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Papelón histórico: JxC votó junto al kirchnerismo para subsidiar a los propietarios UVA, mientras es imposible alquilar

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El Congreso votó por desarticular los términos de los contratos UVA para dar un nuevo rescate, terminando así de enterrar la última herramienta que le quedaba al país para dar crédito inmobiliario. Los radicales y la Coalición Cívica acompañaron al kirchnerismo con su voto.

Después del papelón que hizo Juntos por el Cambio cuando pidió tratar la derogación de la Ley de Alquileres sin los diputados presentes para hacerlo y terminar perdiendo en la sesión maratónica que empezó este miércoles, los diputados supuestamente opositores se unieron con el kirchnerismo para aprobar subsidios a los propietarios UVA.

Volvió a quedar clarísimo que Juntos por el Cambio está lejos de ser un “bloque unido” como pretende mostrarse en la campaña electoral, y mientras el PRO votó en contra, la mayor parte del bloque radical en JxC decidió acompañar al kirchnerismo y se aprobó un nuevo subsidio para los créditos UVA con una mayoría de 134 votos positivos.

El proyecto de ley también contó con el apoyo de muchos diputados de la Coalición Cívica, el desprendimiento por izquierda de la Unión Cívica Radical que dirige Lilita Carrió.

Uno de los principales referentes de este proyecto fue el radical Julio Cobos, perteneciente al bloque de Juntos por el Cambio y ex-vicepresidente de Cristina Kirchner, que negoció la aprobación del dictamen final junto con el ultra-kirchnerista Carlos Heller.

Los principales puntos del proyecto

Hasta ahora, los créditos UVA funcionaron como una herramienta para tratar de apuntalar el crédito inmobiliario en un contexto de alta inflación, y para ello se creó un instrumento ajustable por inflación que hacía posible un cierto nivel de previsibilidad para los bancos. El proyecto destruye completamente los términos y condiciones de estos contratos, haciendo que la herramienta se vuelva inútil.

En lugar de ajustarse por el índice de inflación como lo hacía hasta ahora, el dictamen establece que los UVA se indexarán por un índice vinculado a los salarios formales (RIPTE). Además, los deudores que pagan el impuesto a las Ganancias son habilitados para deducir los intereses (subsidiados) del crédito hipotecario con un límite de hasta 3 salarios mínimos por año.

La pérdida para los bancos se compensará mediante la aplicación del "Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario", costeado por el grueso de los contribuyentes que se verán obligados a subsidiar forzosamente a los propietarios UVA.

Se fijó un tope equivalente al 30% del salario sobre la cuota de los deudores, y en caso de producirse situaciones de desocupación el fondo fiduciario (todos los demás contribuyentes) deberá hacerse cargo de las tres primeras cuotas de mora, y se determina la suspensión de desalojos por un año entero para estos casos.

Argentina se queda sin crédito inmobiliario

Con el voto de los radicales y la Coalición Cívica, los contribuyentes deberán subsidiar a los propietarios UVA aún cuando del total de todos ellos, solo 1.400 personas fueron afectadas por moras o dificultades para afrontar las cuotas. Por no mencionar que son propietarios de una vivienda y muchos incluso alcanzan a pagar el Impuesto a las Ganancias, y no pertenecen precisamente a los deciles más bajos de la población.

Pero en contraste, se calcula que más de 1.200.000 argentinos tienen dificultades para poder acceder a tan siquiera alquilar una vivienda, los cuales ahora deberán subsidiar a los propietarios UVA. Cabe resaltar que en la mayoría de los casos las cuotas de alquiler suelen ser más elevadas (en promedio) que las que se abonan por los créditos UVA.

Argentina pierde definitivamente la disponibilidad de crédito inmobiliario. Bajo las actuales condiciones, ninguna entidad bancaria estará dispuesta a ofrecer una cantidad sustancial o relevante de créditos indexados por el índice RIPTE, y los incesantes cambios en los términos y condiciones de los contratos implican un riesgo adicional para la operación.

Con una tasa de inflación superior al 114% en mayo y estimada en 150% para julio, la previsibilidad se hace completamente imposible y ningún banco podría otorgar un crédito a 10, 20 o 30 años si ya es imposible saber la inflación del año próximo.

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Bullrich compró nuevo armamento y vehículos, realizando un reequipamiento histórico del Servicio Penitenciario

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Se anunciaron transferencias a una empresa de armamento estadounidense y a dos firmas internacionales de vehículos que operan en el país.

