lanzando una masiva reducción de aranceles para aplacar los precios locales, aunque las rígidas regulaciones del Mercosur impiden una liberación total.
En línea con el plan de liberalización del comercio de Javier Milei, el Ministerio de Economía lanzó la semana pasada una rebaja de aranceles a insumos para las automotrices y la apertura total para importar alimentos.
Ahora, la Secretaría de Comercio profundizó el plan de apertura y anunció este sábado una reducción de los cargos que pagan heladeras, lavarropas, productos plásticos y neumáticos importados, llevando el valor del arancel a lo más bajo que permite la alianza del Mercosur.
Esta reducción impactará inmediatamente en el nivel de precios, llevando no solo a una caída de los precios de productos importados, si no que generará más competencia y producirá una caída de todos los precios del mercado interno.
El anuncio lo hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta de la red X, quien aseguró que estas rebajas también beneficiarán a los fabricantes locales, ya que podrán acceder a insumos más baratos.
"El gobierno ha decidido llevar adelante una reducción en determinados aranceles a la importación", escribió. Las rebajas abarcan:
- Heladeras y lavarropas: el arancel pasará del actual 35% al 20%. "Así volverán a tener el arancel que comparten los países miembros del Mercosur", dijo el portavoz.
- Neumáticos: el arancel bajará del 35% al 16%. Según explicó Adorni, "esto representará un alivio para las empresas de fletes y de transporte de personas".
- Principales insumos plásticos: del 12,6% al 6%. "Menos costo, repercusión favorable para los consumidores que demandan los diversos bienes fabricados con insumos plásticos (que van desde envases de alimentos y productos de higiene personal hasta electrodomésticos y juguetes)", explicó el funcionario.
La rebaja de aranceles implicará "mejores precios y un mayor nivel de competencia en el mercado que nos beneficiará a todos", según explicó el vocero.
Para conocer los detalles de los nuevos valores de importación, las empresas deberán esperar hasta el lunes, cuando salga el decreto publicado en el Boletín Oficial con las especificaciones técnicas de las posiciones arancelarias que alcanza la medida.
De todos modos, al disminuir el costo de importación tanto de bienes terminados como de insumos para la producción, el Gobierno busca que bajen los precios y beneficiar a los consumidores, que llegan a pagar por los electrodomésticos valores más altos que en el resto del mundo, por las tasas de importación insólitas que tenía Argentina.
El objetivo oficial es que los precios internos converjan con los internacionales, al menos, los de los países vecinos. Esto, especialmente para insumos y determinados bienes que tenían valores muy desfasados. Por caso, era común escuchar de argentinos que aprovechaban viajes en auto a Chile o Paraguay para cambiar los neumáticos por la diferencia de precios que había en la delirante economía que había dejado Sergio Massa.
Algo de esa idea se está viendo en algunos alimentos tras el ingreso de productos importados en los últimos días. En atún, manteca o café en cápsulas ya se ven descuentos de hasta 35% en los artículos nacionales y los precios ya están igualando con el extranjero.
Desde el Gobierno prometen que seguirán trabajando en medidas similares sobre otros insumos o productos. Sin embargo, aseguran que las rebajas no serán tan fuertes como les gustaría ya que la rigidez del Mercosur hace que no haya tanto espacio para bajar aranceles.
Argentina
Milei restituyó a Parques Nacionales tierras que Alberto Fernández le había cedido a grupos mapuches
Se trata de dos hectáreas que están ubicadas a orillas del lago Mascardi, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, que Alberto Fernández le entregó a un piquetero de Grabois que se las cedió a pseudo-mapuches.
El gobierno de Javier Milei anunció este viernes que va a restituir a Parques Nacionales dos hectáreas de tierras ubicadas a orillas del lago Nahuel Huapi que habían sido entregadas a comunidades mapuches por el gobierno de Alberto Fernández en el año 2021.
Así lo anunció el vocero presidencial Manuel Adorni, quien puntualizó que estas tierras habían sido entregadas a una agrupación llamada Fundación Arcangel San Miguel por Justicia, Igualdad y Solidaridad, liderada por un dirigente piquetero cercano a Juan Grabois que inmediatamente se las dio a grupos mapuches.
"Esta agrupación era liderada por un militante del Movimiento Popular La Dignidad, llamado Franco Dellavalle, un abogado cooperativista cercano al ex candidato a presidente Juan Grabois, quien fue también director de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía entre abril y diciembre de 2023″, puntualizó Adorni.
El portavoz recordó que durante el último gobierno kirchnerista, se cedieron cientos de tierras a movimientos sociales K para luego dárselas a los pseudo-mapuches. "A lo largo del Gobierno del doctor Fernández y la doctora Fernández se reconocieron 221 comunidades indígenas sin demostrar necesariamente pertenencia a comunidades originarias", contó.
Y en esa línea, apuntó: "De hecho 81 de estos reconocimientos se hicieron en los últimos 16 días de gestión, para que se entienda el desorden que había en este tipo de cuestiones".
"Los parques nacionales son patrimonio de todos los argentinos y no de los privilegiados por estar o pertenecer al grupo que es más cercano al poder de turno. En estos parques no va a flamear ninguna otra bandera que no sea la bandera argentina", cerró.
El recientemente designado Presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, subió un video a sus redes sociales explicando con mayor detalle la decisión y asegurando que nunca más va a flamear una bandera que no sea la Argentina en un parque nacional.
Se trata de dos hectáreas en el mejor lugar de Lago Mascardi, dentro del circuito Cerro Tronador, uno de los sitios más turísticos de Bariloche. La zona conocida como Los Rápidos fue otorgada en concesión por 10 años en 2021, bajo el acuerdo de comodato.
El último lunes, el fiscal federal Carlos Stornelli había pedido investigar a la fundación que encabezaba Dellavalle y también a los funcionarios que participaron en la cesión de esas tierras. Con su denuncia, Stornelli quiere saber si hubo auditorías que controlaran las entregas de tierras, bajo la sospecha de fraude a la administración pública.
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