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El fiscal acusó a la vicepresidenta de liderar una asociación ilícita: “Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Fernández”

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El fiscal Diego Luciani presentó los alegatos en la causa que investiga corrupción para la adjudicación de obra pública al magnate K en Santa Cruz.

Este lunes es un día clave para Cristina Kirchner, ya que el fiscal Diego Luciani presentó los alegatos contra la vicepresidenta por el juicio de la causa Vialidad por presunta corrupción. Será la etapa final del proceso a cargo del Tribunal Oral Federal 2, luego de la feria judicial.

El juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, donde se juzga a la vicepresidenta y a otros doce imputados, se reanudó hoy con el inicio del alegato fiscal, que se extenderá durante nueve audiencias.

En ese marco, el fiscal hizo duras acusaciones contra la exmandataria por el proceso de supuestas corrupción en la adjudicación de la obra pública. “Entre 2003 y 2015 funcionó una asociación ilícita que tuvo como jefes a Néstor y Cristina Kirchner”, y advirtió que hubo “una defraudación millonaria”.

El fiscal se refirió a Báez como “socio comercial de Néstor Kirchner y de su esposa” y los responsabilizó de haber provocado un “perjuicio económico y social inconmensurable”. Según comentó, “instalaron y mantuvieron una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”.

Además, el magistrado dijo que “las 51 licitaciones analizadas buscaron eliminar la competencia para que Báez fuera beneficiado ilícitamente con contratos millonarios” y calificó como “una ficción” la supuesta competencia que tenían las empresas de Báez: “Fue una maniobra burda para montar un escenario de libre competencia”.

El fiscal citó una declaración del actual presidente Alberto Fernández donde mencionó la relación que tenía el ex presidente durante 2003 y 2007 con el empresario kirchnerista. “Néstor Kirchner, y Lázaro Báez eran amigos íntimos, esto no está en discusión, no está controvertido. La misma Cristina Fernández lo admitió en su declaración indagatorio. También el actual presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, corroboró esa estrecha vinculación en su declaración testimonial, al manifestar que a Lázaro Báez se lo presentó Néstor Kirchner en el año 2003, 2004, en El Calafate, en circunstancias en que acompañó a Néstor, que estaba terminando su casa, y Lázaro Báez estaba allí, en el parque”.

Por otro lado, el fiscal dijo que en los gobiernos K “la corrupción se convirtió en un comportamiento habitual, en hechos gravísimos, una organización permanente”. Además, remarcó que “se encubrió, con un fin noble, la comisión de un delito, se direccionaron licitaciones públicas aprovechando una estructura de funcionarios que eran funcionales y que brindaban su aporte a la defraudación”.

Luciani dijo que “luego de más de una década a cargo de la administración de la provincia de Santa Cruz los jefes de la asociación ilícita consolidaron una base de poder fáctico” y que “conocían y tenían el poder para influir en la designación de los funcionarios a cargo de Vialidad y de los organismos de control”.

El juicio por la causa Vialidad contra Cristina Kirchner

En la última jornada previa a la feria judicial que comenzó el 18 de julio, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la absolución por falta de pruebas de los 13 acusados, al descartar la existencia de sobreprecios en las obras públicas viales que se adjudicaron a empresas del también acusado Lázaro Báez en ese período.

El organismo consideró “irresponsable avanzar en la acusación” por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita, planteó inconsistencias en las pericias y reclamó absoluciones.

Tanto la vicepresidenta como los restantes juzgados tienen obligación de presenciar las audiencias en esta etapa de alegatos, aunque como el debate se realiza por videoconferencia pueden conectarse a través de la plataforma Zoom. El juicio se realiza de manera virtual desde agosto de 2020, pero los tres jueces, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, están presentes en una de las salas de audiencias de los tribunales federales de Retiro, en Comodoro Py 2002.

Qué se investiga en la causa Vialidad donde se juzga a Cristina Kirchner

La causa se inició a partir de la denuncia del exministro de Energía y exdirector de Vialidad Nacional, Javier Iguacel. Se apunta contra la vicepresidenta, Lázaro Báez y exfuncionarios de Vialidad Nacional y de la delegación de Santa Cruz de ese organismo, entre ellos Carlos Kirchner, Mauricio Collareda y Abel Fatala.

