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Insólito: Juntos por el Cambio anunció en comisión que respaldará la reducción de la jornada laboral del kirchnerismo

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El espacio de Patricia Bullrich respaldó el debate por la reducción de la jornada laboral legal en Argentina, aunque buscará presentar su propio proyecto. Los dos espacios del establishment político buscan aprobar una reforma que ahogaría al sector privado, en medio de la peor crisis de los últimos 20 años.

La bancada kirchnerista en la Cámara de Diputados presentó un borrador que estudia rebajar la jornada laboral legal de Argentina hasta las 36 horas semanales como máximo, y propone como mínimo un piso de 40 horas.

Contrariamente a su discurso “opositor”, el espacio de Juntos por el Cambio, que votó en contra de la eliminación del Impuesto a las Ganancias en Cuarta Categoría para no apoyar las medidas del kirchnerismo, se mostró favorable a las reformas para rebajar la jornada, solamente marcando ciertas diferencias "cosméticas" en detalles de la ley con el oficialismo.

Algunos integrantes del bloque de Patricia Bullrich, como por ejemplo el diputado radical Martín Tetaz, aceptaron la rebaja de la jornada legal como una “prueba piloto” para algunas empresas, ofreciendo incentivos fiscales para poder efectuarla.

Nadie en Juntos por el Cambio mencionó el problema de que reducir la jornada laboral, pulverizará los sueldos mensuales y generará una caída en el nivel de salarios de Argentina, en un momento de alta inflación cuando lo que se debería buscar es recomponer los jornales, no reducirlos.

En esta oportunidad, Juntos por el Cambio no demuestra el mismo reparo “fiscalista” que mantuvo en la discusión por la rebaja del impuesto a las Ganancias. Tetaz no explicó de dónde saldrían los recursos para financiar tales rebajas tributarias, algo que para la jerga de JxC podría constituir una estafa a su propio electorado.

Por su parte, la diputada de JxC Mónica Frade manifestó su apoyo explícito a la reducción de la jornada laboral legal, pero se diferenció del proyecto oficialista marcando que el rango de 36 horas semanales resulta excesivo. Propuso establecer un sendero de reducción gradual similar al que aprobó el presidente socialsita Gabriel Boric en Chile.

Bajo el punto de vista de Justos por el Cambio, en lugar de aplicar una ley que fomente activamente la informalidad y la desocupación de un día para el otro, buscará establecer un proyecto que produzca exactamente el mismo efecto pero “en cuotas”.

Tanto el espacio de Bullrich como el oficialismo conducido por Sergio Massa y Cristina Kirchner consideran necesario y oportuno que Argentina aplique una jornada legal similar a la que tienen los países más desarrollados del planeta, aún cuando el nivel de productividad del país se asemeja más a la de un país africano.

De hecho, el producto medio por trabajador (una métrica usual para medir la proactividad) se encuentra en los valores más bajos de los últimos 20 años, y por la misma razón los salarios en términos reales también retrocedieron a los niveles más bajos desde 2003.

Argentina no muestra las condiciones mínimas e indispensables para llevar a cabo una reforma de la jornada laboral de estas características. Más aún cuando la mayor parte del empleo creado en los últimos 4 años fue altamente precario (generalmente empleo informal), y cada vez son más las personas que deben recurrir a un segundo o incluso un tercer trabajo para poder llegar a un umbral de ingresos razonable.

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Funcionarios K de la Secretaría de Trabajo trituraron documentos clave cuando se enteraron de que los iban a echar

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En las oficinas del ex Ministerio de Trabajo encontraron bolsas con documentación triturada y discos de computadoras borrados por ex funcionarios ultra kirchneristas que fueron pescados in fraganti.

Según informó el Ministerio de Capital Humano, encontraron bolsas con papeles triturados en las oficinas de la Secretaría de Trabajo. Según pudieron reconstruir, se trata de expedientes de compras, alquileres de viviendas, contratos de servicios, contrataciones de remises, y más.

