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Qué está pasando con las Figuritas del Mundial: Escasez, negociados y la intervención del Gobierno

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La Secretaría de Comercio se reunió con representantes de la empresa y de los comerciantes para buscar una solución al faltante de figuritas en kioscos y puestos de revistas.

Quienes están intentando completar el álbum del Mundial 2022 se habrá dado cuenta lo difícil que está siendo conseguir paquetes de figuritas en los kioscos. Si bien muchos pensarán que no hay porque la euforia del Mundial llevó a una demanda sin precedentes (y esto sin dudas es un factor), la verdadera razón está en un negociado entre distribuidoras y supermercados que se dio en los primeros días del lanzamiento.

Panini decidió dar pocos paquetes en el lanzamiento para generar escasez artificial, una movida publicitaria muy común para estimular la demanda. Sin embargo, esto le dio una idea a las distribuidoras: si mantenían esta escasez artificial podrían vender los paquetes a un precio mayor.

Previo al lanzamiento, los kioscos habían acordado comprar los paquetes a $120 y venderlos a $150, este acuerdo le servía a Panini para asegurarse que los kioscos no se aprovechen y vendan los paquetes a un mayor precio, mientras que los kioscos se aseguraban una ganancia unitaria de $30 por paquete.

Pero la distribuidoras se dieron cuenta que Panini no había acordado nada con los supermercados, kioscos de revistas, jugueterías, bazares, y apps de delivery, por lo que después del Día del Niño, los paquetes empezaron a aparecer casi exclusivamente en estos comercios, a precios mucho mayores de los acordados.

Los kioscos, que habían acordado vender los paquetes a $150, rápidamente se dieron cuenta que las distribuidoras no les querían vender los paquetes, ni a $120 ni a ningún precio. Un kiosquero entrevistado por este medio, contó que recorrió varias distribuidoras y ninguna le quería vender más de 20 paquetes por semana, los cuales "vendo en menos de 5 minutos y me quedo sin". Cada kiosco debería recibir ente 1.000 y 3.000 figuritas por semana según el acuerdo inicial.

En un mercado con precios libres, el valor de los paquetes subiría hasta encontrar la demanda y evitar en todo momento el desabastecimiento. Sin embargo, entre el acuerdo inicial de Panini y los negocios de algunas distribuidoras, lo que no hubo en estas semanas fueron precios libres.

Fuentes consultadas por este medio también nos confirmaron que el Gobierno tuvo un particular interés que los paquetes no se vendieran a precios siderales y presionó a las partes a que firmaran un acuerdo. "Si los kioscos empezaban a vender a $300, $400 o $500 pesos los paquetes, a los que iban a putear es a Alberto Fernández y al Gobierno", explicó una persona con conocimiento de los negociados.

Como era esperable, el Gobierno no pudo lograr que el acuerdo entre Panini y los kiosqueros sea respetado, y rápidamente los consumidores vieron una escasez sin precedentes de figuritas. "Todos los días nos preguntaban unas 100 o 150 personas si teníamos figuritas, a todos les decía lo mismo: no me quieren dar las distribuidoras", reflexionó el kiosquero entrevistado.

Además de los supermercados, las figuritas empezaron a aparecer en jugueterías, bazares y otros comercios que generalmente no las venden. "Obviamente, a precios mucho mayores, a $250 o $300, pero incluso a este precio se quedaban sin paquetes para vender", agregó.

La situación llegó esta semana a un punto de quiebre, y la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) logró reunirse el martes con Matías Tombolini, secretario de Comercio de la Nación. Este miércoles, Tombolini los reunió también con representantes de Panini.

Desde el lado de los kiosqueros acusan a la empresa por utilizar otros canales de venta. “Hace 20 días que fuimos a la empresa para pedirles información sobre por qué no había entregas de figuritas a kioscos mientras sí se entregaban a supermercados y estaciones de servicio. Hoy los kioscos reciben apenas entre 25 y 50 paquetes por semana y de 10 a 20 álbumes”, declaró antes de la cumbre Adrián Palacios, vicepresidente de la UKRA.

Tras la reunión, líderes de la Unión de Kiosqueros declararon que "el diálogo fue positivo" y que Panini se comprometió a controlar las condiciones que ponen los distribuidores oficiales, las cuales han demostrado ser la principal causal del desabastecimiento.

Esta semana se cumple un mes desde el lanzamiento del álbum, y conseguir figuritas se tonró una misión imposible, con numerosas personas recorriendo kioscos en la búsqueda, sin éxito. No se sabe cuándo se solucionará esta situación, pero desde el Gobierno quieren que todas las personas que quieran completar el álbum antes del Mundial, puedan hacerlo.

Cabe aclarar que desde antes que empezara la distribución, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, había publicado una resolución que decía que las figuritas tienen que venderse primero en los kioscos y puestos de diarios, y el sobrante en los demás comercios, como supermercados o jugueterías.

