Para las maquinaria y equipos agroindustriales, los aranceles de importación pasaron del 12,6% al 2,0%, mientras que se redujo a 0% el arancel para importar distintos tipos de fertilizantes.

Luego de años de sufrir la demagogia socialista y el constante saqueo de su riqueza por parte de los políticos kirchneristas, el campo comienza a recuperar el lugar que nunca debió haber perdido. Para esto, el Gobierno de Javier Milei está llevando a cabo una reducción de aranceles a las importaciones que van a beneficiar a todo el sector agropecuario.

Este es solo el primer paso de un gran cambio que se viene en la industria argentina, en donde el Estado va a dejar de robar la riqueza generada por el sector privado y va a pasar a fomentar su creación, mediante la reducción de los impuestos y aranceles que tanto daño generan.

Esta medida busca incentivar la modernización y la eficiencia en el sector. En este caso, la disminución de los aranceles del 12,6% al 2,0% para equipos como los Weed-It y Weedseeker podría beneficiar a los productores al hacer más accesible la adquisición de tecnología avanzada para el control de malezas.

Estos equipos, que utilizan la detección óptica de clorofila activa para la pulverización de herbicidas y la eliminación de malezas de manera más precisa y eficiente, son fundamentales para mejorar la productividad y reducir el impacto ambiental en la agricultura.

La medida también contribuye a la competitividad del sector al facilitar el acceso a tecnologías de última generación que permitan una agricultura más sostenible y rentable.

La ampliación de la reducción arancelaria abarca una variedad impresionante de equipos y maquinarias utilizados en diversas etapas y sectores de la agricultura y la agroindustria. Desde enfardadoras hasta cosechadoras especializadas como las de ajo, caña de azúcar, uvas, maní y tomate, pasando por máquinas para la limpieza de nueces y equipos automatizados de ordeñe con tecnología avanzada.

La inclusión de dispositivos como mecanismos de orugas para tracción en cosechadoras, máquinas para cortar árboles y equipos para la clasificación de granos mediante cámaras, refleja la voluntad del Gobierno de Milei de modernizar y optimizar la producción agrícola y agroindustrial en Argentina. La tecnología de clasificación de granos mediante cámaras, por ejemplo, permite una selección más precisa y eficiente de los productos, lo que puede mejorar la calidad y reducir el desperdicio.

En el ámbito agroindustrial se incluyen máquinas para sacrificar, desplumar o eviscerar aves; máquinas y aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas celulósicas, cortadoras-bobinadoras y cortadora de hojas, papeles y cartones acondicionados en bobinas; y máquinas para la preparación de materia textil, entre otros equipos.

El plan del gobierno es de ampliar la rebaja de aranceles de importación a otros bienes de interés para el sector agropecuario, los cuales serían oficializados en los próximos días.

En lo que respecta a los fertilizantes, por medio de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, se procedió a reducir a 0% el arancel para ingresar urea granulada, fertilizantes fosforados, y nitrato de amonio, asi como tambien una reducción del 35,0% al 12,6% el arancel aplicado a la sal colina del ácido 2,4-D.

El pasado 10 de abril, el ministro Luis Caputo había anunciado la medida y desde el sector de los fertilizantes estaban aguardando su instrumentación para poder aplicarla en la estructuración de precios, pero como la oficialización de la misma tardó unos dias, no es factible que la reducción implementada este lunes pueda efectivizarse en lo inmediato a partir de los fertilizantes importados en las últimas semanas o en proceso de ingreso al país, por lo que sí debería tener pleno impacto para los fertilizantes comercializados en la próxima campaña gruesa de 2024/25.

El gobierno nacional anunció que la reducción arancelaria también comprendería a otros herbicidas, tales como glifosato y atrazina, pero esa medida aún no fue instrumentada.

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De Kevin Frank para La Derecha Diario.

La injusta sentencia inicial en 2021 lo condenó a una pena de 2 años de prisión y 5 años de inhabilitación tras abatir a un delincuente involucrado en un robo en el barrio de La Boca. Sin embargo, la decisión fue anulada por Casación, que ordenó un nuevo juicio oral.

La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, presidida por los jueces Horacio Días y Eugenio Sarrabayrouse, revocó la condena impuesta injustamente al policía Luis Chocobar en 2021 por su participación en un incidente en el barrio de La Boca, en donde defendió a un turista estadounidense de un delincuente que lo apuñaló reiteradas veces para robarle sus pertenencias.

Los magistrados anularon el juicio previo en el que Chocobar fue declarado culpable y ordenaron designar un nuevo tribunal oral para llevar a cabo un nuevo proceso.

En aquella ocasión, un Tribunal de Menores había encontrado al oficial Chocobar responsable del delito de homicidio agravado por exceso en el cumplimiento del deber, condenándolo a dos años de prisión y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sin embargo, esta sentencia fue anulada el lunes pasado.