A partir de una publicación en el Boletín Oficial, se notificó la adquisición de pistolas, escopetas y camionetas de doble cabina para la policía y efectivos federales bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.

La operación, que fue firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se realizó de forma directa debido a la situación de urgencia determinada desde el 21 de mayo.

La situación de "Contratación Directa por Urgencia" permite omitir el control de precios testigos realizado por la Sindicatura General de la Nación. Esta decisión también se basa en la creación del Comité de Crisis para la seguridad en la ciudad santafesina de Rosario.

Dentro de este proceso, se avanzó en la adquisición de pistolas semiautomáticas de doble acción calibre 9×19 mm y escopetas calibre 12. La firma Bersa S.A. resultó beneficiada en este contrato, que asciende a un total de 6.144.800 dólares.

A través del mismo proceso y en el marco del “Plan de Renovación y Actualización Vehicular”, se avanzó en la adquisición de camionetas patrulleras doble cabina 4×4 y 4×2 para las fuerzas policiales y de seguridad federales.

En este contexto, se adquirieron unidades operativas por un total de 6.239.284.000 pesos a través de la concesionaria Igarreta S.A.C.I., y por unos 2.810.138.550 pesos a Toyota Argentina S.A. Las ofertas de otras cuatro empresas fueron desestimadas por no ajustarse a los requisitos exigidos o por presentar "precios excesivos en comparación con los valores actuales". Entre ambos pagos, la suma total es de aproximadamente 9.844.351 dólares.

No es la primera vez que la funcionaria utiliza la Emergencia de la Seguridad Pública para realizar compras y contrataciones directas sin un proceso de licitación previa. En marzo de 2017, cuando también era ministra de Seguridad en el gabinete de Mauricio Macri, Patricia Bullrich realizó compras de "camionetas patrulleras y no identificables" por un total de 198.957.000 pesos. En esa ocasión, Igarreta S.A.C.I. también fue beneficiaria, recibiendo un monto de 17.402.800 pesos (aproximadamente 1.144.921 dólares en ese momento).

En el mismo sentido, la cuenta del Ministerio de Seguridad publicó un mensaje en X, comunicando un histórico reequipamiento del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Se ha llevado a cabo una adquisición histórica que marca un hito en la modernización de sus equipos. La operación incluyó la compra de más de 150.000 municiones, 2.200 chalecos antibalas, armas no letales y avanzados equipos de telecomunicación. Esta inversión subraya el compromiso del Gobierno de Milei en fortalecer la seguridad de los agentes y los centros penitenciarios del país, luego de haber sido completamente desfinanciados por los gobiernos kirchneristas, y también marca el continuo esfuerzo de lucha contra el crimen organizado.

Como parte de una destacada colaboración entre las Fuerzas Federales, se realizaron contribuciones notables de distintas fuerzas de seguridad. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) aportó 200 pistolas semiautomáticas y armamento no letal, mientras que la Prefectura Nacional Argentina (PNA) suministró cámaras corporales, herramientas para garantizar procedimientos de seguridad más efectivos. Por su parte, la Policía Federal Argentina (PFA) donó 40 equipos completos destinados a mejorar la comunicación, fortaleciendo la capacidad de respuesta en momentos de emergencia.

Con esta adquisición, el Ministerio de Seguridad y el SPF están dando un gran paso hacia la modernización de sus capacidades operativas, asegurando que los agentes cuenten con las herramientas necesarias para mantener el orden y la seguridad en los centros penitenciarios del país.


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El Gobierno de Milei le respondió al Estado terrorista de Irán: “A la Argentina no la amenaza nadie”

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"Al Presidente no lo van a amedrentar, todos conocen su personalidad y cuando se trata de defender posiciones ideológicas o derechos esenciales, no tiene ninguna duda", declaró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó hoy que al Gobierno "lo tiene sin cuidado" la amenaza emitida por Irán a 30 años del atentado a la AMIA.

"Al Presidente no lo van a amedrentar, todos conocen su personalidad y cuando se trata de defender posiciones ideológicas o derechos esenciales, no tiene ninguna duda", comentó en una entrevista con Eduardo Feinmann en radio Mitre. Además, añadió: "Ese comentario no afectará en lo más mínimo sus posiciones firmes en estos asuntos".

Esta semana, Irán emitió dos declaraciones contra el Gobierno. La primera, de tono amenazante, fue publicada en un editorial del Teheran Times, medio oficial de los terroristas islámicos, que afirmó que Irán hará que Argentina "lamente su enemistad".

