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Argentina

En los últimos 4 años, el INCAA gastó miles de millones para financiar películas que no vio nadie

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El INCAA subsidió con fondos públicos por $11.330 millones para películas argentinas que no tuvieron prácticamente espectadores y perdieron miles de millones de pesos.

En medio de un fuerte debate a nivel nacional por el financiamiento de organismos públicos no esenciales en tiempos de crisis económica, el dinero que recibe el INCAA se ha convertido quizás en una de las representaciones más obscenas de cómo la política no asigna correctamente los recursos.

Esto queda en evidencia a raíz de un nuevo informe de El Disenso, donde revela que no solo el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales recibe millones del Estado, si no que a la gran mayoría de sus producciones no las vio nadie.

Según lo dispuesto en el artículo 564 de la Ley de Bases y Puntos de Partida enviada al Congreso por el Gobierno de Javier Milei, el Fondo de Fomento Cinematográfico, administrado por el INCAA, solo conservará como fuente de financiamiento el impuesto del 10% sobre el precio básico de cada entrada de cine emitida, suprimiendo de esta manera el 10% a la televisión y el 25% que recibía del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

La eliminación de las principales fuentes de financiación del Fondo ha generado el enojo de un grupo de actores, que se quedarán sin su curro que les permitió vivir como reyes en los últimos años, mientras el resto del país veía su economía colapsar.

Durante el periodo comprendido entre enero de 2020 y diciembre de 2023, abarcando todo el gobierno de Alberto Fernández, el INCAA otorgó subsidios a producciones cinematográficas argentinas por un total de $11.330 millones de pesos.

De las 682 películas estrenadas en ese período de tiempo utilizando ese dinero sustraído directamente de bolsillo del contribuyente, solo 12 películas superaron los 100.000 espectadores, y únicamente 2 lograron rebasar el millón.

Mientras tanto, el 95% de estas producciones (643 films) registraron audiencias inferiores a 10.000, mientras que el 67% (456 de ellas) tuvieron menos de 1.000 espectadores cada una, un número que de ser producciones del sector privado, serían motivo de quiebra.

Hubo incluso 24 películas que fueron financiadas con fondos públicos que atrajeron a menos de 10 espectadores, con 3 de ellas siendo vistas únicamente por un reducido público de 2 personas. En síntesis, a la gran mayoría de estas películas no las vio nadie.

Al analizar el desempeño de películas subvencionadas, el panorama es incluso más insólito, y deja en evidencia el fracaso histórico de las políticas subsidiarias del cine. Un ejemplo destacado es la película “La Bruja de Hitler“, que sólo del INCAA recibió $47,5 millones de pesos, pero solo recaudió $1,5 millones, habiendo conseguido una audiencia en todo el país de tan solo 4.236 personas.

De manera similar, “La Reina Desnuda” fue subsidiada con $32,1 millones de pesos. Sin embargo, la película atrajo a solo 1.491 espectadores a nivel nacional y generó una recaudación paupérrima de $272.298 pesos.

Otro caso insólito es el de Jorge Marrale, director de la SAGAI. Su última película, “La Burbuja“, recibió $34,7 millones del INCAA, pero su audiencia se limitó a 679 personas que generaron una recaudación de tan solo $393.837.

Más desastroso todavía es el caso de Gabriel Goity, otro actor en la vanguardia de la defensa del financiamiento estatal, quien protagonizó “El Villano“. Subsidiada con $15,6 millones, la película fue vista por 1.085 personas recaudando magros $291.581.

Estos ejemplos son una muestra de primera mano que el INCAA no sabe asignar correctamente los recursos, y llevan a catastróficos resultados en la taquilla. Desde ya que no es la primera ni va a ser la última vez que una película pierda plata, pero si tiene pérdidas una película que fue financiada por el sector privado, solo se afectan los dueños de la productora. En este caso, sus fracasos son pagados por todos los argentinos.

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La Justicia investiga otra megacausa contra los piqueteros: Hay más de 1.000 denuncias sobre extorsiones para ir a las marchas

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La causa recayó en el juez Ariel Lijo, quien ordenó diversos informes y declaraciones testimoniales. Por el momento, Patricia Bullrich confirmó que se judicializaron más de 10 mil casos.