Desde las oficinas que ahora controla Julio Cordero, todos los ojos apuntan al ex Director General de Administración de la Secretaría de Trabajo, el ultra-kirchnerista Martín Alejandro Bugeiro, quien junto a 12 empleados de su círculo íntimo trituraron y destruyeron buena parte de los documentos que guardaba en su oficina cuando se enteró de que el actual Gobierno lo iba a despedir de su cargo.

Trituró expendientes sobre su gestión y guardó los papeles rotos en bolsas de residuos, pero cuando intentó retirarlas de su despacho, para llevarselo quién sabe a dónde, fue frenado por los agentes de seguridad que se quedaron con la evidencia, por lo que las bolsas ahora están en posesión de las autoridades del gobierno de Javier Milei.

Esto ocurrió el pasado 17 de abril, y desde entonces hay un equipo enfocado en investigar la situación. Se cree que Bugeiro eliminó todos los expedientes que llevaban su firma, pero también borró los discos rígidos de sus computadoras.

Lamentablemente en el Estado, más que una intranet anticuada, no hay almacenamiento en la nube, por lo que la destrucción física de los discos eliminó prácticamente toda la información que allí estaba guardada.

La desvinculación de Bugeiro y de sus 12 "soldados", no solo tuvo que ver con la motosierra de Milei y el esfuerzo por deskirchnerizar la planta del Estado. Toda su dirección estaba siendo auditada porque existen indicios de que podrían haber cometido actos de corrupción.

Bugeiro, apodado "El Gitano", fue encontrado por funcionarios de la Subsecretaría Legal de Capital Humano, "in fraganti" mientras intentaba eliminar la documentación que podría comprometerlo. Estaba haciéndolo junto al también despedido ex Director General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, Nicolás Sojit.

Tras recibir la confirmación oficial de que tanto ellos dos como otros once funcionarios que trabajaban en la misma área, serían cesanteados, se negaron a dejar sus oficinas. Esa actitud llegó a un límite tal que, para sacarlos de las instalaciones, se recurrió a la policía.

Varios agentes fueron hasta sus oficinas, acompañados de funcionarios del área legal del ministerio de Pettovello. Recién entonces se descubrió que Bugeiro y su compañero Sojit sabían que su suerte estaba echada, y que solo buscaban ganar tiempo para culminar la tarea de no dejar pruebas. Las fuerzas de seguridad encontraron a Bujeira en su despacho, acompañado por Sojit, triturando documentación.

Bugeiro estaba siendo investigado por el rol que cumplió impulsando expedientes de múltiples contratos de proveedores de servicios en diversas sedes del ex ministerio de Trabajo en las provincias. También fue el encargado de compras de bienes para el Estado, como muebles de alto costo que se lo acusa de haber adquirido para uso personal.

El trabajo de Legales de Capital Humano sobre la hoy Secretaría de Trabajo impulsó los despidos de los funcionarios K basándose en una auditoría sobre ese sector, a la que también se sumó un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que detectó varias irregulares cometidas en el organismo público, a las que calificó con la categoría de "alto impacto" por sus posibles derivaciones hacia diferentes delitos contra la administración pública.

Tras el despido efectivo de Sojit, por ejemplo, se descubrió que había tramitado un crédito otorgado al Estado Nacional por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por 341 millones de dólares, que tenía como destino oficial "la mejora de la inclusión en educación secundaria y superior". Sojit fue denunciado en la Justicia debido a que no rindió cuentas, sobre cómo y por qué se gasto de esa cifra multimillonaria.

Un grupo de especialistas que auditan los muchos organismos que dependen del ministerio de Pettovello lograron recuperar alrededor del 90 por ciento de lo que antes guardaban los discos rígidos de esas máquinas.

Los auditores de Capital Humano están intentando reconstruir lo que decían los expedientes triturados, ya que no utilizaron máquinas que convertían los documentos en papel picado, si no que simplemente quedó cortado en tiras. "Si Bugeiro buscó ser eficaz en el ocultamiento de pruebas, no lo logró del todo", aseguraron los auditores libertarios.

