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Diputados salvadoreños salen al cruce de Pierpaolo Barbieri, empresario financiado por Soros

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El argentino tiró una seguidilla de tweets criticando a Nayib Bukele por su intención de presentarse a la reelección. ¿Qué intereses se ocultan detrás de estos ataques en redes sociales?

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este jueves que buscará la reelección presidencial en las elecciones de 2024, lo que generó polémica ya que la Constitución solo permitía un mandato presidencial de 5 años.

Sin embargo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reinterpretó el artículo en septiembre del año pasado y dictaminó que es válida la reelección única, por lo que quedó habilitado que los salvadoreños se presenten a dos mandatos consecutivos de 5 años.

Según la Constitución de El Salvador, sancionada en 1983, en el Capítulo 2 Art. 152, lee: "No podrán ser candidatos a Presidente de la República: El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior".

Hasta el año pasado, se interpretó que el "período inmediato anterior" hacía referencia al que transcurre durante un proceso electoral, pero la Corte Suprema confirmó que hace referencia al anterior período. En el caso de Bukele, en el anterior período, el presidente fue el comunista Salvador Sánchez Cerén, por lo que puede presentarse sin problemas.

Pero esto despertó la furia de varios grupos de intereses extranjeros, que hace rato apuestan por continuar el histórico bipartidismo entre los socialistas del FMLN y los conservadores de ARENA. A pesar de su antigua rivalidad, ambos partidos se aliaron extraoficialmente en los últimos años y juntos responden a todos los grupos de poder: narcotráfico, Embajada de Estados Unidos, Beijing, ONU, la OEA, medios de comunicación y financistas como George Soros.

Ha quedado claro quiénes son los socios de los pandilleros. Todos han salido a defenderlos: Financistas, narcos, políticos y jueces corruptos, ONGs de “derechos humanos”, la “comunidad internacional”, la CIDH, periodistas y medios de Open Society, patrocinados por Soros, etc. Se quitaron la máscara”, destacó Bukele en una reciente conferencia de prensa.

Es este último quien recientemente convirtió en su principal objetivo político evitar que Bukele se perpetúe en el poder. Y su plan ya entró en acción, todos sus lacayos han comenzado una fuerte campaña en redes sociales para desprestigiar el gobierno de Nuevas Ideas.

En una seguidilla de tweet, el fundador de la tarjeta Ualá, Pierpaolo Barbieri, lanzó una cruzada contra Nayib Bukele, criticando repetidamente sus decisiones políticas y económicas. Pero fue el anuncio de que buscaría la reelección lo que lo hizo estallar.

"Parece que @nayibbukele quiere reelección. Pero la constitución salvadoreña lo prohíbe. Es ilegal. Se suma a su purga de la justicia y control del poder legislativo. Eso no es liberalismo — es autoritarismo. De manual. Como Fidel o Chávez. Que no te vendan dictadura por libertad", escribió en Twitter, donde parece decir que la reelección política es autoritarismo, algo que no critica en ningún otro país del mundo.

Cabe aclarar que Ualá es una empresa creada a imagen y semejanza del globalismo. Soros puso la inversión inicial de 10 millones de dólares para la creación de la empresa; y Barbieri, quien hasta ese momento ostentaba un titulo de historiador de la Universidad de Harvard y dirigía la consultora de Soros, Greenmantle, quedó como fundador y director ejecutivo.

Desde su fundación en 2017, consiguió más de US$ 500 millones de dólares, con inversiones de SoftBank (Japón), Tencent (China), Soros Fund Management (Soros) y Goldman Sachs (Solomon). Su perfil en redes claramente responde a los intereses de donde viene el dinero.

Si bien Barbieri vendió a su empresa como "la nueva competencia a los bancos", en 2021 obtuvo la licencia bancaria de Wilobank, la fintech que creó Eduardo Eurnekian y que le permitirá a la empresa de Soros y Barbieri, ofrecer servicios financieros regulados por el Banco Central, exactamente haciendo todo lo que criticaba.

Diputados salvadoreños oficialistas salieron rápidamente al cruce de Barbieri, destacando sus intereses económicos en favor de que no reelija Nayib Bukele.

