Cerca de la vice la imaginan como un reemplazo de los planes sociales, pero está cajoneada. Massa tiene su propuesta.

El proyecto de ley para crear un salario básico universal capaz de sustituir los planes sociales promovido por el dirigente social Juan Grabois tiene respaldo del kirchnerismo, pero por ahora no está en agenda que se trate porque no hay consenso en el oficialismo. Se suma a otras iniciativas para convertir planes sociales a empleo de Juntos por el Cambio y a una de Sergio Massa, presentada el año pasado. 

Los legisladores cercanos a Cristina Kirchner no tienen un proyecto propio y apuestan al presentado hace un mes por el diputado Itaí Hagman, militante de Patria Grande, la agrupación liderada por Grabois, que permanece cajoneado. “Estamos buscando los consensos en el Frente de Todos para empezar a debatirlo”, reconocieron las fuentes cercanas al dirigente social. 

A la presentación de Hagman asistieron el jefe de su bloque Germán Martínez y la titular de Unidad Ciudadana en el Senado, Juliana Di Tullio. Y tras la crítica de Cristina por un incremento desmedido de los planes sociales, la iniciativa volvió a mencionarse en el Congreso como una salida a largo plazo de la intermediación en la ayuda social.

La ley no elimina los planes sociales pero traza un camino para diluirlos en el mediano plazo, porque asigna un salario universal de igual valor de la canasta básica alimentaria medida por el Indec (13 mil pesos) a adultos de entre 18 y 64 años que estén desocupados o registren bajos ingresos y no perciban ninguna asistencia del Estado.  

Se identifican como tales a los inscriptos en la categoría A del monotributo, asalariados que reciban ingresos similares, trabajadores agrarios o de casas particulares. 

Para sostener el salario básico, habrá que acreditar la finalización de estudios primarios y/o secundarios; talleres de formación profesional y capacitación laboral, de orientación laboral, de profesionalización del trabajo doméstico, o de desarrollo de actividades socio comunitarias. 

El ministro de Desarrollo Social de la provincia Andrés “Cuervo” Larroque ratificó el respaldo del kirchnerismo a la iniciativa, aunque pidió cambiarle el nombre para dejar claro que el ingreso es sólo para el sector más desguarnecido. 

Larroque ya había hecho explícito el respaldo a la ley en un acto con Grabois en la Cámara de Diputados de la provincia, en la que desafió al peronismo a “perforar el cerco mediático” y animase a tratarla.

Este martes, el diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés, cercano al presidente, no descartó su apoyo si prospera. “Me gusta la iniciativa del Salario Básico Universal, como me gusta todo lo que suba el piso de dignidad de la población”, sostuvo en una entrevista con DTV. De todos modos, no sería una bajada de línea de la Casa Rosada. 

Pero por ahora la ley está cajoneada. Fue girada a las comisiones de Presupuesto, Previsión Social y Legislación del Trabajo. La primera la preside Carlos Heller y las otras dos diputadas kirchneristas: Marisa Uceda y Vanesa Siley. 

El problema, señalan cerca de Grabois, es que no todo el FdT esta de acuerdo con el salario básico universal y abrir el debate puede desangrar la interna.

Jorge Lanata denunció en su programa un entramado de corrupción que sucede en Tigre con la subejecución del presupuesto de mantenimiento de la infraestructura escolar.

El periodista detalló que está el dinero necesario para las mejoras edilicias en las escuelas de Tigre pero que, por una decisión política, el intendente de Tigre, Julio Zamora, deja vencer las partidas presupuestarias a fin de año para poner ese dinero en inversiones en plazos fijos.

Lo cierto es que los intereses que gana son destinados a otra cosa, con la inflación de más del 60% anual parece una mala inversión que sufren los alumnos que tienen que ir a clase con edificios que están en terribles condiciones y en su mayoría, sin estufas ni ventiladores.

Lanata mostró documentación que demuestra que el 60% del presupuesto para infraestructura escolar del 2021 no fue ejecutado, el cual fue colocado en plazos fijos cuyos intereses se gastan a discreción del intendente ya que no rinde cuentas de lo que hace con ese dinero.

Este escándalo se suma a otros que tienen a Zamora en el centro de la polémica. Recordemos cuando gastó 15 millones de pesos en espumantes y turrones, con una compra de canastas de Navidad que hizo a discreción de toda licitación, comprándole los productos a un familiar de la municipalidad.

