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El dilema del orden público en la Capital: ¿Es hora de volver a darle el control a la Policía Federal?

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El fallido operativo de la Policía de la Ciudad para acatar el Protocolo Antipiquetes en la marcha de este 20 de diciembre vuelve a poner en tela de juicio la necesidad de que la Policía Federal intervenga en la dispersión de manifestantes que atacan el microcentro porteño.

En ocasión de la primera marcha piquetera de protesta contra el gobierno del Presidente Javier Milei, resulta de mucha utilidad repasar algunos conceptos fundantes que hacen a la siempre conflictuada noción de “orden público” en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital de la República Argentina.

No es sorpresivo que el accionar piquetero tienda a concentrarse en la Capital. Después de todo, el objetivo final de las organizaciones que marchan es condicionar al poder político a fin de obtener privilegios y beneficios para las supuestas situaciones de vulnerabilidad que revistan. Párrafo aparte merecería el destino de los fondos que mensualmente perciben de parte de los organismos del Estado Nacional, pero dejando de lado ese detalle es que nos remitimos a la cotidianidad de los trabajadores que deben transitar por las zonas afectadas por las marchas piqueteras.

En la Ciudad de Buenos Aires circulan más de diez millones de personas por día por motivos laborales. Gran parte de esta cifra, se ve obligada a transitar por el llamado “microcentro”, zona geográfica predilecta para el desarrollo de actividades económicas, y por eso también, la favorita para los piqueteros.

Durante más de veinte años la sociedad se ha acostumbrado al sometimiento que las organizaciones sociales ejercen sobre el pueblo trabajador: desde cambiar el recorrido diario, llegar más tarde al trabajo o inclusive la suspensión de la jornada laboral en días de marcha, son solo algunas de las cientos de consecuencias que las movilizaciones producen.

Sin embargo, y pese a la ilegalidad manifiesta del accionar piquetero, el poder político no había abordado la tortuosa temática por un mismo motivo que fue denominador común sin importar el color partidario del gobernante de turno: la corrección política.

Este miércoles, finalmente, el flamante Presidente Milei decidió que era hora de cortar con los intentos extorsivos. En el marco de un operativo de seguridad sin precedentes, la Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal blindaron las calles aledañas a Plaza de Mayo, no sin previamente cerciorarse de disponer delegaciones tácticas en estaciones de tren, accesos automotores, peajes y en localidades del Gran Buenos Aires donde se desactivaron células piqueteras durante toda la noche.

El operativo de seguridad tenía como objeto impedir que los piqueteros cortasen la circulación en las principales arterias de la Ciudad de Buenos Aires y por ende permitir a todos los ciudadanos ejercer su derecho a la libertad de movimiento.

Sí bien los lineamientos generales del plan fueron ampliamente cumplidos generando un “antes y un después” en la manera que el Gobierno Federal aborda la temática de los cortes piqueteros, corresponde hacer una desafortunada observación: el limitado accionar de la policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Con el afán de estar a la altura de las circunstancias, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) ordenó un operativo paralelo presuntamente coordinado con el Comando Unificado de las Fuerzas Federales.

El Centro de Monitoreo Urbano (CMU) de la Policía de la Ciudad fue el escenario donde montó su Cuartel General el Ministro de Seguridad porteño Waldo Wolff quien, desde tempranas horas de la mañana se encontraba en comunicación con Patricia Bullrich.

Durante los momentos previos al apogeo de la marcha alrededor de las 16:00 todo parecía marchar coordinadamente: las Fuerzas Federales y la Policía de la Ciudad conducían ordenadamente a los manifestantes hacia Plaza de Mayo, mayoritariamente por la vereda.

Empero, al aumentar el grosor de las columnas, los manifestantes comenzaron a tensionar la situación. En primera instancia, actuó la Policía de la Ciudad en Diagonal Sur mientras su Jefe y Viceministro de Seguridad porteño, Diego Kravetz (quien se encontraba en el teatro de operaciones), alegaba que “no necesitaban del apoyo de las Fuerzas Federales”.

Tal fue así que cuando los manifestantes decidieron avanzar sobre la Policía capitalina, no encontraron mayor resistencia y las prolijas líneas de efectivos fueron fácilmente rebasadas con empujones e insultos mediante. Por este motivo, se ordenó a la Policía Federal hacerse cargo luego de que las columnas -que ya copaban el ancho completo de la Diagonal- pasaron la estatua ecuestre del General Julio A. Roca ubicada en la intersección con la calle Perú.

