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El fiscal acusó a la vicepresidenta de liderar una asociación ilícita: “Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Fernández”

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El fiscal Diego Luciani presentó los alegatos en la causa que investiga corrupción para la adjudicación de obra pública al magnate K en Santa Cruz.

Este lunes es un día clave para Cristina Kirchner, ya que el fiscal Diego Luciani presentó los alegatos contra la vicepresidenta por el juicio de la causa Vialidad por presunta corrupción. Será la etapa final del proceso a cargo del Tribunal Oral Federal 2, luego de la feria judicial.

El juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, donde se juzga a la vicepresidenta y a otros doce imputados, se reanudó hoy con el inicio del alegato fiscal, que se extenderá durante nueve audiencias.

En ese marco, el fiscal hizo duras acusaciones contra la exmandataria por el proceso de supuestas corrupción en la adjudicación de la obra pública. “Entre 2003 y 2015 funcionó una asociación ilícita que tuvo como jefes a Néstor y Cristina Kirchner”, y advirtió que hubo “una defraudación millonaria”.

El fiscal se refirió a Báez como “socio comercial de Néstor Kirchner y de su esposa” y los responsabilizó de haber provocado un “perjuicio económico y social inconmensurable”. Según comentó, “instalaron y mantuvieron una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”.

Además, el magistrado dijo que “las 51 licitaciones analizadas buscaron eliminar la competencia para que Báez fuera beneficiado ilícitamente con contratos millonarios” y calificó como “una ficción” la supuesta competencia que tenían las empresas de Báez: “Fue una maniobra burda para montar un escenario de libre competencia”.

El fiscal citó una declaración del actual presidente Alberto Fernández donde mencionó la relación que tenía el ex presidente durante 2003 y 2007 con el empresario kirchnerista. “Néstor Kirchner, y Lázaro Báez eran amigos íntimos, esto no está en discusión, no está controvertido. La misma Cristina Fernández lo admitió en su declaración indagatorio. También el actual presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández, corroboró esa estrecha vinculación en su declaración testimonial, al manifestar que a Lázaro Báez se lo presentó Néstor Kirchner en el año 2003, 2004, en El Calafate, en circunstancias en que acompañó a Néstor, que estaba terminando su casa, y Lázaro Báez estaba allí, en el parque”.

Por otro lado, el fiscal dijo que en los gobiernos K “la corrupción se convirtió en un comportamiento habitual, en hechos gravísimos, una organización permanente”. Además, remarcó que “se encubrió, con un fin noble, la comisión de un delito, se direccionaron licitaciones públicas aprovechando una estructura de funcionarios que eran funcionales y que brindaban su aporte a la defraudación”.

Luciani dijo que “luego de más de una década a cargo de la administración de la provincia de Santa Cruz los jefes de la asociación ilícita consolidaron una base de poder fáctico” y que “conocían y tenían el poder para influir en la designación de los funcionarios a cargo de Vialidad y de los organismos de control”.

El juicio por la causa Vialidad contra Cristina Kirchner

En la última jornada previa a la feria judicial que comenzó el 18 de julio, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la absolución por falta de pruebas de los 13 acusados, al descartar la existencia de sobreprecios en las obras públicas viales que se adjudicaron a empresas del también acusado Lázaro Báez en ese período.

El organismo consideró “irresponsable avanzar en la acusación” por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita, planteó inconsistencias en las pericias y reclamó absoluciones.

Tanto la vicepresidenta como los restantes juzgados tienen obligación de presenciar las audiencias en esta etapa de alegatos, aunque como el debate se realiza por videoconferencia pueden conectarse a través de la plataforma Zoom. El juicio se realiza de manera virtual desde agosto de 2020, pero los tres jueces, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, están presentes en una de las salas de audiencias de los tribunales federales de Retiro, en Comodoro Py 2002.

Qué se investiga en la causa Vialidad donde se juzga a Cristina Kirchner

La causa se inició a partir de la denuncia del exministro de Energía y exdirector de Vialidad Nacional, Javier Iguacel. Se apunta contra la vicepresidenta, Lázaro Báez y exfuncionarios de Vialidad Nacional y de la delegación de Santa Cruz de ese organismo, entre ellos Carlos Kirchner, Mauricio Collareda y Abel Fatala.