Con todo, su despido, igual que el de los otros doce empleados jerarquicos del ex Ministerio de Trabajo K, se decidió cuando los funcionarios del gobierno libertario detectaron que manejaban millonarios fondos públicos en un área con enorme presupuesto estatal.

El cargo de Bugeiro, aunque desconocido en la opinión pública, era de extrema relevancia dentro de la estructura estatal. "El Gitano" era quien tenía la última firma para avalar o rechazar procesos de compras, contratos de servicios y hasta de locaciones de edificios y otros inmuebles que fueron o son sede del ex Ministerio de Trabajo.

Entre otros expedientes que están bajo revisión, se pueden mencionar el alquiler de varios pisos que supuestamente serían para ampliar los servicios del organismo, y la renovación de esas rentas; compras de alfombras, equipos de energía eléctrica, extintores de incendios, electrodomésticos, materiales de prevención para el Covid-19, flotas de vehículos para uso oficial, neumáticos o baterías para esos autos, aires acondicionados, cartelerías lumínicas, chalecos antireflexivos, alarmas anti-robo, tanques de agua, y muchísimos más elementos necesarios para que el Estado brinde servicios profesionales y seguros.

El ex funcionario también adjudicó licitaciones para provisiones de remises para trasladar funcionarios, para limpieza, fumigación y mantenimiento de todo tipo de variables vinculadas a lo edilicio, desde herramientos de pinturería, reparaciones de ascensores, cerrajería hasta otras erogaciones sin tanta especificación como "Elementos de protección colectiva", entre muchísimos items indefinidos.

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El Gobierno de Milei rebaja aranceles para heladeras, lavarropas y neumáticos: Los lleva al valor más bajo que permite el Mercosur

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El Ministerio de Economía está lanzando una masiva reducción de aranceles para aplacar los precios locales, aunque las rígidas regulaciones del Mercosur impiden una liberación total.

En línea con el plan de liberalización del comercio de Javier Milei, el Ministerio de Economía lanzó la semana pasada una rebaja de aranceles a insumos para las automotrices y la apertura total para importar alimentos.

Ahora, la Secretaría de Comercio profundizó el plan de apertura y anunció este sábado una reducción de los cargos que pagan heladeras, lavarropas, productos plásticos y neumáticos importados, llevando el valor del arancel a lo más bajo que permite la alianza del Mercosur. 

Esta reducción impactará inmediatamente en el nivel de precios, llevando no solo a una caída de los precios de productos importados, si no que generará más competencia y producirá una caída de todos los precios del mercado interno.

El anuncio lo hizo el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta de la red X, quien aseguró que estas rebajas también beneficiarán a los fabricantes locales, ya que podrán acceder a insumos más baratos.

"El gobierno ha decidido llevar adelante una reducción en determinados aranceles a la importación", escribió. Las rebajas abarcan:

  • Heladeras y lavarropas: el arancel pasará del actual 35% al 20%. "Así volverán a tener el arancel que comparten los países miembros del Mercosur", dijo el portavoz.
  • Neumáticos: el arancel bajará del 35% al 16%. Según explicó Adorni, "esto representará un alivio para las empresas de fletes y de transporte de personas".
  • Principales insumos plásticos: del 12,6% al 6%. "Menos costo, repercusión favorable para los consumidores que demandan los diversos bienes fabricados con insumos plásticos (que van desde envases de alimentos y productos de higiene personal hasta electrodomésticos y juguetes)", explicó el funcionario.

La rebaja de aranceles implicará "mejores precios y un mayor nivel de competencia en el mercado que nos beneficiará a todos", según explicó el vocero.

Para conocer los detalles de los nuevos valores de importación, las empresas deberán esperar hasta el lunes, cuando salga el decreto publicado en el Boletín Oficial con las especificaciones técnicas de las posiciones arancelarias que alcanza la medida.

