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JxC y el kirchnerismo apoyan una Ley de Eutanasia que contempla la muerte de personas que no pueden prestar su consentimiento

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Diputados del Frente de Todos iniciarán los debates en comisión y cuentan con un amplio apoyo de Juntos por el Cambio.

La semana que viene el Congreso retoma la actividad legislativa tras el receso invernal, y el kirchnerismo ya decidió que su primer esfuerzo será aprobar la legalización de la eutanasia. A pesar de que Argentina atraviesa la peor crisis desde el 2001, la prioridad del Frente de Todos está puesta en una cuestión social de baja importancia en vez de reformas estructurales que el país tanto necesita.

Y parece que Juntos por el Cambio está en la misma sintonía. En vez de intentar presionar la aprobación de leyes que puedan ayudar a la situación catastrófica del país, anunciaron que una importante mayoría del interbloque opositor apoyará la eutanasia.

Ya son tres los proyectos de ley que existen en el Congreso que buscan sancionar una ley que legalice el “derecho” a solicitar y recibir la ayuda médica para “morir dignamente”, dos de Juntos por el Cambio y uno del Frente de Todos, y ahora el kirchnerismo tratará de llegar a un consenso para conseguir un dictamen unificado.

La primera de las iniciativas fue presentada a fines del año pasado por los diputados de Juntos por el Cambio Alejandro Cacace, Jimena Latorre y el hoy senador Alfredo Cornejo.

Días después, en el Senado, el hoy diputado radical Julio Cobos presentó su propio proyecto titulado “Interrupción Voluntaria de la Vida”, con ciertas discrepancias al encabezado por Cornejo.

Hasta el momento, el Frente de Todos no había dado quórum para tratar ninguno de estos dos proyectos, hasta que la diputada kirchnerista Gabriela Estévez presentó una versión respaldada por el oficialismo que podría finalmente unificar todas las iniciativas.

Entre los firmantes el proyecto figuran Cecilia Moreau, Mara Brawer, Carolina Gaillard, Mónica Macha y Jimena López, además de la radical Carla Carrizo, que a pesar de pertenecer a la oposición pidió que su firma figure en el texto del oficialismo.

A grandes rasgos, los tres proyectos coinciden en que una persona tiene que poder decidir cuándo morir, reconociendo la “muerte digna” como un derecho garantizado por las leyes argentinas.

También parecería haber una línea común en que la persona que reciba asistencia médica para morir sin sufrimiento debe tener diagnosticada una “enfermedad grave, crónica e incurable“, aunque en ningún proyecto presentado hasta la fecha se entra en detalle de cuáles serían estos padecimientos, y todo indica que quedará a criterio del médico.

Lo que preocupa a muchos médicos es que no solo van a tener que violar el juramento hipocrático, que dice explícitamente “A nadie daré una droga mortal aún cuando me sea solicitada, ni daré consejo con este fin“, si no que en el proyecto de Juntos por el Cambio, parecería que no habría un impedimento de consentimiento para ejecutar la muerte.

En el artículo 6, inciso b, se indica que los menores de 16 años, acorde al artículo 26 del Código Civil, no tendrán potestad de decidir sobre su vida y en su lugar, serán sus padres, tutores o representantes legales quienes darán el consentimiento para su muerte.

Además, según los incisos c, d y e, las personas con capacidad restringida tal que “le impida prestar el consentimiento” dependerán de sus familiares, representantes legales o incluso de “personas allegadas”, según lo dispone el artículo 59 del Código Civil, que regula situaciones médicas de emergencia.

Por lo que esta ley de Juntos por el Cambio, que todavía no se sabe si será el texto final pero tiene altas posibilidades de mantenerse en el dictamen final, equipara una emergencia médica para salvar la vida de un paciente con la ejecución médica de una persona para que pare de sufrir.

El asunto, al igual que el aborto, divide aguas más allá del tironeo clásico entre el kirchnerismo y el macrismo/radicalismo, y promete un largo debate en el Congreso, tanto en la Cámara Baja como en la Alta, aunque a diferencia del aborto, parece haber una abrumadora mayoría en su favor.

Así como ocurrió con la legalización del aborto, se prevé un largo debate en comisión, con exposiciones de especialistas a favor y en contra de la iniciativa, antes de que llegue al recinto de la Cámara de Diputados para su votación.

Los disidentes denuncian que además de los errores en su redacción como fueron previamente mencionados, su aplicación en otros países ha llevado a mayores tasas de mortalidad en adultos mayores, muchas veces culpa de que los diagnosticos “terminales” resultan no siempre ser tan terminales como parecían, pero la persona ya fue ejecutada.

