Argentina
El ideólogo de la dolarización Emilio Ocampo anunció que se suma oficialmente al equipo de Milei
La propuesta de dolarización de los economistas Emilio Ocampo y Nicolás Cachanosky es una de las más respetadas de entre todas las alternativas. La dolarización no solo terminaría con la inflación, sino también con la bomba de pasivos remunerados en el Banco Central.
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Tras la contundente victoria liberal en las elecciones primarias, el prestigioso economista Emilio Ocampo confirmó que fue contactado por Javier Milei para sumarse al equipo de asesores en temas vinculados con el programa de dolarización.
Si bien el economista experto en la materia no era parte oficialmente de la campaña de Milei, tras recibir el llamado de Milei decidió dar el paso e involucrarse activamente para llevar a cabo el plan de dolarización que inmortalizó en su libro Dolarización: Una Solución para la Argentina.
Junto con Nicolás Cachanosky, ambos economistas desarrollaron una propuesta innovadora para impulsar un proceso de dolarización sin necesidad de costos traumáticos en materia cambiaria, y al mismo tiempo liquidando la bomba de pasivos remunerados contenida en el Banco Central, como por ejemplo las Leliq, las Notaliq y los Pases, entre otros instrumentos.
Existen una serie de alternativas para llevar a cabo el proceso con éxito, ya sea reconvertir los títulos del Banco Central para que dejen de ser “activos basura”, o bien suscribir al financiamiento externo.
Ocampo particularmente propone "recuperar" los "activos basura" del Estado, y eso ha atraido la atención del candidato a presidente. No hay ninguna proposición concreta pero los rumores en el espacio libertario es que en caso de que gane la elección La Libertad Avanza, Emilio Ocampo podría ser el próximo, y último, presidente del Banco Central.
¿Por qué está mal el cálculo del tipo de cambio al que suelen apelar los economistas de Juntos por el Cambio?
Suele escucharse que para implementar una proceso de dolarización es necesario contar con un elevado nivel de reservas netas, algo que hoy el Banco Central no tiene. En este sentido, muchos economistas hablan de un tipo de cambio estratosférico e inviable para llevar a cabo la dolarización.
Esto es falso. Como explican los autores de la propuesta, el BCRA no solo cuenta con reservas de divisa netas en sus activos, sino que también retiene una determinada posición de Adelantos Transitorios del Tesoro Nacional (AT) y Letras Intransferibles (LI). Para muchos economistas estos activos no valen absolutamente nada porque se rollean automáticamente cada vez que vencen, pero lo cierto es que sí tienen un valor de mercado, aunque a una cotización extremadamente baja por falta de interesados.
Este es el principal punto de discusión con respecto a los enfoques de los economistas en Juntos por el Cambio (JxC) u otros espacios. A valores actuales (algo que puede variar pero por el momento sirve para el cálculo), los autores estiman que los activos del BCRA en concepto de AT y LI ascienden hasta los US$ 70.000 millones de valor nominal.
Si bien esta relación es muy variable por la coyuntura, contabilizando estos activos, la dolarización es factible a un tipo de cambio mucho más cercano al dólar paralelo o el dólar financiero de la actualidad.
¿De dónde saldrían los dólares para dolarizar y como se eliminaría el déficit cuasi-fiscal?
Los autores dividen su programa en dos segmentos: por un lado la solución al déficit cuasi-fiscal (la deuda remunerada del BCRA y sus intereses), y por otro lado el proceso de dolarización propiamente dicho.
Se propone un canje entre Adelantos Transitorios y Letras Intransferibles por nuevos bonos emitidos bajo ley New York. Es una maniobra para que los inversores puedan aceptar los bonos y además es factible, ya que en diciembre de 2015, la gestión de Federico Sturzenegger logró un canje similar, sin una promesa de dolarización. Se genera así una suerte de recapitalización implícita del Banco Central.
Estos bonos canjeados serían transferidos a un denominado “Fondo de Estabilización Monetaria (FEM)” en conjunto con los pasivos financieros del BCRA (la deuda remunerada que genera el déficit cuasi-fiscal), un fideicomiso establecido en Estados Unidos bajo una legislación segura y no dependiente de los vaivenes políticos de la Argentina. Asimismo, el Estado capitalizaría ese fondo por ejemplo con los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) o ciertos ingresos fiscales a modo de garantía.
A partir de este fideicomiso capitalizado, el objetivo del programa es negociar un refuerzo crediticio o “Credit Enhancement” para revaluar el perfil de riesgo del fondo. Esta negociación se llevaría a cabo con organismos de crédito multilateral y bancos internacionales, a fin de obtener una serie de garantías para atraer a los inversores.