  • La presentación de Iguacel fue por la acusación de graves irregularidades en contratos de obra pública en Santa Cruz, como sobreprecios.
  • En la causa por corrupción en la obra pública la vicepresidenta está acusada de haber sido jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar obra pública a Báez.
  • El juez federal Julián Ercolini advirtió al elevar la causa a juicio oral que 51 de las 88 obras realizadas en Santa Cruz entre 2004 y 2015 se hicieron con empresas del empresario K por $46 mil millones.
  • Según la acusación hubo una “maniobra de corrupción” entre el Gobierno durante el kirchnerismo y organismos estatales con los que “se montó una organización criminal”.
  • De acuerdo a las acusaciones hubo “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez”.

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Muerte de bebés en Córdoba: Denuncian negligencia del Hospital y la posibilidad de una asesina serial entre las enfermeras

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Nueve enfermeras han sido apartadas de sus tareas y la muerte de bebés ha frenado. Hay más de 13 casos de bebés que nacieron sanos y que murieron a las pocas horas por exceso de potasio en sangre.

Hace poco menos de una semana se dio a conocer la impactante noticia de que una decena de bebés han muerto en los últimos meses en el Hospital Materno Neonatal, un número excesivamente por encima de la cantidad de muertes que debería tener un hospital infante en el siglo XXI.

El caso es investigado por la Justicia y la Provincia de Córdoba se metió en la causa como querellante, mientras el Ministerio de Salud provincial firmó un sumario administrativo de la maternidad más importante de la ciudad y de toda Córdoba.

Según pudo averiguar La Derecha Diario, nacieron el año pasado 4.640 bebés vivos en el Neonatal e 2021, lo cual es equivalentes al 10% de todos los nacimientos de la provincia, mientras que fallecieron unos 37 niños, con un promedio de tres casos por mes.

En lo que va de este año, ya han habido 28 muertes, 4,6 por mes, un número muy por encima del promedio mensual que tuvo el Hospital el año pasado. Además, todas las muertes del año pasado se pueden atribuir a pacientes prematuros y/o malformaciones congénitas. Pero entre los 28 fallecidos hasta la fecha, por lo menos 13 casos estaban completamente sanos.

Esta decena de casos son investigados no solo por la irregularidad de que un niño que estaba sano muera repentinamente, si no por la coincidencia en la causa de muerte: todos tenían exceso de potasio en sangre que no es compatible con una causa natural de muerte.

En diálogo con especialistas en el tema, un médico nos mencionó que bajo ninguna circunstancia debería darse esa cantidad de potasio a un bebé recién nacido, ni hay posibilidad de que su muerte haya estado vinculada a potasio en mal estado.

Hay dos escenarios: o los enfermeros en el Hospital incurrieron en un grosero caso de mala praxis sin precedentes y a una escala masiva que ya afectó a 1 de cada 3 pacientes neonatos este año, o hay una persona, enfermero o médico, que está provocando la muerte de bebés conscientemente.

En el lugar trabajan 800 personas y hubo 23 separadas del cargo en los últimos meses, según informó el Ministerio de Salud cordobés esta semana. Según se reporta, tras la separación de estas personas, las muertes de los bebés han frenado, y 14 personas apartadas ya han sido reincorporadas después de una investigación interna del Hospital. Según pudo averiguar este medio, hay 9 enfermeros que todavía permanecen suspendidos.

Según reporta LA NACIÓN, el personal está en alerta, pero no habla. La única persona que habló hasta el momento prácticamente confirmó la existencia de un “ángel de la muerte“, como se llama a médicos o enfermeros que matan a sus pacientes.

Se trata de la supervisora de enfermería, Gladys Edith Ríos, quien calificó los hechos como un “genocidio, y le dijo a El Doce TV que tiene pruebas de que “hay una ‘mano negra” entre el personal del Hospital. “Espero que la Justicia haga justicia por estos nenes que nada tienen que ver con lo que está pasando acá”, dijo.

El caso que desató la investigación: la beba de María Martín

Tal como describió LA NACIONfue la noche del 6 de junio la que marcó un punto de quiebre. Hasta entonces había solo tres muertes de bebés nacidos completamente sanos, de embarazos normales y madres sanas. En tan solo 24 horas, hubo varios bebés que involucionaron repentinamente, y terminaron muertos.

Ese 6 de junio nació la beba de María Martín, la mujer que contactó a la prensa y desató tal vez la noticia más triste y preocupante de las últimas décadas. A las seis horas del parto, con ella en la habitación, advirtió que la beba “empieza a descompensarse, a ponerse pálida, con las manos frías, y que no quería la teta”. Las enfermeras se la llevaron y a los minutos regresaron y le preguntaron si se le había caído porque tenía un hematoma en la espalda. La respuesta fue que no, que solo le había cambiado el pañal y nada más.

