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Milei rechaza las reformas tabacaleras que propone Martín Tetaz: "No vamos a quedar presos de peleas entre lobbys"

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A pesar de las grandes maniobras impulsadas por la tabacalera Philip Morris en Argentina para instalar un monopolio de tabaco calentado, Milei decidió retirar de la nueva Ley Bases el capítulo vinculado al tabaco.

El gobierno de Javier Milei ha remitido al Congreso el documento final de la nueva versión de la Ley Bases, la cual contempla la posibilidad de declarar emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el período de un año, sin posibilidad de prórroga.

Aunque el ambiente en el Congreso sugiere un clima más favorable para la aprobación del proyecto que la última, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, junto con los diputados de la UCR-Coalición Cívica Martín Tetaz Juan Manuel López, han expresado su rechazo al nuevo borrador, dado que no aborda reformas en el sector tabacalero.

En este sentido, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que el presidente Javier Milei rechazó entrar en la discusión de las tabacaleras que hacen constantemente lobby para obtener beneficios del Gobierno, y aseguró que no habrá ninguna reforma para el sector en la Ley Bases.

No vamos a quedar presos de peleas entre lobbys, internacionales o locales, que entorpezcan el tratamiento de la ley que necesitamos todos los argentinos. Después vamos a evaluar qué es lo mejor para el país, no para Massalin, para Sarandí, para sus voceros” señalo el portavoz en una entrevista de radio.

El principal argumento sostenido por aquellos que pretenden agregar modificaciones urgentes en el mercado de los cigarrillos es que el Estado Nacional no está percibiendo los impuestos correspondientes, en virtud de un sistema de cautelas que exime a las tabacaleras nacionales de sus obligaciones tributarias.

Por un lado, algunos gobernadores quieren subir los impuestos a los cigarrilos y reformar otros para aumentar la recaudación en el sector, mientras que por otro las tabacaleras piden otras medidas para bajar los impuestos o que éstos solamente afecten a algunas empresas y no a otras.

En medio de la controversia por la disputa del mercado tabacalero argentino, la corporación Philip Morris International a traves de su filial en Argentina, Massalin Particulares S.R.L, empleó distintas estrategias en el ámbito legislativo en 2017 con el objetivo de promover la implementación de un Impuesto Interno Mínimo.

La estrategia era sencilla en su apariencia, pero devastadora en su impacto: establecer un tributo mínimo combinado con una reducción general en la alícuota del impuesto interno (del 75% al 70%). Esto implicaba que las tabacaleras solo pagarían un único impuesto entre dos opciones posibles: el 70% o el llamado “impuesto mínimo”, aquel que resultara de mayor valor.

Una vez que la ley 27.430 fuera aprobada en el Congreso durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, las pymes locales se vieron obligadas a pagar por un impuesto que resultaba completamente confiscatorio, ya que superaba el valor de venta de sus productos.

Veamos un ejemplo en concreto: para el primer trimestre del año 2022, la “tasa mínima” era de $151,68 por cada atado. En aquel entonces el precio de comercialización de la marca más ecónomica era de $46, mientras que la más costosa alcanzaba los $250.

La primera empresa entre sus dos opciones: $32.2 (70%) o $151.68, era obligada a pagar el “impuesto mínimo”; es decir, estaba forzada a desenbolsar más de 3 veces el valor de su producto en impuestos. Mientras que la otra empresa, entre $175 (70%) y $151.68; tributaba el porcentual.

En otras palabras, las pymes pagaban más impuestos que las grandes tabacaleras, e incluso llegaban a pagar más en impuestos que en costos del atado de cigarrilos. Este esquema evidencia que el “impuesto mínimo” afectaba exclusivamente a las marcas nacionales, mientras que las grandes tabacaleras multinacionales no solo se libraban del gravamen impuesto en el Congreso, sino que pagaban un 5% menos de impuestos que antes.

En este escenario las tabacaleras locales con el objetivo de no desaparecer, empezaron a buscar exenciones a través del sistema judicial; encabezando así una lucha contra las distorsiones introducidas en la reforma tributaria.

Sin embargo, contrario a lo afirmado por los voceros de Philip Morris-Massalin, las tabacaleras nacionales sí cumplen con sus obligaciones fiscales, tributando el 70% del valor de sus productos. Lo que no están dispuestas a pagar es un impuesto confiscatorio que las grandes multinacionales exigen injustamente y pretenden imponer.

