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Procesaron por corrupción al rector de la Universidad de Chaco, vinculado a Capitanich, por desvío de fondos

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Se trata de Germán Oestmann, vinculado al dirigente kirchnerista Jorge Capitanich, y enfrenta cargos por su participación en una organización ilícita que desviaba fondos públicos. El caso involucra a otras 17 personas.

Germán Oestmann, rector de la Universidad Nacional de Chaco Austral (UNCAUS) y cercano al ex gobernador kirchnerista Jorge Capitanich, fue procesado recientemente por corrupción y fraude a la Administración Pública. Este procesamiento se enmarca en una investigación sobre el desvío de fondos estatales destinados a la institución que él dirige.

El juez federal Aldo Alurralde ha dictaminado el procesamiento de Oestmann, acusándolo de formar parte de una asociación ilícita dedicada a transferir los recursos recibidos del Gobierno hacia fundaciones y empresas dirigidas por sus familiares y allegados.

La investigación reveló una compleja red de triangulación de fondos a través de transferencias entre diversas organizaciones, incluyendo algunas dirigidas por los numerosos implicados, que facturaban servicios entre sí.

Según se explica en la resolución judicial, muchas de estas transacciones carecían de respaldo administrativo adecuado o eran deficientes, y los balances de las fundaciones estaban siendo auditados por contadores de otras entidades dentro de la misma red, lo que generaba un control mutuo entre ellas.

Además del rector Germán Oestmann, otros 17 empresarios, directivos y empleados de la universidad han sido procesados por su participación en esta red, donde también se llevaban a cabo otras actividades delictivas como el lavado de dinero.

El juez Aldo Alurralde también imputó a Germán Oestmann y a sus cómplices por los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionarios públicos.

Como resultado, la resolución emitida por Alurralde impone un embargo de 100 millones de pesos a cada uno de los procesados. Además, se les prohíbe salir del país y se les exige presentarse ante el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña el primer día hábil de cada mes como muestra de estar cumpliendo con sus obligaciones legales.

La investigación

El proceso judicial se originó a partir de una investigación que resultó en la condena de varios individuos, incluyendo al ex rector Omar Vicente Judis y su hijo, Enzo Judis, quien ya falleció. Durante esta investigación, el fiscal señaló la relación personal entre los Judis y Germán Oestmann, resaltando el papel de Oestmann como abogado de la familia y el rol de Omar Judis como secretario de Actas del Consejo Superior Universitario.

En el comunicado de procesamiento emitido este miércoles contra el último rector de la universidad, se puso énfasis en una nueva etapa de la institución, haciendo hincapié en la "diversificación" de la actividad ilícita.

Según lo determinado por los investigadores, en los últimos años surgieron más fundaciones y se empezaron a cometer otros delitos, como el lavado de activos. También se mencionó la aparición de nuevos actores que se suman a los "sucesores" de Judis y a las fundaciones UNCAUS y Educación para Todos.

Basándose en las pruebas recopiladas, el organismo judicial señaló que el fiscal no tiene dudas de que los investigados actuaron ilegalmente bajo el paraguas de la UNCAUS a través de ambas fundaciones que continuaron funcionando, así como también a través de las nuevas, identificadas como "Sin Dolor" y "Recursos Naturales".

Es por este motivo que el presidente Milei busca impulsar la auditoria de la Universidad de Buenos Aires, mediante la cual se va a poder identificar posibles irregularidades y actos de corrupción. Además, de esa manera se asegura que los recursos públicos se utilicen de manera efectiva para el beneficio de la educación y de los estudiantes, y no terminen en los bolsillos de algún político o autoridad corrupta.



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La Justicia investiga otra megacausa contra los piqueteros: Hay más de 1.000 denuncias sobre extorsiones para ir a las marchas

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La causa recayó en el juez Ariel Lijo, quien ordenó diversos informes y declaraciones testimoniales. Por el momento, Patricia Bullrich confirmó que se judicializaron más de 10 mil casos.

La causa judicial que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello y que puso contra las cuerdas a los principales grupos piqueteros por extorsionar a los beneficiarios de planes sociales para que vayan a las marchas para seguir cobrando el programa.