Es una estrategia muy similar a la que se llevó a cabo durante el famoso Plan Brady y que pretende transformar títulos “radiactivos” o rechazados por otros más confiables. Con esta operación, el FEM estaría en condiciones para emitir un papel comercial colateralizado con la garantía de los bancos internacionales que decidan participar a fin de pagar las Leliq y la deuda remunerada del BCRA.
El déficit cuasi-fiscal se vería completamente eliminado sin ningún tipo de confiscación a los ahorristas o a los bancos locales. Algo completamente distinto de lo que fue el Plan Bonex de los 90s, otro “cuco” que muchos economistas disidentes a la idea de dolarizar traen de manera incorrecta.
De esta manera, los dólares para implementar la dolarización al tipo de cambio sugerido vendrán desde el exterior, a través del mecanismo que instrumenta el Fondo de Estabilización Monetaria. Este fideicomiso permite la financiación de toda la deuda del BCRA con el sistema financiero local, para entonces sí facilitar enormemente la dolarización a un tipo de cambio razonable.
Argentina
Empieza la recuperación: En lo que va de 2024, los salarios le ganaron a la inflación y crecen en términos reales mes a mes
Durante los primeros cinco meses del año, los sueldos acumularon un incremento del 73,6%, mientras que la inflación fue del 71,9%. Esto se traduce en un aumento del 1,7% en términos reales.
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En un contexto económico marcado por una gran caída de la inflación, los salarios en Argentina han mostrado una notable capacidad de recuperación en los primeros cinco meses del año.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los sueldos acumularon un aumento del 73,6%, superando el incremento de precios del 71,9% en el mismo período. Esta tendencia se acentuó en mayo, donde los salarios registraron un salto del 8,3%, casi el doble del 4,2% de la inflación mensual.
El informe del INDEC revela que la variación de los salarios en el período enero-mayo fue en promedio del 73,6%, con algunas diferencias según el sector de empleo:
En el sector privado registrado, los sueldos aumentaron un 81,5%, superando ampliamente a la inflación mientras que, en el sector público, los incrementos fueron del 66,7%, ligeramente por debajo del índice general de precios. El más golpeado fue el sector privado no registrado, en donde los salarios subieron un 55,5%, lo que implica una pérdida frente a la inflación.
Este desglose evidencia que, aunque en promedio los salarios han superado la inflación, la realidad es dispar dependiendo del tipo de empleo. Debido al desastre económico del gobierno kirchnerista de Alberto Fernández, que dejó el país al borde de una hiperinflación, los empleados públicos y los trabajadores no registrados enfrentaron las mayores dificultades para mantener su poder adquisitivo.
El gran trabajo del Gobierno de Milei en evitar la peor crisis de la historia argentina, y en reducir notablemente la inflación, generó datos alentadores durante los primeros cinco meses del año. No obstante, la herencia del régimen kirchnerista representa un panorama diferente en términos interanuales. Durante este período, los precios aumentaron un 276,4%, mientras que los salarios solo crecieron un 216%.
El mes de mayo, que tuvo una inflación del 4,2%, presenta un caso distinto. La mayor alza salarial se registró en el sector privado no registrado, con un 11,8%, seguido por los empleados públicos con un 8,3% y, finalmente, los privados registrados con un 7,7%.
La consultora ACM ha analizado estas cifras y concluye que, aunque los salarios han mostrado una recuperación frente a la inflación en los últimos meses, prever una mejora sostenida es "complicado". "Factores como las tarifas y ajustes de precios relativos continuarán presionando sobre la inflación, lo que dificultará una recuperación sustancial de los ingresos en el corto plazo", explicaron.
El incremento de los salarios por encima de la inflación en los primeros meses del año es una señal positiva en un contexto económico desafiante. Sin embargo, la recuperación es desigual entre los distintos sectores de empleo, y la alta inflación interanual heredada del kirchnerismo sigue afectando la capacidad de compra de los argentinos.
El aumento de los salarios por encima de la inflación en los primeros meses del año es un logro significativo de la administración de Javier Milei, que ha implementado medidas efectivas para contrarrestar los efectos de la inflación. Este avance muestra un compromiso con la mejora del bienestar de los trabajadores y una gestión económica que busca generar un crecimiento salarial y una estabilidad de los precios.
Argentina
Argentina se convierte en el primer país de América Latina en registrar una sociedad con capital integrado por criptomonedas
Los criptoactivos fueron transferidos directamente entre billeteras digitales de la compañía y uno de sus socios para constituir una parte del capital social.