La diputada Marcela Pineda, le recriminó que "cuando no sufriste los efectos de la corrupción en carne propia, cuando no te mataron un familiar los pandilleros o cuando no te tocaba pagar renta para entrar a tu casa es fácil dar opiniones como estas, desde la comodidad de una oficina alejado de la realidad salvadoreña". Cabe recordar que desde la llegada de Bukele, la criminalidad y la corrupción han bajado significativamente en El Salvador.

Por su parte, el diputado William Soriano lo enfrentó con números y lo chicaneó con la crisis que vive Argentina, "en los últimos 10 años, sufrió la muerte de 46,000 salvadoreños, desaparecieron 32,000, migraron 300,000. En 2015 murieron 6,000 salvadoreños y en 2022, han muerto (desgraciadamente) menos de 500. ¿Ves? Querés que volvamos al pasado. Corralito e inflación, enfocate".

Por último, el legislador de San Salvador, Carlos Hermann Bruch, dio en el clavo. "Veo que trabaja con tarjetas de crédito. Ya podemos imaginar a quien pertenece", escribió en una respuesta en Twitter.

Más allá de sus conexiones con Soros quien juró "destruir" a Bukele, parece que Barbieri tiene un interés financiero en su derrota, ya que su principal competidor en Argentina, Lemon Cash, la empresa fundada en San Martín de los Andes por Marcelo Cavazzoli, ha sido fundamental en construir la infraestructura de la tecnología para implementar el Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador.

A nivel tecnológico estamos brindando una herramienta a una de las instituciones financieras de El Salvador para poder aceptar pagos en BTC y que en simultáneo no corran un riesgo por la volatilidad del activo digital, dándoles la posibilidad de que los activos puedan ser convertidos en dólar en tiempo real”, explicó el CEO y Fundador de Lemon Cash a Clarín.

La empresa argentina ha conseguido un mercado gigantesco en El Salvador y le ha permitido ponerse por delante de Ualá, quien prefirió optar por adoptar las regulaciones y convertirse en algo más parecido a un banco tradicional. La reelección de Bukele, el presidente más pro-Bitcoin del mundo, implica también la continuidad del éxito de Lemon Cash.

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17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Güemes, patriota de la Independencia y Prócer para el gobierno de Milei

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En el aniversario 203 de la muerte del General Güemes, el Gobierno Nacional por fin lo recuerda como un patriota y un prócer de nuestra independencia que luchó, juntos a sus Infernales, para y detener el avance de los realistas en el actual territorio argentino.

Este 17 de junio, los argentinos conmemoran el 203 aniversario de la muerte de Martin Miguel Juan de  la Mata Güemes Montero de Goyechea y la Corte, mejor conocido como el General Güemes, caudillo del norte y héroe de Salta y de la Independencia Argentina.

El líder de Los Infernales, pieza clave en defender la independencia argentina durante diez invasiones realistas en el marco de la Guerra Gaucha, fue introducido al Salón de los Próceres por el gobierno de Javier Milei el pasado 8 de marzo, junto a otras destacadas figuras de la historia argentina.

Este año, además, fue conmemorado con un video subido a las redes oficiales de la Casa Rosada, donde con imágenes de un documental en su honor, se relató su heroica historia. "¡Gloria y honor a Martín Miguel de Güemes!", reza el video.

La historia de un verdadero Prócer argentino

Güemes nació el 8 de febrero de 1785 en Salta, siendo de familia ilustre: su padre era funcionario de la Real Hacienda del Virreinato del Río de la Plata, mientras que su madre era descendiente del fundador de Jujuy.

Fue a estudiar al Colegio Nacional Buenos Aires y a los 14 años se incorporó al Ejército, más precisamente como cadete en la Compañía del Tercer Batallón del Regimiento Fijo de Buenos Aires, que en ese momento estaba asentado en Salta debido a las rebeliones de Túpac Amaru que habían sucedido en el Alto Perú (hoy Bolivia).

