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Déficit Cero, Decreto Desregulador y la Ley de Bases Liberales: En 20 días, Javier Milei lanzó la reforma más grande de la historia argentina

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A los dos días en el Gobierno, el Presidente Milei lanzó el ajuste más grande la historia; a la semana de gobierno, envió el DNU 70/2023 más abarcativo de la historia; y esta semana, la segunda en la Rosada, envió un proyecto de ley que cambia completamente la economí y la política en Argentina.

Después de las tímidas reformas del gobierno de Mauricio Macri, que se terminaron desarmando durante la transición a la presidencia de Alberto Fernández, y tomando la experiencia de Carlos Menem, que tardó 2 años en animarse a firmar las reformas, el flamante presidente Javier Milei lanzó en cuestión de 20 días la reforma más profunda y rigurosa de la historia argentina.

Con tan solo 48 horas en la Casa Rosada, el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo anunció desde su despacho en un video que quedará en la historia, el ajuste más grande del que se tenga registro. Con un masivo recorte del gasto público sin precedentes, Caputo puso en marcha un presupuesto que cerrará el 2024 con déficit cero.

Desde el menemismo que Argentina no impulsaba un presupuesto que no tenga déficit fiscal ni financiero. El presidente Eduardo Duhalde consiguió el superávit después de la crisis del 2001 habiendo devaluado el tipo de cambio de 1 a 3, pero sin un ajuste del gasto público, el país volvió rápidamente al déficit fiscal durante la presidencia de Néstor Kirchner, que logró los famosos "superávit gemelos" gracias a la pesificación asimétrica y el default de la deuda externa.

De los últimos 62 años, solo 6 tuvieron superávit fiscal real, donde no solo el Estado gastaba menos de lo que recaudaba, si no que tampoco tenía que pagar intereses de deuda por encima de sus ingresos, pero esto solo se había logrado después del 2001 incumpliendo los compromisos con acreedores extranjeros.

Esta será la primera vez que Argentina, desde que se lleva un registro oficial del Ministerio de Economía, no tendrá un rojo ni fiscal ni financiero sin incumplir con los compromisos de deuda. Esto solo fue posible habiendo impulsado un ajuste de 5 puntos del PBI, que a su vez buscará aumentar la recaudación a través de la privatización de 41 empresas del Estado.

De lograrlo, el gobierno de Javier Milei será el primero en décadas que no tendrá ni que emitir pesos para financiar el Tesoro ni tendrá que tomar deuda para solventar los gastos del Estado. De esta manera, se generará también poco a poco un superávit que permitirá pagarle al FMI y otras deudas.

Pero esta reforma fiscal es solo la primera arista del mega programa de reformas del Presidente Milei. Con tan solo una semana en el poder, el mandatario libertario firmó un decreto de desregulación como no se veía desde 1991, pero incluso superándolo en alcance.

Este decreto deroga o modifica más de 300 leyes, muchas de las cuales vienen con vigencia desde las etapas de gobiernos militares de facto. La mitad de estas leyes, como la Ley de Abastecimiento o las leyes de regulación de las industrias exportadoras, fueron impulsadas durante las dictaduras de Onganía, Levingston, Lanusse y Videla.

Dicho decreto entró en vigencia este viernes 29 de diciembre, pero deberá ser tratado por la Comisión Bicameral y luego votado en ambos recintos, probablemente a lo largo de las sesiones extraordinarias que se llevarán a cabo en enero.

Además, todo lo que no se pudo pasar por decreto, se envió en un masivo proyecto de ley que le entregó este miércoles el Ministro del Interior, Guillermo Francos, al Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y se convocó a dichas sesiones extraordinarias, para que aprueben la ley antes del 1ro de marzo, el periodo legislativo común.

Con el nombre "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", una referencia al texto fundacional del jurista Juan Bautista Alberdi, autor de la Constitución de 1853, Milei lanzó la derogación o modificación de más de 600 leyes más.

Esta legislación no solo reformará cuestiones económicas, si no que busca desgüazar y cerrar organismos del Estado como el INCAA, y además impone cambios en temas electorales, como la eliminación de las PASO, la implementación de la Boleta Única de Papel y el fin del sistema d’hont para repartir diputados a nivel nacional.

A su vez, Milei declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025, la mayor cantidad de áreas afectadas en toda la historia.

A pesar de la amplitud de las tres medidas, la reforma fiscal, el DNU 70/2023 y la Ley de Bases, que ya comprenden la mayor reforma económica y política de la historia, el asesor presidencial Federico Sturzenegger aseguró que "esto es tan solo el 40% de las reformas" que estuvo trabajando con el Presidente Javier Milei en todas las reformas.

