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"Chocolate Gate": Insaurralde, Grindetti, Vidal y Maxi Abad implicados en el escándalo de la Legislatura bonaerese

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Agarraron in fraganti a un puntero bonaerense del PJ usando las tarjetas de 48 asesores de la Legislatura para extraer dinero. Denuncian un masivo esquema de corrupción que involucra al kirchnerismo y al bullrichismo

Por lo bajo y casi sin cobertura de los medios, está explotando quizás el escándalo más importante del Poder Legislativo desde el 2001, y tiene de figura central a Julio “Chocolate” Rigau, un puntero de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires en una causa de corrupción que implica tanto al kirchnerismo como a Juntos por el Cambio.

Como si se tratara de una película, el masivo entramado de corrupción que llega hasta lo más profundo de la casta política fue puesto contra las cuerdas por un indigente que dormía dentro del Banco Provincia, ubicado en calle 7 y 54 de la ciudad de La Plata.

Molesto porque una persona que había estado más de 20 minutos frente del cajero automático no lo dejaba dormir, el indigente se puso a mirar con atención lo que estaba haciendo el hombre, y notó algo sospechoso.

El sujeto tenía una pila de tarjetas de débito y estaba sacando plata una por una. Pensando que se trataba de un delincuente que las había robado, el indigente acudió se acercó al policía que estaba de guardia a una cuadra y le denunció los hechos que había observado.

El policía se acercó al cajero automático y lo descubrió a "Chocolate" Rigau, con 48 tarjetas de débito en su poder, con bolsos llenos de pesos que había extraído de la máquina. Fue detenido en el acto, y según explicó luego la policía, había llegado a extraer 1 millón de pesos cuando fue atrapado.

Pero no se trataba de un común delincuente que robaba tarjetas. Por el contrario, Chocolate es el jefe de los punteros del PJ en la Legislatura bonaerense y, como se descubrió a partir de su detención, manejaría una de las redes de corrupción más grandes del país.

Las 48 tarjetas pertenecían a distintos empleados de la Legislatura bonaerense, todos asesores de los diputados provinciales, a quienes Chocolate habría ayudado a colocar en sus puestos, presuntamente como ñoquis. A cambio, el puntero se encargaría de cobrar el dinero de sus tarjetas, quedarse con una comisión, y luego repartiría el dinero.

Las contrataciones de las tarjetas que se le encontraron a Rigau no son de ahora: la gran mayoría pertenecen al período 2015-2019, cuando la Cámara baja estaba bajo control de un acuerdo de gobernabilidad entre María Eugenia Vidal y Sergio Massa, que implicó una presidencia rotativa entre Cambiemos (el PRO, puntualmente bajo la figura del ex diputado Manuel Mosca) y el Frente Renovador.

Estas contrataciones espurias fueron mantenidas hasta el día de hoy con el aval de dos figuras: Martín Insaurralde, por el lado del kirchnerismo, y de Néstor Grindetti, del lado de Juntos por el Cambio.

A través del presidente de la Cámara de Diputados, el kirchnerista Federico Otermín, alfil de Insaurralde en la Legislatura, y su vicepresidente, Adrián Urreli, que responde a Grindetti y actualmente coordina su campaña en el territorio bonaerense, le ponían la firma a los cheques que serían depositados en las cuentas de estos empleados truchos, para que luego sean recaudados por Chocolate.

No es casual que estas dos figuras se hayan quedado con el control de la Legislatura y hayan apañado el esquema de corrupción que había instalado Vidal y Massa en la Cámara Baja. Otermín y Urreli se conocen muy bien, y junto a Guillermo Viñuales, otro alfil de Insuarrlade, fundaron la agrupación "Hacemos" hace unos años.

Viñuales, quien llegó a ser jefe de Gabinete de la Municipalidad de Lomas durante toda la gestión de Insaurralde, hoy es candidato a intendente de Lomas de Zamora por la lista de Bullrich y Grindetti en Juntos por el Cambio.