Esta semana comenzó con una serie de allanamientos en la causa que engloba al Polo Obrero, pero no es la única que tramita en los tribunales de Comodoro Py. Su colega Ariel Lijo tiene a cargo otra mega causa por los mismos delitos.

En ese expediente, según se pudo saber de fuentes judiciales, hay más de 1.000 denuncias ingresadas a través del call center de la línea 134. La causa que tramita en el juzgado de Lijo, incluye denuncias sobre al menos nueve marchas organizadas por los grupos sociales desde la asunción de Javier Milei.

Una fue de las protestas del 22 de diciembre del año pasado, cuando varias organizaciones se movilizaron en rechazo al decreto de necesidad y urgencia que desregulaba la economía.

Ese día marcharon la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el FENAT, de CTA Autónoma, la organización Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras organizaciones.

El expediente también incluye denuncias sobre la movilización del 24 de enero, con motivo del primer paro general convocado por Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentino (CTA).

La marcha de ese día fue masiva, aunque el acatamiento al paro fue dispar en varios rubros. Junto a los gremios, se movilizaron los grupos sociales que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Unidad Piquetera, organizaciones de izquierda como el MST, el FIT Unidad, y el Plenario Sindical Combativo.

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"Se les acabó la luna de miel": Por fin separaron a las asesinas de Lucio Dupuy, que estaban viviendo juntas en la cárcel

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Magdalena Espósito Valenti abandonó la cárcel de San Luis custodiada por el Servicio Penitenciario Federal. La separación de las asesinas era algo reclamado por la familia de Lucio.

Las mujeres condenadas a perpetua por el homicidio y abuso sexual de Lucio Dupuy fueron separadas por decisión de la Justicia de La Pampa, y tras la gestión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que sean movidas a una cárcel federal.

Se trata de Magdalena Espósito Valenti, madre del nene de 5 años asesinado a golpes el 26 de noviembre de 2021, y su novia Abigaíl Páez, quienes estaban conviviendo juntas en una cárcel de San Luis.

Ambas estaban alojadas en la misma celda del Complejo Penitenciario de San Luis, hasta esta madrugada, cuando la primera fue trasladada por el Servicio Penitenciario Federal al Complejo Penitenciario Federal N° 6 ubicado en Lujan de Cuyo, Mendoza.

Desde que fueron detenidas, la familia de Lucio reclamaba que cumplan la pena en prisiones diferentes. “Están de luna de miel”, solían denunciar los abuelos del niño asesinado al respecto.

La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó en su cuenta de X un mensaje al respecto. "Se les acabó la luna de miel a las asesinas de Lucio Dupuy", tituló, y explicó: "Lo mataron su madre y su novia. Se lo sacaron a su abuelo y a su tía. Lo torturaron hasta matarlo. En su declaración, la pareja asesina confesó que Lucio era "el obstáculo": así le decían para estar juntas y por eso lo mataron".

"Estaban juntas en la cárcel de La Pampa, lo que para el abuelo y la tía era darles un beneficio y no una pena. Por eso, nos pidieron separarlas y así lo hicimos", expresó la ministra.

"Ahora ya están separadas, en dos cárceles en provincias distintas, y pasarán hasta el último día de sus vidas encerradas y sin verse. Las responsables de su sufrimiento y el de toda su familia van a tener su merecido, y Lucio y su familia van a tener justicia", concluyó el mensaje.

El crimen de Dupuy

El trágico suceso que involucra a Lucio Dupuy tuvo lugar en la noche del viernes 26 de noviembre de 2021, cuando fue llevado al Hospital Evita de la capital pampeana por su madre y su pareja, mostrando múltiples y graves lesiones. En un estado crítico y con apenas signos vitales, los esfuerzos médicos por reanimarlo resultaron infructuosos, y su fallecimiento fue confirmado minutos después. Posteriormente, en el juicio que enfrentaron, se demostró que las mujeres mintieron ante los médicos, alegando que habían sido víctimas de un robo y que los asaltantes también habían agredido a Lucio. Esta versión falsa condujo a la intervención de la Policía provincial, resultando en la detención de Magdalena y Abigail.