¿A qué se debe el ansiado interés de incluir al tabaco como una emergencia pública?

Lejos de otorgar una solución a este conflicto, los radicales y los peronistas del interior insisten con incluir en la Ley Bases un capítulo para incrementar la alicuota impositiva del 70 al 73%, una iniciativa del diputado del bloque radical, Martín Tetaz.

Sin embargo, en plena campaña electoral del 2021, el economista mediático se había comprometido públicamente a “no aumentar ni crear nuevos impuestos en conjunto con la coalición de Juntos por el Cambio.

Con esta medida, Tetaz no solo empeoraría esta situación con las pymes, sino que busca beneficiar a las grandes multinacionales que buscan comercializar cigarrillos electrónicos, vapeadores y tabaco calentado, actualmente prohibidos en territorio argentinos, aplicándoles una tasa del 20%, tan solo un tercio en relación al impuesto interno del cigarrillo tradicional.

Esta reforma beneficiaría ineludiblemente a la empresa Massalin Particulares, puesto que el tabaco calentado es la gran apuesta a nivel global por Philip Morris InternationalSe trataría de la única empresa en el mercado argentino que tendría con exclusividad la distribución y suministro del dispositivo IQOS, diseñado para calentar el tabaco en lugar de quemarlo. De este modo, se consagraría una posición de dominio absoluto para la empresa en el mercado local, exclusivamente por una ley y no por cuestiones del mercado.

Es esencial destacar que detrás de la fachada de preocupación por la equidad en el mercado y el supuesto no pago de impuestos, se esconde un claro interés por expandir privilegios que distorsionan la competencia y perjudican la salud pública, y sin dudas un poder de lobby de Philip Morris que extiende sus manos y llega hasta los diputados de la Nación.

El gobierno de Milei, firme en su postura de defender los intereses de todos los argentinos, ha rechazado enérgicamente estos intentos de influencia indebida en la legislación. La eliminación del capítulo tabacalero es un claro mensaje de que el gobierno no cederá ante los intereses particulares de las grandes corporaciones, sino que buscará promover políticas que garanticen sus objetivos propuestos en campaña.

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Llegó la hora de apretar el puño contra la delincuencia: Motochorros dejaron paralítico a un Policía Federal y mataron a su novia

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Un oficial de la Federal recibió un tiro en la espalda y no volverá a caminar. Su pareja, una mujer de 27 años, murió en el acto al recibir un disparo en la cabeza durante un asalto para sacarles la moto en Acceso Oeste.

Un episodio brutal se desarrolló este fin de semana en Acceso Oeste, cuando dos motochorros intentaron robar la moto en la que circulaba un oficial de la Policía Federal y su pareja. Ambos fueron baleados por los delincuentes.

El agente Lucas Buena, se encuentra internado en estado grave y no podrá volver a caminar. Por su parte, la novia del agente, Noelia Velázquez, profesora de educación física, recibió un tiro en la cabeza y murió en el acto.

El asalto ocurrió el domingo a la tarde cuando Lucas y Noelia viajaban en una Honda Tornado blanca y negra y dos ladrones en una moto del mismo modelo, sin patente, se les cruzaron e intentaron robarle el vehículo.

Los asaltantes amenazaron con un arma al policía, que paró y se bajó de la moto junto a su novia. En ese momento, Buena, que es subinspector de la Federal y custodio de Casa de Gobierno, se identificó como policía y los delincuentes le abrieron fuego.

La mujer murió tras recibir un disparo en la cabeza, mientras que Buena fue baleado en la espalda, a la altura de uno de sus omóplatos. Lo trasladaron en helicóptero al Hospital Churruca de la Policía Federal, en la Ciudad de Buenos Aires, donde lo operaron. Durante los primeros auxilios que recibió en la autopista, le dijo a los médicos que no sentía las piernas, según contó una testigo en un video que subió a TikTok.

Por parte de los delincuentes, al menos uno de ellos resultó herido de bala en una pierna y se cayó de la moto en la que habían ido a cometer el asalto. Por ese motivo quedó detenido un sospechoso que fue a atenderse a la Unidad de Pronta Atención (UPA) N° 15, de José C. Paz, acompañado por su mamá.

Tenía un disparo y raspones. Dijo que había sido víctima de un robo, pero a los investigadores no les cerró su versión y descubrieron que había sido responsable del tiroteo contra el agente de la Federal.