Una vez restablecido el orden y conducidas las poco nutridas columnas manifestantes a Plaza de Mayo por parte de las Fuerzas Federales, los medios de comunicación pudieron averiguar que el Viceministro Kravetz había dialogado con el líder piquetero Eduardo Belliboni, autorizándolo a avanzar sobre la totalidad del ancho de las calles, produciendo indefectiblemente el corte total.

Más allá del intento de connivencia de Kravetz con Belliboni -lo cual coloca en una muy poco confortable situación al gobierno de Jorge Macri- corresponde remitir a la cuestión neurálgica de estos problemas, que es la superposición de facultades entre las Fuerzas Federales y la Policía de la Ciudad.

En 1995, un año después del otorgamiento de autonomía a la Ciudad de Buenos Aires por parte de la reformada Constitución Nacional de 1994, el Congreso de la Nación sancionaba la popularmente denominada “Ley Cafiero”, o “Ley que garantiza los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires”.

Dicha pieza normativa impedía al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a tener una policía propia puesto que disponía que la seguridad armada fuera garantizada por la Policía Federal en el territorio de CABA mientras esta sea la Capital de la República.

Tras largos debates y pujas de poder, el Congreso modificó la Ley Cafiero en 2007, mediante la Ley 26.288 para permitirle a CABA montar su propio cuerpo policial y establecer el marco de coexistencia con la Policía Federal.

Con la fundación de la Policía de la Ciudad en 2017 luego del traspaso de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la PFA, CABA obtuvo finalmente su tan deseado brazo armado. Sin embargo, la evidencia empírica arroja que en cuanto al mantenimiento del orden público se refiere, la Policía de la Ciudad tiene importantes oportunidades de mejoras respecto de lo que fue la gestión de la PFA.

El problema principal radica en que se trata de una policía heterogénea, dado que sus miembros provienen de diferentes fuerzas y nunca se logró el aseguramiento de un criterio único de tropa y formación.

En los tiempos que se avecinan, donde la resistencia anti-democrática al cambio que necesita nuestro país puede volverse cada vez más violenta, es indispensable contar con un criterio unificado a fines de hacer frente a las amenazas y asegurar la vigencia plena del orden público y del Estado de Derecho.

La Ciudad de Buenos Aires debe estar a la altura de las circunstancias o en su defecto, quizás la alternativa sea volver a modificar la Ley Cafiero a fines de aclarar que las operaciones de establecimiento del orden sean únicamente desarrolladas por el Estado Nacional y sus Fuerzas Federales siempre que el Gobierno Nacional sea el foco de la concentración.

Sea del modo que fuere, la Argentina entró en un cambio de época irreversible. Seremos testigos de cómo cada responsable institucional se adapta a las circunstancias.

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Los gobernadores le declaran la guerra a la Nación porque Milei se niega a pagarles su deuda: “Son amenazas chavistas"

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La Oficina del Presidente le respondió al gobernador Nacho Torres por sus amenazas subversivas: “Proceda con su amenaza y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia”.

El gobernador de Chubut, Nacho Torres, del PRO, lanzó un explosivo comunicado que fue acompañado por la firma de los gobernadores Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), el grupo conocido como "los patagónicos".

En dicho documento, titulado "las Provincias Unidas del Sur", los gobernadores de la Patagonia aseguran que expropiarán y retendrán todo el petróleo y el gas que extrae YPF y las empresas privadas, si el Gobierno Nacional no le vuelve a enviar el dinero de las transferencias discrecionales, que las provincias usan para pagar sus deudas.

Les damos tiempo hasta el miércoles. Si no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut a la Argentina… y ahí te quiero ver”, lanzó el gobernador de Chubut, que encabeza el "grupo subversivo" contra el Gobierno Nacional.

En concreto, Torres reclama unos $13.500 millones de pesos, más de un tercio de su coparticipación mensual, que la Nación le retuvo a Chubut porque la provincia no estaba pagando una deuda que se había tomado con el Estado Nacional.

El Gobierno de Javier Milei le había dicho desde el 10 de diciembre que Chubut tiene que recortar los gastos para reducir su déficit, ya que la Nación no les seguiría solventando su despilfarro, pero en ya casi 3 meses, Torres no ha tomado ni un solo paso en la dirección del saneamiento fiscal.

Lo mismo ocurre con muchas provincias. Si bien casi todos los gobernadores habían expresado sus intenciones de recortar el gasto público tras la asunción de Milei, con el tiempo se fueron dando cuenta que el ajuste que pedía el Presidente de la Nación era mucho mayor al que ellos tenían en mente.

A través de un fuerte comunicado, la Oficina del Presidente, que el presidente Javier Milei utiliza para expresar sus palabras oficiales, trató a Torres de "chavista" y le recomendó que se atenga a las respuestas judiciales de sus amenazas subversivas.