  • La presentación de Iguacel fue por la acusación de graves irregularidades en contratos de obra pública en Santa Cruz, como sobreprecios.
  • En la causa por corrupción en la obra pública la vicepresidenta está acusada de haber sido jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar obra pública a Báez.
  • El juez federal Julián Ercolini advirtió al elevar la causa a juicio oral que 51 de las 88 obras realizadas en Santa Cruz entre 2004 y 2015 se hicieron con empresas del empresario K por $46 mil millones.
  • Según la acusación hubo una “maniobra de corrupción” entre el Gobierno durante el kirchnerismo y organismos estatales con los que “se montó una organización criminal”.
  • De acuerdo a las acusaciones hubo “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez”.

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Los radicales presentaron un proyecto para ilegalizar la portación de armas blancas, en camino opuesto a lo que pide la población

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El diputado Juan Martín, de la UCR, presentó un proyecto para prohibir la portación de cuchillos, armas de goma o réplicas.

Encabezados por el diputado santafesino Juan Martín, un grupo de diputados de la UCR presentó un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal con el objetivo de tipificar y sancionar la portación de armas blancas.

La iniciativa va en dirección opuesta a lo que pide la población, que aclama por una mayor flexibilidad en la portación de armas de fuego para poder defenderse de la crisis de inseguridad que atraviesa Argentina.

Los radicales proponen incorporar al Código Penal de la Nación que quien porte armas blancas u objetos cortantes o contundentes, será reprimido con prisión de 6 meses a dos años de prisión y multa de $50.000 a $100.000. Igual pena corresponderá a quien suministre estas armas a menores de 18 años.

Además, el texto establece que la tenencia de forma desenfundada o con la hoja desprotegida de armas blancas será reprimida con prisión de 1 a 3 años de cárcel, y multa de $100.000 a $250.000.

Nuestro Código Penal tiene más de 100 años: los tiempos exigen que actualicemos las normas y nos hagamos cargo. No puede ser que cualquiera pasee con un cuchillo por la calle y no pase nada“, aseguró el diputado Martín en la presentación.

La Policía y la Justicia deben hacer su trabajo, pero necesitamos herramientas claras en nuestra legislación. No son momentos de mirar para el costado. Hace falta determinación y firmeza”, explicó el autor del proyecto.

Esta afirmación es falsa, y la Policía actualmente tiene la facultad de detener a cualquier persona en concepto de la Ley 23.950, la cual establece la detención por averiguación de identidad. No necesita de ninguna proscripción de armas blancas para poder detener a una persona que tenga empuñada un cuchillo.

Los requisitos para detener a una persona en estos casos son: que haya circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiera cometido un delito o pudiere cometer y no acredite fehacientemente su identidad. La detención no podrá excederse por más de 10 horas y el detenido no podrá estar incomunicado.

El proyecto de ley es incluso más difícil de justificar de esta manera, ya que también propone una sanción a quienes porten armas de aire o gas comprimido, ballesta o similares, como también réplicas con arma de fuego. Cabe la pregunta entonces, ¿qué delito podría cometer una persona con un arma falsa?

La legislación llevará entonces a la creación de licencias para la portación de elementos cortantes que se entregarían por motivos de profesión, oficio o actividad. Por ejemplo, un carnicero debería sacar una licencia para poder ostentar un cuchillo en su comercio que da a la vía pública.

Proyecto de Ley

La iniciativa también cuenta con la firma de los legisladores María Luján Rey; Gabriel Chumpitaz; Mario Barletta; Manuel Aguirre; Lisandro Nieri; Pamela Verasay; Jimena Latorre; Lidia Ascárate; Aníbal Tortoriello; Gustavo Bouhid y Martín Berhongaray.

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Un borocotazo en Salta complica el armado nacional de Juntos por el Cambio

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El diputado salteño y olmedista, Juan Carlos Zapata, abandonó Juntos por el Cambio para sumarse a un nuevo frente liderado por un diputado de La Campora.

Carlos Zapata

Tras las recordadas migraciones de los diputados Ávila, Carambia y Ansaloni, que saltaron de Juntos por el Cambio (JxC) al kirchnerismo tras la victoria de Alberto Fernández en 2019, la política salteña se vio sacudida esta semana por el “borocotazo” del diputado nacional Carlos Zapata, quien abandonó la coalición opositora (había sido electo diputado hace apenas dos años por JxC), para sumarse a una nueva formación provincial liderada por el diputado de La Cámpora, Emiliano Estrada.