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Se acabó el curro del INADI: Milei tomó la motosierra y recortó un presupuesto de $3600 millones y 400 empleados

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Por motivos económicos, ideológicos y morales, el presidente Javier Milei resolvió el cierre del INADI, eliminado todo su presupuesto y echando a una buena parte de la planta.

El presidente Javier Milei confirmó este jueves a la noche en una entrevista en exclusiva con Jony Viale, el cierre del Instituto Nacional Contra la Discriminacion, la Xenofobia y el Racismo (INADI). El anuncio se dio primero en la habitual conferencia de prensa del vocero, y luego fue confirmada por la Oficina del Presidente.

El INADI fue creado por un pedido de la UCR luego del pacto que llevó a la sanción de la Constitución Nacional de 1994. Posteriormente, el ex presidente Carlos Menem en el año 1995, pasó la Ley Antidiscriminación (Ley 24.515), que obliga al Estado a tener un organismo que cumpla las funciones del INADI, aunque el instituto se puso recién funcionamiento en el año 1997.

En sus casi 30 años de historia, sufrió varias intervenciones por "mal funcionamiento". La primera ocurrió en el año 2000 y la última, que duró hasta la actualidad, en el 2011, cuando Cristina Kirchner puso a Pedro Mouratian a cargo y lo convirtió en una agencia de persecución a la oposición. Ahora el Gobierno de Milei vuelve a intervenirlo y dispone como interventora a Maria de los Angeles Quiroga, pero ahora con el objetivo de cerrarlo definitivamente.

Las razones del cierre del INADI

Su cierre encuentra motivos ideológicos, económicos y morales. En cuanto a lo ideológico, el cese de sus actividades es una gran victoria para las ideas liberales y una declaración de no interferencia del Poder Ejecutivo contra la libertad de expresión.

Al ser el INADI dependiente del Ejecutivo, su mera existencia implicaba que el Gobierno Nacional contaba con las herramientas para entrometerse arbitrariamente en la libertad de expresión de los ciudadanos. Así, el Presidente podía decidir de manera sesgada qué se podía decir y qué no, y qué tipos de expresiones debían ser penadas.

Se abría la posibilidad de perseguir a quien piense distinto, manchando su imagen y acusándolo de discriminatorio. Un caso muy conocido fue el de Ramiro Marra, quien denunció que el INADI lo persiguió simplemente por oponerse a los piqueteros que cortaban la calle ilegalmente.

Cabe aclarar que la discriminacion está penada en la Argentina por la Ley 23.592 de “Actos Discriminatorios”, pero esto es competencia específica del Poder Judicial, lo cual está en línea con el resto de las democracias liberales del mundo. Es la Justicia quien debe dictaminar si se cometió un hecho ilícito de disicriminacion, respetando todas las garantías procesales del acusado, no un organismo del Poder Ejecutivo.

En cuanto a lo económico, está claro que es inaceptable que los contribuyentes carguen sobre sus espaldas este tipo de gastos superfluos. El país no está en un momento en el que se pueda dar el lujo de financiar un organismo persecutor.

Al día de hoy, el INADI se ha convertido en un verdadero aguantadero de personas, sin control alguno y con un despilfarro alucinante. Por ejemplo, el Gobierno informó que este instituto cuenta con 400 empleados y tiene 43 delegaciones a lo largo y ancho del país.

Solo en el Presupuesto 2023, manejó una caja de $1.150 millones de pesos. Esto con nula transparencia, ya que no cuenta con una nómina oficial de quienes trabajan en el organismo, siendo un claro ejemplo de falta de transparencia en el manejo de las contrataciones estatales.

En cuanto a lo moral, hay una discusión más profunda, y solo basta con ver el prontuario de quienes han pasado por el INADI para darse cuenta de que ha sido manejado por gente poco idónea y que incluso ha estado involucrada en escándalos totalmente ilícitos.

Quizás el ejemplo más resonante de los últimos tiempos es el de Victoria Donda, quien fue titular del instituto entre 2019 y 2022 durante la gestión de Alberto Fernandez. La ex directora se vio envuelta en un escandaloso suceso, donde su empleada doméstica la acusaba de haberla tenido 10 años en “negro” y en el que Donda contestaba via chat ofreciéndole un cargo en el INADI o un plan social como compensación.

Además, la empleada contó en diversas entrevistas sentirse agobiada por la cantidad de tareas que la familia Donda le hacía realizar, sin recibir aumentos, ni aguinaldo, ni vacaciones. Increíblemente, la titular de un organismo que dice velar por un país más igualitario ni siquiera había empezado por su propia casa.