La decisión de anular la condena se basó en que los fundamentos dados por los jueces del Tribunal Oral de Menores Número 2, Jorge Ariel Apolo, Fernando Pisano y Adolfo Calvete, presentaban contradicciones internas respecto a la conducta de Chocobar. Según la resolución de Casación, "existen evidentes e importantes inconsistencias y contradicciones internas en cada uno de los votos, así como externas, ya que, tal como plantea la defensa en su recurso, los tres votos expresan circunstancias distintas sobre aspectos clave del hecho atribuido a Chocobar".

El incidente tuvo lugar en la mañana del 8 de diciembre de 2017, cuando Juan Pablo Kukoc y otro menor de edad, identificado como J.M.P.R., intentaron robar la cámara de fotos del turista estadounidense Frank Joseph Wolek en el barrio de La Boca, mientras este fotografiaba los murales en la calle Garibaldi, entre las calles Suárez y Olavarría. Ante la resistencia de Wolek, Kukoc lo apuñaló, y en respuesta, el oficial Chocobar intervino persiguiendo a Kukoc, quien fue abatido por los disparos del oficial.

En el juicio oral, Chocobar fue condenado como autor del delito de homicidio agravado por exceso en el cumplimiento del deber, mientras que J.M.P.R. recibió una sentencia de nueve años de prisión por tentativa de homicidio criminis causa y tentativa de robo contra Wolek.

Este caso generó una importante conmoción pública, y la entonces ministra de Seguridad durante el gobierno del PRO, Patricia Bullrich, expresó públicamente su respaldo a Chocobar. Además, el oficial Chocobar fue recibido en la Casa Rosada, donde se reunió con el entonces presidente Mauricio Macri.

La Cámara de Casación confirmó este martes la condena a nueve años de prisión para J.M.P.R., ya que rechazó todas las apelaciones presentadas por su defensa. Sin embargo, el tribunal sí aceptó la apelación de la defensa del policía Chocobar. Los magistrados consideraron que los votos de los jueces del tribunal oral presentaban contradicciones entre sí sobre la conducta de Chocobar, lo que llevó a la anulación del fallo.

Según Casación, cada uno de los tres jueces del tribunal oral expresó diferentes circunstancias sobre la conducta de Chocobar al efectuar los disparos mientras perseguía a Kukoc.

"No hay manera de conciliar una primera versión, donde seis de los siete disparos se realizaron en respuesta a un intento de ataque y el último para detener la huida del agresor; una segunda versión que describe cuatro disparos dirigidos para detener la huida, precedidos por otros tres disparos al aire de forma intimidatoria; y una tercera versión que incluye tres disparos al aire con fines intimidatorios, seguidos de otros cuatro disparos realizados al interpretar erróneamente un ataque inminente", resumió Casación las discrepancias en los fundamentos.

Los magistrados también señalaron que "las auto-contradicciones y déficits en la fundamentación de los tres jueces impiden conocer qué es lo que se representó Chocobar concretamente con relación al homicidio; si hubo un enjuiciamiento serio del riesgo que introdujo; o si lo minimizó, a tal punto que no cabría formular una imputación dolosa".

Además, destacaron "la ausencia de la más elemental claridad en la argumentación de la sentencia" y la falta de un "déficit de motivación lógica en la sentencia judicial". En consecuencia, Casación anuló el fallo respecto a Chocobar, apartó al Tribunal Oral de Menores N°2 y ordenó que se realice un nuevo juicio oral tras sortear un nuevo tribunal.

El presidente Javier Milei publicó un mensaje en su cuenta de X, en donde festejó la decisión de la justicia, y respaldó tanto a Chocobar, como a cualquier otro uniformado que actúe en defensa propia o de terceros, y en contra de los delincuentes.

Un tiro para el lado de la justicia…
Los uniformados son los buenos y los delincuentes son los malos. Aquí se termina con la doctrina zaffaroni.
VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/60VlZds4KR

— Javier Milei (@JMilei) May 6, 2024

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De Kevin Frank para La Derecha Diario.

En las oficinas del ex Ministerio de Trabajo encontraron bolsas con documentación triturada y discos de computadoras borrados por ex funcionarios ultra kirchneristas que fueron pescados in fraganti.

Según informó el Ministerio de Capital Humano, encontraron bolsas con papeles triturados en las oficinas de la Secretaría de Trabajo. Según pudieron reconstruir, se trata de expedientes de compras, alquileres de viviendas, contratos de servicios, contrataciones de remises, y más.

Desde las oficinas que ahora controla Julio Cordero, todos los ojos apuntan al ex Director General de Administración de la Secretaría de Trabajo, el ultra-kirchnerista Martín Alejandro Bugeiro, quien junto a 12 empleados de su círculo íntimo trituraron y destruyeron buena parte de los documentos que guardaba en su oficina cuando se enteró de que el actual Gobierno lo iba a despedir de su cargo.

Trituró expendientes sobre su gestión y guardó los papeles rotos en bolsas de residuos, pero cuando intentó retirarlas de su despacho, para llevarselo quién sabe a dónde, fue frenado por los agentes de seguridad que se quedaron con la evidencia, por lo que las bolsas ahora están en posesión de las autoridades del gobierno de Javier Milei.