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El equipo de Allende & Brea logró registrar una sociedad con una parte de su capital integrado en criptomonedas (BTC y USDC), marcando un hito como el primer caso de este tipo en Argentina y en América Latina.
En detalle, uno de los socios aportó 0.00457621 bitcoins (BTC) y 195 USDC (una stablecoin) para constituir el capital inicial. Las monedas digitales fueron transferidas desde la billetera virtual personal del socio (Lemon Cash) a la billetera de la empresa (Ripio), registrada como "sociedad en formación".
Pablo Palazzi, socio de Allende & Brea, explicó que en el caso de los bienes en especie, como terrenos o inmuebles, se requiere una valoración contable antes de su transferencia a la sociedad. Sin embargo, para las criptomonedas, el proceso fue diferente: se abrieron dos billeteras digitales, una personal en Lemon y otra para la sociedad en Ripio, y se realizó la transferencia del capital a través de estas.
“La valuación de criptoactivos se publica en tiempo real, a diferencia de las acciones, que tienen horarios de mercado. En este proceso, contactamos a ambas plataformas y obtuvimos una especie de ‘certificados de valuación’ de las criptomonedas en el momento del aporte. Es crucial que estos activos sean embargables, conforme a los requisitos de la Ley General de Sociedades (LGS)”, destacó el especialista.
Para garantizar la transparencia y cumplir con los requisitos legales, el experto indicó que se contó con la colaboración de un contador y un notario. “El contador certificó el valor de las criptomonedas en el momento de la transferencia, basándose en los datos de la página de Ripio, mientras que el notario verificó la existencia de la cuenta y la transferencia en sí”, explicó el especialista en derecho y tecnología a Diario Judicial.
El acta elaborada por el escribano indica: “…fijan el capital de la Sociedad en la suma de quinientos cincuenta mil pesos ($550.000) representado por cincuenta y cinco mil (55.000) cuotas de diez pesos ($10) pesos a valor nominal y un (1) voto cada una, de las cuales son totalmente suscriptas por los socios en las siguientes proporciones: …. suscribe un total de cuarenta y nueve mil cien (49.100) cuotas de diez ($10) pesos valor nominal cada una, y …. suscribe un total de cinco mil novecientos (5.900) cuotas de diez pesos ($10) valor nominal cada una, integrando en el acto ambos socios el total capital social, en proporción a sus respectivas suscripciones. Que en virtud de la integración del socio …. consiste, en parte, en el aporte en especie de criptomonedas según el siguiente detalle: la suma de 0.00457621 bitcoins (BTC) y la suma de 195 USD coins”.
Al momento de la redacción de este articulo, el bitcoin cotizaba a USD 66.106, por lo que el aporte en esa criptomoneda equivale a USD 302,5. Por otro lado, el USDC, una stablecoin que sigue el valor del dólar, cotiza a $0,999976, por lo que los 195 USDC equivalen a USD 194,99. En total, el socio aportó USD 497,49 en monedas digitales, lo que se traduce en aproximadamente $470.625, considerando la cotización "oficial" del dólar.
“Es muy positivo para Argentina contar con una Inspección General de Justicia que tiene asesores, autoridades y un Inspector como el Dr. Daniel Roque Vitolo, quienes están a la altura de los desarrollos tecnológicos actuales y facilitan su uso mediante normativas innovadoras, pioneras en América Latina y el mundo”, expresó Pablo Palazzi en redes sociales.
Delfina Hermansson, Legal Manager en Lemon, comentó que la inclusión de criptoactivos como forma de integrar aportes de capital en la normativa de la IGJ representa una actualización significativa del derecho societario argentino.
“Esta medida no solo impulsa el desarrollo del ecosistema cripto al introducir un nuevo sistema de adopción, sino que también promueve un ambiente seguro y confiable para la inversión y operación con activos digitales”, opinó.
Al enterarse de esta noticia, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, expresó su felicidad en una población en X. "Argentina se convierte en el primer país de América Latina en registrar una sociedad con capital integrado por criptomonedas. Felicitaciones a Lawbooks S.R.L. por este hito.", comentó.
"Avances como éste serían imposibles sin el trabajo de desregulación que estamos llevando a cabo desde el Ministerio de Justicia en conjunto con la Inspección General de Justicia. Vamos por más, mucho más.", concluyó el ministro.
Argentina
Se pidió el desalojo forzoso del grupo mapuche Lof Paillako: "La única bandera que va a flamear allí es la Argentina"
El terreno ubicado en Los Alerces, que fue usurpado en 2020 por una comunidad indígena, deberá ser desalojado a la fuerza. Ante la negativa del grupo mapuche de desocupar el predio, Parques Nacionales ha recurrido a la Justicia Federal para pedir que los echen.
