Seguinos en redes

Argentina

Juntos por el Cambio salvó al Gobierno en el Senado y convirtió en ley el Acuerdo con el FMI

Publicado

en

15 senadores de La Cámpora votaron por la negativa y sin el apoyo unánime de Juntos por el Cambio la ley no se aprobaba. Cristina Kirchner abandonó el recinto y no estuvo presente para la votación.

Mayans (PJ) Naidenoff (UCR) y Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana) a los abrazos.

El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves a última hora el Acuerdo con el FMI enviado por el ministro Martín Guzmán, con respaldo unánime de Juntos por el Cambio y solo 20 de los 35 senadores kirchneeristas.

Cristina Kirchner no presenció la votación y casi no estuvo: abrió la sesión, se fue a los 20 minutos, volvió a las 5 horas por un lapso similar, se retiró y no apareció más. La votación terminó con 56 a favor, 13 en contra (todos de La Cámpora) y 3 abstenciones.

La aprobación completa de la ley autoriza el acuerdo de facilidades extendidas negociado por el Gobierno con el FMI, que comprende la refinanciación de la deuda por 40.000 millones de dólares que tomó Mauricio Macri en 2018 con un nuevo préstamo por 45.000 millones de dólares. Los 5.000 millones de diferencia servirán para engrosar las reservas del Banco Central y evitar una corrida cambiaria en el corto plazo.

Este año se debían pagar vencimientos anuales por casi 20 mil millones, dinero que el Banco Central no tenía. El Fondo los cancelará con Derechos Especiales de Giro (DEG), su moneda oficial, y Argentina devolverá el nuevo préstamo entre 2026 y 2034, después de someterse a un intenso compromiso fiscal para llegar al déficit cero.

Históricamente, este tipo de acuerdos con el Fondo vienen de la mano de reformas económicas de fondo, que permiten al país deudor ordenar sus cuentas de manera sustentable, y generar un superávit que le permita devolver el dinero prestado.

Pero esta vez, Guzmán logró acordar que no se haga ninguna reforma, y que el déficit se recorte completamente a partir de la suba de impuestos y quita de subsidios, que implica suba de tarifas.

José Mayans, el líder del Frente de Todos en el Senado, que había pedido solamente que se apruebe primero en Diputados para apoyarlo, hizo un fuerte discurso donde trató de justificar su voto y el de los 20 kirchneristas que lo emitieron de manera positiva.

No escuché ningún gobernador que se opusiera a este acuerdo“, dijo, ante las críticas de un sector de su propio espacio que le recriminó ir en contra de la voluntad de las provincias.

Acá confrontan dos modelos“, dijo, minimizando el consenso alcanzado para aprobarlo y recordó que una charla que tuvo con Cristina Kirchner antes de asumir como jefe de bloque, en la que le dijo que el endeudamiento heredado del gobierno de Macri “no se iba a poder resolver”.

La vicepresidente volvió a mostrar su músculo en la interna del Gobierno: como había ocurrido en Diputados, logró más rechazos de los esperados, casi partiendo el bloque a la mitad. No le fallaron los senadores de La Cámpora, pero tampoco quienes la acompañaron en su bancada hasta 2019 o incondicionales de siempre como Oscar Parrilli y Juliana Di Tullio.

Los intentos de la Casa Rosada por sumar más votos propios fracasaron y los positivos terminaron reducidos a los empleados de los gobernadores. Juntos por el Cambio aportó sus 33 votos y la única abstención opositora fue la de la neuquina Lucila Crexell, habitual aliada de la oposición.

Hoy estamos evitando el default por responsabilidade la oposición. Juegan con fuego. El 80 por ciento de las deudas de las provincias es en moneda extranjera. Es lamentable algunos sectores“, sostuvo el jefe radical Luis Naidenoff.

Era más fácil estar de la vereda de enfrente y tirar piedras. Pero somos responsables“, le siguió su correligionario Alfredo Cornejo, presidente del interbloque. 