El año pasado, la justicia de la Provincia de Buenos Aires ordenó el allanamiento en la Municipalidad de Tigre, la sede de la cooperativa Creando Conciencia y la empresa Recilit, de Juan Podavini, en el marco de la denuncia realizada por la ONG Proconsumer en la fiscalía de Rincón de Milberg. La denuncia apunta contra el presidente de la Cooperativa Creando Conciencia, Edgardo Jalil, quien también se desempeña como actual director de Reciclado y que este doble rol de “cooperativista” y funcionario le habría permitido realizar negocios a su favor.

Julio Zamora, abogado peronista y allegado a Sergio Massa, fue elegido intendente de Tigre por el Frente Renovador y ocupa ese cargo desde 2013, pertenece al núcleo interno de Massa en Tigre y es un exponente claro del Frente de Todos, con décadas viviendo de la política y numerosos escándalos de corrupción que parecen no afectarlo.

El Grupo Liderar Seguros, comandado por el empresario Franco Ortolano, atraviesa nuevamente denuncias por irregularidades que estarían a punto de culminar con la inhibición general de bienes y la prohibición de la emisión de pólizas de la empresa Liderar Seguros.

Según precisaron fuentes judiciales, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) hará cumplir, finalmente y tras demorarse tres años, la Ley 20.091 de Entidades de Seguros y su Control y el Reglamento General de la Actividad Aseguradora ante la situación irregular en la que se encuentran el directorio y los accionistas de la compañía Liderar Seguros desde que se dictó la liquidación forzosa de Liderar ART en el 2018.

Tras dicha liquidación, la mesa directiva y los accionistas de Liderar ART se reconvirtió y sigue funcionando al día de hoy en la compañía Liderar Seguros, a pesar de estar todos inhabilitados para dichas funciones al estar prohibido por ley. De esta manera, el Estado se encuentra en una situación comprometida ante el presunto incumplimiento de funcionario público de la SSN, a cargo de la superintendenta Adriana Guida, al ser aparente cómplice o responsable de los contratos que la empresa aseguradora Liderar Seguros celebró desde el 2019, cuando quedó firme la sentencia en contra de Liderar ART.

Después de casi tres años de estar en falta y no haber tomado cartas en el asunto, se prevé que de manera inminente la SSN aplique la Ley 20.091 y el Registro General de la Actividad Aseguradora para todo el grupo liderado por Ortolano y, en consecuencia, aplique las medidas cautelares correspondientes inhibiendo y prohibiéndole la emisión para operar a Liderar Seguros.

El caso Liderar ART

Liderar ART recibió casi 5000 denuncias que fueron radicadas en Comodoro Py, la Inspección General de Justicia (IGJ) y la SSN por no aplicar el reglamento general de la actividad aseguradora. Entre las irregularidades constatadas se encuentran inconvenientes, demoras, suspensiones y omisiones de prestaciones de asistencia médica, equipamiento ortopédico, realización de cirugías, recalificación profesional, estudios, rehabilitación, entrega de medicamentos, falta de prestadores o cortes de servicio en algunas zonas del país, entre otras faltas.

Ante esta situación, la SSN falló en 2018 contra Liderar ART, revocó su autorización para operar y resolvió su disolución automática y liquidación forzosa.

En su momento, la compañía interpuso un recurso de apelación y solicitó la nulidad del proceso alegando que no hubo un trato objetivo de parte de la SSN. Sin embargo, la fiscal general Gabriela Boquín no dio lugar a la apelación, al afirmar que la prohibición de emitir contratos de seguros y la revocación de la autorización para operar son “una concatenación lógica de actos administrativos legítimos, cuyo origen radica en una deficitaria previsión de la compañía recurrente en perjuicio de sus asegurados, que no puede ser avalada de modo alguno”.

“Se encuentra en juego la cobertura de siniestros, técnicamente identificados como accidentes de trabajo, donde los perjuicios que se producen a partir de los hechos dañosos que ocurran afectan a derechos personalísimos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución Nacional y a los tratados de Derechos Humanos incorporados a nuestro sistema jurídico. Es el derecho a la dignidad, que comprende a la integridad psicofísica, a la vida, a la salud y al trabajo”, detalló la fiscal Boquín.

En ese mismo sentido se expresó la Cámara de Apelaciones en lo Comercial en su fallo del 7 de junio de 2019: “Los fundamentos del dictamen fiscal que esta sala comparte son suficientes para rechazar las apelaciones y confirmar las resoluciones dictadas por la SSN. El régimen de las entidades de seguros y su control estatal se encuentra instituido en beneficio del interés público y la protección de los asegurados, y no en el de las empresas que operan en ese mercado”.

“En razón de lo anterior se rechazan los recursos y se confirman las resoluciones. En lo que respecta al pedido de intervención de la aseguradora que formuló el organismo controlador, requiérase a la SSN que manifieste si mantiene su pretensión de intervenir el ente”, indica el fallo.