Su mera existencia confirma el pacto que existe en la Provincia de Buenos Aires entre los pesos pesados del kirchnerismo y del bullrichismo, pero que se mantenía detrás del telón, lo más tapado posible. Lo de Chocolate Rigau sirvió para levantar la cortina y hacer que le dé un poco la luz.

Obviamente, que lo hayan atrapado in fraganti a Chocolate no significa nada en Argentina. A pesar de que estuvo detenido y se abrió una causa por "malversación de fondos", el caso fue cerrado en tiempo récord y el hombre ahora mismo está en libertad.

En la corta investigación, se pudo determinar que Chocolate llevaba 177 defraudaciones reiteradas consumadas y otras 45 en grado de tentativa, por lo cual solo en el último año había recaudado alrededor de $350 millones de pesos.

Según la Cámara de Apelaciones de La Plata, cómplice en todo esto, la detención de Chocolate estuvo "mal realizada". Supuestamente, sus derechos se los leyeron recién cuando llegó a la comisaría donde quedó arrestado y no antes cuando se le pusieron las esposas, por lo que toda la causa quedó anulada.

La causa ya no existe, al menos que el fiscal de Cámaras apele y de vuelta el fallo”, remarcaron fuentes policiales a Infobae. La investigación del hecho estaba a cargo de la fiscal de la UFI N°2, Betina Lacki, pero los camaristas que lo dejaron en libertad fueron Juan Benavides y Alejandro Villordo de la Sala III.

Chocolate Rigau

Antes de este escándalo, para el público, Julio Rigau no era más que un leal militante del PJ, quien a su vez mantenía un comedor comunitario en el barrio La Granja, que recibe un subsidio millonario del Ministerio de Desarrollo Social.

Sin embargo, ya había sido denunciado por sus vecinos porque, a pesar de dar una imagen externa de humildad y pobreza, Rigau recientemente se había renovado el interior de su casa, levantado un flamante quincho con parrilla incluida, y dejando "todo de lujo".

Chocolate empezó su carrera política apadrinado por el concejal Facundo Albini, hijo de Claudio Albini, ex Director de Personal de la Legislatura Bonaerense, de quien se sospecha que fue el inventor de este esquema de corrupción que sige en vigencia hasta el día de hoy. 

Sus contactos con el poder se hicieron notar inmediatamente. A pesar de mostrarse como un humilde, Rigau logró la excarcelación en tiempo récord gracias a la defensa del estudio legal Gascón Cotti, el más prestigioso y caro de la ciudad de La Plata.

Chocolate Rigau, y las imágenes de las tarjetas que estaba usando para recaudar.

Maximiliano Abad, el otro gran implicado

Teniendo que revelar sus vínculos en medio de una situación de emergencia para salvar la situación, el prestigioso abogado platense Alfredo Gascón defendió a Chocolate. Un error: su involucramiento dejó en evidencia la profunidad de este escándalo.

Cuando su nombre empezó a aparecer vinculado con Rigau, rápidamente salió a la luz que existe un vínculo laboral de los dos hijos de Gascón con la Cámara de Diputados Bonaerense. Ambos ingresaron a pedido de la diputada Sandra Paris, actual Pro Secretaria administrativa de la Cámara y compañera de espacio político de Maximiliano Abad.

Según pudo saber El Disenso, y de acuerdo a su currículum público, Jerónimo Gascón ingresó a la Legislatura Bonaerense en 2015 como asesor de Sandra Paris. A partir de 2018 ocupó el puesto de Prosecretario Legal del bloque de Juntos.

Por su parte, Alfredo Gascón (h), también ingresó a la legislatura bonaerense como asesor de Sandra Paris, en el año 2018. Pero a partir de mayo de 2022, el joven Gascón figura como “Relator de la comisión de Industria y Minería” presidida por Vanesa Zuccari, otra dirigente radical del espacio de Abad.

Así, sin darse cuenta, de repente Maximiliano Abad, jefe del radicalismo bonaerense y actual candidato a Senador nacional por la lista de Patricia Bullrich en la Provincia de Buenos Aires, quedó pegado al masivo caso de corrupción.