Argentina

Se hizo justicia: Cristina fue condenada a 6 años de prisión y se baja de la carrera presidencial del 2023, aunque no irá presa

Publicado

en

“En 2023, no voy a ser candidata a nada, ya no voy a tener fueros”, dijo a los gritos en su defensa después del veredicto por parte del TOF 2.

La vicepresidente Cristina de Kirchner fue condenada esta tarde a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa por la corrupción en la concesión de obras públicas en Santa Cruz conocida como “Causa Vialidad“, la culminación de casi una década de denuncias e investigaciones contra la dirigente más corrupta de la historia argentina.

La sentencia fue laxa, considerando que los fiscales habían pedido 12 años, y solo se la consideró autora del delito de administración fraudulenta, quedando absuelta del delito de asociación ilícita. Sin embargo, marca un antes y un después en la democracia argentina, demostrando que el sistema judicial es independiente del poder de turno y no avala la impunidad.

Cristina así se convierte en la primera ex presidente y primera vicepresidente en el cargo en ser condenada por robarle al erario público. Los argumentos de los jueces tardarán en llegar, sin embargo, ya que disponen de un período de 40 días hábiles para darlos a conocer.

A pesar del ejemplar fallo, Cristina todavía tiene la posibilidad de apelar la decisión judicial, por lo que la sentencia no estará firme hasta que se resuelva en todas las instancias. Esto podría tomar entre 1 o 3 años, dependiendo la celeridad de la justicia y la insistencia de la líder kirchnerista en cuestionar la decisión.

Además, incluso si la sentencia estuviera firme, Cristina actualmente cuenta con fueros por su cargo de Vicepresidente, por lo que no iría presa. Para ello, debería tratarse su desafuero en el Senado, una votación que ya sobrevivió en el pasado cuando se pidió la prisión preventiva y ella todavía era senadora.

El desafuero podría tratarse en cualquier momento en el Congreso, pero para esta causa no tiene sentido por el momento ya que los fiscales, extrañamente, no pidieron la prisión preventiva. Esta decisión fue polémica, ya que no hay dudas que Cristina en libertad puede influenciar la causa o escaparse del país.

Tras la sentencia, Cristina dio un discurso grabado desde su oficina en el Senado, donde a los gritos aseguró que no será candidata a presidente en 2023, una promesa que no suena muy creíble pero por el momento es la única declaración sobre su potencial presentación en las elecciones del año que viene.

“En 2023, no voy a ser candidata a nada, y ya no voy a tener fueros”, anticipó en su defensa. “No voy a someter a mi fuerza política a que la maltraten por una candidata condenada. No voy a ser candidata en el 2023. Pero mascota de usted, Magnetto, nunca. A nada. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa”, dijo la jefa del Frente de Todos.

La vicepresidenta argumentó que con el fallo en su contra “buscan disciplinar a la dirigencia política” y agregó: “La condena no son los seis años en la cárcel. La condena real es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos electivos, cuando todos los cargos a los que accedí fueron por elección popular”.

Me van a poder meter presa el 10 de diciembre. Eso sí, siempre y cuando, a algún Caputo de la vida no se le ocurra financiar alguna banda de marginales me peguen un tiro, que eso es lo que quieren. Presa o muerta”, concluyó victimizándose por el reciente atentado en su contra.

Seguir Leyendo

Argentina

Alberto Fernández da su primera cadena nacional como presidente para apoyar a Cristina, al borde de la condena

Publicado

en

El presidente instruyó al Ministerio de Justicia para que impulse acciones penales contra el grupo de funcionarios que viajaron a Lago Escondido para determinar si se cometió algún delito

El presidente Alberto Fernández dio su primera cadena nacional este lunes para expresar su apoyo a la vicepresidente Cristina Kirchner en la causa Vialidad, que la tiene contra las cuerdas y una condena este martes es prácticamente una certeza.