Pero como con todo lo que hace el Estado, la resolución no sirvió de nada, y lo que ocurrió fue exactamente al revés, ya que los demás comercios no estaban bajo ningún acuerdo de precios y podían vender los paquetes al verdadero valor de mercado.

A pesar del decreto, se comprometieron a entregarle a los kiosqueros la misma cantidad que a los supermercados. Iban a hacer una semana cada uno, pero solo envían a los que pagan más”, concluyó Palacios.

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Se acabó el curro del INADI: Milei tomó la motosierra y recortó un presupuesto de $3600 millones y 400 empleados

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Por motivos económicos, ideológicos y morales, el presidente Javier Milei resolvió el cierre del INADI, eliminado todo su presupuesto y echando a una buena parte de la planta.

El presidente Javier Milei confirmó este jueves a la noche en una entrevista en exclusiva con Jony Viale, el cierre del Instituto Nacional Contra la Discriminacion, la Xenofobia y el Racismo (INADI). El anuncio se dio primero en la habitual conferencia de prensa del vocero, y luego fue confirmada por la Oficina del Presidente.

El INADI fue creado por un pedido de la UCR luego del pacto que llevó a la sanción de la Constitución Nacional de 1994. Posteriormente, el ex presidente Carlos Menem en el año 1995, pasó la Ley Antidiscriminación (Ley 24.515), que obliga al Estado a tener un organismo que cumpla las funciones del INADI, aunque el instituto se puso recién funcionamiento en el año 1997.

En sus casi 30 años de historia, sufrió varias intervenciones por "mal funcionamiento". La primera ocurrió en el año 2000 y la última, que duró hasta la actualidad, en el 2011, cuando Cristina Kirchner puso a Pedro Mouratian a cargo y lo convirtió en una agencia de persecución a la oposición. Ahora el Gobierno de Milei vuelve a intervenirlo y dispone como interventora a Maria de los Angeles Quiroga, pero ahora con el objetivo de cerrarlo definitivamente.

Las razones del cierre del INADI

Su cierre encuentra motivos ideológicos, económicos y morales. En cuanto a lo ideológico, el cese de sus actividades es una gran victoria para las ideas liberales y una declaración de no interferencia del Poder Ejecutivo contra la libertad de expresión.

Al ser el INADI dependiente del Ejecutivo, su mera existencia implicaba que el Gobierno Nacional contaba con las herramientas para entrometerse arbitrariamente en la libertad de expresión de los ciudadanos. Así, el Presidente podía decidir de manera sesgada qué se podía decir y qué no, y qué tipos de expresiones debían ser penadas.

Se abría la posibilidad de perseguir a quien piense distinto, manchando su imagen y acusándolo de discriminatorio. Un caso muy conocido fue el de Ramiro Marra, quien denunció que el INADI lo persiguió simplemente por oponerse a los piqueteros que cortaban la calle ilegalmente.

Cabe aclarar que la discriminacion está penada en la Argentina por la Ley 23.592 de “Actos Discriminatorios”, pero esto es competencia específica del Poder Judicial, lo cual está en línea con el resto de las democracias liberales del mundo. Es la Justicia quien debe dictaminar si se cometió un hecho ilícito de disicriminacion, respetando todas las garantías procesales del acusado, no un organismo del Poder Ejecutivo.

En cuanto a lo económico, está claro que es inaceptable que los contribuyentes carguen sobre sus espaldas este tipo de gastos superfluos. El país no está en un momento en el que se pueda dar el lujo de financiar un organismo persecutor.

Al día de hoy, el INADI se ha convertido en un verdadero aguantadero de personas, sin control alguno y con un despilfarro alucinante. Por ejemplo, el Gobierno informó que este instituto cuenta con 400 empleados y tiene 43 delegaciones a lo largo y ancho del país.

Solo en el Presupuesto 2023, manejó una caja de $1.150 millones de pesos. Esto con nula transparencia, ya que no cuenta con una nómina oficial de quienes trabajan en el organismo, siendo un claro ejemplo de falta de transparencia en el manejo de las contrataciones estatales.

En cuanto a lo moral, hay una discusión más profunda, y solo basta con ver el prontuario de quienes han pasado por el INADI para darse cuenta de que ha sido manejado por gente poco idónea y que incluso ha estado involucrada en escándalos totalmente ilícitos.

Quizás el ejemplo más resonante de los últimos tiempos es el de Victoria Donda, quien fue titular del instituto entre 2019 y 2022 durante la gestión de Alberto Fernandez. La ex directora se vio envuelta en un escandaloso suceso, donde su empleada doméstica la acusaba de haberla tenido 10 años en “negro” y en el que Donda contestaba via chat ofreciéndole un cargo en el INADI o un plan social como compensación.