El detenido fue identificado por la Policía como Pedro Santiago Verón, de 20 años. Es de Cuartel V, partido de Moreno y ya tiene antecedentes penales. Según los investigadores, la moto que usaron para robar sería de una hermana de Verón. La Policía también habría identificado al otro motochorro, que está prófugo.

Por su parte, Lucas Buena, quien tiene 30 años, nació en febrero de 1994, y según su perfil de Facebook vive en Ramos Mejía. Es subinspector de la PFA y estaba asignado a la custodia de Casa de Gobierno. Antes había trabajado en el rubro del transporte automotor.

Es un fierrero de ley: le gustan los autos y las motos y casi todos los posteos en redes muestran su devoción por ellos. En especial por la marca Honda.

Su novia, Noelia Velázquez Torres, tenía 27 años y era vecina de Ciudadela, partido de Tres de Febrero, aunque había vivido en Merlo años antes. Hace pocos meses se había recibido como profesora de educación física, y trabajaba en algunos institutos de la Ciudad.

El caso está a cargo de la UFI N° 9 de Moreno y General Rodríguez, a cargo de la fiscal Alejandra Rodríguez, que esperaba que le den el alta al sospechoso para tomarle declaración.

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Procesaron por corrupción al rector de la Universidad de Chaco, vinculado a Capitanich, por desvío de fondos

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Se trata de Germán Oestmann, vinculado al dirigente kirchnerista Jorge Capitanich, y enfrenta cargos por su participación en una organización ilícita que desviaba fondos públicos. El caso involucra a otras 17 personas.

Germán Oestmann, rector de la Universidad Nacional de Chaco Austral (UNCAUS) y cercano al ex gobernador kirchnerista Jorge Capitanich, fue procesado recientemente por corrupción y fraude a la Administración Pública. Este procesamiento se enmarca en una investigación sobre el desvío de fondos estatales destinados a la institución que él dirige.

El juez federal Aldo Alurralde ha dictaminado el procesamiento de Oestmann, acusándolo de formar parte de una asociación ilícita dedicada a transferir los recursos recibidos del Gobierno hacia fundaciones y empresas dirigidas por sus familiares y allegados.

La investigación reveló una compleja red de triangulación de fondos a través de transferencias entre diversas organizaciones, incluyendo algunas dirigidas por los numerosos implicados, que facturaban servicios entre sí.

Según se explica en la resolución judicial, muchas de estas transacciones carecían de respaldo administrativo adecuado o eran deficientes, y los balances de las fundaciones estaban siendo auditados por contadores de otras entidades dentro de la misma red, lo que generaba un control mutuo entre ellas.

Además del rector Germán Oestmann, otros 17 empresarios, directivos y empleados de la universidad han sido procesados por su participación en esta red, donde también se llevaban a cabo otras actividades delictivas como el lavado de dinero.

El juez Aldo Alurralde también imputó a Germán Oestmann y a sus cómplices por los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionarios públicos.

Como resultado, la resolución emitida por Alurralde impone un embargo de 100 millones de pesos a cada uno de los procesados. Además, se les prohíbe salir del país y se les exige presentarse ante el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña el primer día hábil de cada mes como muestra de estar cumpliendo con sus obligaciones legales.

La investigación

El proceso judicial se originó a partir de una investigación que resultó en la condena de varios individuos, incluyendo al ex rector Omar Vicente Judis y su hijo, Enzo Judis, quien ya falleció. Durante esta investigación, el fiscal señaló la relación personal entre los Judis y Germán Oestmann, resaltando el papel de Oestmann como abogado de la familia y el rol de Omar Judis como secretario de Actas del Consejo Superior Universitario.

En el comunicado de procesamiento emitido este miércoles contra el último rector de la universidad, se puso énfasis en una nueva etapa de la institución, haciendo hincapié en la "diversificación" de la actividad ilícita.

Según lo determinado por los investigadores, en los últimos años surgieron más fundaciones y se empezaron a cometer otros delitos, como el lavado de activos. También se mencionó la aparición de nuevos actores que se suman a los "sucesores" de Judis y a las fundaciones UNCAUS y Educación para Todos.

Basándose en las pruebas recopiladas, el organismo judicial señaló que el fiscal no tiene dudas de que los investigados actuaron ilegalmente bajo el paraguas de la UNCAUS a través de ambas fundaciones que continuaron funcionando, así como también a través de las nuevas, identificadas como "Sin Dolor" y "Recursos Naturales".