Insólitamente, Abad encabeza la lista de senadores que lleva de segunda a la ex UIF María Eugenia Talerico, del espacio Ricardo López Murphy, quien denunció esta semana a los dos camaristas platenses que anularon la investigación. Quizás Talerico le debería preguntar a su compañero de fórmula qué fue lo que pasó.

Maxi Abad junto a Patricia Bullrich.

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El presidente Javier Milei echó a Julio Garro luego de sus delirantes declaraciones contra Lionel Messi

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“Ningún gobierno puede decirle qué comentar, qué pensar o qué hacer a la Selección Argentina Campeona del Mundo y Bicampeona de América, ni a ningún otro ciudadano”, afirmó el gobierno en un comunicado oficial.

El Gobierno del presidente Javier Milei, a través de la Oficina del Presidente, anunció que Julio Garro, subsecretario de Deportes, fue destituido de su cargo por sus repudiables declaraciones instando a Lionel Messi a pedir disculpas por la supuesta "conducta racista" por parte de la selección argentina, algo que es totalmente falso y una falta de respeto.

Esto ocurrió a raíz de un video en el que la selección argentina celebraba con una canción durante los festejos por la Copa América, cuya letra es falsamente catalogada de "racista" por algunas personas pero que, en el fondo, no tiene nada de discriminatorio.

"La Oficina del Presidente informa que ningún gobierno puede decirle qué comentar, qué pensar o qué hacer a la Selección Argentina Campeona del Mundo y Bicampeona de América, ni a ningún otro ciudadano. Por esta razón, Julio Garro deja de ser Subsecretario de Deportes de la Nación", se comunicó en la cuenta oficial de X.

Garro se vio envuelto en la controversia durante una entrevista la mañana del miércoles 17 de julio en Radio Urbana Play. Allí fue consultado sobre la situación después de que la periodista de izquierda María O’Donnell criticara la actitud de los jugadores argentinos.

El funcionario nacional opinó de manera similar: "Creo que el capitán de la Selección (en referencia a Lionel Messi) debe salir a pedir disculpas por este caso, al igual que el presidente de la AFA. Creo que corresponde y coincido contigo, esto nos deja como país en una mala posición a pesar de tanta gloria, y sería bueno llevar esto a algo ejemplar", sostuvo cobardemente Garro.

Sus declaraciones fueron claramente en sentido contrario al pensamiento que caracteriza tanto al presidente Javier Milei como a su gobierno. Al darse cuenta de su grave error, Garro se apresuró a aclarar que "nunca tuvo la intención de exigir una disculpa pública al capitán del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni", algo que es totalmente falso debido a que se puede escuchar como claramente dice lo contrario.

No obstante, fue confrontado en las redes sociales por varios usuarios y referentes de La Libertad Avanza, quienes le señalaron la contradicción a Garro, en respuesta al pobre intento de aclaración del ex intendente de La Plata.

El malestar con el ahora ex subsecretario de Deportes de la Nación, Julio Garro, alcanzó su punto álgido cuando el presidente Javier Milei lo expuso en X. Milei replicó el mensaje de un usuario que pedía la destitución de Garro. "Todos sabemos cuánto ama y apoya el javo a Messi, incluso cuando era totalmente criticado… Decir que Messi tiene que PEDIR DISCULPAS a unos europeos colonizadores por una canción que además dice la verdad, es ir TOTALMENTE EN CONTRA de la ideología del javo. GARRO TIENE QUE ESTAR AFUERA YA MISMO", expresó un usuario. El jefe de Estado lo compartió.

En ese contexto, y con la creciente certeza de que su permanencia en el Gobierno tenía las horas contadas, Garro intentó distanciar al Ejecutivo de sus declaraciones. En una nueva entrevista, esta vez en Radio La Red, afirmó que sus palabras "fueron a título personal" y que de ninguna manera reflejaban una posición oficial.

Estos intentos de justificación no le sirvieron para nada dado que, pasadas las 20 horas, la cuenta oficial de comunicaciones del Ejecutivo nacional en X confirmó la salida de Garro, destacando la defensa de los jugadores de la selección campeona del mundo y de América.


