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Estados Unidos

Inspirándose en el Green New Deal, Joe Biden reforma todo el gabinete de la Casa Blanca para implementar nuevas regulaciones climáticas

En tan solo 2 días al frente del gobierno, Joe Biden ya reacomodó todas las reglas de los distintos sectores de la Casa Blanca para implementar una nueva y ambiciosa política de cambio climático.

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Aunque en la campaña electoral Joe Biden se mostró como un candidato moderado, el nuevo Presidente no ha perdido el tiempo y en tan solo 2 días en la Casa Blanca firmó casi una treintena de decretos todos enfocados en una agenda progresista, globalista y de extrema izquierda.

Una de sus primeras medidas fue reingresar a Estados Unidos al Acuerdo Climático de París, sacándole a las autoridades locales la capacidad de legislar en cuanto al cambio climático y dándole todo el poder de regulación a agencias supranacionales.

Pero no contento con eso, su equipo está analizando de cerca el famoso "Green New Deal", presentado por legisladores de extrema izquierda asociados al senador Bernie Sanders y que busca implementar reformas radicales en los procesos productivos del país para bajar considerablemente las emisiones.

Este proyecto de ley no tiene futuro legislativo, ya que incluso muchos demócratas han rechazado votar a favor del mismo, pero Joe Biden ha sacado varias ideas para implementar a lo largo de su administración, que ya ha prometido "luchar contra el cambio climático”.

En primer lugar, y como fue costumbre en otras administraciones demócratas, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) tendrá un rol preponderante a la hora de entablar nuevas regulaciones en la industria norteamericana.

Se buscará reconstruir una gran cantidad de normativas que habían sido dadas de baja por el presidente Donald Trump.

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Desde el Departamento del Interior se espera una exorbitante cantidad de nuevas regulaciones, licencias y hasta prohibiciones para numerosos proyectos e inversiones, con el objetivo de preservar recursos naturales, especialmente el uso intensivo de tierras y el agua

A modo de ejemplo, es notorio la pronta cancelación del proyecto del oleoducto Keystone XL, paralizando una inversión de casi 9.000 millones de dólares. Así como este proyecto, se espera la cancelación de muchos otros orientados a la industria del petróleo, el gas natural y el carbón, todos sectores que habían sido desregulados durante la administración Trump.

El Departamento de Energía se dedicará a fomentar activamente la energía limpia, tecnología orientada a la energía nuclear, solar, eólica, y biocombustibles. Sin embargo, la mayor parte de los incentivos para su implementación no vendrán de la mano del sector privado. 

El programa económico de Biden prevé un aumento notorio de la inversión pública y los subsidios a empresas que produzcan energías renovables

Trump había tomado otro camino, y en vez de otorgar enormes montañas de dinero a estas empresas, el ex presidente les había otorgado créditos fiscales y quitado muchos de los aranceles que existían para sus partes. De esa manera, el precio de las energías renovables estaba en caída; aunque todavía lejos de un valor que convierta al sistema en redituable.

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El Departamento de Defensa buscará cambiar su matriz energética, pues actualmente es el mayor comprador de combustibles fósiles del gobierno federal, y buscará delinear su demanda para reducir los incentivos de inversión en este tipo de energías, adoptando fuentes de financiamiento alternativas. 

El Departamento de Tesorería implementará un masivo programa de nuevas regulaciones sobre los bancos y las instituciones financieras que pongan su dinero en empresas que utilicen carbón. 

La ley de reforma “Dodd-Frank Wall Street” supone exigir a los bancos minuciosos requisitos para llevar adelante la financiación de proyectos, poniendo en tela de juicio aquellos que sean considerados “peligrosos” para el medio ambiente. 

Se buscará, además, prohibir el financiamiento para cualquier proyecto que no cumpla con las nuevas y exigentes demandas ecologistas, especialmente aquellos que posean un alto contenido de carbono proveniente del extranjero. 

El Departamento de Agricultura se propone imponer nuevos subsidios para aquellos productores, agricultores, propietarios de tierras forestales y ganaderos para reducir y compensar las emisiones que realizan, a través de un programa de crédito. 

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El Departamento de Educación desviará un monto especifico de recursos para la financiación de programas y la capacitación de maestros para “concientizar sobre el cambio climático”. La propuesta fue particularmente polémica, y muchos sectores denunciaron adoctrinamiento financiado con fondos públicos. 

Por último, el Departamento de Justicia buscará defender tajantemente todas aquellas “políticas climáticas” que presentará la nueva administración. Esto incluye reforzar acciones de cumplimiento en contra de las principales empresas norteamericanas en el rubro energético. 

Se estima una “fuga de capitales” de inversión para las empresas más severamente afectadas por las nuevas normativas, así como la paralización y directa anulación de miles de proyectos pactados anteriormente bajo las normas de la administración Trump.