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Naser Kananí, desestimó las acusaciones de Argentina sobre la participación de ciudadanos iraníes en el atentado, calificándolas como "infundadas" en un comunicado emitido el pasado sábado, según reportó la agencia IRNA.

Kananí enfatizó que la búsqueda de la verdad y la resolución definitiva de este caso solo serán posibles si las partes argentinas se apartan de "intereses políticos" y evitan "influencias e intervenciones de terceros".

El vocero del régimen terrorista instó a las autoridades argentinas a abstenerse de realizar declaraciones y acciones contra Irán, y pidió que no comprometan los intereses nacionales argentinos ni los beneficios de las relaciones bilaterales, rechazando lo que describió como "intrigas israelí-estadounidenses".

"Llama la atención la impunidad con la que se realizan estas amenazas, pero eso no debe alterar la determinación de los argentinos de vivir en libertad y en paz", continuó Francos. Y agregó: "No podemos ceder ante quienes intentan sembrar miedo y terror, sino expresar nuestras opiniones con libertad, especialmente cuando Argentina ha responsabilizado a un gobierno y a sus aliados por actos que resultaron en la pérdida de vidas de muchos argentinos".

Estas declaraciones hacen referencia a la investigación llevada a cabo por la justicia argentina que concluyó que Irán y la organización terrorista Hezbollah llevaron a cabo los ataques terroristas contra la Embajada de Israel y la AMIA en los años 90. Francos también respaldó la decisión del Poder Ejecutivo de designar a Hamas como una organización terrorista.

"No se puede dejar de considerar a Hamas como terrorista, especialmente después de los eventos del año pasado. Todos vimos la crueldad con la que ese grupo terrorista tomó control de una parte del territorio israelí, secuestró personas, e incluso hoy mantiene secuestrados argentinos y otros, lo cual es una afrenta a los derechos humanos fundamentales. No me preocupan las amenazas que puedan surgir, porque estamos acá defendiendo la libertad y los derechos humanos no solo de argentinos, sino también de muchos israelíes que han sufrido todo tipo de abusos y agresiones", afirmó.

Además de Francos, la vicepresidente Victoria Villarruel también habló de las amenazas de Irán contra el gobierno argentino. "Como país soberano, vamos a hacer cumplir la ley y no toleraremos ninguna amenaza de ninguna nación", declaró antes de participar en el acto oficial por el reciente atentado contra la sede de la AMIA.

En el mismo evento, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró: “A nosotros no nos amenaza nadie, a la Argentina no la amenaza nadie".

"Argentina fue gravemente afectada y está comprobado que el atentado se planificó desde la embajada de Irán en el país, lo que constituye un crimen de lesa humanidad. Vamos a perseguir a los responsables hasta el final de sus días", enfatizó.

Ayer, durante un evento organizado por el Congreso Judío Mundial en conmemoración de los 30 años del atentado a la AMIA, Milei volvió a responsabilizar a la República Islámica de Irán por ese acto, además de respaldar el proyecto de juicio en ausencia propuesto por el Gobierno para juzgar a los culpables.

"Se cumplen también tres décadas de impunidad, de distracciones y maniobras de individuos oscuros que intentaron ocultar la verdad y relegar el caso al olvido", afirmó.

En la misma línea, criticó severamente a "los argentinos que colaboraron con aquellos que acabaron con la vida de sus compatriotas" y destacó que "el silencio y la inacción no son meramente actitudes pasivas, sino decisiones activas, aunque a veces no se quiera aceptar".

"En este día, elegimos las palabras y no el silencio; elegimos levantar la voz, alzar los brazos. En definitiva, elegimos la vida, porque no vamos a ceder ante la muerte. Estamos impulsando una ley para extender el juicio en ausencia a delitos de extrema gravedad, incluyendo el financiamiento del terrorismo, lo cual permitirá juzgar a los líderes del régimen iraní involucrados en el atentado. Aunque es posible que nunca cumplan la sentencia, no podrán escapar del juicio moral de un tribunal libre que demuestre su culpabilidad ante el mundo", afirmó.

"El terrorismo de aquel trágico 7 de octubre en Israel es exactamente el mismo que nos golpeó a nosotros, no hay diferencia; es el modus operandi de Irán y Hamas. Por eso los hemos designado como organizaciones terroristas", agregó.


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El Gobierno de Milei eliminó un nuevo curro: Se cierra la plataforma estatal "Cont.ar", que tenía un déficit enorme y nadie la veía

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La plataforma de streaming tenía un costo de 500 mil dólares al año y servía como repositorio del contenido más politizado de la gestión kirchnerista. La medida busca seguir eliminando curros en la cultura.