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Más desregulación y desburocratización: El Gobierno de Milei eliminó controles aduaneros para la indumentaria y el calzado

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La Secretaría de Comercio está trabajando para reducir el costo burocrático asociado con la normativa anterior y facilitar el proceso de importación.

La Secretaría de Industria y Comercio eliminó el martes el control aduanero del etiquetado de productos textiles y de calzado que ingresan al país. Con esta medida, se busca reducir el costo de la burocracia y facilitar los procesos de importación, estableciendo que el control se realizará después del ingreso al país para asegurar el cumplimiento obligatorio del etiquetado.

Según un comunicado emitido por la secretaría dirigida por Pablo Lavigne, "Los productos que se venden en el país deben tener una etiqueta con los datos de la empresa y las características del producto. En el caso de textiles y calzado, las etiquetas incluyen información relevante para los consumidores, pero no atributos de seguridad".

Anteriormente, los productos necesitaban tener un etiquetado hecho en su lugar de origen para ser importados y comercializados. En ausencia de esta etiqueta, se requería una autorización de la Secretaría de Industria y Comercio para realizar el etiquetado local a través del proceso de Adaptación al Mercado Local (AML).

"La medida también elimina procesos arbitrarios, burocráticos y costosos que, en algunos casos, han retrasado considerablemente la disponibilidad de la mercancía", afirmaron las autoridades. Además, mencionaron que en 2023 se gestionaron más de 1.500 expedientes en la Secretaría de Industria y Comercio debido a estos trámites.

A partir de las resoluciones 156/2024 y 159/2024 publicadas en el Boletín Oficial, las empresas deberán asegurarse de que los productos cuenten con el etiquetado antes de su comercialización. La fiscalización de esta obligación será realizada ex post por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, garantizando que los productos tengan la etiqueta obligatoria antes de llegar al mercado.

"Esta modificación se suma a otras iniciativas de la Secretaría de Industria y Comercio para reducir los costos burocráticos y facilitar el comercio", concluyó el comunicado.

Santiago Migone, Jefe de Asesores de la Secretaría de Industria y Comercio, enumeró en su cuenta de X todas las medidas tomadas para "facilitar la importación de textil y calzado":

  • Eliminación del SIRA
  • Eliminación de las Licencias No Automáticas
  • Eliminación de la Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP)
  • Eliminación del régimen aduanero obligatorio
  • Eliminación del control aduanero

Además, el funcionario publicó un gráfico que muestra la disminución del precio relativo de textiles y calzado y añadió: "Todo esto ocurre con una carga impositiva aún muy elevada tanto para la importación como para la producción. Con normativas ‘fuera del radar’ (resoluciones de secretaría o aduana), el gobierno anterior creó una protección que resultó en aumentos de precios muy por encima de otros bienes", afirmó Migone.

Durante los primeros seis meses del año, el ítem que experimentó el menor incremento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec fue "Prendas de vestir y calzado", con un aumento del 55,2%, lo que representa 24,6 puntos porcentuales por debajo de la inflación general. Detalladamente, la indumentaria aumentó un 53,4%, mientras que los calzados se encarecieron en un 51,1%.

Esteban Marzorati, Subsecretario de Comercio Exterior, comentó en su cuenta de X: "Hasta hoy, los productos debían venir etiquetados desde origen y, en caso de no hacerlo, se debía iniciar un proceso de autorización ante la Secretaría llamado Adaptación al Modelo Local (AML) que generaba significativas demoras".

“En muchos casos, la etiqueta presentaba pequeños ‘errores’ y la mercadería debía atravesar un extenso proceso contencioso administrativo que no permitía disponer de la mercadería y aumentaba los costos de almacenamiento aduanero”, agregó. Asimismo, destacó que el control no desaparece, sino que se realizará al momento de la comercialización, evitando barreras no arancelarias.

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Milei debilitó a los piqueteros, hacen menos marchas, con menos gente y hace 3 meses que no hay cortes en la 9 de Julio

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Las medidas implementadas por las ministras Pettovello y Bullrich lograron desactivar los piquetes en el centro de la ciudad. El último gran corte en el centro de Buenos Aires ocurrió en abril y, aunque las manifestaciones siguen, son cada vez más reducidas.