"En respuesta al comunicado emitido por el Gobernador de Chubut, la Oficina del Presidente informa que los $13.500 millones de descuento a los que hace alusión, corresponden a una deuda que mantiene la provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Por normas de emisión de dicha deuda, su cobro se realiza por descuento directo de la Coparticipación", aclaró el Presidente.

"Lo que sí responde a la verdad es el compromiso que mantiene el Gobierno Nacional con la reducción del gasto público en todo el territorio. De ninguna manera el Poder Ejecutivo Nacional contribuirá al financiamiento del despilfarro de las provincias que se niegan a bajar gastos innecesarios, eliminar cargos políticos prescindibles y gobernar con la austeridad que la crisis económica heredada requiere. Si a los gobernadores no les alcanza la plata deberán reducir drásticamente el gasto público como lo está haciendo el Gobierno Nacional", agregó.

"La Oficina del Presidente lamenta que el gobernador Torres se niegue a entender que no hay plata y, en consecuencia, se lance a emitir una amenaza de carácter chavista respaldada por Axel Kicillof y el resto de los gobernadores, que expresaron su acuerdo con el avance sobre la propiedad privada y la expropiación de empresas que necesariamente implica dicha amenaza", impone.

"Por todo lo expuesto, se le comunica al gobernador Torres que no existe la necesidad de que ponga ningún plazo de tiempo para llevar a cabo su plan de extorsión. Proceda con su amenaza de inmediato y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia", aseveró la vía de comunicación oficial del Presidente.

Y agrega: "Los gobernadores Kicillof, Torres, Quintela, Frigerio y demás, al igual que el Jefe de Gobierno Jorge Macri, deben entender que la Argentina eligió un cambio. Se acabó la era en que la casta malgastaba los recursos de los argentinos y luego iban a pedir limosnas al Banco Central a cambio de favores políticos".

"Estamos en un momento histórico. En un punto de inflexión para nuestra Nación. Cada uno tendrá que elegir de qué lado quiere estar: si del lado de los que quieren que la Argentina siga igual, o del lado de la mayoría de los argentinos, que eligieron vivir en Libertad", finaliza.

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Se acabó el curro del INADI: Milei tomó la motosierra y recortó un presupuesto de $3600 millones y 400 empleados

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Por motivos económicos, ideológicos y morales, el presidente Javier Milei resolvió el cierre del INADI, eliminado todo su presupuesto y echando a una buena parte de la planta.

El presidente Javier Milei confirmó este jueves a la noche en una entrevista en exclusiva con Jony Viale, el cierre del Instituto Nacional Contra la Discriminacion, la Xenofobia y el Racismo (INADI). El anuncio se dio primero en la habitual conferencia de prensa del vocero, y luego fue confirmada por la Oficina del Presidente.

El INADI fue creado por un pedido de la UCR luego del pacto que llevó a la sanción de la Constitución Nacional de 1994. Posteriormente, el ex presidente Carlos Menem en el año 1995, pasó la Ley Antidiscriminación (Ley 24.515), que obliga al Estado a tener un organismo que cumpla las funciones del INADI, aunque el instituto se puso recién funcionamiento en el año 1997.

En sus casi 30 años de historia, sufrió varias intervenciones por "mal funcionamiento". La primera ocurrió en el año 2000 y la última, que duró hasta la actualidad, en el 2011, cuando Cristina Kirchner puso a Pedro Mouratian a cargo y lo convirtió en una agencia de persecución a la oposición. Ahora el Gobierno de Milei vuelve a intervenirlo y dispone como interventora a Maria de los Angeles Quiroga, pero ahora con el objetivo de cerrarlo definitivamente.

Las razones del cierre del INADI

Su cierre encuentra motivos ideológicos, económicos y morales. En cuanto a lo ideológico, el cese de sus actividades es una gran victoria para las ideas liberales y una declaración de no interferencia del Poder Ejecutivo contra la libertad de expresión.

Al ser el INADI dependiente del Ejecutivo, su mera existencia implicaba que el Gobierno Nacional contaba con las herramientas para entrometerse arbitrariamente en la libertad de expresión de los ciudadanos. Así, el Presidente podía decidir de manera sesgada qué se podía decir y qué no, y qué tipos de expresiones debían ser penadas.

Se abría la posibilidad de perseguir a quien piense distinto, manchando su imagen y acusándolo de discriminatorio. Un caso muy conocido fue el de Ramiro Marra, quien denunció que el INADI lo persiguió simplemente por oponerse a los piqueteros que cortaban la calle ilegalmente.

