Argentina
Juntos por el Cambio aprueba el nuevo Consenso Fiscal del Kirchnerismo y los gobernadores podrán subir impuestos
El pacto firmado el año pasado entre Nación y 21 provincias fue apurado por los gobernadores tras el desembarco de Sergio Massa en Economía, quien logró el apoyo de 1/3 de los senadores opositores.

Juntos por el Cambio, como ya hizo en innumerables ocasiones durante los últimos tres años donde fueron la principal oposición, apoyó la nueva Ley de Consenso Fiscal que había sido acordado entre 21 gobernadores y el presidente Alberto Fernández.
Este proyecto, que Massa pidió destrabar en el Congreso para poder aumentar la recaudación, habilitará a las provincias a subir impuestos locales. Recibió media sanción en el Senado, con 45 votos a favor, 17 negativos y 1 abstención. Además, hubo 9 senadores ausentes.
El Frente de Todos prestó 32 votos de sus 35 votos, los 4 senadores provinciales de Río Negro, Misiones, La Rioja y Córdoba también apoyaron, y Juntos por el Cambio dio los 9 votos restantes para alcanzar la mayoría de 45 positivos.
Alfredo Cornejo (JxC) se abstuvo, y los senadores Carmen Crexell (JxC), Silvia Giacoppo (JxC), Cristina López Valverde (FdT), Stella Maris Olalla (JxC), Antonio Rodas (FdT), Adolfo Rodríguez Saá (FdT), Guillermo Snopek (FdT), y María Belen Tapia (JxC) estuvieron ausentes.


La ley pasa a Diputados, donde su aprobación parece que será incluso más fácil, ya que varios legisladores de Juntos por el Cambio anticiparon que apoyarán su aprobación. Los gobernadores podrán elevar impuestos provinciales a distintos sectores hasta cierta alícuota.
En 2017, Macri había aprobado un Consenso Fiscal donde ponía topes a los impuestos provinciales que se podían implementar a los distintos sectores. Esta ley, si bien no los libera, en muchos casos duplica las alícuotas que se pueden aplicar.
Por ejemplo, se podrán poner impuestos a la industria papelera del 6% (previamente del 3%). Lo mismo para las comunicaciones, del 5,5% (previamente del 3%), la telefonía celular verá un aumento de 5% a 6,5%, y servicios como el gas, el agua, la electricidad y el transporte pasarán de 0% impuestos provinciales a casi 4%.
Esto se suma a impuestos generales que se habilitan, como un aumento a Impuestos a los Ingresos Brutos, a la Herencia y a los Sellos. Se especula que este golpe de impuestos impactará en hasta un 25% de los ingresos de los argentinos en promedio a lo largo de las distintas provincias.
Las provincias de La Pampa, San Luis, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires prometieron que a pesar de la aprobación del nuevo Consenso Fiscal, ellos seguirán respetando los topes establecidos por la ley del 2017.
Jujuy y Corrientes, dos provincias controladas también por el radicalismo de Juntos por el Cambio, generaron la polémica apoyando la nueva ley del kirchnerismo. Si bien los gobernadores Gerardo Morales y Gustavo Valdés apoyaron la regla fiscal de Macri en 2017, ahora cambiaron de discurso y argumentan que necesitan aumentar la recaudación local.

Argentina
Massa lanza otra medida orwelliana para combatir la inflación: Se crea la Unidad de Seguimiento de las Operaciones de Comercio
El Gobierno creó un organismo especial para monitorear de forma diaria la compra y venta de bienes y servicios, tanto para el comercio interno como con el mercado externo. La Unidad cuenta con información cruzada de una gran variedad de organismos públicos, incluido el Banco Central.