Hasta ahora, la administración de Javier Milei logró algo que ningún otro gobierno había conseguido: retirar de las calles a las masivas marchas piqueteras que causaban caos, destrucción y violencia en la Ciudad de Buenos Aires.

En los últimos meses, los piqueteros han reducido sus marchas y han convocado a menos personas, en medio de una ofensiva del Gobierno contra los líderes de estas organizaciones. Las concentraciones actuales son menos multitudinarias y las convocatorias han disminuido.

La última marcha importante sobre la Avenida 9 de Julio ocurrió el 10 de abril. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y las organizaciones piqueteras comenzaron una “jornada nacional de lucha” contra la gestión de Javier Milei a las 11 de la mañana, cuando se produjeron incidentes después de que la Policía de la Ciudad decidiera desalojar un corte total de los manifestantes, siguiendo el protocolo antipiquetes.

Como en tantas ocasiones anteriores, cortaron el tráfico a la altura de la Avenida 9 de Julio y Moreno. Además, una columna intentaba llegar hasta el Ministerio de Capital Humano, ubicado en Carlos Pellegrini 1285, en el extremo opuesto de esa arteria que cruza de norte a sur el microcentro. Alrededor de las 12:30, el paso estaba despejado. Los enfrentamientos resultaron en más de 10 detenidos.

Las dos últimas marchas de protesta contra las políticas sociales y económicas implementadas por La Libertad Avanza se llevaron a cabo el 7 de mayo y el 9 de junio. En esas ocasiones, no se interrumpió el tránsito en la Avenida 9 de Julio.

Se intentó hacerlo en el Puente Pueyrredón y el Puente Saavedra, pero los manifestantes fueron desalojados después de breves incidentes, ya que la Policía los superó en número. También intentaron llegar a la Quinta de Olivos, pero la Policía Federal lo impidió, y debieron retirarse. Además, las columnas de piqueteros no fueron numerosas.

La última concentración frente al Congreso de la Nación, el 27 de junio, contra el proyecto de Ley de Bases y el Paquete Fiscal, fue inusual: se reunieron menos de 500 personas. Ese día, además de la izquierda, convocaron los movimientos sociales peronistas que forman parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, como el Evita, el MTE y Barrios de Pie. Una pequeña representación de la UTEP permaneció menos de una hora y se retiró. La Plaza Congreso mostraba más policías y banderas que manifestantes.

La fórmula para desactivar los acampes y movilizaciones lideradas, entre otros, por Eduardo Belliboni del Polo Obrero, fue quitarles el poder de intermediación que tenían sobre los beneficiarios de programas clave como el Potenciar Trabajo.

Con esta acción, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, les sacó la principal herramienta que tenían sobre miles de personas humildes para obligarlos a participar en marchas y protestas bajo la amenaza de darles de baja el plan. Así lo describen cientos de víctimas en las causas judiciales derivadas de las denuncias realizadas a la línea 134, el número habilitado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Las políticas implementadas desde el Ministerio de Capital Humano se sumaron a las iniciativas previamente elaboradas por Bullrich. Entre ellas se encuentra el protocolo de actuación antipiquetes, que coordina la acción de la Policía Federal y las Fuerzas de Seguridad Federales ante cortes totales o parciales en rutas nacionales y otras vías bajo jurisdicción federal, incluyendo la interrupción del tráfico privado.

El "Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público" establece que las columnas deben marchar por las veredas y las concentraciones deben realizarse en plazas, y ya ha sido aplicado en varias ocasiones, algunas de las cuales resultaron en enfrentamientos entre delincuentes piqueteros y fuerzas de seguridad.

Los últimos cortes y manifestaciones aisladas en las semanas recientes no fueron protagonizados por grupos piqueteros u organizaciones sociales, sino por gremios como ATE, que protestan por la expulsión de ñoquis y empleados militantes en lugares clave como el Hospital Posadas, el INTI o el CONICET, entre otros organismos estatales.


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