Esto ocurrió el pasado 17 de abril, y desde entonces hay un equipo enfocado en investigar la situación. Se cree que Bugeiro eliminó todos los expedientes que llevaban su firma, pero también borró los discos rígidos de sus computadoras.

Lamentablemente en el Estado, más que una intranet anticuada, no hay almacenamiento en la nube, por lo que la destrucción física de los discos eliminó prácticamente toda la información que allí estaba guardada.

La desvinculación de Bugeiro y de sus 12 "soldados", no solo tuvo que ver con la motosierra de Milei y el esfuerzo por deskirchnerizar la planta del Estado. Toda su dirección estaba siendo auditada porque existen indicios de que podrían haber cometido actos de corrupción.

Bugeiro, apodado "El Gitano", fue encontrado por funcionarios de la Subsecretaría Legal de Capital Humano, "in fraganti" mientras intentaba eliminar la documentación que podría comprometerlo. Estaba haciéndolo junto al también despedido ex Director General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, Nicolás Sojit.

Tras recibir la confirmación oficial de que tanto ellos dos como otros once funcionarios que trabajaban en la misma área, serían cesanteados, se negaron a dejar sus oficinas. Esa actitud llegó a un límite tal que, para sacarlos de las instalaciones, se recurrió a la policía.

Varios agentes fueron hasta sus oficinas, acompañados de funcionarios del área legal del ministerio de Pettovello. Recién entonces se descubrió que Bugeiro y su compañero Sojit sabían que su suerte estaba echada, y que solo buscaban ganar tiempo para culminar la tarea de no dejar pruebas. Las fuerzas de seguridad encontraron a Bujeira en su despacho, acompañado por Sojit, triturando documentación.

Bugeiro estaba siendo investigado por el rol que cumplió impulsando expedientes de múltiples contratos de proveedores de servicios en diversas sedes del ex ministerio de Trabajo en las provincias. También fue el encargado de compras de bienes para el Estado, como muebles de alto costo que se lo acusa de haber adquirido para uso personal.

El trabajo de Legales de Capital Humano sobre la hoy Secretaría de Trabajo impulsó los despidos de los funcionarios K basándose en una auditoría sobre ese sector, a la que también se sumó un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que detectó varias irregulares cometidas en el organismo público, a las que calificó con la categoría de "alto impacto" por sus posibles derivaciones hacia diferentes delitos contra la administración pública.

Tras el despido efectivo de Sojit, por ejemplo, se descubrió que había tramitado un crédito otorgado al Estado Nacional por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por 341 millones de dólares, que tenía como destino oficial "la mejora de la inclusión en educación secundaria y superior". Sojit fue denunciado en la Justicia debido a que no rindió cuentas, sobre cómo y por qué se gasto de esa cifra multimillonaria.

Un grupo de especialistas que auditan los muchos organismos que dependen del ministerio de Pettovello lograron recuperar alrededor del 90 por ciento de lo que antes guardaban los discos rígidos de esas máquinas.

Los auditores de Capital Humano están intentando reconstruir lo que decían los expedientes triturados, ya que no utilizaron máquinas que convertían los documentos en papel picado, si no que simplemente quedó cortado en tiras. "Si Bugeiro buscó ser eficaz en el ocultamiento de pruebas, no lo logró del todo", aseguraron los auditores libertarios.

Con todo, su despido, igual que el de los otros doce empleados jerarquicos del ex Ministerio de Trabajo K, se decidió cuando los funcionarios del gobierno libertario detectaron que manejaban millonarios fondos públicos en un área con enorme presupuesto estatal.

El cargo de Bugeiro, aunque desconocido en la opinión pública, era de extrema relevancia dentro de la estructura estatal. "El Gitano" era quien tenía la última firma para avalar o rechazar procesos de compras, contratos de servicios y hasta de locaciones de edificios y otros inmuebles que fueron o son sede del ex Ministerio de Trabajo.

Entre otros expedientes que están bajo revisión, se pueden mencionar el alquiler de varios pisos que supuestamente serían para ampliar los servicios del organismo, y la renovación de esas rentas; compras de alfombras, equipos de energía eléctrica, extintores de incendios, electrodomésticos, materiales de prevención para el Covid-19, flotas de vehículos para uso oficial, neumáticos o baterías para esos autos, aires acondicionados, cartelerías lumínicas, chalecos antireflexivos, alarmas anti-robo, tanques de agua, y muchísimos más elementos necesarios para que el Estado brinde servicios profesionales y seguros.

El ex funcionario también adjudicó licitaciones para provisiones de remises para trasladar funcionarios, para limpieza, fumigación y mantenimiento de todo tipo de variables vinculadas a lo edilicio, desde herramientos de pinturería, reparaciones de ascensores, cerrajería hasta otras erogaciones sin tanta especificación como "Elementos de protección colectiva", entre muchísimos items indefinidos.