En su corto discurso, que parecía estar pre-grabado, aseguró que instruyó al Ministerio de Justicia para que impulse acciones penales contra un grupo de jueces, fiscales, funcionarios y empresarios de medios que se habrían reunido en Lago Escondido, quienes según una investigación del diario kirchnerista Página 12 estaban confabulando para arrestar a Cristina.

En una guerra de operaciones de prensa, los diarios ultra-kirchneristas Página 12, Tiempo Argentino y El Cohete a la Luna, publicaron material hackeado de una línea de celular, adjudicada al sitio breached.vc, que muestra un supuesto intercambio de mensajes de audio entre los jueces Julián Ercolini (Juzgado Federal 10), Pablo Yadarola (Penal Económico 2), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9), y Carlos Mahiques (sala II de Casación Penal), el ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D’Alessandro, quien sería el propietario de la línea, y el procurador de CABA Juan Batista Mahiques.

Según el sitio web patagonianfacts.com, alineado al kirchnerismo, también aparecen en las filtraciones el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo, quienes, según se desprende de los mensajes de voz difundidos, habrían organizado y solventado el costo del vuelo privado y la estadía posterior en Lago Escondido.

Reunión en Lago Escondido

El viaje de los jueces se habría dado el pasado jueves 13 de octubre en un vuelo de la empresa Flyzar que partió desde el aeropuerto de San Fernando. Llegaron todos juntos en un avión privado al aeropuerto de Bariloche para trasladarse luego a la inmensa propiedad del británico Joe Lewis en las afueras de El Bolsón.

Según los medios kirchneristas, el mismo día los protagonistas crearon un grupo de Telegram para acordar una estrategia de respuesta a la inevitable condena a Cristina Kirchner, que incluía supuestamente presionar a algunos medios para que guardaran silencio y al mismo tiempo planificar una versión unificada para difundir a través de ciertos periodistas.

Este fue el contexto en el que los cuatro jueces, más el procurador Mahiques, D’Alessandro y los directivos de Clarín, Casey y Rendo, se reunieron para elaborar una estrategia unificada para evitar que prospere la denuncia kirchnerista contra los magistrados por el delito de dádivas, que Cristina intentó esgrimir para contraatacar en la causa.

En los mensajes que supuestamente se cruzaron por Telegram, acuerdan que intentarían condicionar a la fiscal federal subrogante de Bariloche, María Cándida Etchepare, para que envíe la causa a los tribunales federales de Capital Federal, en Comodoro Py, donde sería cajoneada.

Alberto le rinde pleitesía a Cristina

Entre los mensajes figura un nombre que complicó a Alberto Fernández y llevó a que hoy tenga que salir con algo tan pesado como una cadena nacional para demostrar lealtad a Cristina. Se trata de Julián Leunda, el actual jefe de asesores del presidente.

El joven de 32 años, que se desempeñó como Director de Asuntos Institucionales de C5N y de Ámbito Financiero, aparece mencionado en los chats por uno de los implicados, asegurando que ya habló con él y que les aseguró que los ayudaría a mantener las reuniones en secreto.

Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y sobrino de Héctor Magnetto, dice: “Gente: me acaba de llamar Julián Leunda. Parecía que hubiera venido con nosotros. Caliente con Kollmann por la nota”. Esto lo dijo en referencia del periodista de Página 12 que publicó originalmente la noticia del viaje a Bariloche.

Seguir Leyendo

Argentina

Alberto Fernández logra mantener oculta la letra chica de los contratos de las vacunas por US$ 2000 millones de dólares

Publicado

en

El kirchnerismo logró aprobar en la Auditoría General de la Nación (AGN) sin debate un documento que valida los 10 contratos que se firmaron con laboratorios sin mostrar los textos completos.

