El Senado aprobó el pliego de la jueza Ana María Figueroa, gracias a la ausencia de la senadora bullrichista Lucila Crexell que está de viaje en Estados Unidos.

Los argentinos votarán este 22 de octubre entre tres fuerzas principales, Unión por la Patria, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. Sin embargo, con cada votación en el Congreso, queda más claro que los dos primeros, en realidad, son cómplices.

El Senado de la Nación aprobó este jueves a la tarde el pliego de la camarista ultra-kirchnerista de Casación Ana María Figueroa, quien al cumplir los 75 años el pasado 9 de agosto, perdió la investidura judicial ya que alcanzó la edad de retiro obligatorio.

Si bien la jueza había intentado resistir conservar su cargo, la Corte Suprema confirmó su retiro tras cumplir su edad jubilatoria, pero señaló que el Senado podría votar una extensión por cinco años más.

Los jueces sostuviero que “tras la reforma de 1994 el artículo 99 -inciso cuarto, tercer párrafo- de la Constitución Nacional, se prevé que “un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo del Senado será necesario para mantener en el cargo” a cualquier juez “una vez que cumpla la edad de 75 años“.

La jueza Figueroa está a cargo de la causa Hotesur-Los Sauces en la que se encuentran investigados la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, entre otros. En todos los años que ha estado al frente de la causa, se ha encargado de blindar a la ex presidente y a su familia.

Por lo tanto, Cristina, quien ya se desvinculó completamente de la campaña electoral de su partido, no es candidata a nada y no se muestra junto a Massa, tenía como último objetivo antes de dejar la vicepresidencia que su jueza amiga se mantenga en el cargo para no ir presa.

Por alguna razón, quizás porque Patricia Bullrich quiere mantener viva a Cristina Kirchner para no cerrar la grieta y conservar su popularidad como una anti-kirchnerista, Juntos por el Cambio no votó de manera unánime en contra de este pliego.

Gracias a la ausencia de la senadora Lucila Crexell, la votación resultó en un empate 35 contra 35. Si hubiera estado presente y la legisladora neuquina de JxC votaba junto al resto de su bloque, el pliego hubiera quedado rechazado, 36 contra 35.

Pero esto no ocurrió, y el empate fue resuelto con el voto de la senadora Claudia Ledesma Abdala, quien estaba como presidente provisional del Senado ante la ausencia de Cristina, quien se recusó de la votación por el claro conflicto de intereses. Abdala, desde ya, votó en el desempate en favor de Cristina.

Desde abril, Juntos por el Cambio y el interbloque Unidad Federal (UF), conformado por peronistas anti-K, habían hecho un trabajo de hormiga para cajonear la votación, y evitar que el kirchnerismo pueda renovar el pliego que pondría a la jueza Figueroa devuelta al frente de la causa Hotesur.

Sin embargo, algo cambió porque este jueves ambos bloques bajaron al recinto, a pesar de que sabían que no tenían los números para derribar el pliego. La ausencia de Crexell era sabida, se encuentra de vacaciones en el extranjero desde el pasado 14 de septiembre, particularmente en Estados Unidos.

Tras la aprobación de Figueroa, el kirchnerismo, muy astuto, aprovechó la debilidad de Juntos por el Cambio y llevó al recinto la aprobación de los pliegos de más de 30 jueces kirchneristas: todos fueron aprobados.

El espacio de Patricia Bullrich respaldó el debate por la reducción de la jornada laboral legal en Argentina, aunque buscará presentar su propio proyecto. Los dos espacios del establishment político buscan aprobar una reforma que ahogaría al sector privado, en medio de la peor crisis de los últimos 20 años.

La bancada kirchnerista en la Cámara de Diputados presentó un borrador que estudia rebajar la jornada laboral legal de Argentina hasta las 36 horas semanales como máximo, y propone como mínimo un piso de 40 horas.

Contrariamente a su discurso “opositor”, el espacio de Juntos por el Cambio, que votó en contra de la eliminación del Impuesto a las Ganancias en Cuarta Categoría para no apoyar las medidas del kirchnerismo, se mostró favorable a las reformas para rebajar la jornada, solamente marcando ciertas diferencias “cosméticas” en detalles de la ley con el oficialismo.

Algunos integrantes del bloque de Patricia Bullrich, como por ejemplo el diputado radical Martín Tetaz, aceptaron la rebaja de la jornada legal como una “prueba piloto” para algunas empresas, ofreciendo incentivos fiscales para poder efectuarla.

Nadie en Juntos por el Cambio mencionó el problema de que reducir la jornada laboral, pulverizará los sueldos mensuales y generará una caída en el nivel de salarios de Argentina, en un momento de alta inflación cuando lo que se debería buscar es recomponer los jornales, no reducirlos.

En esta oportunidad, Juntos por el Cambio no demuestra el mismo reparo “fiscalista” que mantuvo en la discusión por la rebaja del impuesto a las Ganancias. Tetaz no explicó de dónde saldrían los recursos para financiar tales rebajas tributarias, algo que para la jerga de JxC podría constituir una estafa a su propio electorado.