Otra crítica viene por el lado que la “muerte digna” ya existe en Argentina, contemplada en la Ley de Muerte Digna (Ley 26.529), que rige desde 2009 y mantiene un apoyo amplio en la sociedad.

De acuerdo a la norma actual, el paciente puede tomar decisiones anticipadas y disponer directivas por escrito sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos y decisiones relativas a su salud, incluso ser “desconectado” de toda asistencia médica, lo cual lo lleva a la muerta segura.

Sin embargo, quienes apoyan la eutanasia activa, aseguran que la muerte no debe ser consecuencia de la enfermedad, si no que las personas que decidan morir puedan hacerlo con una inyección letal en un ambiente seguro dentro de un hospital.

Y el cambio más importante en la legislación, de mantenerse el mencionado el artículo 6, sería que las personas que ya no estén en capacidad de dar consentimiento, dejarán su suerte en manos de familiares o allegados.

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Muerte de bebés en Córdoba: Denuncian negligencia del Hospital y la posibilidad de una asesina serial entre las enfermeras

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Nueve enfermeras han sido apartadas de sus tareas y la muerte de bebés ha frenado. Hay más de 13 casos de bebés que nacieron sanos y que murieron a las pocas horas por exceso de potasio en sangre.

Hace poco menos de una semana se dio a conocer la impactante noticia de que una decena de bebés han muerto en los últimos meses en el Hospital Materno Neonatal, un número excesivamente por encima de la cantidad de muertes que debería tener un hospital infante en el siglo XXI.

El caso es investigado por la Justicia y la Provincia de Córdoba se metió en la causa como querellante, mientras el Ministerio de Salud provincial firmó un sumario administrativo de la maternidad más importante de la ciudad y de toda Córdoba.

Según pudo averiguar La Derecha Diario, nacieron el año pasado 4.640 bebés vivos en el Neonatal e 2021, lo cual es equivalentes al 10% de todos los nacimientos de la provincia, mientras que fallecieron unos 37 niños, con un promedio de tres casos por mes.

En lo que va de este año, ya han habido 28 muertes, 4,6 por mes, un número muy por encima del promedio mensual que tuvo el Hospital el año pasado. Además, todas las muertes del año pasado se pueden atribuir a pacientes prematuros y/o malformaciones congénitas. Pero entre los 28 fallecidos hasta la fecha, por lo menos 13 casos estaban completamente sanos.

Esta decena de casos son investigados no solo por la irregularidad de que un niño que estaba sano muera repentinamente, si no por la coincidencia en la causa de muerte: todos tenían exceso de potasio en sangre que no es compatible con una causa natural de muerte.

En diálogo con especialistas en el tema, un médico nos mencionó que bajo ninguna circunstancia debería darse esa cantidad de potasio a un bebé recién nacido, ni hay posibilidad de que su muerte haya estado vinculada a potasio en mal estado.

Hay dos escenarios: o los enfermeros en el Hospital incurrieron en un grosero caso de mala praxis sin precedentes y a una escala masiva que ya afectó a 1 de cada 3 pacientes neonatos este año, o hay una persona, enfermero o médico, que está provocando la muerte de bebés conscientemente.

En el lugar trabajan 800 personas y hubo 23 separadas del cargo en los últimos meses, según informó el Ministerio de Salud cordobés esta semana. Según se reporta, tras la separación de estas personas, las muertes de los bebés han frenado, y 14 personas apartadas ya han sido reincorporadas después de una investigación interna del Hospital. Según pudo averiguar este medio, hay 9 enfermeros que todavía permanecen suspendidos.

Según reporta LA NACIÓN, el personal está en alerta, pero no habla. La única persona que habló hasta el momento prácticamente confirmó la existencia de un “ángel de la muerte“, como se llama a médicos o enfermeros que matan a sus pacientes.

Se trata de la supervisora de enfermería, Gladys Edith Ríos, quien calificó los hechos como un “genocidio, y le dijo a El Doce TV que tiene pruebas de que “hay una ‘mano negra” entre el personal del Hospital. “Espero que la Justicia haga justicia por estos nenes que nada tienen que ver con lo que está pasando acá”, dijo.

El caso que desató la investigación: la beba de María Martín

Tal como describió LA NACIONfue la noche del 6 de junio la que marcó un punto de quiebre. Hasta entonces había solo tres muertes de bebés nacidos completamente sanos, de embarazos normales y madres sanas. En tan solo 24 horas, hubo varios bebés que involucionaron repentinamente, y terminaron muertos.

