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Milei rechaza las reformas tabacaleras que propone Martín Tetaz: "No vamos a quedar presos de peleas entre lobbys"

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A pesar de las grandes maniobras impulsadas por la tabacalera Philip Morris en Argentina para instalar un monopolio de tabaco calentado, Milei decidió retirar de la nueva Ley Bases el capítulo vinculado al tabaco.

El gobierno de Javier Milei ha remitido al Congreso el documento final de la nueva versión de la Ley Bases, la cual contempla la posibilidad de declarar emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el período de un año, sin posibilidad de prórroga.

Aunque el ambiente en el Congreso sugiere un clima más favorable para la aprobación del proyecto que la última, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, junto con los diputados de la UCR-Coalición Cívica Martín Tetaz Juan Manuel López, han expresado su rechazo al nuevo borrador, dado que no aborda reformas en el sector tabacalero.

En este sentido, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que el presidente Javier Milei rechazó entrar en la discusión de las tabacaleras que hacen constantemente lobby para obtener beneficios del Gobierno, y aseguró que no habrá ninguna reforma para el sector en la Ley Bases.

No vamos a quedar presos de peleas entre lobbys, internacionales o locales, que entorpezcan el tratamiento de la ley que necesitamos todos los argentinos. Después vamos a evaluar qué es lo mejor para el país, no para Massalin, para Sarandí, para sus voceros” señalo el portavoz en una entrevista de radio.

El principal argumento sostenido por aquellos que pretenden agregar modificaciones urgentes en el mercado de los cigarrillos es que el Estado Nacional no está percibiendo los impuestos correspondientes, en virtud de un sistema de cautelas que exime a las tabacaleras nacionales de sus obligaciones tributarias.

Por un lado, algunos gobernadores quieren subir los impuestos a los cigarrilos y reformar otros para aumentar la recaudación en el sector, mientras que por otro las tabacaleras piden otras medidas para bajar los impuestos o que éstos solamente afecten a algunas empresas y no a otras.

En medio de la controversia por la disputa del mercado tabacalero argentino, la corporación Philip Morris International a traves de su filial en Argentina, Massalin Particulares S.R.L, empleó distintas estrategias en el ámbito legislativo en 2017 con el objetivo de promover la implementación de un Impuesto Interno Mínimo.

La estrategia era sencilla en su apariencia, pero devastadora en su impacto: establecer un tributo mínimo combinado con una reducción general en la alícuota del impuesto interno (del 75% al 70%). Esto implicaba que las tabacaleras solo pagarían un único impuesto entre dos opciones posibles: el 70% o el llamado “impuesto mínimo”, aquel que resultara de mayor valor.

Una vez que la ley 27.430 fuera aprobada en el Congreso durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, las pymes locales se vieron obligadas a pagar por un impuesto que resultaba completamente confiscatorio, ya que superaba el valor de venta de sus productos.

Veamos un ejemplo en concreto: para el primer trimestre del año 2022, la “tasa mínima” era de $151,68 por cada atado. En aquel entonces el precio de comercialización de la marca más ecónomica era de $46, mientras que la más costosa alcanzaba los $250.

La primera empresa entre sus dos opciones: $32.2 (70%) o $151.68, era obligada a pagar el “impuesto mínimo”; es decir, estaba forzada a desenbolsar más de 3 veces el valor de su producto en impuestos. Mientras que la otra empresa, entre $175 (70%) y $151.68; tributaba el porcentual.

En otras palabras, las pymes pagaban más impuestos que las grandes tabacaleras, e incluso llegaban a pagar más en impuestos que en costos del atado de cigarrilos. Este esquema evidencia que el “impuesto mínimo” afectaba exclusivamente a las marcas nacionales, mientras que las grandes tabacaleras multinacionales no solo se libraban del gravamen impuesto en el Congreso, sino que pagaban un 5% menos de impuestos que antes.

En este escenario las tabacaleras locales con el objetivo de no desaparecer, empezaron a buscar exenciones a través del sistema judicial; encabezando así una lucha contra las distorsiones introducidas en la reforma tributaria.

Sin embargo, contrario a lo afirmado por los voceros de Philip Morris-Massalin, las tabacaleras nacionales sí cumplen con sus obligaciones fiscales, tributando el 70% del valor de sus productos. Lo que no están dispuestas a pagar es un impuesto confiscatorio que las grandes multinacionales exigen injustamente y pretenden imponer.