La beba quedó internada. El hematoma hizo una necrosis, se ulceró la espalda y llegó casi hasta el hueso. Los análisis dieron altos niveles de potasio en sangre y que el hematoma fue producto de un pinchazo. Las autopsias de otros dos bebes fallecidos previamente dieron el mismo resultado. Ya con 3 casos similares, se decidió empezar una investigación y el caso llegó a la prensa.

Estuvo un mes internada. Ahora está bien”, dijo Martín, quien a su vez contó que ese mismo día escuchó que dos bebas nacidas con poca diferencia con la suya también se descompusieron y a los pocos días habrían muerto. También recuerda que una enfermera le sugirió ese día que consultara con un abogado, y le habría dicho que “acá están pasando cosas raras“.

La abogada Daniela Morales y María Martín con su bebé, la única neonata que sobrevivió hasta el momento.

El Hospital es el mejor centro de salud neonatal de Córdoba, y todos los pacientes entrevistados por la prensa en las últimas semanas han hablado maravillas del servicio. Sin embargo, sea mala praxis o un “ángel de la muerte”, esta situación derribaría la reputación de excelencia de la institución y abriría la puerta a una serie investigación de negligencia entre las autoridades.

Según reveló LA NACIÓN, hay una enfermera que está en el centro de la hipótesis principal de la investigación judicial por al menos cinco muertes de bebés, y se está investigando su rol en los otros fallecimientos. En esta hipótesis, la mujer habría actuado con intencionalidad y sería una asesina serial. Esta persona “empezó a trabajar en el Hospital en 2020” y tenía “buenos antecedentes”, según una fuente consultada, y de ser culpable, habría esperado casi 2 años para empezar a matar.

No obstante, hasta el momento no hay imputaciones en el expediente, mientras desde la Justicia y el Ministerio de Salud provincial indicaron que no habrá más declaraciones hasta que se avance con las averiguaciones. El fiscal Raúl Garzón tiene a su cargo la investigación.

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Ya no esconden su socialismo: Facundo Manes criticó al Campo, propuso más proteccionismo y sustituir importaciones

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El referente de la Unión Cívica Radical se mostró como un ferviente partidario de las recetas económicas del siglo XX y minimizó la importancia de la exportación de materia prima. En su lugar, apuesta por las teorías económicas heterodoxas y el “desarrollismo”.

El diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) y referente del partido en Buenos Aires, Facundo Manes, volvió a insistir en su impronta en contra de la exportación de materias primas.

A pesar de que el campo argentino constituye actualmente la principal fuente de divisas para el país, y mantiene un nivel de competitividad incluso superior a la media internacional en la comercialización de granos, para Manes implica un desperdicio de potencial en materia de crecimiento.

El radicalismo pretende reinstalar el debate para la aplicación de las viejas políticas “desarrollistas” aplicadas en la Argentina a mediados del siglo XX. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) encuentra adeptos no solamente en el kirchnerismo sino también en la UCR.

Este análisis contradice las posturas convencionales de la teoría económica más aceptadas por el consenso científico a nivel mundial. El consenso ortodoxo concluye tajantemente que el libre comercio impulsa activamente el crecimiento económico de los países, sin importar la especialización de cada país, e incluso sin importar la existencia (o ausencia) de ventajas comparativas entre ellos.

A pesar de una cierta vocación aperturista durante la administración de Mauricio Macri a partir del avance en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el radicalismo defendió y suscribió el aumento de la llamada “tasa estadística de importación” del 0,5% al 2,5% a principios de 2019.

Más tarde, Alberto Fernández elevó la tasa del tributo hasta el 3% a partir de diciembre de 2019, y lo prorrogó sistemáticamente hasta la actualidad. Se trata de una alícuota general y uniforme a las importaciones.

Manes no ocultó su simpatía por el viejo estructuralismo latinoamericano del siglo pasado, e incluso participó de un acto en potestad del “día del amigo desarrollista”, en conmemoración del natalicio de Rogelio Julio Frigerio. También se sumaron otras personalidades de Juntos por el Cambio como María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Margarita Stolbizer y Rogelio Frigerio (nieto), entre otros.

¿Qué pasó en Argentina cuando se aplicaron las ideas de Manes?

