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Renunció una funcionaria del Ministerio de Mujeres que había denunciado a Manzur en 2019

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Cecilia “Checha” Merchán era Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad. Hace dos años hizo una presentación judicial junto a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta contra el por entonces gobernador de Tucumán por obstruir un aborto en su provincia.

Una funcionaria del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación presentó su renuncia este viernes tras la llegada al Gabinete de Juan Manzur, a quien había denunciado en 2019 por impedir la realización de una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en Tucumán.

Se trata de Cecilia “Checha” Merchán, quien se desempeñaba como Secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio que encabeza Elizabeth Gómez Alcorta, otra de las “enemigas” de Manzur que debió agachar la cabeza tras su llegada.

En su carta de renuncia, que la ex funcionaria publicó en las redes sociales, no hizo ninguna referencia al ex gobernador de Tucumán, pero la razón de su salida es clara. Merchán se pasó todo 2019 peleando contra Manzur y tratando de promover el aborto en la provincia norteña.

Se inicia un nuevo tiempo, con nuevos desafíos que requieren de una renovación de fuerzas e impulso generador de transformaciones. El movimiento de mujeres y LGBTI+ tiene sobrada energía y capacidad para consolidar los objetivos logrados y los muchos que aún quedan pendientes”, explicó Merchán.

Quiero dejarle expresado mi agradecimiento y hacerlo extensivo a quienes integran este Ministerio, a los equipos, a las compañeras, compañeres, compañeros y hermanas de la vida con quiénes tuvimos el honor de integrar este primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad producto de la lucha popular del movimiento de mujeres y LGBTI+, y de la histórica decisión política asumida por nuestro gobierno nacional”, concluyó Merchán.

La llegada de Juan Manzur no fue bien recibida por el albertismo en el gobierno nacional ni por el colectivo feminista que domina la agenda. De hecho, la ministra Gómez Alcorta se reunió con el propio Alberto Fernández días después de la designación del nuevo jefe de Gabinete y le advirtió que seguiría impulsando las investigaciones judiciales en su contra desde el Ministerio.

El caso en mención ocurrió en febrero de 2019, cuando una niña de nombre Lucía, con 11 años, sufrió la violación de su abuelo legal y quedó embarazada. Los familiares de la víctima habían pedido que se aplique el protocolo que permite la interrupción legal del embarazo (ILE) según las leyes nacionales, pero el gobierno provincial con Manzur a la cabeza se negó durante mucho tiempo y después de muchas dilaciones accedió al pedido, pero la gestación estaba avanzada y tuvieron que practicarle una cesárea.

La situación no pudo haber sido peor. Si el aborto se realizaba antes, hubiera cumplido con los protocolos. Si la cesárea se realizaba unas semanas después, el bebé hubiera tenido infinitamente más probabilidades de sobrevivir. Pero la política se metió en el medio, y el bebé obligado a nacer prematuramente murió a los pocos días, aquejado por problemas respiratorios severos producto de la intervención.

En ese momento, Elizabeth Gomez Alcorta junto a referentes feministas del Frente Patria Grande impulsaron una denuncia penal contra el entonces gobernador Juan Manzur, por obstruir el acceso al aborto legal de la niña tucumana que había sido agredido sexualmente. El caso aún está en la justicia y la ministra es la principal querellante.

Elizabeth Gómez Alcorta, Santiago Cafiero y Cecilia “Checha” MerchánElizabeth Gómez Alcorta, Santiago Cafiero y Cecilia “Checha” Merchán

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La promesa de “convertir planes en trabajo” significa seguir pagando el plan a los que consiguen trabajo

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La narrativa de convertir planes en trabajo quedó expuesta como una masiva estafa al contribuyente: quienes cobran planes sociales no perderán ese beneficio si consiguen trabajo en el sector privado por hasta 24 meses.

El pasado 15 de octubre, Alberto Fernández anunció en el 57° Coloquio IDEA que implementaría un “novedoso” programa para convertir los planes sociales en trabajo, una deuda que el peronismo viene prometiendo hace décadas.