Sin ningún resultado medianamente razonable que mostrar, el ministro de Economía Sergio Massa oficializó el lanzamiento de la Unidad de Seguimiento de las Operaciones de Comercio, un nuevo ente estatal y burocrático dedicado exclusivamente al monitoreo constante de las transacciones de comercio interno y externo que se producen.
Entre otras potestades, la nueva Unidad será facultada para hacer uso de información cruzada proveniente del Ministerio de Economía, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y incluso el propio el Banco Central de la República Argentina.
Se trata de una estrategia completamente orwelliana para llevar a cabo un “seguimiento diario” (en palabras del propio Boletín Oficial) sobre todas las transacciones de compra y venta de bienes y servicios que se produzcan en el país, o que se provean a otros países. Se pretende utilizar a este organismo como un mecanismo de “control” para combatir la inflación.
Expresamente, la nueva Unidad de Seguimiento tendrá por objetivo la “promoción con equidad de las operaciones comerciales”, la verificación de la trazabilidad de los bienes objeto de comercio y la correcta tributación en cada etapa, y la “orientación” al consumidor, de acuerdo a las variables obtenidas en el proceso de seguimiento.
“Es necesario establecer un sistema de seguimiento, trazabilidad y promoción de operaciones de comercio. Para su desarrollo es preciso instrumentar un mecanismo que permita la participación de representantes de las distintas áreas de gobierno con competencia sobre las operaciones de compra y venta de bienes y servicios en el comercio interno y externo”, anuncia el Boletín Oficial.
Se pretende que el nuevo organismo estatal sea un canal para llevar a cabo un arsenal de nuevas regulaciones sobre el comercio minorista, así como también fortalecer la fiscalización de las que ya existen.
El Gobierno adopta una medida completamente desesperada para tratar de aminorar el ritmo mensual de aumento de los precios. El IPC ya se había disparado hasta un 8,4% solamente en abril, y mientras que la variación para mayo se estima entre el 9% y hasta un 10% con respecto al período precedente.
La tasa de inflación interanual superó fácilmente el 108,8% en el acumulado de 12 meses de abril, pero el ritmo de aumento en tiempo real es más cercano al 160% considerando el promedio móvil anualizado de los últimos tres meses disponibles por los registros del INDEC.
Para el diagnóstico del oficialismo resulta más importante monitorear si las frutas importadas se venden efectivamente al cambio oficial o si los productos exhibidos en góndola adecuaron sus aumentos a Precios Justos, en lugar de operar realmente sobre la causa fundamental de la inflación: el brutal desequilibrio monetario que sufre la economía.
Argentina
Ya son 9 las provincias que tienen a más de la mitad de la población trabajando en empleos públicos del Estado
El dramático ranking es liderado por la Provincia de Formosa comandada por Gildo Insfrán, pero también destaca la administración de Gerardo Morales en Jujuy de la oposición. La iniciativa privada es alarmantemente pequeña y poco representativa en múltiples jurisdicciones.

El registro de empleo público en algunas provincias de la República Argentina es verdaderamente preocupante, e incluso recuerda al tipo de organización que se vivía en el proceso previo a la perestroika soviética.
Según los últimos datos oficiales, el Estado es la principal fuente de empleo en Formosa, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy, Misiones, Corrientes y San Luis, alcanzando o superando el 50% del empleo total.
La mayor parte de este conglomerado burocrático se sostiene con el dinero que obtienen los gobiernos provinciales de la coparticipación federal, por lo que ni siquiera son recursos propios, más bien principalmente es dinero cobrado de contribuyentes en la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la Capital Federal. Por como está su estructura fiscal actualmente, sería imposible de mantener este nivel de empleo público con la recaudación de impuestos locales (por ejemplo IIBB o sellos, entre otros).
El ranking es holgadamente encabezado por la administración del kirchnerista Gildo Insfrán en Formosa, ya que el empleo público en esta provincia alcanza al 70% del total. Formosa sigue una organización prácticamente socialista, y el presupuesto del Gobierno provincial llegó a representar el 69,8% del Producto Bruto Geográfico (PBG) en 2021.
Por otra parte, el empleo público alcanza hasta el 67% del total en La Rioja, 65% en Catamarca, y 61% en Santiago del Estero, todas provincias gobernadas por el Frente de Todos. Estas cifras surgen de la comparación con la estadísticas de organismos oficiales sobre los datos de empleo privado formal (aunque pueden estar sobreestimadas considerando el trabajo en el segmento informal).
Pero por parte de la “oposición” de Juntos por el Cambio no se observa una gran diferencia, pues Jujuy ocupa el quinto lugar entre las provincias con más empleo público de Argentina.
La gestión gestión de Gerardo Morales asumió el Gobierno en 2015 con un 5,9 empleados públicos por cada 10 empleados totales. En estos 8 años, el empleo estatal aumentó su participación hasta el 61,46% en 2021, y para 2022 se estima que volvió al 59% inicial.
De hecho, la planta de personal estatal en Jujuy creció un 10,27% entre 2015 y 2021 según las estadísticas del DiPEC oficial, y creció en más de un 29% en comparación con el año 2011.
En cualquier caso, el tamaño del Estado regional en estas provincias oscila entre el 40% y el 29% del PBG respectivamente, valores muy por encima de la media nacional para la totalidad de las jurisdicciones (calculada en alrededor del 16% del PBG).
La administración radical bajó la participación del Gobierno de Jujuy del 46% al 34,4% del PBG, pudiendo así alcanzar el superávit fiscal, pero la estructura del empleo regional no se modificó en absoluto y el Estado simplemente desplazó otras obligaciones para poder mantener esa estructura dentro del presupuesto total.
Asimismo, el empleo estatal alcanza a representar el 56% en Chaco, 55% en Misiones, 52% en Corrientes y un 50% del total en San Luis. Nuevamente, la mayor parte de estas jurisdicciones son administradas por gobernadores afines al Gobierno kirchnerista y partes integrantes del Frente de Todos. Corrientes es la excepción, actualmente gobernada por Gustavo Valdés y Juntos por el Cambio.
Argentina
Javier Milei recibió un “Shadowban” de Twitter y el candidato presidencial apuntó a la “casta política”
Una vieja práctica parece haber vuelto a Twitter y esta vez la víctima fue nada más y nada menos que el candidato presidencial que lidera las encuestas en Argentina, Javier Milei.