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Estados Unidos

El Pentágono de Biden anunció el envío a Ucrania de un nuevo paquete de ayuda militar por US$ 6.000 millones

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El jefe del Pentágono afirmó que esta es la asistencia “más grande” que Washington ha anunciado “hasta la fecha”, superando toda la ayuda que dio Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció este viernes que se enviará otro paquete de ayuda militar por US$ 6.000 millones para Ucrania, aumentando el acceso del gobierno de Kiev a misiles Patriot y drones que permitan responder a los avances rusos en el frente oriental.

Austin hizo este anuncio en una rueda de prensa al cierre de una reunión del grupo de Ramstein, en el que Estados Unidos confirmó que los primeros US$ 1.000 millones de nueva ayuda militar a Ucrania están en camino.

El jefe del Pentágono confirmó que Estados Unidos enviará con carácter de urgencia a Ucrania munición para baterías HIMARS, que permite atacar posiciones rusas lejos del frente, munición de artillería avanzada de 155 milímetros y sistemas de defensa aérea en vehículos blindados.

Estoy encantado de poder anunciar un compromiso adicional de USD 6.000 millones para la iniciativa de asistencia de seguridad de Ucrania. Eso nos va a permitir procurar nuevas capacidades para Ucrania por parte de la industria estadounidense”, dijo Austin, y aseguró que este es el paquete de asistencia “más grande” que Washington ha anunciado “hasta la fecha”.

Esa nueva ayuda militar incluirá baterías de misiles Patriot y defensas tierra-aire, más sistema de defensa contra drones y “un monto significante de munición de artillería, municiones aire-tierra y apoyo de mantenimiento”, indicó Austin.

Según el jefe del Pentágono, la ayuda de los miembros del grupo de Ramstein “ha salvado incontables vidas ucranianas” con compromisos que rondan ya los US$ 95.000 millones y la coalición de estos 50 países se mantiene “fuerte” en su apoyo a Kiev.

Austin también dijo que el grupo trabaja en crear un Ejército ucraniano “autosuficiente” y capaz de contener a Rusia en el largo plazo.

El resultado en Ucrania determinará la trayectoria de nuestros días. Si (Vladimir) Putin permanece y gana en Ucrania las consecuencias serán graves y globales”, aseguró Austin.

Los anuncios hoy de nueva ayuda militar a Ucrania llegan después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, firmara esta semana un ley para dar progresivamente a Ucrania US$ 61.000 millones en asistencia militar y préstamos durante el año.

Estados Unidos ya proporcionó decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar a Kiev desde que Rusia anunció el inicio de su invasión a territorio ucraniano el 24 de febrero de 2022.

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Estados Unidos

La Justicia de Arizona, controlada por los demócratas, imputó y busca arrestar a todo el equipo de asesores de Trump

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Los demócratas hacen otro ataque contra la oposición y ahora buscan poner tras las rejas a todo el equipo que trabaja asesorando al expresidente republicano en su campaña presidencial.

La Justicia de Arizona imputó este jueves a varios aliados importantes del expresidente Donald Trump, incluido el exabogado de Trump y exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, la expresidente del Partido Republicano de Arizona, Kelli Ward, y el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, por denunciar que las elecciones del año 2020 fueron fraudulentas.

Junto con Ward, Meadows y Giuliani, la ex abogada de Trump Jenna Ellis y el ex asesor de campaña de Trump Boris Epshteyn, junto con varios miembros del Partido Republicano de Arizona, fueron imputados también, según publicó esta mañana el Washington Post .

Meadows, Giuliani, Ellis y Epshteyn fueron imputados por supuestamente intentar ayudar a Trump a recuperar los votos electorales de Arizona en las elecciones presidenciales de 2020, luego de que se comprobara que los demócratas habían robado votos por correo y la Legislatura votara que le darían los votos electorales a Trump si así la Justicia lo decidía.

Por su parte, Ward y los senadores del estado de Arizona, Jake Hoffman y Anthony Kern, también fueron acusados ​​de cargos por haber firmado documentos el 14 de diciembre de 2020, certificando que Trump era el ganador de las elecciones.

La acusación de varios aliados de Trump y miembros del Partido Republicano de Arizona se produce mientras una encuesta de Bloomberg News/Morning Consult realizada entre el 8 y el 15 de abril encontró que el presidente Joe Biden está detrás de Trump en varios estados clave como Arizona, Georgia, Nevada y Carolina del Norte por seis o más puntos.

En Arizona, Trump lideró por siete puntos, recibiendo el 49 por ciento del apoyo de los votantes que indicaron que votarían por él, mientras que Biden recibió el 42 por ciento.