El gobierno de Javier Milei sigue combatiendo el déficit en todos los ámbitos del estado. En su lucha contra la ineficiencia y la corrupción, la administración de Milei dejó fuera de servicio a "Cont.ar", la "plataforma de streaming gratuita" de programas, series, y documentales que registraba una enorme pérdida de dinero, y que debía ser financiada con el dinero de los trabajadores.

De un día para otro, el servicio de streaming estatal fue dado de baja: al intentar usar la app o ingresar a la web aparece un cartel con el escudo nacional y la leyenda “Página web en reconstrucción”, impidiendo el acceso a la plataforma.

La web se había convertido en el repositorio más grande de contenido kirchnerista, que había utilizado el anterior gobierno para dar la batalla cultural izquierdista. Pero más allá de la cuestión ideológica, el mantenimiento de la plataforma costaba más de 500 mil dólares al año, un gasto que hoy la empresa Contenidos Públicos Sociedad del Estado (CPSE), inicialmente bajo la Secretaría de Medios, que ahora está bajo la Jefatura de Gabinete, no está en condiciones de costear.

La plataforma estatal "Cont.ar" tuvo su origen en realidad en mayo de 2018, durante la gestión de Mauricio Macri. Fue presentada como un "espacio estatal y gratuito" para "integrar" todos los contenidos del sistema de medios públicos argentinos, incluyendo canales como TV Pública, Encuentro, Pakapaka y DeporTV, además de producciones audiovisuales del CCK, Tecnópolis y Radio Nacional.

A pesar de que fue idea de Hernán Lombardi, rápidamente se convirtió en la principal plataforma de adoctrinamiento kirchnerista, dado que la gestión de Macri no apartó a ningún funcionario K de los medios públicos. La plataforma fue cedida a

Durante años, los usuarios, los cuales eran muy pocos, accedieron a los contenidos descargando la aplicación en dispositivos móviles o registrándose en la web, permitiendo ver el contenido en cualquier momento y lugar, incluyendo la transmisión en vivo de los canales públicos. Sin embargo, desde el 3 de junio, el gobierno prohibió esta posibilidad debido a los altos costos en su mantenimiento, y su injustificada existencia.

"Buscamos hacer productivos y rentables los recursos públicos", afirmaron las autoridades nacionales. El gobierno está reordenando todo el sistema audiovisual. "La idea es centralizar todo el material audiovisual en una sola OTT que se pueda comercializar", aseguraron.

Ante esta noticia, la izquierda salió a protestar, afirmando la supuesta "relevancia" que Cont.ar tenía para la ciudadanía argentina. Según ellos, el servicio contaba con un catálogo de más de 5200 horas de contenido accesible "gratuitamente", de las cuales 2300 horas eran de contenidos accesibles (Close Caption/autodescripción), con un total de 1950 títulos de distintos géneros y temáticas.

Como todos sabemos, la existencia de este tipo de cosas es tremendamente injusta para el pueblo argentino. Mientras unos pocos disfrutan de un contenido "gratuito", todo el resto del país, principalmente aquellos que trabajan y es esfuerzan en el día a día, deben pagar impuestos para financiarle la fiesta a los pocos beneficiados por la existencia de la web.

El gobierno nacional justificó el cierre de Cont.ar principalmente debido a los altos costos operativos necesarios para mantener el servicio de streaming "gratuito". La plataforma costaba 42 mil dólares mensuales, un gasto destinado a la construcción de la "nube" (realizada por Telefónica, que ganó una licitación), la reconversión del material original, su subida y almacenamiento (a cargo de Arsat), y al pago de servicios adicionales como estadísticas y mantenimiento de cuentas de correos electrónicos de los usuarios (de costos menores). Este gasto excesivo e injustificado terminó siendo la causa de su cierre.

El Satsaid, la comisión interna de Contenidos Públicos SE, y sus trabajadores, quienes tienen fuertes vínculos con el kirchnerismo, emitieron un comunicado en el que "repudian y rechazan" la baja de la plataforma Cont.ar bajo la "excusa" de una reestructuración.

En el texto difundido, señalaron que "este hecho se suma al apagón de las redes sociales y sitios web de los canales Encuentro y Pakapaka desde hace más de un mes, cuyo efecto inmediato y concreto es restringir el acceso de las audiencias a contenidos que las señales generan", calificándolo como "un nuevo ataque a la libertad de prensa y un avasallamiento de las instituciones por parte del actual gobierno".

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