Por su parte, la diputada de JxC Mónica Frade manifestó su apoyo explícito a la reducción de la jornada laboral legal, pero se diferenció del proyecto oficialista marcando que el rango de 36 horas semanales resulta excesivo. Propuso establecer un sendero de reducción gradual similar al que aprobó el presidente socialsita Gabriel Boric en Chile.

Bajo el punto de vista de Justos por el Cambio, en lugar de aplicar una ley que fomente activamente la informalidad y la desocupación de un día para el otro, buscará establecer un proyecto que produzca exactamente el mismo efecto pero “en cuotas”.

Tanto el espacio de Bullrich como el oficialismo conducido por Sergio Massa y Cristina Kirchner consideran necesario y oportuno que Argentina aplique una jornada legal similar a la que tienen los países más desarrollados del planeta, aún cuando el nivel de productividad del país se asemeja más a la de un país africano.

De hecho, el producto medio por trabajador (una métrica usual para medir la proactividad) se encuentra en los valores más bajos de los últimos 20 años, y por la misma razón los salarios en términos reales también retrocedieron a los niveles más bajos desde 2003.

Argentina no muestra las condiciones mínimas e indispensables para llevar a cabo una reforma de la jornada laboral de estas características. Más aún cuando la mayor parte del empleo creado en los últimos 4 años fue altamente precario (generalmente empleo informal), y cada vez son más las personas que deben recurrir a un segundo o incluso un tercer trabajo para poder llegar a un umbral de ingresos razonable.

El país se ubicó en el puesto 158 sobre un total de 165 países seleccionados por la medición del Instituto Fraser. El modelo económico kirchnerista se encuentra completamente agotado y al borde de la hiperinflación.

El último sondeo del Índice de Libertad Económica elaborado por el Instituto Fraser reveló un fuerte derrumbe para la métrica de Argentina: sobre una muestra de 165 países seleccionados en el año 2021, Argentina ocupó el puesto 158. De esta manera, bajo el kirchnerismo el país se encuentra entre las 10 economías más reprimidas del planeta.

Se registró una puntuación de 4,77 en un indicador que va del 0 a 10, y que evalúa una serie de aspectos como el tamaño del sector público, la protección de los derechos de propiedad, la calidad del dinero, la libertad de comercio y el peso de las regulaciones sobre la iniciativa privada.

El índice para Argentina sufrió una caída del 12,4% desde que Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa asumieron el Gobierno en diciembre de 2019. En este mismo período, el país retrocedió del puesto 151 en 2019 al 158.

Canada has one of the fastest growth rates in size of government in the world, suppressing the space for free exchange and Canadians’ economic freedom.

Read this year’s Economic Freedom of the World report: https://t.co/5iWSCgPwpJ pic.twitter.com/szlkDTWSF1

— The Fraser Institute (@FraserInstitute) September 19, 2023

El desempeño de Argentina es únicamente comparable con algunas economías africanas disfuncionales y estado de guerra como Sudán y el Congo, así como en países regidos por dictaduras socialistas como el caso de Venezuela (el país con la peor puntuación a nivel global). Con estas reglas de juego, el crecimiento sostenido a largo plazo resulta imposible, y con ello cualquier posibilidad de desarrollo.

De hecho, la puntuación de Argentina se encuentra lejos ya no tan solo de las economías desarrolladas, sino incluso en comparación con los países de la región. Brasil ocupó el puesto 90 de entre la muestra de 165 países, Colombia se ubicó en el puesto número 89, Paraguay se ubicó en el 68, Uruguay en el 65, Perú en el 37 y Chile lideró el ranking regional posicionándose en el puesto número 30.

Incluso Bolivia registró una métrica que superó a la Argentina en más de un 27%, atendiendo a nociones básicas de organización económica como por ejemplo la libertad cambiaria en un mercado unificado (algo que parece poco más que un sueño en Argentina). Hasta el régimen socialsita de Luis Arce y Evo Morales mantuvo al país en el puesto 117 de entre los 165 seleccionados, 41 puestos por encima de la Argentina dirigida por el kirchnerismo.

De la misma manera que ocurrió con el chavismo en Venezuela, la economía argentina coquetea con la hiperinflación y la pérdida definitiva de cualquier parámetro de “calidad” en el uso de la moneda doméstica. La última medición de la inflación del INDEC arrojó una variación interanual del 124% en los precios minoristas, y más de 130% en los mayoristas.

La libertad comercial también fue completamente obliterada, no solo por un arsenal de licencias no automáticas y cupos de exportación, sino también por la suma de un recargo de 7,5% (en concepto de impuesto PAIS) para la mayor parte de las importaciones.

Las incesantes circulares del Banco Central y las resoluciones de la Comisión Nacional de Valores incrementan la presión regulatoria todas las semanas casi sin excepción, limitando cada vez más la cantidad de transacciones financieras que pueden operar en los mercados convencionales y condicionando el modo en que deben hacerlo.