Cabe aclarar que la discriminacion está penada en la Argentina por la Ley 23.592 de “Actos Discriminatorios”, pero esto es competencia específica del Poder Judicial, lo cual está en línea con el resto de las democracias liberales del mundo. Es la Justicia quien debe dictaminar si se cometió un hecho ilícito de disicriminacion, respetando todas las garantías procesales del acusado, no un organismo del Poder Ejecutivo.

En cuanto a lo económico, está claro que es inaceptable que los contribuyentes carguen sobre sus espaldas este tipo de gastos superfluos. El país no está en un momento en el que se pueda dar el lujo de financiar un organismo persecutor.

Al día de hoy, el INADI se ha convertido en un verdadero aguantadero de personas, sin control alguno y con un despilfarro alucinante. Por ejemplo, el Gobierno informó que este instituto cuenta con 400 empleados y tiene 43 delegaciones a lo largo y ancho del país.

Solo en el Presupuesto 2023, manejó una caja de $1.150 millones de pesos. Esto con nula transparencia, ya que no cuenta con una nómina oficial de quienes trabajan en el organismo, siendo un claro ejemplo de falta de transparencia en el manejo de las contrataciones estatales.

En cuanto a lo moral, hay una discusión más profunda, y solo basta con ver el prontuario de quienes han pasado por el INADI para darse cuenta de que ha sido manejado por gente poco idónea y que incluso ha estado involucrada en escándalos totalmente ilícitos.

Quizás el ejemplo más resonante de los últimos tiempos es el de Victoria Donda, quien fue titular del instituto entre 2019 y 2022 durante la gestión de Alberto Fernandez. La ex directora se vio envuelta en un escandaloso suceso, donde su empleada doméstica la acusaba de haberla tenido 10 años en “negro” y en el que Donda contestaba via chat ofreciéndole un cargo en el INADI o un plan social como compensación.

Además, la empleada contó en diversas entrevistas sentirse agobiada por la cantidad de tareas que la familia Donda le hacía realizar, sin recibir aumentos, ni aguinaldo, ni vacaciones. Increíblemente, la titular de un organismo que dice velar por un país más igualitario ni siquiera había empezado por su propia casa.

Con el cierre del INADI, se vuelve a confirmar que ya no hay más lugar para los curros y las avivadas de la política. El Gobierno se muestra una y otra vez, hasta el cansancio, decidido a desbaratar cada uno de los antros que se han formado bajo la tutela estatal.

Sin el INADI, será la Justicia quien vele por dictaminar quién es culpable de un delito de discriminacion. Ya no habrá un burócrata del Gobierno que apunte con el dedo y decida por sí mismo que está permitido decir y qué no. La libertad de expresión parece engrosar y convalidarse con esta decisión de mucho coraje del presidente Javier Milei.

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Milei enviará al Congreso una ley para que vaya preso cualquier funcionario que emita dinero para financiar el gasto público

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Lo confirmó el Presidente de la Nación en diálogo con Jonatan Viale. Además, ratificó que el Ejecutivo podría llegar a un nuevo acuerdo con el FMI.

El presidente Javier Milei confirmó que enviará al Congreso una ley para que vaya preso cualquier funcionario que emita dinero para financiar el Tesoro, como hicieron todos los gobiernos desde la salida de la Convertibilidad y que dejó de hacer este gobierno.

Lo confirmó en diálogo con Jonatan Viale para el programa ¿La Ves? por TN, que se grabó en el despacho presidencial de la Casa Rosada y se transmite esta noche desde las 21 horas. El objetivo del Presidente con esta iniciativa es terminar con la emisión sin respaldo y bajar la inflación.

El proyecto definirá al señoreaje como delito penal y en caso de que el Banco Central financie al fisco, ya sea de manera directa o indirecta, terminarían en la cárcel el presidente del BCRA, el directorio, el presidente de la Nación y los funcionarios que voten por eso”, expresó Milei.

La emisión de dinero devalúa al peso y hace perder su valor frente a los bienes y servicios. Esto es percibido por la gente como una suba de todos los precios de la economía, lo cual recibe el nombre más conocido como inflación.

Pero de fondo, lo que ocurre es que la emisión sin respaldo genera que se necesiten más pesos para comprar los mismos productos, lo que lleva a una pérdida del poder adquisitivo si los sueldos tardan más en acomodarse.

Todo este proceso inflacionario y de caída real de salarios se evita sin emitir dinero para financiar el gasto público, limitando la emisión de pesos únicamente para pagar los gastos y las deudas propias del Banco Central.

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