Sin embargo, esta tan necesaria reforma de los planes sociales resultó en un escándalo y una estafa para los contribuyentes: el gobierno le seguirá pagando los planes sociales a las personas que encuentren trabajo por entre 12 a 24 meses.

El presidente nunca había llegado a explicar en detalle a qué se refería con convertir planes en trabajo, pero esta idea finalmente quedó plasmada en el Decreto 711/2021, publicado la semana pasada en el Boletín Oficial.

Estamos disponiendo a través de un decreto, un sistema que posibilite que los que hoy son beneficiarios de planes puedan ser empleados en la actividad privada sin perder ese derecho. Necesitamos impulsar el empleo registrado“, dijo frente a un auditorio de empresarios que no estuvo completo en su totalidad y que lo despidió con tibios aplausos.

El gobierno nacional quiere que “los distintos programas de empleo, inclusión laboral y desarrollo socio-productivos destinados a personas desempleadas o con trabajos precarizados se transformen en mecanismos que incentiven la incorporación de estos trabajadores al empleo asalariado registrado“, según indica el decreto en sus considerandos.

Para cumplir este objetivo se requerirán modificaciones en el Programa de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo “Potenciar Trabajo” y del Programa de Inserción Laboral creado por el Ministerio de Trabajo.

Hasta el momento, los planes sociales se cortaban luego de tres meses desde que el beneficiario empezaba a trabajar en blanco, y en esos tres meses el plan pasaba a ser parte del salario, con las empresas teniendo que pagar la diferencia.

Esto no será más así, y los planes, excepto en algunos casos específicos, se cobrarán por encima del salario. Además, la duración del plan correrá entre 1 o 2 años desde que se ingresa al mercado laboral, dependiendo del sector.

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En medio de la crisis económica, el gobierno dará bonos de $15.000 a artistas

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Lo dispuso el ministro de Cultura, Tristán Bauer, que ya había anunciado la semana pasada otro pago extraordinario de 5.000 pesos para jóvenes que fue objetado por la Justicia por violar el Código Electoral

Mientras el gobierno disputa en la Justicia poder dar nuevos planes sociales antes de las elecciones del 14 de noviembre, el Ministerio de Cultura anunció que no esperará el fallo judicial y dará esta misma semana un bono de 15.000 pesos destinado a artistas a pagar durante el mes de octubre, es decir, antes de los comicios.

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial de este lunes, en una resolución que lleva la firma del ministro de Cultura, Tristán Bauer.

Entre los argumentos, se establece que el pago es preventivo por la aparición de nuevas cepas del coronavirus, como la variante Delta que anunciaban como más contagiosa que la original pero no ha causado mayores impactos a nivel mundial.

“Si bien la situación epidemiológica ha mejorado como consecuencia del avance en el plan de vacunación nacional que el Estado argentino está llevando a cabo, aún persisten medidas y disposiciones de distanciamiento social, preventivo y obligatorio ante la aparición de nuevas variante del virus Sars Cov 2 que impactan en las actividades del sector cultural”, lee el comunicado.

Este será el quinto pago al “colectivo de artistas” desde que empezó la pandemia en marzo del 2020. “Por ello resulta necesario contener a los trabajadores y trabajadoras del ámbito de la cultura mediante el otorgamiento de un quinto pago de pesos quince mil ($15.000) a todos los beneficiarios de la convocatoria al ‘Apoyo Extraordinario Cultura Solidaria’ que mantengan su condición de vulnerabilidad”.

Los artistas han sido los más beneficiados por la asistencia social del gobierno. Mientras el país alcanzaba los 20 millones de pobres y 5 millones de indigentes, los artistas recibían tres IFEs y cuatro de estos AECS.

La jueza Servini intenta frenar los pagos sociales antes de las elecciones.

No es el primer plan social que el gobierno trata de dar a través del Ministerio de Cultura

La semana pasada, luego de que la Justicia emitiera una cautelar en la que le ordenó al Gobierno frenar el lanzamiento de otro bono destinado para “jóvenes” (esta vez, de $5.000) que también iba a entregarse antes de las próximas elecciones, las autoridades nacionales aseguraron que esta iniciativa no viola la ley y adelantaron que van a apelar la medida.