Es por este motivo que el presidente Milei busca impulsar la auditoria de la Universidad de Buenos Aires, mediante la cual se va a poder identificar posibles irregularidades y actos de corrupción. Además, de esa manera se asegura que los recursos públicos se utilicen de manera efectiva para el beneficio de la educación y de los estudiantes, y no terminen en los bolsillos de algún político o autoridad corrupta.



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Los empresarios argentinos se comprometen a contratar 1 millón de personas si el Congreso aprueba la Ley Bases

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Los emprendedores y empresarios han expresado su compromiso de contratar al menos un nuevo empleado en los próximos cuatro años, siempre y cuando se apruebe la reforma laboral.

La Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) prometieron, en lo que llamaron el "Compromiso de Mayo", que contratarán 1 millón de empleados nuevos si el Congreso aprueba la Ley Bases de Javier Milei, debido a las condiciones favorables que generaría la reforma laboral allí incluida.

La campaña "1 millón por 1 millón", encabezada por respaldada por más de 20 organizaciones del ámbito laboral y productivo, tiene como objetivo reunir a emprendedores, pymes, productores, monotributistas y empresas de todo el país para promover la generación de empleo formal.

Para alcanzar esta meta, los empresarios y emprendedores detrás de la iniciativa se comprometen a contratar nuevos empleados en los próximos cuatro años, con la aspiración de crear un millón de nuevos puestos de trabajo entre todos los que se unan a la iniciativa.

Su premisa se basa en "contar con reglas claras y estables fundamentadas en acuerdos sociales y políticos sólidos que impulsen la creación de más empresas como vía para fortalecer la economía y abordar los desafíos sociales que enfrenta Argentina", explicaron durante la presentación del proyecto.

Los impulsores de esta iniciativa resaltaron que la reforma laboral propuesta incluye medidas concretas para estimular la generación de empleo, como la formalización de trabajos informales, la conversión de planes sociales en empleos formales, la eliminación de la litigiosidad laboral y diversas multas, así como la introducción de límites a las indemnizaciones.

Asimismo, expresaron su apoyo a la reducción de la burocracia en la creación y gestión de empresas, la simplificación y disminución de la carga impositiva para las compañías y la reactivación de la ley de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).

"Evaluamos la difícil coyuntura que atraviesa nuestro país, pero mantenemos la esperanza de que se nos presenta la oportunidad de un cambio positivo profundo. Cada uno de nosotros puede contribuir desde su lugar. En nuestro caso, perseveramos, avanzamos y creamos oportunidades en cada rincón de Argentina. Las empresas son una parte integral de la solución a los problemas actuales del país, y es por eso que nos comprometemos", afirmó Ezequiel Calcarami, fundador de la Asociación de Emprendedores de Argentina y del Grupo Simpli.

Esteban Wolf, propietario de Chocorisimo, una fábrica de helados argentina con presencia en varios países de América Latina, enfatizó la importancia de la acción frente a la pasividad: "La diferencia radica en aquellos que hacen que las cosas sucedan y aquellos que permiten que las cosas sucedan".

Asimismo, añadió: "Es el momento de actuar y comprometerse. Instamos a los emprendedores y a las pymes a que se sumen a esta iniciativa, y a los políticos a que acuerden políticas que fortalezcan a las empresas en todo el territorio nacional".

La presentación oficial de la iniciativa tuvo lugar el viernes pasado en la Cámara de Diputados, con la participación de empresarios y emprendedores. La lista de asistentes incluyó a Gonzalo Blousson (Signatura.co), Connie Ansaldi (CUX Ai), Matías Tucci (Prenut), Gabriel Marcolongo (Incluyeme.com), Milagros Gutiérrez (Koi Ventures), Andrea Rochaix (Nutrición 24 Hs), Patricio Gigli (Marea Venture Partners), German Giménez (Napsix), Carlos Marín Rodríguez (Marín Pérez Abogados), Omar Vázquez (Pelikanus), Leonardo Valente (Livepanel) y Jonatan Loidi (Grupo Set Latam).

Marcos Galperin, el fundador de Mercado Libre, expresó su apoyo a la propuesta a través de las redes sociales. En un post en X, comentó: "Muy buena iniciativa".

A su vez, el fundador y CEO de Globant, Martín Migoya, también salió a brindar su apoyo a la iniciativa en X: "Si sos emprendedor, empresario, si tenes una gran compañía, o sos pyme, si sos productor agropecuario, o autónomo, sumate a la iniciativa de ASEA".

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