¿A qué se debe el ansiado interés de incluir al tabaco como una emergencia pública?

Lejos de otorgar una solución a este conflicto, los radicales y los peronistas del interior insisten con incluir en la Ley Bases un capítulo para incrementar la alicuota impositiva del 70 al 73%, una iniciativa del diputado del bloque radical, Martín Tetaz.

Sin embargo, en plena campaña electoral del 2021, el economista mediático se había comprometido públicamente a “no aumentar ni crear nuevos impuestos en conjunto con la coalición de Juntos por el Cambio.

Con esta medida, Tetaz no solo empeoraría esta situación con las pymes, sino que busca beneficiar a las grandes multinacionales que buscan comercializar cigarrillos electrónicos, vapeadores y tabaco calentado, actualmente prohibidos en territorio argentinos, aplicándoles una tasa del 20%, tan solo un tercio en relación al impuesto interno del cigarrillo tradicional.

Esta reforma beneficiaría ineludiblemente a la empresa Massalin Particulares, puesto que el tabaco calentado es la gran apuesta a nivel global por Philip Morris InternationalSe trataría de la única empresa en el mercado argentino que tendría con exclusividad la distribución y suministro del dispositivo IQOS, diseñado para calentar el tabaco en lugar de quemarlo. De este modo, se consagraría una posición de dominio absoluto para la empresa en el mercado local, exclusivamente por una ley y no por cuestiones del mercado.

Es esencial destacar que detrás de la fachada de preocupación por la equidad en el mercado y el supuesto no pago de impuestos, se esconde un claro interés por expandir privilegios que distorsionan la competencia y perjudican la salud pública, y sin dudas un poder de lobby de Philip Morris que extiende sus manos y llega hasta los diputados de la Nación.

El gobierno de Milei, firme en su postura de defender los intereses de todos los argentinos, ha rechazado enérgicamente estos intentos de influencia indebida en la legislación. La eliminación del capítulo tabacalero es un claro mensaje de que el gobierno no cederá ante los intereses particulares de las grandes corporaciones, sino que buscará promover políticas que garanticen sus objetivos propuestos en campaña.

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La oscura verdad detrás del depósito de alimentos de Capital Humano: Así es como el kirchnerismo y Grabois le robaban a los pobres

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Producto de una investigación independiente respecto a las compras irregulares de millones de kilos de yerba, se logró descubrir como el kirchnerismo y Juan Grabois se quedaban con el dinero de los pobres, y les vendían sus propios alimentos.

En los últimos días se pudo ver a dirigentes piqueteros y políticos kirchneristas reclamando por la "distribución de alimentos", de los cuales más del 60% son paquetes de yerba, que el ministerio de Capital Humano almacena en caso de catástrofes como inundaciones.

Parecería ser un reclamo "noble", pero como siempre sucede con el kirchnerismo y la izquierda, esconde un oscuro motivo que incentiva este tipo de actitudes.

Todo esto se origina con las manifestaciones de personas "supuestamente hambrientas", enviadas por diferentes dirigentes piqueteros como Juan Grabois y Emilio Pérsico, y la compra de 3.160.000 kilos de yerba, realizada a las apuradas por la exministra kirchnerista Victoria Tolosa Paz el 7 de noviembre de 2023.

Según la "Decisión Administrativa 878/2023″ (DECAD-2023-878-APN-JGM – Licitación Pública N° 95-0058-LPU23), el ex Ministerio de Desarrollo Social adquirió 12 millones de kilos de yerba de las marcas "El Buen Ojo" y "Sierras de Imán" a tres proveedores estatales polémicos.

De esta compra, 3.160.000 kilos de yerba aún permanecen en depósito. Esta yerba, que carece de valor nutricional significativo, nos hace preguntar: ¿Por qué las personas preocupadas por el hambre se interesan tanto en esta yerba?

La conexión con Juan Grabois y Emilio Pérsico

La marca "El Buen Ojo" tiene una historia oscura, una de ellas es la venta de los paquetes en ferias organizadas por militantes de Juan Grabois y Emilio Pérsico, pertenecientes al Movimiento Evita. Este proceso implicaba varias irregularidades:

  1. El ex Ministerio de Desarrollo Social compraba productos de baja calidad a proveedores amigos.
  2. Estos productos eran entregados a los punteros de Grabois y Pérsico.
  3. Los punteros vendían estos productos en ferias y se quedaban con el dinero.