De todos modos, al disminuir el costo de importación tanto de bienes terminados como de insumos para la producción, el Gobierno busca que bajen los precios y beneficiar a los consumidores, que llegan a pagar por los electrodomésticos valores más altos que en el resto del mundo, por las tasas de importación insólitas que tenía Argentina.

El objetivo oficial es que los precios internos converjan con los internacionales, al menos, los de los países vecinos. Esto, especialmente para insumos y determinados bienes que tenían valores muy desfasados. Por caso, era común escuchar de argentinos que aprovechaban viajes en auto a Chile o Paraguay para cambiar los neumáticos por la diferencia de precios que había en la delirante economía que había dejado Sergio Massa.

Algo de esa idea se está viendo en algunos alimentos tras el ingreso de productos importados en los últimos días. En atún, manteca o café en cápsulas ya se ven descuentos de hasta 35% en los artículos nacionales y los precios ya están igualando con el extranjero.

Desde el Gobierno prometen que seguirán trabajando en medidas similares sobre otros insumos o productos. Sin embargo, aseguran que las rebajas no serán tan fuertes como les gustaría ya que la rigidez del Mercosur hace que no haya tanto espacio para bajar aranceles.

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Milei restituyó a Parques Nacionales tierras que Alberto Fernández le había cedido a grupos mapuches

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Se trata de dos hectáreas que están ubicadas a orillas del lago Mascardi, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, que Alberto Fernández le entregó a un piquetero de Grabois que se las cedió a pseudo-mapuches.

El gobierno de Javier Milei anunció este viernes que va a restituir a Parques Nacionales dos hectáreas de tierras ubicadas a orillas del lago Nahuel Huapi que habían sido entregadas a comunidades mapuches por el gobierno de Alberto Fernández en el año 2021.

Así lo anunció el vocero presidencial Manuel Adorni, quien puntualizó que estas tierras habían sido entregadas a una agrupación llamada Fundación Arcangel San Miguel por Justicia, Igualdad y Solidaridad, liderada por un dirigente piquetero cercano a Juan Grabois que inmediatamente se las dio a grupos mapuches.

"Esta agrupación era liderada por un militante del Movimiento Popular La Dignidad, llamado Franco Dellavalle, un abogado cooperativista cercano al ex candidato a presidente Juan Grabois, quien fue también director de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía entre abril y diciembre de 2023″, puntualizó Adorni.

El portavoz recordó que durante el último gobierno kirchnerista, se cedieron cientos de tierras a movimientos sociales K para luego dárselas a los pseudo-mapuches. "A lo largo del Gobierno del doctor Fernández y la doctora Fernández se reconocieron 221 comunidades indígenas sin demostrar necesariamente pertenencia a comunidades originarias", contó.

Y en esa línea, apuntó: "De hecho 81 de estos reconocimientos se hicieron en los últimos 16 días de gestión, para que se entienda el desorden que había en este tipo de cuestiones".

"Los parques nacionales son patrimonio de todos los argentinos y no de los privilegiados por estar o pertenecer al grupo que es más cercano al poder de turno. En estos parques no va a flamear ninguna otra bandera que no sea la bandera argentina", cerró.

El recientemente designado Presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, subió un video a sus redes sociales explicando con mayor detalle la decisión y asegurando que nunca más va a flamear una bandera que no sea la Argentina en un parque nacional.

Se trata de dos hectáreas en el mejor lugar de Lago Mascardi, dentro del circuito Cerro Tronador, uno de los sitios más turísticos de Bariloche. La zona conocida como Los Rápidos fue otorgada en concesión por 10 años en 2021, bajo el acuerdo de comodato.

El último lunes, el fiscal federal Carlos Stornelli había pedido investigar a la fundación que encabezaba Dellavalle y también a los funcionarios que participaron en la cesión de esas tierras. Con su denuncia, Stornelli quiere saber si hubo auditorías que controlaran las entregas de tierras, bajo la sospecha de fraude a la administración pública.

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