Con 21 años, fue convocado a Buenos Aires por motivo de las Invasiones Inglesas de 1806. En este acontecimiento histórico, Güemes protagonizaría un hito militar ya que, con un batallón de jinetes Húsares y en desventaja numérica, tomaría y haría rendir el buque inglés Justina, que había quedado varado en Buenos Aires.

En 1810 y con la Revolución de Mayo extendiéndose por todas las provincias, se uniría al 1° Ejército del Norte, llamado oficialmente Ejército Auxiliar del Perú, en donde tendría un rol protagonista en la Batalla de Suipacha, cerca de Tajira, Bolivia, aunque, por peleas con los comandantes del cuerpo militar, no sería nombrado en el parte oficial mandado a Buenos Aires.

Güemes estaría a las órdenes de Belgrano cuando el creador de la Bandera Nacional tomaría el mando del Ejército del Norte tras el Desastre de Huaqui. Pero esta jerarquía no duró por mucho tiempo, ya que el General Belgrano lo echaría del Ejército por comportamiento inapropiado. Al parecer, estaba en convivencia con una mujer casada y habría amenazado al esposo de no comentar la situación.

Güemes fue enviado a Buenos Aires con mucha penumbria, pero todo cambiaría cuando conoce a Don José de San Martín, con quién tuvieron una gran relación, como, por ejemplo, mandándole recursos cuando San Martín preparaba al Ejército de los Andes. Poco después, San Martín lo reincorporará al Ejército del Norte y a partir de aquí, Güemes y sus gauchos combatirían de manera infatigable a los realistas.

Debido a la guerra “Gaucha”, una suerte de guerra de guerrillas moderna, Güemes lograría expulsar a los realistas comandados por Joaquín de la Pezuela de Salta y Jujuy. Debido a estás acciones en defensa del territorio de las Provincias Unidas, en 1815, el Cabildo de Salta lo nombra Gobernador de la provincia de Salta, que combinaba los actuales territorios de Jujuy, Salta y el sur de Bolivia.

Desde este momento, Güemes sería el protagonista principal de la defensa de la frontera norte de las Provincias Unidas contra el Ejército realista, que pretendía recuperar el territorio para el Reino de España. Güemes tendría la compañía de su hermana, “Macacha” Güemes, quien sería su compañera y principal aliada, además de su esposa e hijos.

Ya ascendido a General, Güemes tendría que soportar más de 7 incursiones realistas durante estos años, donde, conocedores del terreno de batalla, de sus caminos, ventajas y desventajas de la zona, le ganarían sucesivamente al Ejército Español, mejor preparado y armado pero sin conocimiento del terreno.

Además, en 1816, presionaría al Congreso de Tucumán para que declarara la Independencia, lográndolo para el 9 de julio, y ayudaría a San Martín tanto en Mendoza como en Chile, siendo el responsable de que la amenaza de reconquista española no pasara de Salta, alejando el peligro de las demás ciudades.

Pero Güemes no la tendría fácil porque, además de sus pocos recursos en general y la amenaza constante proveniente del Alto Perú, también se vería atrapado en conflictos internos, primero con José Rondeau entre 1815 y 1816, disputa que sería resuelta con el Pacto de los Cerrilos, pero con un gran daño a su liderazgo, y con Bernabé Aráoz, Gobernador de Tucumán, en 1820.

Finalmente, el General Martín Miguel de Güemes fue emboscado por una partida española el 7 de junio de 1821 y herido de muerte, muchos dicen que por una traición de su propia tropa. Finalmente fallecería el 17 de junio de 1821, a los 36 años de edad, siendo el único general argentino caído en acción de guerra exterior.

Martin Miguel de Güemes fue un hombre que dio todo por la libertad e independencia de nuestro país, uno que había sido olvidado por la Nación y recordado únicamente en Salta. Es positivo que el país recuerde y reivindique las acciones del General Güemes, sepamos quien fue él, lo que logró, como lo hizo; así, los habitantes de Argentina conocerán a profundidad a sus héroes patrios.


Por Franco Gómez, para La Derecha Diario.