Este esquema corrupto perjudicaba a los pobres en múltiples formas: en la compra a proveedores con sobreprecios, en la distribución discrecional de los productos, y en la venta final en las ferias. El dinero recaudado en estas ferias iba directamente a las organizaciones de Grabois y Pérsico.

Por lo tanto, no solo que se realizaban compras con sobreprecios, sino que los "alimentos" iban directo a las manos de los dirigentes piqueteros, que en vez de dárselo a los mas necesitados, se los vendían en ferias y se quedaban con el dinero. Los pobres pagaban 2 veces por un mismo producto (con impuestos al estado, y con su dinero en las ferias)

La relación entre Juan Grabois y Emilio Pérsico no es nueva. Ambos han trabajado juntos durante años, incluso extorsionando a la exministra de Desarrollo Social de Mauricio Macri, Carolina Stanley, quien les otorgó 30.000 millones de pesos en 2016 (aproximadamente 2 mil millones de dólares al tipo de cambio de entonces). A estos líderes no les preocupa realmente el hambre de los pobres, sino mantener sus fuentes de ingreso. La reciente manifestación frente al depósito del Ministerio de Capital Humano, con la presencia de Grabois y carteles del Movimiento Evita, subraya su interés en el negocio de la yerba.

La yerba comprada por Victoria Tolosa Paz era de pésima calidad, según diversas fuentes en Misiones. Incluso el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) se opuso a estas licitaciones, ya que el Ministerio ignoró sus recomendaciones para elegir mejores proveedores.

Entre los proveedores se encuentra Hugo Oscar Holowaty, un pequeño productor artesanal de yerba mate que ascendió rápidamente al convertirse en proveedor del Estado con precios inflados hasta en un 300%. Holowaty compraba la producción de otros pequeños productores a precios bajos y vendía esta yerba de mala calidad al Estado.

Holowaty tiene un historial de causas judiciales, incluyendo acusaciones de asociación ilícita fiscal. Se lo vinculó con la creación de empresas falsas para emitir facturas fraudulentas, generando créditos fiscales que luego vendía a empresas reales. Dos amas de casa figuraban como presidente y vicepresidente de estas empresas fantasmas, captadas bajo falsas promesas de trabajo.

La compra y distribución de yerba mate por parte del Ministerio de Desarrollo Social no solo expone la ineficacia y la corrupción dentro del ultimo gobierno kirchnerista, sino también la manipulación de la pobreza con fines políticos y económicos. Las acciones de Grabois, Pérsico y otros implicados en estas maniobras demuestran un desprecio por las verdaderas necesidades de los pobres, utilizando programas sociales para enriquecer a sus propias organizaciones y sus propios bolsillos.


De Kevin Frank para La Derecha Diario.

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Los senadores ratificaron el aumento de sueldo con una suba adicional y pasarán a cobrar 8 millones de pesos por mes

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La suba que se hicieron los senadores a mano alzada se sumó a un ajuste por inflación del 9%, atada a la paritaria de los trabajadores del Congreso. Cobrabrán 8 brutos y más de 5 millones en mano.

En medio del debate por la Ley Bases y la Reforma Fiscal, los senadores firmaron finalmente la suba de sus sueldos que se votaron a mano alzada en medio de una sesión en la que solamente se iba a votar la aprobación de los pliegos de los embajadores.

Si bien se habían subido sus dietas a $7,2 millones de pesos brutos, en la ratificación de la suba se agregaron un aumento adicional, del 9,14% (2% retroactivo a abril y 7% de mayo), por lo que los 72 integrantes de la Cámara Alta terminarán cobrando $8 millones de pesos brutos por mes.

El aumento llega como consecuencia de un mecanismo que, a diferencia de los diputados, ata los ingresos de los senadores a la paritaria de los empleados del Congreso Nacional, y se suma al aumento original ya que se subieron la cantidad de módulos que cobra un senador, en vez de aumentar el valor del módulo.

A mediados de abril, en una votación a mano alzada, los senadores nacionales decidieron aumentar sus dietas desde el 1 de mayo de $1,9 millones a $7,2 millones (bruto). La medida generó una fuerte polémica, especialmente en el oficialismo.

El propio presidente Javier Milei cuestionó la iniciativa desde sus redes sociales. “Así se mueve la casta”, escribió. Las críticas comenzaron a elevarse hasta llegar a la vice Victoria Villarruel, quien también oficia como presidente del Senado, quien se tuvo que defender en sus redes sociales y aclaró que no está dentro de sus facultades poder impedir esa votación.

