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Diputados salvadoreños salen al cruce de Pierpaolo Barbieri, empresario financiado por Soros

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El argentino tiró una seguidilla de tweets criticando a Nayib Bukele por su intención de presentarse a la reelección. ¿Qué intereses se ocultan detrás de estos ataques en redes sociales?

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este jueves que buscará la reelección presidencial en las elecciones de 2024, lo que generó polémica ya que la Constitución solo permitía un mandato presidencial de 5 años.

Sin embargo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reinterpretó el artículo en septiembre del año pasado y dictaminó que es válida la reelección única, por lo que quedó habilitado que los salvadoreños se presenten a dos mandatos consecutivos de 5 años.

Según la Constitución de El Salvador, sancionada en 1983, en el Capítulo 2 Art. 152, lee: “No podrán ser candidatos a Presidente de la República: El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior“.

Hasta el año pasado, se interpretó que el “período inmediato anterior” hacía referencia al que transcurre durante un proceso electoral, pero la Corte Suprema confirmó que hace referencia al anterior período. En el caso de Bukele, en el anterior período, el presidente fue el comunista Salvador Sánchez Cerén, por lo que puede presentarse sin problemas.

Pero esto despertó la furia de varios grupos de intereses extranjeros, que hace rato apuestan por continuar el histórico bipartidismo entre los socialistas del FMLN y los conservadores de ARENA. A pesar de su antigua rivalidad, ambos partidos se aliaron extraoficialmente en los últimos años y juntos responden a todos los grupos de poder: narcotráfico, Embajada de Estados Unidos, Beijing, ONU, la OEA, medios de comunicación y financistas como George Soros.

Ha quedado claro quiénes son los socios de los pandilleros. Todos han salido a defenderlos: Financistas, narcos, políticos y jueces corruptos, ONGs de “derechos humanos”, la “comunidad internacional”, la CIDH, periodistas y medios de Open Society, patrocinados por Soros, etc. Se quitaron la máscara”, destacó Bukele en una reciente conferencia de prensa.

Es este último quien recientemente convirtió en su principal objetivo político evitar que Bukele se perpetúe en el poder. Y su plan ya entró en acción, todos sus lacayos han comenzado una fuerte campaña en redes sociales para desprestigiar el gobierno de Nuevas Ideas.

En una seguidilla de tweet, el fundador de la tarjeta Ualá, Pierpaolo Barbieri, lanzó una cruzada contra Nayib Bukele, criticando repetidamente sus decisiones políticas y económicas. Pero fue el anuncio de que buscaría la reelección lo que lo hizo estallar.

“Parece que @nayibbukele quiere reelección. Pero la constitución salvadoreña lo prohíbe. Es ilegal. Se suma a su purga de la justicia y control del poder legislativo. Eso no es liberalismo — es autoritarismo. De manual. Como Fidel o Chávez. Que no te vendan dictadura por libertad“, escribió en Twitter, donde parece decir que la reelección política es autoritarismo, algo que no critica en ningún otro país del mundo.

Cabe aclarar que Ualá es una empresa creada a imagen y semejanza del globalismo. Soros puso la inversión inicial de 10 millones de dólares para la creación de la empresa; y Barbieri, quien hasta ese momento ostentaba un titulo de historiador de la Universidad de Harvard y dirigía la consultora de Soros, Greenmantle, quedó como fundador y director ejecutivo.

Desde su fundación en 2017, consiguió más de US$ 500 millones de dólares, con inversiones de SoftBank (Japón), Tencent (China), Soros Fund Management (Soros) y Goldman Sachs (Solomon). Su perfil en redes claramente responde a los intereses de donde viene el dinero.

Si bien Barbieri vendió a su empresa como “la nueva competencia a los bancos”, en 2021 obtuvo la licencia bancaria de Wilobank, la fintech que creó Eduardo Eurnekian y que le permitirá a la empresa de Soros y Barbieri, ofrecer servicios financieros regulados por el Banco Central, exactamente haciendo todo lo que criticaba.

Diputados salvadoreños oficialistas salieron rápidamente al cruce de Barbieri, destacando sus intereses económicos en favor de que no reelija Nayib Bukele.