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Vencido el plazo de 30 días concedido por Parques Nacionales a la "Lof Paillako" para que desocupe la seccional de guardaparques El Maitenal, en el Parque Nacional Los Alerces, el organismo gubernamental ha solicitado a la Justicia Federal la ejecución del desalojo.
A principios de junio, Cristian Larsen, titular de la Administración de Parques Nacionales, firmó el requerimiento para que el grupo mapuche abandonara el edificio público, que había sido ocupado ilegalmente en 2020, dentro de un plazo de 30 días.
El aviso fue ignorado por los mapuches, quienes optaron por permanecer en el lugar y oponerse a cualquier intento de desalojo. No obstante, el organismo nacional ha decidido continuar con el proceso y ha recurrido a la Justicia Federal para que ejecute la orden de desalojo y lleve a cabo el operativo para recuperar el inmueble para el Estado. La solicitud al juez Guido Otranto fue presentada el 11 de julio, pero debido a la feria judicial, aún no ha sido tratada.
El vencimiento del plazo establecido por Parques Nacionales marcó el inicio de la segunda etapa del proceso, con la solicitud elevada al juez Guido Otranto. Sin embargo, al enterarse del emplazamiento, los mapuches respondieron de manera desafiante. La seccional fue ocupada en 2020 por un grupo de encapuchados liderados por Cruz Cárdenas, un ex combatiente de la misma institución estatal que ahora busca recuperar el espacio.
Después de su labor en la lucha contra incendios forestales, Cárdenas enloqueció, dejó la institución y adoptó una postura combativa, amparado en una supuesta "reivindicación territorial", para apoderarse ilegalmente de tierras públicas. En el emplazamiento, Larsen advirtió que si se rechazaba la solicitud, se recurriría a la Justicia Federal para proceder con el desalojo forzoso del espacio público.
Los ocupantes no solo tomaron la estructura oficial de Parques Nacionales, sino que además construyeron viviendas y galpones dentro del mismo terreno.
La expansión de la ocupación mapuche también ha llegado a otra área conocida como la ex Población Salinas, que pertenece a la misma administración nacional y forma parte del terreno que los mapuches deben desocupar en menos de un mes.
El documento redactado por Parques Nacionales está firmado por Danilo Hernández Otaño, Intendente del Parque Nacional. En el escrito se ordena la restitución “a esta administración de Parques Nacionales del área que pertenece al dominio público del Estado Nacional”, ubicada dentro de la reserva y el parque nacional Los Alerces.
Durante la entrega del documento, Otaño visitó el sitio ocupado, que muestra los daños vandálicos que han sido causados por la "Lof Paillako".
En el primer trámite administrativo, Larsen afirmó que “estamos dando un paso firme para recuperar lo que pertenece a todos los argentinos. Sabemos que las soluciones alternativas solo han garantizado la permanencia de los intrusos en el territorio público, por lo que vamos a fondo con la recuperación del lugar”. Añadió que, si los ocupantes desoyen el requerimiento, llevará el caso al Juzgado Federal para continuar con el proceso de recuperación del espacio.
Este caso es parecido a la gran toma de tierras en La Plata, con la diferencia de que el juez ultra kirchnerista, Alejo Ramos Padilla, en complicidad con el gobernador Axel Kicillof, se puso del lado de los delincuentes.
En aquella ocasión, que tuvo lugar en plena pandemia, Ramos Padilla determinó que los ocupantes ilegales de las 163 hectáreas del ex predio nacional del Club Planeadores, en Los Hornos, no habían cometido un delito. El juez kirchnerista archivó el expediente iniciado el 16 de febrero de 2020, argumentando que en la mega toma de Los Hornos "no se cometió delito porque se realizó a la luz del día y sin violencia."
El juez argumentó que los ocupantes no actuaron de manera secreta, sino que lo hicieron a plena luz del día, especificando que la acción ocurrió a las 16:45.
En aquel momento, luego del fallo del Ramos Padilla, alrededor de 50 residentes de La Plata intentaron tomar un nuevo terreno en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. “Si para ellos es legal, para nosotros también”, argumentaron.
A día de hoy, en la zona ocupada, se puede observar todo un barrio (lógicamente ilegal) armado, que se parece al trazado por una ciudad propiamente dicha. Los delincuentes ya empezaron a construir sus "viviendas", delimitar sus propios terrenos, armaron "plazas", y hasta colocaron algunos "postes de luz".
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