Además, la empleada contó en diversas entrevistas sentirse agobiada por la cantidad de tareas que la familia Donda le hacía realizar, sin recibir aumentos, ni aguinaldo, ni vacaciones. Increíblemente, la titular de un organismo que dice velar por un país más igualitario ni siquiera había empezado por su propia casa.

Con el cierre del INADI, se vuelve a confirmar que ya no hay más lugar para los curros y las avivadas de la política. El Gobierno se muestra una y otra vez, hasta el cansancio, decidido a desbaratar cada uno de los antros que se han formado bajo la tutela estatal.

Sin el INADI, será la Justicia quien vele por dictaminar quién es culpable de un delito de discriminacion. Ya no habrá un burócrata del Gobierno que apunte con el dedo y decida por sí mismo que está permitido decir y qué no. La libertad de expresión parece engrosar y convalidarse con esta decisión de mucho coraje del presidente Javier Milei.

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Milei enviará al Congreso una ley para que vaya preso cualquier funcionario que emita dinero para financiar el gasto público

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Lo confirmó el Presidente de la Nación en diálogo con Jonatan Viale. Además, ratificó que el Ejecutivo podría llegar a un nuevo acuerdo con el FMI.

El presidente Javier Milei confirmó que enviará al Congreso una ley para que vaya preso cualquier funcionario que emita dinero para financiar el Tesoro, como hicieron todos los gobiernos desde la salida de la Convertibilidad y que dejó de hacer este gobierno.

Lo confirmó en diálogo con Jonatan Viale para el programa ¿La Ves? por TN, que se grabó en el despacho presidencial de la Casa Rosada y se transmite esta noche desde las 21 horas. El objetivo del Presidente con esta iniciativa es terminar con la emisión sin respaldo y bajar la inflación.

El proyecto definirá al señoreaje como delito penal y en caso de que el Banco Central financie al fisco, ya sea de manera directa o indirecta, terminarían en la cárcel el presidente del BCRA, el directorio, el presidente de la Nación y los funcionarios que voten por eso”, expresó Milei.

La emisión de dinero devalúa al peso y hace perder su valor frente a los bienes y servicios. Esto es percibido por la gente como una suba de todos los precios de la economía, lo cual recibe el nombre más conocido como inflación.

Pero de fondo, lo que ocurre es que la emisión sin respaldo genera que se necesiten más pesos para comprar los mismos productos, lo que lleva a una pérdida del poder adquisitivo si los sueldos tardan más en acomodarse.

Todo este proceso inflacionario y de caída real de salarios se evita sin emitir dinero para financiar el gasto público, limitando la emisión de pesos únicamente para pagar los gastos y las deudas propias del Banco Central.

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Chau INADI: El Presidente Javier Milei resolvió eliminar uno de los antros de corrupción y persecución más importantes del kirchnerismo

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Lo adelantó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa y lo confirmó la Oficina del Presidente en redes.

El Gobierno de Javier Milei anunció que cerrará definitivamente el INADI, en su plan de desmantelar institutos que "no sirven para nada", según aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.

"Estamos dando los primeros pasos para avanzan en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada o son grandes cajas de la política. Empezamos con el primero: el INADI. Estamos empezando con su cierre definitivo. Por supuesto, lleva un tiempo. Hay cuestiones burocráticas", explicó el funcionario.

Con respecto al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Adorni contó que contaba con 400 empleados y decenas de oficinas por todo el país. En estos 2 meses, la planta se redujo a 355, y se seguirá recortando a partir de esta decisión.

"No vamos a seguir financiando ni rosca política ni lugares donde se paguen favores políticos, ni donde hayan decenas o cientos de puestos jerárquicos que no suman para nada", sentenció.

El Instituto, a su vez, tiene 45 oficinas en diferentes provincias y ciudades del conurbano bonaerense, catalogadas como delegaciones, subdelegaciones y enlaces. Muchas de ellas están ocupadas por las diferentes líneas internas del kirchnerismo. Ahora, se pondrán a la venta.

La Oficina del Presidente confirmó la noticia, y explicó las razones de la decisión. "Durante la campaña electoral, el Presidente Milei prometió al pueblo argentino terminar con la sobrepoblación de organismos, cargos y empresas públicas financiadas con el hambre de la gente. Esta medida se suma a la reducción de ministerios, secretarías, direcciones y coordinaciones en todo el sector público nacional", aseguró.

Y agregó: "La República Argentina no necesita un organismo que oficie de policía del pensamiento persecutora de opositores, sostenido por $2.800.000.000 de presupuesto, $8.000.000 en gastos de alquiler y más de 400 empleados. La planta ya se redujo a 355 en los primeros 2 meses y continuará recortándose a partir de esta decisión".

"Los más de 7.000 expedientes sin tramitar y sin resolución son prueba de la inoperancia del INADI, y confirman que sus funciones eran persecutorias, ideológicas y duplicadas con aquellas que corresponden al Poder Judicial", concluyó.

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