La diputada Marcela Pineda, le recriminó que “cuando no sufriste los efectos de la corrupción en carne propia, cuando no te mataron un familiar los pandilleros o cuando no te tocaba pagar renta para entrar a tu casa es fácil dar opiniones como estas, desde la comodidad de una oficina alejado de la realidad salvadoreña“. Cabe recordar que desde la llegada de Bukele, la criminalidad y la corrupción han bajado significativamente en El Salvador.

Por su parte, el diputado William Soriano lo enfrentó con números y lo chicaneó con la crisis que vive Argentina, “en los últimos 10 años, sufrió la muerte de 46,000 salvadoreños, desaparecieron 32,000, migraron 300,000. En 2015 murieron 6,000 salvadoreños y en 2022, han muerto (desgraciadamente) menos de 500. ¿Ves? Querés que volvamos al pasado. Corralito e inflación, enfocate“.

Por último, el legislador de San Salvador, Carlos Hermann Bruch, dio en el clavo. “Veo que trabaja con tarjetas de crédito. Ya podemos imaginar a quien pertenece“, escribió en una respuesta en Twitter.

Más allá de sus conexiones con Soros quien juró “destruir” a Bukele, parece que Barbieri tiene un interés financiero en su derrota, ya que su principal competidor en Argentina, Lemon Cash, la empresa fundada en San Martín de los Andes por Marcelo Cavazzoli, ha sido fundamental en construir la infraestructura de la tecnología para implementar el Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador.

A nivel tecnológico estamos brindando una herramienta a una de las instituciones financieras de El Salvador para poder aceptar pagos en BTC y que en simultáneo no corran un riesgo por la volatilidad del activo digital, dándoles la posibilidad de que los activos puedan ser convertidos en dólar en tiempo real”, explicó el CEO y Fundador de Lemon Cash a Clarín.

La empresa argentina ha conseguido un mercado gigantesco en El Salvador y le ha permitido ponerse por delante de Ualá, quien prefirió optar por adoptar las regulaciones y convertirse en algo más parecido a un banco tradicional. La reelección de Bukele, el presidente más pro-Bitcoin del mundo, implica también la continuidad del éxito de Lemon Cash.

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Detuvieron al líder terrorista mapuche Facundo Jones Huala en El Bolsón: Podría ser extraditado a Chile

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El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) se encontraba prófugo de la Justicia de Chile desde el 11 de febrero de 2022 y tenía un pedido de captura de Interpol.

En un operativo realizado por la Policía de Río Negro este lunes a la mañana, detuvieron al terrorista Facundo Jones Huala en una precaria vivienda de El Bolsón.

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) se encontraba prófugo de la Justicia de Chile desde el 11 de febrero de 2022, cuando se le había otorgado la libertad condicional por un amparo presentado por su familia, pero en el momento que salió de la cárcel se fugó a la Argentina.

Rápidamente el tribunal determinó revocar su libertad y activó una alerta azul de Interpol para recabar más información que lleve a su captura y devolución a Chile para que termine de cumplir su condena.

De acuerdo consignó el parte policial, la policía se apresentó a la vivienda respondiendo a una llamada por ruidos molestos. Se cree que Jones Huala estaba embriagado y cantando a los gritos y por eso los vecinos llamaron a la policía, sin saber que el responsable de los ruidos era un criminal internacional.

El operativo se realizó de la siguiente manera: “Procedemos a revisar el lugar y observamos una persona en una habitación, tirado sobre un montón de ropa, presumiblemente dormido quien vestía una pollera de jeans hasta la rodilla y una blusa color negro con tachas doradas y una remera manga larga floreada debajo de la misma, al consultarle quien era, dijo ser Jones Huala”.

Había rumores de personas que lo habían identificado en la zona desde hace varios meses y finalmente pudimos dar con él. Estaba en estado de ebriedad, en buena condición física, sólo, escondido y en una situación de delito común”, amplió la gobernadora Arabela Carreras.

Tras la detención, la provincia está articulando con la Justicia Federal y con la Justicia Ordinaria los pasos a seguir. En primera instancia fue trasladado a Bariloche y todo indica que pronto será enviado en un avión a Santiago de Chile.