Con el cierre del INADI, se vuelve a confirmar que ya no hay más lugar para los curros y las avivadas de la política. El Gobierno se muestra una y otra vez, hasta el cansancio, decidido a desbaratar cada uno de los antros que se han formado bajo la tutela estatal.

Sin el INADI, será la Justicia quien vele por dictaminar quién es culpable de un delito de discriminacion. Ya no habrá un burócrata del Gobierno que apunte con el dedo y decida por sí mismo que está permitido decir y qué no. La libertad de expresión parece engrosar y convalidarse con esta decisión de mucho coraje del presidente Javier Milei.

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Milei enviará al Congreso una ley para que vaya preso cualquier funcionario que emita dinero para financiar el gasto público

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Lo confirmó el Presidente de la Nación en diálogo con Jonatan Viale. Además, ratificó que el Ejecutivo podría llegar a un nuevo acuerdo con el FMI.

El presidente Javier Milei confirmó que enviará al Congreso una ley para que vaya preso cualquier funcionario que emita dinero para financiar el Tesoro, como hicieron todos los gobiernos desde la salida de la Convertibilidad y que dejó de hacer este gobierno.

Lo confirmó en diálogo con Jonatan Viale para el programa ¿La Ves? por TN, que se grabó en el despacho presidencial de la Casa Rosada y se transmite esta noche desde las 21 horas. El objetivo del Presidente con esta iniciativa es terminar con la emisión sin respaldo y bajar la inflación.

El proyecto definirá al señoreaje como delito penal y en caso de que el Banco Central financie al fisco, ya sea de manera directa o indirecta, terminarían en la cárcel el presidente del BCRA, el directorio, el presidente de la Nación y los funcionarios que voten por eso”, expresó Milei.

La emisión de dinero devalúa al peso y hace perder su valor frente a los bienes y servicios. Esto es percibido por la gente como una suba de todos los precios de la economía, lo cual recibe el nombre más conocido como inflación.

Pero de fondo, lo que ocurre es que la emisión sin respaldo genera que se necesiten más pesos para comprar los mismos productos, lo que lleva a una pérdida del poder adquisitivo si los sueldos tardan más en acomodarse.

Todo este proceso inflacionario y de caída real de salarios se evita sin emitir dinero para financiar el gasto público, limitando la emisión de pesos únicamente para pagar los gastos y las deudas propias del Banco Central.

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Chau INADI: El Presidente Javier Milei resolvió eliminar uno de los antros de corrupción y persecución más importantes del kirchnerismo

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Lo adelantó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa y lo confirmó la Oficina del Presidente en redes.

El Gobierno de Javier Milei anunció que cerrará definitivamente el INADI, en su plan de desmantelar institutos que "no sirven para nada", según aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.

"Estamos dando los primeros pasos para avanzan en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada o son grandes cajas de la política. Empezamos con el primero: el INADI. Estamos empezando con su cierre definitivo. Por supuesto, lleva un tiempo. Hay cuestiones burocráticas", explicó el funcionario.

Con respecto al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Adorni contó que contaba con 400 empleados y decenas de oficinas por todo el país. En estos 2 meses, la planta se redujo a 355, y se seguirá recortando a partir de esta decisión.

"No vamos a seguir financiando ni rosca política ni lugares donde se paguen favores políticos, ni donde hayan decenas o cientos de puestos jerárquicos que no suman para nada", sentenció.

El Instituto, a su vez, tiene 45 oficinas en diferentes provincias y ciudades del conurbano bonaerense, catalogadas como delegaciones, subdelegaciones y enlaces. Muchas de ellas están ocupadas por las diferentes líneas internas del kirchnerismo. Ahora, se pondrán a la venta.

La Oficina del Presidente confirmó la noticia, y explicó las razones de la decisión. "Durante la campaña electoral, el Presidente Milei prometió al pueblo argentino terminar con la sobrepoblación de organismos, cargos y empresas públicas financiadas con el hambre de la gente. Esta medida se suma a la reducción de ministerios, secretarías, direcciones y coordinaciones en todo el sector público nacional", aseguró.

Y agregó: "La República Argentina no necesita un organismo que oficie de policía del pensamiento persecutora de opositores, sostenido por $2.800.000.000 de presupuesto, $8.000.000 en gastos de alquiler y más de 400 empleados. La planta ya se redujo a 355 en los primeros 2 meses y continuará recortándose a partir de esta decisión".

"Los más de 7.000 expedientes sin tramitar y sin resolución son prueba de la inoperancia del INADI, y confirman que sus funciones eran persecutorias, ideológicas y duplicadas con aquellas que corresponden al Poder Judicial", concluyó.

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