Ese 6 de junio nació la beba de María Martín, la mujer que contactó a la prensa y desató tal vez la noticia más triste y preocupante de las últimas décadas. A las seis horas del parto, con ella en la habitación, advirtió que la beba “empieza a descompensarse, a ponerse pálida, con las manos frías, y que no quería la teta”. Las enfermeras se la llevaron y a los minutos regresaron y le preguntaron si se le había caído porque tenía un hematoma en la espalda. La respuesta fue que no, que solo le había cambiado el pañal y nada más.

La beba quedó internada. El hematoma hizo una necrosis, se ulceró la espalda y llegó casi hasta el hueso. Los análisis dieron altos niveles de potasio en sangre y que el hematoma fue producto de un pinchazo. Las autopsias de otros dos bebes fallecidos previamente dieron el mismo resultado. Ya con 3 casos similares, se decidió empezar una investigación y el caso llegó a la prensa.

Estuvo un mes internada. Ahora está bien”, dijo Martín, quien a su vez contó que ese mismo día escuchó que dos bebas nacidas con poca diferencia con la suya también se descompusieron y a los pocos días habrían muerto. También recuerda que una enfermera le sugirió ese día que consultara con un abogado, y le habría dicho que “acá están pasando cosas raras“.

La abogada Daniela Morales y María Martín con su bebé, la única neonata que sobrevivió hasta el momento.

El Hospital es el mejor centro de salud neonatal de Córdoba, y todos los pacientes entrevistados por la prensa en las últimas semanas han hablado maravillas del servicio. Sin embargo, sea mala praxis o un “ángel de la muerte”, esta situación derribaría la reputación de excelencia de la institución y abriría la puerta a una serie investigación de negligencia entre las autoridades.

Según reveló LA NACIÓN, hay una enfermera que está en el centro de la hipótesis principal de la investigación judicial por al menos cinco muertes de bebés, y se está investigando su rol en los otros fallecimientos. En esta hipótesis, la mujer habría actuado con intencionalidad y sería una asesina serial. Esta persona “empezó a trabajar en el Hospital en 2020” y tenía “buenos antecedentes”, según una fuente consultada, y de ser culpable, habría esperado casi 2 años para empezar a matar.

No obstante, hasta el momento no hay imputaciones en el expediente, mientras desde la Justicia y el Ministerio de Salud provincial indicaron que no habrá más declaraciones hasta que se avance con las averiguaciones. El fiscal Raúl Garzón tiene a su cargo la investigación.

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Ya no esconden su socialismo: Facundo Manes criticó al Campo, propuso más proteccionismo y sustituir importaciones

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El referente de la Unión Cívica Radical se mostró como un ferviente partidario de las recetas económicas del siglo XX y minimizó la importancia de la exportación de materia prima. En su lugar, apuesta por las teorías económicas heterodoxas y el “desarrollismo”.

El diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) y referente del partido en Buenos Aires, Facundo Manes, volvió a insistir en su impronta en contra de la exportación de materias primas.

A pesar de que el campo argentino constituye actualmente la principal fuente de divisas para el país, y mantiene un nivel de competitividad incluso superior a la media internacional en la comercialización de granos, para Manes implica un desperdicio de potencial en materia de crecimiento.

El radicalismo pretende reinstalar el debate para la aplicación de las viejas políticas “desarrollistas” aplicadas en la Argentina a mediados del siglo XX. El modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) encuentra adeptos no solamente en el kirchnerismo sino también en la UCR.

Este análisis contradice las posturas convencionales de la teoría económica más aceptadas por el consenso científico a nivel mundial. El consenso ortodoxo concluye tajantemente que el libre comercio impulsa activamente el crecimiento económico de los países, sin importar la especialización de cada país, e incluso sin importar la existencia (o ausencia) de ventajas comparativas entre ellos.

A pesar de una cierta vocación aperturista durante la administración de Mauricio Macri a partir del avance en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el radicalismo defendió y suscribió el aumento de la llamada “tasa estadística de importación” del 0,5% al 2,5% a principios de 2019.

Más tarde, Alberto Fernández elevó la tasa del tributo hasta el 3% a partir de diciembre de 2019, y lo prorrogó sistemáticamente hasta la actualidad. Se trata de una alícuota general y uniforme a las importaciones.

Manes no ocultó su simpatía por el viejo estructuralismo latinoamericano del siglo pasado, e incluso participó de un acto en potestad del “día del amigo desarrollista”, en conmemoración del natalicio de Rogelio Julio Frigerio. También se sumaron otras personalidades de Juntos por el Cambio como María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Margarita Stolbizer y Rogelio Frigerio (nieto), entre otros.