En esa oportunidad, se trató del plan denominado “Más Cultura Joven”, el cual está destinado a personas de entre 18 y 24 años y busca “reducir la brecha económica existente en el acceso a los bienes y servicios culturales”, algo muy poco importante en medio de la peor crisis económica de la historia.

El dinero en cuestión iba a poder ser utilizado a partir del 1° de noviembre de 2021, por lo que su pago iba a ser justo antes de las elecciones. Estaba dirigido a beneficiarios de todos los niveles del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) y a titulares de la Asignación Universal por Hijo/a (AUH).

Según el anuncio oficial, el crédito de era para utilizar en cines, teatros, espectáculos musicales, ferias y festivales, librerías, entre otros lugares.

Sin embargo, la jueza federal María Servini hizo lugar a la denuncia de un ciudadano que señaló que esta asistencia incumple con las normas que impone el Código Electoral, por lo que le exigió al ministro del área, Tristán Bauer, que se abstenga de disponer de los fondos

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Memorándum con Irán: la DAIA apeló el fallo que sobreseyó a Cristina Kirchner

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El Tribunal Oral 8 había beneficiado a la vicepresidenta al cerrar la causa por una supuesta “inexistencia de delito”. La presentación se hizo ante la Sala I del Tribunal de Casación

El pasado 7 de octubre, el Tribunal Federal 8 había sobreseído a los imputados en el caso por encubrimiento iniciado a partir de la firma del Memorándum con Irán, entre ellos, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Aquel pacto tenía, según el gobierno que lo impulsó, la finalidad de interrogar a los iraníes acusados por la justicia argentina de haber realizado el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Esta es la resolución que ahora fue apelada. Tal como había anticipado Jorge Knoblovits, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA)la entidad que representa políticamente a la comunidad judía argentina presentó este domingo, de manera electrónica y ante la Sala I del Tribunal de Casación, la apelación al sobreseimiento. Asimismo, recusó a los jueces que habían dictado la medida.

Con aquella resolución firmada por los jueces del Tribunal Oral Federal 8 quedaron sobreseídos todos los imputados, entre los que se encuentra la ex presidente y actual vicepresidente Cristina Kirchner. “El Memorándum, más allá de se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó delito”, sostuvo la resolución firmada por los jueces.

Los demás acusados eran varios funcionarios del gobierno kirchnerista, a saber, el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, el secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli, hoy senador; además del actual ministro bonaerense Andrés Larroque, el referente piquetero Luis D’Elía, el ex funcionario de Cancillería y hoy embajador Eduardo Zuain y la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, entre otros.

En la foja 58 del escrito de apelación, la DAIA sostuvo que los magistrados que decidieron el sobreseimiento de la ex mandataria nacional “se valieron de pruebas recolectadas en la instrucción, circunstancia que resultada vedada previo al debate oral”.

En este sentido, el organismo señaló que “la resolución en crisis derogó implícitamente el código de rito y valoró prueba incorporada en la instrucción -sin fundamentar tal decisión-, por fuera de un debate oral y público”, lo que, a su entender, estaría violando artículos básicos del código procesal de la Nación.

Desde esta perspectiva, la DAIA plantea la recusación de los tres jueces que sobreseyeron a Cristina Kirchner, ex funcionarios de su gobierno y militantes de Quebrachos y el Frente de Todos.

Por todo ello, se le solicitó a Casación que anule lo actuado por el Tribunal Oral en la resolución en crisis en virtud de la inobservancia de las normas procesales aludidas (arts. 456 inc. 2 y 471 del CPPN), y en consecuencia, se ordene rechazar los planteos efectuados por las defensas –excepción de falta de acción- y dejar sin efecto o revocar los sobreseimientos dictados sobre todos los imputados, debiéndose proseguir las actuaciones según su estado, ya sea llevándose adelante la prueba ordenada en forma anticipada o avanzar sin más dilaciones hacia el juicio oral y público.

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