La causa judicial que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello y que puso contra las cuerdas a los principales grupos piqueteros por extorsionar a los beneficiarios de planes sociales para que vayan a las marchas para seguir cobrando el programa.

Esta semana comenzó con una serie de allanamientos en la causa que engloba al Polo Obrero, pero no es la única que tramita en los tribunales de Comodoro Py. Su colega Ariel Lijo tiene a cargo otra mega causa por los mismos delitos.

En ese expediente, según se pudo saber de fuentes judiciales, hay más de 1.000 denuncias ingresadas a través del call center de la línea 134. La causa que tramita en el juzgado de Lijo, incluye denuncias sobre al menos nueve marchas organizadas por los grupos sociales desde la asunción de Javier Milei.

Una fue de las protestas del 22 de diciembre del año pasado, cuando varias organizaciones se movilizaron en rechazo al decreto de necesidad y urgencia que desregulaba la economía.

Ese día marcharon la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el FENAT, de CTA Autónoma, la organización Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras organizaciones.

El expediente también incluye denuncias sobre la movilización del 24 de enero, con motivo del primer paro general convocado por Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentino (CTA).

La marcha de ese día fue masiva, aunque el acatamiento al paro fue dispar en varios rubros. Junto a los gremios, se movilizaron los grupos sociales que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Unidad Piquetera, organizaciones de izquierda como el MST, el FIT Unidad, y el Plenario Sindical Combativo.

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"Se les acabó la luna de miel": Por fin separaron a las asesinas de Lucio Dupuy, que estaban viviendo juntas en la cárcel

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Magdalena Espósito Valenti abandonó la cárcel de San Luis custodiada por el Servicio Penitenciario Federal. La separación de las asesinas era algo reclamado por la familia de Lucio.

Las mujeres condenadas a perpetua por el homicidio y abuso sexual de Lucio Dupuy fueron separadas por decisión de la Justicia de La Pampa, y tras la gestión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que sean movidas a una cárcel federal.

Se trata de Magdalena Espósito Valenti, madre del nene de 5 años asesinado a golpes el 26 de noviembre de 2021, y su novia Abigaíl Páez, quienes estaban conviviendo juntas en una cárcel de San Luis.

Ambas estaban alojadas en la misma celda del Complejo Penitenciario de San Luis, hasta esta madrugada, cuando la primera fue trasladada por el Servicio Penitenciario Federal al Complejo Penitenciario Federal N° 6 ubicado en Lujan de Cuyo, Mendoza.

Desde que fueron detenidas, la familia de Lucio reclamaba que cumplan la pena en prisiones diferentes. “Están de luna de miel”, solían denunciar los abuelos del niño asesinado al respecto.

La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó en su cuenta de X un mensaje al respecto. "Se les acabó la luna de miel a las asesinas de Lucio Dupuy", tituló, y explicó: "Lo mataron su madre y su novia. Se lo sacaron a su abuelo y a su tía. Lo torturaron hasta matarlo. En su declaración, la pareja asesina confesó que Lucio era "el obstáculo": así le decían para estar juntas y por eso lo mataron".

"Estaban juntas en la cárcel de La Pampa, lo que para el abuelo y la tía era darles un beneficio y no una pena. Por eso, nos pidieron separarlas y así lo hicimos", expresó la ministra.

"Ahora ya están separadas, en dos cárceles en provincias distintas, y pasarán hasta el último día de sus vidas encerradas y sin verse. Las responsables de su sufrimiento y el de toda su familia van a tener su merecido, y Lucio y su familia van a tener justicia", concluyó el mensaje.

El crimen de Dupuy

El trágico suceso que involucra a Lucio Dupuy tuvo lugar en la noche del viernes 26 de noviembre de 2021, cuando fue llevado al Hospital Evita de la capital pampeana por su madre y su pareja, mostrando múltiples y graves lesiones. En un estado crítico y con apenas signos vitales, los esfuerzos médicos por reanimarlo resultaron infructuosos, y su fallecimiento fue confirmado minutos después. Posteriormente, en el juicio que enfrentaron, se demostró que las mujeres mintieron ante los médicos, alegando que habían sido víctimas de un robo y que los asaltantes también habían agredido a Lucio. Esta versión falsa condujo a la intervención de la Policía provincial, resultando en la detención de Magdalena y Abigail.