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Belliboni contra las cuerdas: Investigan el desvío de otros $10 millones del Potenciar Trabajo que terminaron en la imprenta del Polo Obrero

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El juez Casanello descubrió que la organización justificó gastos utilizando dos empresas, las cuales luego emitían cheques truchos. Hay muchas sospechas de que el Polo Obrero se financiaba a sí mismo con fondos del Estado.

La Justicia está investigando nuevas maniobras en las cuales el Polo Obrero habría desviado millones de pesos del programa Potenciar Trabajo hacia una red de empresas que emitían facturas falsas para respaldar gastos ficticios y ocultar el destino final del dinero.

Hasta ahora, los investigadores habían corroborado que el Polo Obrero utilizaba facturas presuntamente falsas de dos empresas, Coxtex (considerada apócrifa por la AFIP) y la imprenta Rumbos, para justificar parte de los fondos recibidos del ex Ministerio de Desarrollo Social kirchnerista como unidad de gestión del Potenciar Trabajo. Esta práctica resultó en un desvío de $25 millones hacia estas empresas.

Recientemente, el juez federal Sebastián Casanello descubrió que la Asociación Civil Polo Obrero también presentó rendiciones con facturas falsas ante el ex Ministerio de Desarrollo Social, esta vez por otros $10 millones. Estas facturas fueron emitidas por dos nuevas empresas relacionadas con el sector gráfico e impresión, las cuales luego transferían fondos a la imprenta Rumbos, por lo que el dinero del Estado terminaba depositado en la cuenta de una empresa vinculada al Polo Obrero.

En este caso, el Partido Obrero está siendo investigado por presunta defraudación al Estado, acusado de haber desviado dinero destinado originalmente para la compra de herramientas, vestimenta y otros elementos de trabajo para los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

La situación se complica aún más para Rumbos, una imprenta fundada en 2017 por Christian “El Colo” Rath, un fallecido exdirigente histórico del partido, y Roberto Adrián Albornoz, quien está citado a indagatoria para el próximo 25 de junio. Según información recabada por el juez Casanello de la Cámara Nacional Electoral (CNE), Rumbos realizó aportes al Partido Obrero por un total de $18 millones entre 2020 y 2023. Este dato refuerza la sospecha de que el partido se estaría autofinanciando con fondos del Estado.

La Justicia continúa avanzando con la investigación de lo que ha sido denominado como la Ruta del Dinero “P”. Se ha determinado que al menos $35 millones fueron desviados hacia empresas investigadas por emitir facturas falsas o por ocultar el destino final del dinero. Una de estas empresas es Coxtex, como se ha mencionado anteriormente.

En las últimas semanas, la Justicia ha revelado un detalle inquietante sobre la compañía Coxtex, fundada por Luis Alexander Pichuaga y Mariana Vega. El escribano que firmó la escritura de constitución de esta empresa es Juan Bautista Darrasaga, quien previamente fue investigado en los casos de Ricardo Jaime y Lázaro Báez.

Juan Bautista Darrasaga también estuvo involucrado en la constitución de Clamarán S.A., utilizada por el exsecretario de Transporte para adquirir un departamento de 250 metros cuadrados en Figueroa Alcorta, Capital Federal. Además, participó en la creación de las empresas "pantalla" Xhoris, Karnika y Karnix, las cuales Lázaro Báez habría utilizado para el lavado de activos por más de $200 millones.

La Justicia sospecha que Pichuaga y Vega no son los verdaderos propietarios de Coxtex, sino que podrían ser testaferros pagados por otra persona para establecer la empresa. La hermana de Pichuaga admitió que a él le habían entregado $40,000 para que figurara como dueño de la compañía, y aseguró que no tenía ningún involucramiento en la gestión de la sociedad.

Con esta nueva causa, el Polo Obrero y Eduardo Belliboni siguen complicados judicialmente. Con la llegada de Milei al poder, la corrupción de las organizaciones sociales y de los lideres piqueteros no va a quedar impune. Robarle el dinero y la comida a los pobres mediante la "intermediación" les va a terminar saliendo muy caro.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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La diputada libertaria Silvia Malfesi busca derogar el SIRCREB, el sistema de cobro del impuesto a los ingresos brutos

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Oriunda de la ciudad de Rosario, Malfesi es la presidente del Partido Libertario Santa Fe y legisladora provincial desde el 2023. Es la única defensora del Gobierno Nacional en la Legislatura santafesina.