Aunque el proteccionismo en Argentina tiene larga data, el primer precedente “desarrollista” se dio con la presidencia del radical Arturo Frondizi. Bajo su gestión, y en facultad de las mismas ideas que propone Facundo Manes, el Gobierno radical aprobó una reforma arancelaria creando cuatro listas de productos:

Lista N° 1: Suponía un arancel del 0% para una limitada variedad de materias primas, entre ellas el petróleo, el carbón y el hierro.

Lista N° 2: Imponía un arancel del 20% para productos alimenticios, oro, aluminio, arrabio y productos químicos. Muchos de estos productos se encontraban anteriormente exentos del pago de impuestos.

Lista N° 3: Establecía un arancel del 40% para cubiertas, chapas de acero, flejes de hierro, maderas, herramientas, tejidos, instrumentos para cirugía, máquinas y motores.

Lista N° 4: Todas y cada una de las importaciones que no estuvieran comprendidas en las listas anteriores se vieron sujetas a un brutal arancel del 300% sobre el precio CIF de importación. Estos aranceles resultaron prohibitivos en la práctica, haciendo completamente inviable la importación de los productos alcanzados.

Al mismo tiempo, se gravó la exportación de materias primas con una retención del 20% para productos ganaderos, agrícolas y mineros, y un 10% para el caso de ciertos productos especiales. Además, se aplicó un recargo adicional del 15% para la exportación de cereales, llevando la tasa consolidada sobre estos productos hasta el 35%.

Aunque los consumidores se vieron obligados a pagar bienes más caros en el marco de una competencia reducida, los beneficios prometidos por el desarrollismo nunca llegaron. Las industrias desarrolladas artificialmente por la protección no pudieron alcanzar en ningún momento estándares internacionales, y a pesar de permanecer protegidas por décadas, enfrentaron severas dificultades en cada proceso de apertura arancelaria gradual.

La economía cerrada tampoco logró resultados prometedores en materia de crecimiento, y el ingreso por habitante de la Argentina se divorció del tren de los países desarrollados a partir de la segunda mitad del siglo XX

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El Gobierno de Larreta decidió estatizar el sistema de acarreo de vehículos por tiempo indefinido

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Tras las denuncias de corrupción entre las empresas de acarreo y el Gobierno local, Rodríguez Larreta decidió intervenir los servicios y el Gobierno porteño se hará cargo del sistema hasta que se defina una nueva licitación.

El denominado “Frente Anti-Grúas” finalmente consiguió sentar un precedente en contra el sistema de acarreo de vehículos que operaba en la Ciudad de Buenos Aires. La inusual alianza entre el Frente de Todos, los liberales, la izquierda y la Coalición Cívica denunció un entramado de corrupción entre el Gobierno porteño y las empresas de servicio de grúas.

En un principio el Gobierno porteño encabezado por Horacio Rodríguez Larreta se negó a tratar el tema o siquiera darle un mínimo de importancia, pero tras la amenaza de la oposición para alcanzar el quórum propio y romper el blindaje del PRO, finalmente decidió intervenir en la materia.

El Gobierno de Larreta dispondrá la estatización de los servicios de acarreo de vehículos, determinando así el fin del contrato de concesión que tenían las empresas Dakota SRL y BRD Sociedad Anónima, el cual habían obtenido en la década de 1990 y con un primer vencimiento en el año 2001.

Según fuentes trascendidas, el Gobierno porteño no pretendería hacerse cargo de los servicios de manera definitiva, sino que buscaría definir un nuevo llamado a licitación para encontrar empresas interesadas en la administración del sistema, pero no han dado ningún plazo al respecto y por ahora la única respuesta que han dado es que el acarreo será estatal “por tiempo indefinido”.

A pesar de haber formado el frente en contra de la actual administración de los servicios, el referente de Milei de la Ciudad de Bueno Aires y uno de los impulsores del fin de la concesión, Ramiro Marra, criticó la falta de acción de Rodríguez Larreta.

Marra apuntó nuevamente contra el Gobierno del PRO y lo increpó por la falta de capacidad para concretar una licitación lo más rápido posible, en lugar de estatizar los servicios y dejar indefinido los plazos para nuevas licitaciones (en caso de haberlas).

A diferencia de los otros partidos políticos del “Frente Anti-Grúas”, los liberales destacaron la importancia de que los servicios permanezcan en manos privadas, se limitaron a solicitar un cambio de concesión y rechazan tajantemente la administración estatal del sistema de acarreo. 

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