A pesar de que Elon Musk juró que había eliminado el “Shadowban” de Twitter, que implica ocultar deliberadamente los tweets o el perfil de un usuario sin avisarle a la persona que está siendo censurada, estas repudiables prácticas parecen estar volviendo.
El candidato presidencial argentino Javier Milei confirmó este lunes que fue “shadowbaneado” a través de la herramienta “Twitter Shadowban Test“, luego de que sus seguidores notaran que su usuario de Twitter no aparecía en las búsquedas de la plataforma y que sus tweets aparecían ocultos por “contenido sensible”, una suerte que La Derecha Diario corrió en mayo del año 2020.
El “Shadowban” consiste en la incapacidad de un perfil de aparecer en los resultados de búsquedas, por lo que jamás encontrarán sugerida a la persona, incluso introduciendo correctamente su usuario.
Cuando Elon Musk asumió la dirección de Twitter, publicó en el repositorio GitHub el código fuente de la red social, donde se descubrió que efectivamente el “Shadowban” existía y que era aplicado automáticamente por un algoritmo a las personas que recibían ciertas etiquetas, que podían ser puestas a mano o de manera automática según otro algoritmo que revisa uno por uno todas las publicaciones de cada usuario.
Este “Shadowban” en última instancia, reduce drásticamente el alcance de las publicaciones que el usuario censurado, en este caso Milei, pueda tener entre sus propios seguidores e incluso gente que todavía no lo sigue.
🇦🇷🇺🇸 | La cuenta de Twitter @JMilei volvió a estar shadowbaneada (no aparece en las búsquedas), un fenómeno que están reportando múltiples cuentas de derecha que habían estado shadowbaneadas antes que @elonmusk compre la red social. pic.twitter.com/uCn8oFJF2A
— La Derecha Diario (@laderechadiario) May 29, 2023
Al enterarse de lo sucedido, el diputado lanzó un duro ataque contra la casta política en Argentina, a quien responsabiliza por la censura. Según Milei, esto se trata de un nuevo intento por el establishment político por silenciar su vez.
Además, confirmó que en las últimas semanas la casta aumentó la intensidad y escala de sus ataques contra la campaña que lleva adelante el candidato liberal. En particular, hizo mención a numerosos artículos y declaraciones difamatorias sin ningún tipo de asidero, como las recientes de Victoria Donda, quien dijo delirantemente que “Milei grita y duerme con sus perros y su hermana”.
En una serie de tweets, Javier Milei hizo mención de estos temas, además de los dichos de Alejandro Fantino, quien dió a entender a través de NeuraMedia que en los medios de comunicación tradicionales muchos periodistas reciben favores o dinero para “pegarle” al economista.
Especialmente, habló de “un operativo demolición”, y blanqueó una situación que se vive actualmente entre los medios y la casta política: “Hay una decisión en el círculo rojo de intentar frenar los cambios que la Argentina necesita para salir adelante. Mientras ellos nos atacan nosotros presentamos propuestas y equipos. No toleran la posibilidad de que los argentinos digan basta a este modelo corrupto.”
LA OFENSIVA DE LA CASTA
— Javier Milei (@JMilei) May 29, 2023
En las últimas semanas diversas fuentes han confirmado lo q ya sabíamos: hay una decisión concertada entre el establishment politico y económico de intentar frenar el avance de nuestro espacio. Esto ha sido confirmado por el propio @fantinofantino y otros
Por último, Milei hizo una fuerte mención a los “periodistas que publican información brindada por nuestros adversarios sin siquiera intentar chequear con nosotros la veracidad de la misma“, en referencia a los periodistas que, a diferencia de La Derecha Diario, viven a base de pauta oficial y replican lo que la política les pide.
Entre los ejemplos, citó el ataque de NOSIS inventándome un pasado en el Congreso que nunca existió. ”Durante el mes pasado, la base de datos de NOSIS fue alterada deliberadamente para hacer figurar una mentira“, aseguró. Actualmente, Milei inició acciones legales contra la empresa dueña de la base de datos y se encuentra en proceso de iniciar un juicio contra ellos.
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