Actualmente Facundo Jones Huala presenta vigente una alerta azul de Interpol, destinada a conseguir más información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal.

Según informó el gobierno de Río Negro, el Juzgado Federal de Bariloche mantiene comunicaciones con el Juzgado de origen Chile que emitió la alerta, y queda a su disposición transformar la misma en alerta roja para habilitar la captura internacional y el correspondiente pedido de extradición. Más allá de la causa en Chile, podría ser imputado por distintos cargos por la justicia provincial.

La justicia chilena había declarado a Jones Huala como “prófugo” a mediados de febrero de 2022 por no haberse presentado luego de que la Corte Suprema de aquel país le revocara la libertad condicional con que había sido beneficiado.

Nos queda encontrarlo, ponerlo donde corresponde, que es privado de libertad, para que cumpla su condena en nuestro país y ahora está prófugo de la Justicia”, sostuvo en aquel momento el subsecretario del Interior chileno, Juan Francisco Galli.

Chile condenó a 9 años de prisión a Jones Huala por quemar una vivienda y amenazar a una familia con armas de fuego en un terrorífico episodio en Pisu Pisué. Este fue el único delito que se le pudo imputar directamente, pero está acusado de ser el líder de la organización terrorista RAM, responsable de cientos de delitos.

Su pena se redujo a 6 años debido a que computaron el tiempo en el que estuvo detenido en Argentina, en la cárcel federal de Esquel, antes de su extradición, y luego se le otorgó la libertad condicional en enero de 2022, luego de que el el Tribunal de Apelaciones de Temuco evaluara su “buena conducta” durante el cumplimiento de la pena.

Es importante aclarar que su liberación correspondió al mes siguiente de la victoria de Gabriel Boric, quien había expresado su apoyo a la causa mapuche y había sugerido que los acusados de liderar estos grupos terroristas deberían quedar en libertad.

Sin embargo, desde entonces el gobierno comunista chileno no ha podido dialogar con los grupos indígenas y a Boric no le ha quedado otra opción que ceder en su idea garantista de defender la causa mapuche.

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Los radicales presentaron un proyecto para ilegalizar la portación de armas blancas, en camino opuesto a lo que pide la población

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El diputado Juan Martín, de la UCR, presentó un proyecto para prohibir la portación de cuchillos, armas de goma o réplicas.

Encabezados por el diputado santafesino Juan Martín, un grupo de diputados de la UCR presentó un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal con el objetivo de tipificar y sancionar la portación de armas blancas.

La iniciativa va en dirección opuesta a lo que pide la población, que aclama por una mayor flexibilidad en la portación de armas de fuego para poder defenderse de la crisis de inseguridad que atraviesa Argentina.

Los radicales proponen incorporar al Código Penal de la Nación que quien porte armas blancas u objetos cortantes o contundentes, será reprimido con prisión de 6 meses a dos años de prisión y multa de $50.000 a $100.000. Igual pena corresponderá a quien suministre estas armas a menores de 18 años.

Además, el texto establece que la tenencia de forma desenfundada o con la hoja desprotegida de armas blancas será reprimida con prisión de 1 a 3 años de cárcel, y multa de $100.000 a $250.000.

Nuestro Código Penal tiene más de 100 años: los tiempos exigen que actualicemos las normas y nos hagamos cargo. No puede ser que cualquiera pasee con un cuchillo por la calle y no pase nada“, aseguró el diputado Martín en la presentación.

La Policía y la Justicia deben hacer su trabajo, pero necesitamos herramientas claras en nuestra legislación. No son momentos de mirar para el costado. Hace falta determinación y firmeza”, explicó el autor del proyecto.

Esta afirmación es falsa, y la Policía actualmente tiene la facultad de detener a cualquier persona en concepto de la Ley 23.950, la cual establece la detención por averiguación de identidad. No necesita de ninguna proscripción de armas blancas para poder detener a una persona que tenga empuñada un cuchillo.