Esta semana los libertarios dieron un fuerte paso en su agenda con la presentación formal de la diputada Silvia Malfesi, la única miembro de La Libertad Avanza en la Legislatura santafesina, para derogar el SIRCREB en la provincia.

La presidente del Partido Libertario presentó un proyecto en la Cámara de Diputados de Santa Fe que busca que la provincia se baje del sistema de recaudación y control de acreditaciones bancarias al que adhiere para unificar el cobro de impuestos a los Ingresos Brutos.

SIRCREB: Historia de un robo institucionalizado

Uno de sus puntos más polémicos es, sin lugar a dudas, el hecho de que dicho acuerdo permite al Poder Ejecutivo Provincial ejecutar las deudas que el contribuyente mantiene mediante el cobro de las mismas de forma automática a través de detracciones de su cuenta bancaria, sin previa intervención judicial. Este cuestionable método de cobros es lo que Malfesi considera que convierte al SIRCREB en una “regulación perversa e inconstitucional”.

Es debido a esto, a través de un proyecto presentado el pasado jueves 13 de junio, se busca derogar el decreto provincial 1148/2008, que establece un sistema de recaudación de Ingresos Brutos y le permite a la administración pública provincial saquear los depósitos de los ahorristas sin autorización judicial, y deja sin efecto la adhesión provincial al SIRCREB.

Según Malfesi: “La Administración Pública Provincial carece de facultades a los efectos de proceder en forma unilateral y por su sola voluntad, a extraer fondos depositados por particulares en bancos o entidades financieras.”. Para ella, esto incurre en una violación de los Artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional, correspondientes a la garantía de inviolabilidad de la propiedad privada y el derecho a la defensa.

De existir una deuda tributaria, para proceder a su cobro se requiere del dictado de un acto administrativo (que, como tal, cumpla con todos sus elementos esenciales previstos en los Artículos 7 y 8 de la Ley Nacional 19549), el cual goza de la llamada ejecutoriedad impropia: es imprescindible que el Poder Judicial sea quien se expida al respecto y dote a la administración pública provincial de los elementos necesarias para proceder con el cobro del monto adeuda.

Una solitaria lucha por la libertad

Este proyecto no es el primero presentado por Silvia Malfesi, sino que es el más reciente de una batería legislativa de carácter libertario que busca eliminar impuestos y regulaciones provinciales.

Desde hace seis meses que viene presentando proyectos de esta índole, como una importante desregulación del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) y de la obra social de los médicos (Arte de Curar), modificando la afiliación obligatoria por una voluntaria; la eliminación de los impuestos provinciales de la boleta de la luz y la prohibición del cobro de tasas municipales sobre la venta de combustible.

Se trata de una verdadera cruzada libertaria en una Legislatura santafesina controlada por Unidos para Cambiar Santa Fe, el frankestein electoral que llevó a Maximiliano Pullaro como gobernador y que reúne gente del PRO, radicales, socialistas y hasta peronistas. En Diputados, el control absoluto lo detenta el Partido Socialista, dirigido por Clara Garcia y Antonio Bonfatti, ex gobernador de Santa Fe.

En un contexto donde el oficialismo pullarista goza de una mayoría automática, la banca ocupada por Malfesi ha sido la encargada de defender a capa y espada al gobierno nacional, hostigado constantemente por declaraciones conjuntas de los legisladores socialistas, peronistas y de izquierdas;.

El Partido Libertario de Santa Fe se ha dedicado a plantear soluciones liberales a los problemas que sacuden a la provincia, como la crisis de la obra social de los empleados estatales, el aumento del costo de la energía eléctrica (los santafesinos pagan la segunda luz más cara del país), el abuso de los intendentes en el cobro de tasas inconstitucionales a la nafta, investigaciones en torno a la opacidad en el manejo de la Empresa Provincial de la Energía y la eliminación de los costos extras en las contrataciones públicas mediante la eliminación de la nefasta ley denominada “Compre Santafesino”.

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