La mayoría kirchnerista que conforma la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó mantener oculto el texto final de los 10 contratos de compra de vacunas contra el coronavirus por parte del Estado argentino y dispuso que se mantuviera bajo secreto todas las actuaciones de los convenios.

En otras palabras, el Gobierno se negó a mostrar la letra chica de los acuerdos que el Estado suscribió con las compañías farmacéuticas en 2020, y que le costaron al país unos US$ 1.737 millones de dólares.

De esta forma, además, Alberto Fernández logró que no se avance en una auditoría integral sobre sus negociaciones en las compra de las vacunas. Cabe recordar que en un primer momento acordó solamente con la rusa Sputnik, luego con la china Sinopharm, y recién casi un año después, accedió a firmar un contrato con la norteamericana Pfizer y la inglesa AstraZeneca, lo cual generó polémica por parte de la oposición, que denunció intereses económicos de fondo.

Los auditores de Juntos por el Cambio, en minoría, presentaron un dictamen de “rechazo total” al informe del oficialismo, que hubiera requerido mostrar los contratos tal y como fueron firmados.

Sin embargo, el Frente de Todos hizo pesar su mayoría y aprobó el documento sin que se pudiera discutir cuestiones tales como la elección de los laboratorios, los montos que se pagaron y la entrega de las vacunas, entre otras cuestiones.

La decisión de declarar o transformar en reservada es, a mi juicio, infundada y perjudicial y yo podría citar a un destacadísimo cientista político italiano, Giovanni Sartori, que llama la atención sobre una de las principales promesas de la democracia es la transparencia que está siendo afectada por esta circunstancia”, manifestó el jefe auditor de la oposición Jesús Rodríguez.

El equipo de auditores de la oposición, compuesta por Miguel Ángel PichettoAlejandro Nieva y Jesús Rodríguez, asegura que el documento que suscribió el kirchnerismo “autolimita” el accionar de la AGN ya que no les permite realizar un control exhaustivo de los convenios de las compras de las vacunas.

Desde el entorno de los auditores aseguran que en la letra chica que se quería auditar se quería determinar por qué se tardó tanto en firmar el contrato con Pfizer o cuál es el contenido de las cláusulas confidenciales que se firmaron.

En particular la oposición quería conocer la letra chica del convenio con AstraZeneca, quien tuvo diversos incumplimientos que afectaron la campaña de vacunación en la Argentina, y se han denunciado sobreprecios con el productor en el país, Hugo Sigman, dueño del grupo farmacéutico Insud, amigo del entonces ministro de Salud, Ginés González García.

El kirchnerismo usa como argumento para mantener el secreto las cláusulas de confidencialidad que pidieron y firmaron los laboratorios. El Gobierno asegura que no quieren “defraudar” a las grandes multinacionales que esto podría generar demandas por parte de las farmacéuticas.

Diez contratos por 146.000.000 vacunas a cambio de U$S 1737 millones

En total, Alberto Fernández firmó 10 contratos por un total de 146 millones de vacunas que le representaron al país el pago de US$ 1.737 millones de dólares. Entre los sueros adquiridos se encuentra la Sputnik V (Rusia); Sinopharm y Cansino (China); CovidShield (India); AstraZeneca (Reino Unido); y Pfizer y Moderna (Estados Unidos).

Durante la presentación del informe, que comenzó el miércoles a la mañana, la oposición cuestionó la “pobreza” del informe y hasta el propio Pichetto dijo que en el sitio oficial del Ministerio de Salud puede encontrarse mayor información. También hablaron de demoras en la presentación del documento.

En los 30 años de la AGN es difícil encontrar un tema más relevante que este de los contratos”, expresó Rodríguez. Y agregó: “No sólo por la magnitud del esfuerzo fiscal involucrado, si no por las razones que justificaron esas contrataciones. Excepción hecha de las cuentas de inversión que la Constitución nos manda que analicemos”.

Seguir Leyendo

Tendencias