Los requisitos para detener a una persona en estos casos son: que haya circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiera cometido un delito o pudiere cometer y no acredite fehacientemente su identidad. La detención no podrá excederse por más de 10 horas y el detenido no podrá estar incomunicado.

El proyecto de ley es incluso más difícil de justificar de esta manera, ya que también propone una sanción a quienes porten armas de aire o gas comprimido, ballesta o similares, como también réplicas con arma de fuego. Cabe la pregunta entonces, ¿qué delito podría cometer una persona con un arma falsa?

La legislación llevará entonces a la creación de licencias para la portación de elementos cortantes que se entregarían por motivos de profesión, oficio o actividad. Por ejemplo, un carnicero debería sacar una licencia para poder ostentar un cuchillo en su comercio que da a la vía pública.

Proyecto de Ley

La iniciativa también cuenta con la firma de los legisladores María Luján Rey; Gabriel Chumpitaz; Mario Barletta; Manuel Aguirre; Lisandro Nieri; Pamela Verasay; Jimena Latorre; Lidia Ascárate; Aníbal Tortoriello; Gustavo Bouhid y Martín Berhongaray.

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Un borocotazo en Salta complica el armado nacional de Juntos por el Cambio

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El diputado salteño y olmedista, Juan Carlos Zapata, abandonó Juntos por el Cambio para sumarse a un nuevo frente liderado por un diputado de La Campora.

Carlos Zapata

Tras las recordadas migraciones de los diputados Ávila, Carambia y Ansaloni, que saltaron de Juntos por el Cambio (JxC) al kirchnerismo tras la victoria de Alberto Fernández en 2019, la política salteña se vio sacudida esta semana por el “borocotazo” del diputado nacional Carlos Zapata, quien abandonó la coalición opositora (había sido electo diputado hace apenas dos años por JxC), para sumarse a una nueva formación provincial liderada por el diputado de La Cámpora, Emiliano Estrada.

Estrada fue ministro de Juan Manuel Urtubey hasta 2019, y ese mismo año acompañó como candidato a vicegobernador del Frente de Todos al líder del cristinismo salteño, Sergio “El Oso” Leavy, quién perdió dicha compulsa con el actual gobernador Gustavo Sáenz.

Ambicioso y con buena llegada a la familia Kirchner, el candidato que hoy apoya Zapata supo ser mano derecha de Eduardo “Wado” De Pedro en el Ministerio del Interior, cargo que abandonó en 2021, justamente para competir contra Zapata por un lugar en la Cámara de Diputados.

Lo cierto es que el fragor de la última campaña entre Zapata y Estrada quedó en el olvido y hoy se muestran juntos y decididos a capturar el voto de los kirchneristas duros, que no aprueban la gestión de Sáenz.

Boleta de Estrada en las elecciones legislativas de 2021

Este martes se realiza el lanzamiento oficial de la nueva formación, que reúne a otras viejas caras de la “casta” política salteña, como la kirchnerista Cristina Fiore, el radical de izquierda Rubén “Chato” Correa, el ex diputado Fernando Biella, y el ex dirigente del PRO, Martín Grande, que en agosto abandonó el bullrichismo para sumarse al equipo de Horacio Rodríguez Larreta, y ahora abandona a éste para apoyar al candidato ultra-K.

Lo más llamativo del “garrochazo” de Zapata radica en que su apoyo al candidato de La Cámpora ocurre en el mismo momento en que su jefe político, Alfredo Olmedo, hace esfuerzos denodados para asegurarse la franquicia de Javier Milei en Salta, e incluso ha gastado un dineral para pintar toda la provincia con el lema Milei-Olmedo.

Según se especulaba ayer en los medios salteños, el sorpresivo pase de Zapata podría obedecer a un pedido del ex gobernador, Juan Carlos Romero, quien buscaría debilitar así a JxC en el plano local, para mejorar las chances de reelección de su hija Bettina, intendente de Salta que hoy aparece hundida en las encuestas tras una pésima gestión.

En el oficialismo salteño festejaron la movida, en tanto, por entender que el quiebre de JxC le da aire también a Gustavo Sáenz, quién viene golpeado tras una gestión tan carente de logros como la de su antecesor Juan Manuel Urtubey.

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