La autopsia reveló que la causa de la muerte fue una "hemorragia interna" inducida por las brutales agresiones sufridas por Lucio. Además, se descubrió que el niño presentaba tanto lesiones antiguas como recientes, habiendo sido tratado previamente por fracturas de brazos y dedos en varios centros de salud. Su cuerpo exhibía evidencias de golpes, mordeduras y quemaduras de cigarrillos.

Ambas mujeres fueron sometidas a juicio y el 17 de febrero de 2023, el Tribunal de Santa Rosa, integrado por los jueces Alejandra Ongaro, Daniel Sáez Zamora y Andrés Olié, las condenó a cadena perpetua.

Magdalena Espósito Valenti, la madre, fue encontrada culpable como autora material del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, la alevosía y el ensañamiento. Por su parte, Abigail Pérez, su pareja, fue condenada como autora material del delito de homicidio doblemente calificado por la alevosía y el ensañamiento, y además, culpable de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser la tutora y por tratarse de una víctima menor de 18 años de edad.

El 26 de septiembre de ese mismo año, el Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa confirmó las condenas y agregó el delito de abuso sexual a la condena de la madre. El 3 de mayo fue promulgada la Ley Lucio (27.709), que busca prevenir y detectar tempranamente situaciones de vulneración de los derechos de los niños y adolescentes.

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Un joven argentino murió peleando contra terroristas en la Franja de Gaza: tenía 20 años y se había enlistado en las Fuerzas de Israel

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La AMIA confirmó la noticia. Se llamaba Ilán Cohen, pertenecía al batallón 202 y falleció durante un enfrentamiento bélico al norte de la Franja de Gaza contra terroristas de Hamás.

El gran rabino de la AMIA, Eliahu Hamra, emitió un comunicado a través de Twitter, donde reveló la triste noticia de la muerte de Ilán Cohen, un joven argentino de 20 años que se había enlistado en las Fuerzas de Defensa de Israel y combatía al norte de la Franja de Gaza.

Cohen, nacido en Argentina, había prestado su servicio como paracaidista en el Batallón 202, y falleció el miércoles por la mañana en un combate contra guerrilleros de Hamás. La familia viajará de urgencia para estar presente en el último adiós.

“Recibimos la estremecedora noticia de la muerte de Ilán Cohen, un joven argentino que formaba parte de las Fuerzas de Defensa de Israel falleció combatiendo en Gaza. Abrazamos a su familia y seres queridos en este momento de tanto dolor, y rezamos por la elevación de su alma”, expresó el rabino a través de un tuit, junto a una imagen del soldado, donde se lo puede ver con el uniforme militar.

Ilán es hijo de David Oscar y Adriana Edith Zac, solía asistir a la comunidad judía del Templo Ajdut Israel, en el barrio porteño de Belgrano, donde celebró su bar mitzvá en 2017, según indicó Eliahu Hamra.

La AMIA confirmó que el padre de Ilán, y uno de sus hermanos, abordarán un vuelo de urgencia desde Ezeiza en las próximas horas. “Les informó la desgarradora noticia del cónsul israelí, y mañana viajará también su madre”, comentó, mientras les brindan contención en este desolador momento.

El grupo terrorista Hamás secuestró a 21 argentinos en su ataque al sur de Israel el pasado 7 de octubre, donde asesinaron a más de 1.500 judíos en cuestión de horas, en la peor masacre en contra de la comunidad desde el Holocausto.

Ilán, como tantos judíos a lo largo del mundo, se postularon para ser parte de las Fuerzas de Defensa del Estado de Israel, y poder pelear en contra de los guerrilleros palestinos.

Su muerte se da en la recta final del combate en la Franja, donde Hamás ya ha entrado a la ciudad de Rafah, el último bastión del terrorismo islámico en el territorio palestino. El ejército de Israel dijo que las tropas habían matado a "un gran número de terroristas" en su último combate en Jabalia.

La ONU dice que casi 600.000 personas que se refugiaron han sido desplazadas desde el inicio de una operación terrestre israelí en las afueras del este de la ciudad hace nueve días, incluidas 150.000 personas en las últimas 48 horas.

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