Casi 60 brasileños fallecieron por las inundaciones y cientos de miles de habitantes de Porto Alegre pierden sus casas, mientras el socialismo gasta casi 12 millones de dólares para llevar a Madonna a las adineradas playas de Copacabana.

Los pudientes residentes de Copacabana saltando y celebrando el show de Madonna financiado por el Estado, y los pobres vecinos de Porto Alegre luchando por su vida para salvar sus pertenencias de la peor inundación de la historia.

Esa es la imagen que dejó este sábado el gobierno de Lula da Silva en Brasil. Toda la retórica de la lucha por cerrar la brecha entre ricos y pobres quedó sepultada debajo de la clásica hipocresía socialista.

Al menos 57 personas han muerto y otras 373 están desaparecidas a causa de las inundaciones que han azotado esta semana el estado brasileño de Rio Grande do Sul, una región donde gobierna la izquierda hace más de 40 años de manera ininterrumpida.

A pesar de las promesas, ni el Partido de los Trabajadores de Lula ni el Partido Social Demócrata del vice de Lula, Gerardo Alckmin, en sus décadas al frente del estado sureño han hecho las obras fluviales necesarias para evitar que las fuertes lluvias colapsen la infraestructura de la región.

El gobierno del izquierdista Eduardo Leite ha tenido que declarar el estado de calamidad en zonas donde hay más de 100.000 damnificados, mientras más de 10.000 han sido desplazadas y más de 4.500 se encuentran en refugios temporales, según explicó defensa civil.

"Desgraciadamente, estamos asistiendo a un desastre histórico", declaró Leite. "Las pérdidas materiales son gigantescas, pero nuestro objetivo en este momento son los rescates. Todavía hay gente esperando ayuda".

Del otro lado de la moneda, está la opulenta presentación que dio "de manera gratuita" el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, quien pertenece al mismo partido izquierdista que Leite, aliado de Lula en el gobierno, llevando a la artista Madonna a las playas de Copacabana.

Llevarla a Madonna para que brinde un show sin cobrar entrada costó unos US$ 3,3 millones de dólares, de los cuales 1,4 millones fueron aportados por el Banco Itaú, que se aseguró ser el espónsor del evento para promocionar sus cien años de operaciones en Brasil, mientras que los restantes 1,9 millones los desembolsó la municipalidad de Río de Janeiro.

A esto hay que sumarle el costo operativo que la ciudad despliega para medidas de seguridad y que el show se desarrolle sin contratiempos. Si bien el municipio se negó a publicar por el momento estos costos, se estima en aproximadamente US$ 10 millones de dólares.

Esto deja en evidencia la destructiva manera en la que el socialismo asigna recursos. Casi 12 millones de dólares fueron destinados en un show que duró apenas unas horas para aproximadamente un millón de cariocas, mientras que hace 40 años que no se invierte en cloacas para evitar inundaciones que afectan a decenas de millones de gaúchos.

En la protesta se vieron manifestantes vestidos de Bolsonaro, de Elon Musk y hasta del presidente argentino Javier Milei, en favor de la libertad de expresión y el fin del régimen autoritario de Lula.

El ex presidente Jair Bolsonaro convocó a millones de manifestantes en las playas de Copacabana, este domingo en Río de Janeiro, para protestar contra la persecución política del régimen de Lula da Silva y pedir por el fin de la censura en redes sociales contra la oposición.

Millones de manifestantes comenzaron a llegar poco después de las 8 de la mañana. Bolsonaro salió del hotel cercano alrededor de las 10:00 horas, se subió a uno de los camiones y pronunció un discurso que duró unos 35 minutos, con un micrófono y parlantes para que escuche toda la ciudad.

En su discurso, Bolsonaro criticó con dureza a Lula y al juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, por sus medidas contrarias a la libertad de expresión. El juez Moraes ha metido presos a empresarios, políticos, periodistas y activistas bolsonaristas en los últimos 2 años.

El líder de la oposición pidió una amnistía para los presos del 8 de enero, día en el cual manifestantes de derecha ingresaron al edificio del Congreso y de la Corte Suprema en protesta contra el fraude electoral impulsado por el Tribunal Supremo Electoral, que preside el propio Moraes.