La autopsia reveló que la causa de la muerte fue una "hemorragia interna" inducida por las brutales agresiones sufridas por Lucio. Además, se descubrió que el niño presentaba tanto lesiones antiguas como recientes, habiendo sido tratado previamente por fracturas de brazos y dedos en varios centros de salud. Su cuerpo exhibía evidencias de golpes, mordeduras y quemaduras de cigarrillos.

Ambas mujeres fueron sometidas a juicio y el 17 de febrero de 2023, el Tribunal de Santa Rosa, integrado por los jueces Alejandra Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié, las condenó a cadena perpetua.

Magdalena Espósito Valenti, la madre, fue encontrada culpable como autora material del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, la alevosía y el ensañamiento. Por su parte, Abigail Pérez, su pareja, fue condenada como autora material del delito de homicidio doblemente calificado por la alevosía y el ensañamiento, y además, culpable de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser la tutora y por tratarse de una víctima menor de 18 años de edad.

El 26 de septiembre de ese mismo año, el Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa confirmó las condenas y agregó el delito de abuso sexual a la condena de la madre. El 3 de mayo fue promulgada la Ley Lucio (27.709), que busca prevenir y detectar tempranamente situaciones de vulneración de los derechos de los niños y adolescentes.

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Un joven argentino murió peleando contra terroristas en la Franja de Gaza: tenía 20 años y se había enlistado en las Fuerzas de Israel

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La AMIA confirmó la noticia. Se llamaba Ilán Cohen, pertenecía al batallón 202 y falleció durante un enfrentamiento bélico al norte de la Franja de Gaza contra terroristas de Hamás.

El gran rabino de la AMIA, Eliahu Hamra, emitió un comunicado a través de Twitter, donde reveló la triste noticia de la muerte de Ilán Cohen, un joven argentino de 20 años que se había enlistado en las Fuerzas de Defensa de Israel y combatía al norte de la Franja de Gaza.

Cohen, nacido en Argentina, había prestado su servicio como paracaidista en el Batallón 202, y falleció el miércoles por la mañana en un combate contra guerrilleros de Hamás. La familia viajará de urgencia para estar presente en el último adiós.

“Recibimos la estremecedora noticia de la muerte de Ilán Cohen, un joven argentino que formaba parte de las Fuerzas de Defensa de Israel falleció combatiendo en Gaza. Abrazamos a su familia y seres queridos en este momento de tanto dolor, y rezamos por la elevación de su alma”, expresó el rabino a través de un tuit, junto a una imagen del soldado, donde se lo puede ver con el uniforme militar.

Ilán es hijo de David Oscar y Adriana Edith Zac, solía asistir a la comunidad judía del Templo Ajdut Israel, en el barrio porteño de Belgrano, donde celebró su bar mitzvá en 2017, según indicó Eliahu Hamra.

La AMIA confirmó que el padre de Ilán, y uno de sus hermanos, abordarán un vuelo de urgencia desde Ezeiza en las próximas horas. “Les informó la desgarradora noticia del cónsul israelí, y mañana viajará también su madre”, comentó, mientras les brindan contención en este desolador momento.

El grupo terrorista Hamás secuestró a 21 argentinos en su ataque al sur de Israel el pasado 7 de octubre, donde asesinaron a más de 1.500 judíos en cuestión de horas, en la peor masacre en contra de la comunidad desde el Holocausto.

Ilán, como tantos judíos a lo largo del mundo, se postularon para ser parte de las Fuerzas de Defensa del Estado de Israel, y poder pelear en contra de los guerrilleros palestinos.

Su muerte se da en la recta final del combate en la Franja, donde Hamás ya ha entrado a la ciudad de Rafah, el último bastión del terrorismo islámico en el territorio palestino. El ejército de Israel dijo que las tropas habían matado a "un gran número de terroristas" en su último combate en Jabalia.

La ONU dice que casi 600.000 personas que se refugiaron han sido desplazadas desde el inicio de una operación terrestre israelí en las afueras del este de la ciudad hace nueve días, incluidas 150.000 personas en las últimas 48 horas.

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