¿Qué pasó en Argentina cuando se aplicaron las ideas de Manes?

Aunque el proteccionismo en Argentina tiene larga data, el primer precedente “desarrollista” se dio con la presidencia del radical Arturo Frondizi. Bajo su gestión, y en facultad de las mismas ideas que propone Facundo Manes, el Gobierno radical aprobó una reforma arancelaria creando cuatro listas de productos:

Lista N° 1: Suponía un arancel del 0% para una limitada variedad de materias primas, entre ellas el petróleo, el carbón y el hierro.

Lista N° 2: Imponía un arancel del 20% para productos alimenticios, oro, aluminio, arrabio y productos químicos. Muchos de estos productos se encontraban anteriormente exentos del pago de impuestos.

Lista N° 3: Establecía un arancel del 40% para cubiertas, chapas de acero, flejes de hierro, maderas, herramientas, tejidos, instrumentos para cirugía, máquinas y motores.

Lista N° 4: Todas y cada una de las importaciones que no estuvieran comprendidas en las listas anteriores se vieron sujetas a un brutal arancel del 300% sobre el precio CIF de importación. Estos aranceles resultaron prohibitivos en la práctica, haciendo completamente inviable la importación de los productos alcanzados.

Al mismo tiempo, se gravó la exportación de materias primas con una retención del 20% para productos ganaderos, agrícolas y mineros, y un 10% para el caso de ciertos productos especiales. Además, se aplicó un recargo adicional del 15% para la exportación de cereales, llevando la tasa consolidada sobre estos productos hasta el 35%.

Aunque los consumidores se vieron obligados a pagar bienes más caros en el marco de una competencia reducida, los beneficios prometidos por el desarrollismo nunca llegaron. Las industrias desarrolladas artificialmente por la protección no pudieron alcanzar en ningún momento estándares internacionales, y a pesar de permanecer protegidas por décadas, enfrentaron severas dificultades en cada proceso de apertura arancelaria gradual.

La economía cerrada tampoco logró resultados prometedores en materia de crecimiento, y el ingreso por habitante de la Argentina se divorció del tren de los países desarrollados a partir de la segunda mitad del siglo XX

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El Gobierno de Larreta decidió estatizar el sistema de acarreo de vehículos por tiempo indefinido

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Tras las denuncias de corrupción entre las empresas de acarreo y el Gobierno local, Rodríguez Larreta decidió intervenir los servicios y el Gobierno porteño se hará cargo del sistema hasta que se defina una nueva licitación.

El denominado “Frente Anti-Grúas” finalmente consiguió sentar un precedente en contra el sistema de acarreo de vehículos que operaba en la Ciudad de Buenos Aires. La inusual alianza entre el Frente de Todos, los liberales, la izquierda y la Coalición Cívica denunció un entramado de corrupción entre el Gobierno porteño y las empresas de servicio de grúas.

En un principio el Gobierno porteño encabezado por Horacio Rodríguez Larreta se negó a tratar el tema o siquiera darle un mínimo de importancia, pero tras la amenaza de la oposición para alcanzar el quórum propio y romper el blindaje del PRO, finalmente decidió intervenir en la materia.

El Gobierno de Larreta dispondrá la estatización de los servicios de acarreo de vehículos, determinando así el fin del contrato de concesión que tenían las empresas Dakota SRL y BRD Sociedad Anónima, el cual habían obtenido en la década de 1990 y con un primer vencimiento en el año 2001.

Según fuentes trascendidas, el Gobierno porteño no pretendería hacerse cargo de los servicios de manera definitiva, sino que buscaría definir un nuevo llamado a licitación para encontrar empresas interesadas en la administración del sistema, pero no han dado ningún plazo al respecto y por ahora la única respuesta que han dado es que el acarreo será estatal “por tiempo indefinido”.

A pesar de haber formado el frente en contra de la actual administración de los servicios, el referente de Milei de la Ciudad de Bueno Aires y uno de los impulsores del fin de la concesión, Ramiro Marra, criticó la falta de acción de Rodríguez Larreta.

Marra apuntó nuevamente contra el Gobierno del PRO y lo increpó por la falta de capacidad para concretar una licitación lo más rápido posible, en lugar de estatizar los servicios y dejar indefinido los plazos para nuevas licitaciones (en caso de haberlas).

A diferencia de los otros partidos políticos del “Frente Anti-Grúas”, los liberales destacaron la importancia de que los servicios permanezcan en manos privadas, se limitaron a solicitar un cambio de concesión y rechazan tajantemente la administración estatal del sistema de acarreo. 

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