Claro que hay limitaciones. Esto es una democracia. Si quieren que me comporte como una dictadora no lo voy a hacer. Las reglas son estas y todos los bloques estuvieron de acuerdo”, le respondió a un usuario que había avalado su explicación, al señalar que “hay limitaciones en el poder”.

El Senado continuaba esta tarde con el tratamiento de la Ley Bases y el Paquete Fiscal en comisiones y el Gobierno se esperanza con obtener dictamen esta semana. La reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales está pautada para las 15 horas en el Salón Azul del Congreso: allí seguirá el debate de la iniciativa reformista impulsada por el Gobierno del presidente Javier Milei.

La reuniones de comisión serán las primeras tras la asunción de Guillermo Francos al frente de la Jefatura de Gabinete: el dirigente libertario había conducido las negociaciones con gobernadores y legisladores opositores desde el Ministerio del Interior y, con la salida de Nicolás Posse, deberá continuar con esa gestión para lograr que el Gobierno obtenga las leyes que considera clave para avanzar con una serie de reformas.

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“El Resplandor”: El comedor fantasma que compromete al Polo Obrero en el manejo de dinero y de facturas truchas

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Un caso particular de un comedor fantasma puso contra las cuerdas al líder de la Unidad Piquetera.

El 27 de marzo pasado, cuando el gobierno de Javier Milei ya había puesto la lupa sobre el funcionamiento irregular de algunas cooperativas en la gestión de Alberto Fernández, Elizabeth Carmen de Palma, la presidente de la Asociación Civil Polo Obrero, le manifestaba su preocupación a Jeremías Cantero, una de las cabezas en la coordinación de comedores de esa agrupación.

Para esa altura, el fiscal Gerardo Pollicita ya los había puesto bajo la lupa y estaba siguiendo sus movimientos. Pero tras los allanamientos y la prueba encontrada, el juez Sebastián Casanello no sólo admitió llamarlos a indagatoria a ellos sino también a Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, quien no estaba en lista original de imputados por la fiscalía.

Lo que finalmente dejó a Belliboni en la cuerda floja en la causa es la sospecha de facturación trucha y el dibujo de gastos en el comedor "El Resplandor".

Gracias a esta investigación, Belliboni pasó a ser parte de uno de los investigados en la causa porque firmó convenios ante el ex Ministerio de Desarrollo Social, hoy convertido en Capital Humano, en donde asumía una serie de obligaciones como unidad de gestión del dinero que repartía el Estado Nacional, mientras también recibía dinero para poder ejecutar esa ayuda social, como poner un taller o un comedor.

Pero los investigadores notaron que en esos movimientos aparecían “gastos dibujados” y usinas de lo que se sospechan son facturas truchas. Las dos firmas sospechadas son Rumbos y Coxtex. Mientras que Rumbos era aportante del Partido Obrero, Coxtex figura en un lugar inexistente, por lo que es un "comedor fantasma".

El dinero que reciben las agrupaciones se podía destinar a maquinaria o vestimenta y debía ser rendido a las autoridades nacionales. Pero de acuerdo a los investigadores judiciales, en base a lo informado en los registros administrativos, solo el 30% del dinero entregado al Polo Obrero se habría justificado de la manera correcta.

Las fuentes judiciales que dialogaron con Infobae también notaron que las descripciones que hacía el Polo Obrero, en relación a otras asociaciones que eran muy detalladas en su reporte de facturación, era más vaga. “Se hablaba de vestimenta pero eran pecheras del Polo Obrero”, deslizó uno de los investigadores.

El magistrado hizo hincapié en “la comprobación del empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas ‘Ediciones e Impresiones Rumbos SRL’ y ‘Coxtex SA’-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos. Se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”.

Según el análisis de Casanello, esa maniobra “se vio complementada con la exigencia a quienes acudían a determinados comedores comunitarios y eran beneficiarios de aquel programa de concurrir a movilizaciones político-partidarias (con banderas identificatorias), aportar sumas de dinero a la organización y hasta votar por un candidato en particular -referenciado en el propio espacio político- en elecciones generales, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal”. Las exigencias eran transmitidas a los beneficiarios del plan por otros beneficiarios de mayor antigüedad en la organización, pero igualmente de marcada vulnerabilidad, afirmó.

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