Estrada fue ministro de Juan Manuel Urtubey hasta 2019, y ese mismo año acompañó como candidato a vicegobernador del Frente de Todos al líder del cristinismo salteño, Sergio “El Oso” Leavy, quién perdió dicha compulsa con el actual gobernador Gustavo Sáenz.

Ambicioso y con buena llegada a la familia Kirchner, el candidato que hoy apoya Zapata supo ser mano derecha de Eduardo “Wado” De Pedro en el Ministerio del Interior, cargo que abandonó en 2021, justamente para competir contra Zapata por un lugar en la Cámara de Diputados.

Lo cierto es que el fragor de la última campaña entre Zapata y Estrada quedó en el olvido y hoy se muestran juntos y decididos a capturar el voto de los kirchneristas duros, que no aprueban la gestión de Sáenz.

Boleta de Estrada en las elecciones legislativas de 2021

Este martes se realiza el lanzamiento oficial de la nueva formación, que reúne a otras viejas caras de la “casta” política salteña, como la kirchnerista Cristina Fiore, el radical de izquierda Rubén “Chato” Correa, el ex diputado Fernando Biella, y el ex dirigente del PRO, Martín Grande, que en agosto abandonó el bullrichismo para sumarse al equipo de Horacio Rodríguez Larreta, y ahora abandona a éste para apoyar al candidato ultra-K.

Lo más llamativo del “garrochazo” de Zapata radica en que su apoyo al candidato de La Cámpora ocurre en el mismo momento en que su jefe político, Alfredo Olmedo, hace esfuerzos denodados para asegurarse la franquicia de Javier Milei en Salta, e incluso ha gastado un dineral para pintar toda la provincia con el lema Milei-Olmedo.

Según se especulaba ayer en los medios salteños, el sorpresivo pase de Zapata podría obedecer a un pedido del ex gobernador, Juan Carlos Romero, quien buscaría debilitar así a JxC en el plano local, para mejorar las chances de reelección de su hija Bettina, intendente de Salta que hoy aparece hundida en las encuestas tras una pésima gestión.

En el oficialismo salteño festejaron la movida, en tanto, por entender que el quiebre de JxC le da aire también a Gustavo Sáenz, quién viene golpeado tras una gestión tan carente de logros como la de su antecesor Juan Manuel Urtubey.

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Ante las presiones y las movilizaciones en su contra, Maduro canceló su viaje a la Argentina

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El dictador venezolano se asustó de las protestas que los venezolanos argentinos estaban organizando para protestar su visita a Buenos Aires.

El sanguinario dictador venezolano Nicolás Maduro canceló su viaje a la Argentina donde había sido invitado por el presidente Alberto Fernández para participar de la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

El líder chavista denunció un “plan de la derecha neofascista” para convocar movilizaciones en su contra en Buenos Aires y que estas protestas “amenazaban contra su vida“.

Además, aunque no lo dijo, la realidad que sobre su cabeza pesa una orden de captura del Departamento de Justicia de los Estados Unidos con una recompensa por US$ 15 millones de dólares, y la Policía Federal Argentina (PFA), como parte de Interpol, tiene el deber de capturarlo de pisar suelo argentino.

Si bien Alberto Fernández había dado la deplorable orden de no arrestarlo como la ley demanda, todo indica que los asesores de Seguridad del chavismo le recomendaron no realizar el viaje.

Maduro denunció que la oposición argentina elaboró un “plan extravagante” en su contra. “Pretenden montar un show deplorable, a fin de perturbar los efectos positivos de tan importante cita regional“, subrayó en un comunicado publicado por el régimen socialista.

“Así buscan contribuir a la campaña de descrédito -ya fracasada- que se ha emprendido contra nuestro país desde el Imperio Norteamericanoañade. Por ese motivo, el dictador venezolano tomó “la decisión responsable” de enviar al canciller, Yván Gil, “como jefe de delegación con las instrucciones de llevar la voz del pueblo de Venezuela”, y “no ir en persona“.

Hemos sido informados de manera irrebatible de un plan elaborado en el seno de la derecha neofascista, cuyo objetivo es llevar a cabo una serie de agresiones en contra de nuestra delegación encabezada por el presidente”, advirtió Maduro, en referencia a las masivas protestas que se estaban organizando en Buenos Aires por su visita.

Como Estado fundador de la Celac, Venezuela desea cuidar el éxito de este principal mecanismo de unión e integración regional a favor de nuestros pueblos”, concluye el escrito, mientras que agradece al presidente argentino Alberto Fernández por la invitación.

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