Como ocurrió con el Asalto al Capitolo en Estados Unidos dos años antes, no solo el puñado de violentos fue arrestado, sino que el gobierno de Lula mantiene apresados a miles de brasileros que se estaban manifestando pacíficamente y no ingresaron a los edificios públicos ese día.

En otra parte del discurso, Bolsonaro pidió un aplauso para Elon Musk, a quien apodó como una "leyenda" y aseguró que es un "hombre que quiere preservar la libertad". Tras comprar Twitter, Musk desafió a Moraes y levantó todos los bloqueos que había impuesto la Suprema Corte.

El expresidente volvió a hablar de las elecciones de 2022, que fueron robadas por el Tribunal Electoral, y recordó que hubo fraude en las urnas: "Lo que más queremos es que Brasil vuelva a la normalidad, que podamos participar en las elecciones sin sospecha alguna".

"Al fin y al cabo, el alma de la democracia son unas elecciones limpias en las que nadie puede siquiera pensar en dudar de ello", aseguró.

La protesta fue convocada por Bolsonaro en medio de un intento del juez Moraes por apresarlo al expresidente, por una presunta participación en un intento de golpe de Estado para permanecer en el poder, del cual no hay pruebas.

Sin embargo, Moraes ya apresó a varios ex ministros, a múltiples empresarios que le donaban dinero y a todos los periodistas que apoyaron su gobierno. El próximo objetivo de la dictadura, y el gran trofeo que busca Lula, es arrestarlo a Bolsonaro.

A pesar de que Bolsonaro era un simple diputado y que estaba a un año de anunciar su campaña presidencial cuando la Justicia arrestó a Lula en julio de 2017, por lo que no estuvo relacionado en lo más mínimo con su detención, el dictador de izquierda nunca le va a perdonar que puso de Ministro de Justicia a Sergio Moro, el juez que le dictó prisión efectiva.

Alexandre de Moraes, principal juez responsable de censurar a la oposición en Brasil, dijo que el bloqueo masivo no es una medida que adoptaría "en estos momentos", pero el resto del STF tiene tiempo de votar hasta el 26 de abril.

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, controlado por el presidente Lula da Silva, inició este viernes un proceso para analizar la posibilidad de bloquear aplicaciones de mensajería, como WhatsApp y Telegram, en Brasil.

El análisis se desarrollará mediante videoconferencias hasta el 26 de abril, fecha en la que los jueces tomarán la determinación sobre si el máximo tribunal puede suspender temporalmente el funcionamiento de las aplicaciones de mensajería que se nieguen a entregar información de los usuarios investigados por delitos sin sentencia firme.

Esta votación se da en medio de fuertes denuncias de persecución política contra el gobierno de Lula, que está utilizando a los jueces de la Suprema Corte para censurar a la oposición en redes sociales, solicitando eliminar cuentas y borrar publicaciones. Incluso La Derecha Diario ha sido víctima de esto.

El principal juez señalado por ser el brazo armado del Gobierno socialista es Alexandre de Moraes, responsable de ordenar el bloqueo de miles de usuarios opositores a Lula en Twitter. Sin embargo, Moraes anticipó su voto en contra de la medida, probablemente para evitar un mayor escándalo en medio de un conflicto judicial abierto contra Elon Musk y la oposición.

Moraes, se unió al juez Edson Fachín diciendo que la medida no parecería necesaria en estos momentos, pero sorprendió su voto negativo ya que él mismo ha sido responsable en el pasado de bloquear temporalmente a Telegram, luego de que la empresa se negara a entregar información personal de sus usuarios. Hasta el momento, los otros nueve jueces aún no han votado.

La presentación de esta acción en los tribunales se inició en 2016, a través del partido Ciudadanía. El proyecto se basó en una decisión del Tribunal de Sergipe, que ordenó la suspensión de WhatsApp en todo el territorio nacional por un período de 72 horas.

WhatsApp se había negado a romper la confidencialidad de los mensajes de la aplicación cuando el tribunal pidió mensajes privados de las personas en un caso vinculado a la libertad de expresión.

En aquel entonces Facebook (ahora Meta) afirmó que los mensajes están cifrados de un extremo a otro, lo que significa que ellos no almacenan en los sistemas de la aplicación los mensajes ni pueden entregarlos, y que solo el usuario puede hacerlo.