Los once republicanos de Arizona son:

  • Kelli Ward, ex presidenta del Partido Republicano en Arizona, y su esposo, Michael Ward.
  • Senador del estado de Arizona Jake Hoffman
  • Senador del estado de Arizona Anthony Kern
  • Tyler Bowyer, director de operaciones de Turning Point USA
  • Nancy Cottle
  • James Lamon
  • Roberto Montgomery
  • Samuel Moorhead
  • Lorena Pellegrino
  • Gregorio Safsten

Los aliados de Trump que supuestamente fueron acusados ​​incluyen a Mark Meadows, Jenna Ellis, Rudy Giuliani, John Eastman, Christina Bobb, ex abogada de Trump, Boris Epshteyn y Mike Roman, ex asistente de campaña de Trump, según el Washington Post .

La decisión judicial fue en respuesta a un pedido directo del Fiscal General de Arizona, el ultra-demócrata Kris Mayes, y es la última de una serie de esfuerzos por utilizar el sistema legal para perseguir a los conservadores y republicanos aliados de Trump.

En julio de 2023, la fiscal general de Michigan, Dana Nesselacusó a 16 “falsos electores” de ocho delitos graves, entre ellos conspiración y falsificación de leyes electorales, por su presunto papel en el intento de disputar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Meses después, en diciembre de 2023, la Justicia de Nevada imputó a varios miembros importantes del Partido Republicano del estado, acusados ​​de falsificar y presentar documentos falsos en relación con el complot de los “falsos electores”.

La acusación de varios de los principales aliados del expresidente y varios miembros del Partido Republicano de Arizona se produce mientras Trump se encuentra actualmente en juicio y enfrenta 34 cargos de presunta falsificación de registros comerciales en primer grado en relación con los pagos realizados a la estrella porno Stormy Daniels durante las elecciones presidenciales de 2016.

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Economía

Crisis fiscal en Estados Unidos: Las “Bidenomics” desataron un déficit por casi 2 billones de dólares al término de marzo

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Pese a que la economía estadounidense sigue creciendo, el Gobierno federal incurrió en un déficit histórico. y se está endeudando a un ritmo únicamente visto durante las grandes recesiones y en las guerras mundiales del siglo pasado. La trayectoria fiscal trazada por Biden es abiertamente insostenible.

Las políticas del Presidente Joe Biden provocaron el agujero fiscal más grande de la historia de los Estados Unidos en tiempos de paz. La visión económica del Gobierno cayó bajo la influencia del Caucus Progresista dentro del Partido Demócrata, la facción más radicalizada hacia la izquierda dentro del Congreso estadounidense.

La actividad económica del país logró recuperarse de la pandemia y continuó con su sendero de crecimiento, pero a pesar de esta muy esperable normalización, el Gobierno federal incurrió en un desequilibrio fiscal histórico que ascendió a los US$ 1,66 billones de dólares al término de marzo.

De hecho, el déficit financiero había llegado incluso a los US$ 8,36 billones en julio del año pasado, como resultado del amplio programa de rescates para préstamos estudiantiles que impulsó el Presidente Biden.

El Partido Demócrata que alguna vez había patrocinado los superávits presupuestarios de la era Clinton, ahora respalda a capa y espada los déficits más irresponsables que nunca se hayan visto en Estados Unidos.

La economía se normalizó una vez superada la pandemia, pero la posición fiscal del Estado jamás lo hizo. El resultado financiero del Gobierno federal representaba el 4,8% del PBI en febrero de 2020, mientras que hoy en día esa cifra se acerca a los 6 puntos del producto. Este brutal incremento se explica principalmente por el mayor peso de los intereses de deuda, que ya son los más altos desde mediados de la década del 90.

Para compensar esta brecha sin precedentes, el Gobierno federal se está endeudando a un ritmo similar al que cabría esperar durante la salida de una recesión o la ejecución de una guerra de grandes proporciones, pero como es bien sabido ninguno de estos escenarios es precisamente el caso. En caso de que la economía entrase en recesión en un futuro cercano, el Gobierno carece de mayor margen fiscal para actuar en consecuencia.

El total de la recaudación por impuestos federales (y otros ingresos por rentas) sólo alcanza a cubrir hasta el 73% de los gastos federales incurridos. El 27% restante se está compensando por la vía del endeudamiento, principalmente con instituciones locales o en el exterior.

Hasta ahora la Reserva Federal se mantuvo al margen de expandir su financiamiento al Tesoro por la vía de la compra de títulos públicos (como lo hizo durante la pandemia en 2020), pero eventualmente el Gobierno federal no puede quebrar, y cualquier tipo de incumplimiento vendría asociado a un latente inflacionario.

La proporción de crédito doméstico absorbido por el Gobierno federal se incrementa, y lo que es lo mismo, se reduce la cantidad de recursos disponibles para prestar a las empresas privadas o a las familias (por ejemplo el crédito hipotecario). Esto se ve reflejado por un piso de tasas de interés cada vez más elevado.

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